En la madrugada del miércoles 3 de junio de 2026, más de una docena de agentes federales se desplegaron de forma simultánea en nueve puntos distintos del puerto de Acapulco. Guerrero, el objetivo era un solo hombre, Jesús Amora Cervantes, un individuo que durante años había construido una doble vida perfecta.
De frente al sol aparecía en fotografías oficiales junto a funcionarios del gobierno del estado. Recibía reconocimientos públicos por su compromiso y labor y cobraba mensualmente un sueldo del erario como asesor general del Ayuntamiento de Acapulco. A la sombra, según las autoridades, comandaba una organización criminal que sometía a decenas de vendedores, rentadores de motos acuáticas, restauranteros y trabajadores de playa a un régimen de terror económico. Paga o no trabajas.Pero eso no es todo. Detrás de su detención se abre una pregunta que nadie en Guerrero puede ignorar. Fue esta misma red la que hace poco más de un año mandó matar a Marco Antonio Suasteggi Muñoz, el activista más valiente que se atrevió a negarse a pagar la cuota. Marco Antonio Suátegi Muñoz tenía 49 años cuando lo mataron.
Para entender por qué murió, hay que entender quién era. No era un hombre fácil de intimidar. Durante más de dos décadas encabezó el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La parota, conocido como SECOP. La presa La Parota era un proyecto hidroeléctrico de la Comisión Federal de Electricidad que amenazaba con inundar tierras comunales en la zona de Cacahuatepec, en la región rural de Acapulco.
Marco Antonio se puso al frente de esa lucha y no se dio, aunque el precio fue altísimo. Fue encarcelado en tres ocasiones distintas. Fue torturado, fue criminalizado por el Estado, pero nunca se rindió. A esa historia de resistencia se sumó con el tiempo Otra batalla, la defensa de las playas de Acapulco frente a los intentos de privatización y el control ilegal que ciertos grupos ejercían sobre la zona federal marítima terrestre.
Marco Antonio impulsó la creación de la agrupación Turisteros Unidos en defensa y rescate de playa Ica conocida como Tulerpi. Ahí en la playa Ica sobre la calle Fragata Yucatán del fraccionamiento Costa Azul rentaba mobiliario recreativo y equipo acuático a los turistas. era su sustento de vida, pero también su trinchera política más reciente.
Fue precisamente en ese espacio donde comenzó a sentir la presión. Según relató posteriormente el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, Abel Barrera Hernández, los operadores de la organización criminal que hoy conocemos como la red de Jesús Zamora Cervantes llegaron a la playa y cacos a cobrar cuotas.
No eran negociaciones, eran imposiciones, paga para poder trabajar. Los restauranteros, los que rentaban lanchas, los propietarios de motos acuáticas, los que ofrecían sombrillas a los turistas, todos debían pagar. Marco Antonio, en un primer momento, como muchos otros prestadores de servicios, accedió. El peso de la amenaza era demasiado, pero llegó un punto de quiebre.
Las cuotas aumentaron, la organización quería más. Y fue entonces cuando Marco Antonio decidió organizarse junto con otros trabajadores del sector para rechazar colectivamente las nuevas exigencias. Esa decisión, según TACinoyan, lo convirtió en un problema que había que eliminar. La represalia fue inmediata y escaló con rapidez.
En primer lugar, la organización le robó dos motos acuáticas. Después, en algún momento previo al ataque final, sufrió un intento de homicidio cuando viajaba a bordo de su camioneta hacia los bienes comunales de Cacahuatepec. En la zona rural donde vivía con su familia, Marco Antonio sobrevivió ese ataque, pero la señal era clara.
Estaban dispuestos a matarlo. Ante esa situación, solicitó medidas cautelares a los gobiernos estatal y federal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también le había otorgado medidas cautelares a él y a su familia, en parte por el hostigamiento que sufrían desde la desaparición de su hermano Vicente, ocurrida el 5 de agosto de 2021.
Vicente Iván Suáteggi Muñoz fue desaparecido por presuntos criminales y hasta la fecha se desconoce su paradero. Marco Antonio se puso al frente de su búsqueda. Reiteradamente denunció la inacción de las autoridades. A pesar de todo, siguió trabajando. Siguió en la playa Icaacos. Siguió luchando.
El viernes 18 de abril de 2025, era viernes santo. Las playas de Acapulco estaban repletas de turistas. Era uno de los días de mayor afluencia del año. Marco Antonio terminó su jornada laboral en la playa Icacos y comenzó a caminar hacia su camioneta estacionada a unos metros de la orilla. Los delincuentes lo seguían, conocían sus movimientos, estaban al acecho.
Un hombre se le acercó y le disparó en varias ocasiones. De acuerdo con el relato de proceso, el atacante le disparó ocho veces en una calle oscura cerca de la playa. Los disparos lo alcanzaron en el abdomen, el tórax y el cuello. A pesar de los 4,000 efectivos de la Guardia Nacional que habían sido desplegados en la zona turística para garantizar la seguridad durante las vacaciones de Semana Santa, los atacantes actuaron sin ningún temor a ser interceptados.
Marco Antonio cayó gravemente herido. Fue trasladado de urgencia a un hospital privado de Acapulco donde quedó internado en estado crítico. Lo intervinieron quirúrgicamente en dos ocasiones debido a la gravedad de las lesiones. Fuerzas de seguridad estatal lo resguardaban en el nosocomio ya herido de muerte. Permaneció hospitalizado durante 7 días entre la vida y la muerte.
El viernes 25 de abril de 2025, a las 2:18 de la tarde, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinoyan confirmó oficialmente su fallecimiento. Marco Antonio Suastegi Muñoz murió a consecuencia de las heridas de bala que sufrió el día del ataque. Tenía 49 años. Más de dos décadas de lucha social culminaban en una calle de Acapulco durante las vacaciones más concurridas del año mientras nadie lo salvaba.
Al día siguiente, el sábado 26 de abril de 2025, familiares y comunidades enteras se reunieron para despedirlo en su sepelio en Acapulco. El dolor era profundo, la indignación mayor aún. Organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, colectivos de todo Guerrero se sumaron al llamado de Tlachinoyán.
Justicia, investigación exhaustiva, identificación de los autores materiales e intelectuales. Amnistía internacional también condenó el asesinato y exigió protección urgente para su familia, que ya había sido blanco de la violencia con la desaparición de Vicente. La Fiscalía General del Estado de Guerrero inició una investigación.
Sin embargo, pasaron los meses, llegó el aniversario de su muerte en abril de 2026 y el caso seguía completamente en la impunidad, sin detenidos, sin sentenciados, sin respuestas para su familia. Fue hasta la madrugada del miércoles 3 de junio de 2026, 13 meses después del asesinato de Marco Antonio, cuando una pieza clave del rompecabezas cayó detenida en el fraccionamiento costa azul de Acapulco.
El mismo fraccionamiento donde Suáasteggi había sido atacado. El mismo territorio donde la organización criminal había operado durante años con aparente impunidad. La operación recibió el nombre de operación enjambre y fue ejecutada a las 8 de la mañana. elementos de la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina, policías estatales de Guerrero y agentes federales de la SSPC actuaron de manera coordinada y simultánea nueve puntos del municipio.
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La acción derivó de meses de trabajo de inteligencia, vigilancias fijas, móviles y discretas sobre inmuebles utilizados presuntamente por los integrantes de la organización y fue respaldada por un juez de control que autorizó las nueve órdenes de cateo. En total cayeron 11 personas, seis hombres y cinco mujeres.
Entre ellas estaban Arturo Pantoja Guatemala, precedente de la Unión de Sociedades Cooperativas de Servicios Turísticos. Marco Antonio Velázquez Guirón, presidente del Frente de Defensa de la Sofemat en la zona dorada, Abad Parza, Bustos y otros dirigentes de trabajadores turísticos en las zonas dorada, tradicional, caleta y Caletilla.
También cayeron Marco Antonio, Javier Velázquez Ocampo, Benito Castro Palma, Julio César Melo Lozano, Antonia López Lorenzo, Nancy León Barrios, Liliana Delgado Alvarado y Loreley Ontiveros Pedraza. Siete de los 11 detenidos ya contaban con órdenes de aprensión previas por delincuencia organizada con la finalidad de cometer extorsión, según informó el secretario García Harfch.
Durante los cateos, los agentes aseguraron un arsenal de evidencias que serán determinantes para las investigaciones. Tres armas de fuego cortas, narcóticos, 23 teléfonos celulares, tabletas electrónicas, equipos de cómputo, dinero en efectivo y tres vehículos. También se incautó documentación considerada relevante para ampliar las indagatorias.
El líder de la organización, Jesús Zamora Cervantes, fue detenido en su domicilio ubicado en el exclusivo fraccionamiento Costa Azul a las 8 de la mañana. Su esposa también fue detenida. Según fuentes cercanas al operativo, en el momento de su captura, el propio Zamora habría argumentado ante los agentes que contaba con acuerdos con diversas instancias gubernamentales.
Ambos fueron trasladados a la Ciudad de México para continuar con los procedimientos legales correspondientes. El centro de operaciones de Zamora Cervantes no era un inmueble clandestino, era el restaurante El camarón Yacki, situado sobre la avenida costera Miguel Alemán, uno de los puntos de mayor afluencia turística de Acapulco.
Ese establecimiento fue cateado durante la operación policial. ¿Quién es realmente Jesús Amora Cervantes? La respuesta a esa pregunta es la que ha sacudido a toda la clase política de Guerrero y ha encendido un debate que va mucho más allá del operativo de seguridad. Zora Cervantes se presentaba públicamente como dirigente del Frente de Defensa de los Prestadores de Servicios Turísticos de Acapulco y del Frente de Defensa de la Zona Marítima Terrestre.
En esa calidad participaba activamente en reuniones institucionales con funcionarios estatales. El 10 de marzo de 2026, apenas 3 meses antes de su detención, el subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, lo recibió oficialmente y refrendó el reconocimiento a Zamora Cervantes por su compromiso y labor al frente del sector turístico.
Los comunicados oficiales del gobierno del estado documentan ese encuentro. No era la primera vez que Zamora tenía vínculos con el poder institucional. En marzo de 2018, el entonces gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, lo designó encargado de despacho de la Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, cuando se desempeñaba como oficial mayor de la Administración Fiscal Acapulco número dos, adscrita a la Secretaría de Finanzas Estatal.
Y existe un dato aún más revelador documentado por la Plataforma Nacional de Transparencia. Desde el 30 de septiembre de 2023, Jesús Amora Cervantes figuraba en la nómina del Ayuntamiento de Acapulco como asesor general, con un sueldo mensual bruto de 41,763 y un neto de 34,283es. El último registro en esa plataforma corresponde al 30 de septiembre de 2025, es decir, recibió salario del herario municipal durante al menos 2 años mientras, según las autoridades federales, dirigía simultáneamente una red criminal de extorsión. La alcaldesa
de Acapulco, Abelina López Rodríguez, la morenista que encabeza el municipio desde 2021 y que aspiraba a la gubernatura del Estado, respondió de forma inmediata. en un primer momento ante los medios señaló que la ley debe aplicarse sin distinción. Horas después, en un comunicado formal firmado por la Oficina de Comunicación Social del Gobierno Municipal, calificó de falsa la información que lo identificaba como colaborador de su administración y acusó a los medios de comunicación de buscar politizar el operativo federal. afirmó
que las versiones sobre el vínculo de Zamora con su gobierno ofenden a la digna profesión del periodismo y desvirtúan el trabajo realizado por las instituciones de seguridad. Sin embargo, los registros de la Plataforma Nacional de Transparencia de Acceso Público contradicen esa versión. El propio detenido al momento de su captura habría alegado tener acuerdos con instancias gubernamentales.
Y los comunicados de prensa del gobierno estatal muestran que Zamora era reconocido oficialmente 3 meses antes de su arresto. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fue contundente al dar a conocer la operación a través de su cuenta en la red social X. La extorsión no será tolerada. Se continuará actuando con determinación para desmantelar organizaciones criminales, proteger a la ciudadanía y garantizar la seguridad de quienes viven del turismo.
Destacó que la operación fue parte de la estrategia nacional contra la extorsión instruida por la presidenta Claudia Shane Bound y que fue posible gracias a las denuncias ciudadanas anónimas que alertaron sobre la operación de la red. Todos los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
Los inmuebles cateados quedaron sellados y bajo resguardo policial. La detención de Jesús Zamora Cervantes no cerró ninguna herida. Al contrario, abrió una más profunda, la posibilidad de que este mismo hombre, reconocido públicamente por el gobierno del estado apenas 3 meses atrás, haya estado detrás del asesinato de Marco Antonio Suástgi Muñoz.
Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlatchinoyan, fue el primero en plantearlo públicamente. En entrevista señaló que los operadores de la organización de Zamora Cervantes eran los mismos que llegaban a la playa y cacos a cobrar cuotas a restauranteros, rentadores de lanchas, motos acuáticas, sombrillas y vendedores ambulantes.
Esta red podría ser la misma que denunció Marco que lo extorsionaba y que lo amenazó. declaró por qué esta red, como han dicho las autoridades, es la que extorsionaba en todas las playas. El dato más revelador llegó de El Universal. Tras la detención de Zamora Cervantes, diversas fuentes señalaron que fue él quien tomó el liderazgo absoluto del Frente de Defensa de la zona Marítima Terrestre de Acapulco, precisamente después del asesinato de Marco Antonio Suastegui, antes del crimen, Suáteggi era el principal vocero
de ese frente que incluía a la Tuberpi como organización afiliada. Es decir, la muerte de Marco Antonio habría dejado el terreno libre para que Zamora consolidara su control sobre el sector turístico costero del puerto. Barrera Hernández fue claro en su exigencia. Las autoridades federales deben ampliar las investigaciones contra la red de extorsión para determinar su posible relación con el homicidio del dirigente social.
pidió que se integren nuevos elementos de prueba, que se identifique a los autores materiales e intelectuales del crimen y que de existir mérito se soliciten las órdenes de aprensión correspondientes. A un año y más de la muerte de Marco Antonio Suátegui, el caso permanecía en la impunidad total, sin ningún detenido, sin ninguna sentencia.
La Fiscalía del Estado de Guerrero había iniciado una investigación, pero los resultados eran inexistentes para las organizaciones que acompañaban a la familia. Los colectivos que marcharon el 26 de abril de 2025 frente al hospital donde había muerto Marco Antonio, volvieron a alzar la voz al conocer el operativo. La detención de Zamora no era justicia para ellos.
Era apenas el principio de lo que debería ser una investigación profunda, sin complicidades, sin compromisos políticos. Exigieron que la FGR asumiera la investigación del asesinato de Swastyi y la vinculara formalmente con la red de extorsión, ahora desmantelada. Pero hay algo que ningún comunicado oficial puede borrar.
Durante años, un hombre presuntamente dedicado a extorsionar y aterrorizar a trabajadores humildes de las playas de Acapulco cobró un sueldo del gobierno municipal. Fue fotografiado junto a funcionarios estatales, recibió reconocimientos oficiales y construyó una fachada de legitimidad con el respaldo voluntario o no del aparato institucional.
Mientras eso ocurría, Marco Antonio Suasteggi pedía que lo protegieran. Nadie respondió a tiempo. El caso de Acapulco vuelve a iluminar una verdad que México conoce bien, pero que cuesta demasiado enfrentar. La frontera entre el Estado y el crimen organizado no siempre es una línea clara, a veces es una nómina, a veces es una fotografía oficial, a veces es el reconocimiento público de un funcionario a quien hoy se le llama líder criminal.
Acapulco ha sido golpeado por el huracán Otis por la violencia, por la reconstrucción interminable. Y mientras la ciudad intentaba levantarse, una red de extorsión operaba con aparente comodidad en sus playas más turísticas, sofocando a los trabajadores más vulnerables, los que rentaban una sombrilla, los que llevaban a los turistas en lancha, los que ofrecían una silla bajo el sol, todos pagaban el derecho a trabajar.
Marco Antonio Soastteggiui lo denunció, organizó a sus compañeros, se negó a seguir pagando y lo mataron. Un año después, su asesino presunto caminaba libre. Era recibido en oficinas gubernamentales. Presumía de haber afiliado a 7,000 personas a Morena en 15 días y seguía cobrando su sueldo del erario.
Hasta que una mañana de junio de 2026, los agentes tocaron la puerta de su casa en el fraccionamiento Costa Azul y no le preguntaron nada, solo le pusieron las esposas. La pregunta que queda en el aire sobre las playas de Acapunco es la misma que han formulado los defensores de derechos humanos, los compañeros de Marco Antonio y su familia.
¿Le harán justicia ahora o este operativo como tantos antes será el comienzo de otro silencio? Yeah.
