Existe una versión que el gobierno mexicano nunca quiso confirmar. Una versión que sostiene que aquel avión no cayó por error, sino que fue derribado como castigo por un pacto que se rompió. Una versión que involucra al hombre más cercano al presidente de México, a uno de los cárteles más poderosos del mundo y a una guerra que, según algunos, nunca fue tan pareja como el gobierno quiso hacer creer.
Esta es la otra cara de la muerte de Juan Camilo Mouro. Archivos mortales presenta el pacto roto. Para entender por qué esta teoría sigue viva más de una década después, primero hay que entender quién era Juan Camilo Mourñho, cómo llegó al centro exacto del poder en México y por qué esa cercanía lo convirtió. según algunos, en una pieza demasiado peligrosa para dejarla viva. Mourño nació en Madrid en 1971.
Su padre, Carlos Mourño Atanes, un empresario gallego, se instaló años después en Campeche, donde construyó uno de los grupos empresariales más influyentes del estado con negocios centrados en el transporte y distribución de combustible. Fue ahí en Campeche donde Juan Camilo creció, estudió y donde comenzó a tejer las relaciones que definirían el resto de su vida.
Estudió economía en la Universidad Iberoamericana y desde muy joven se involucró en el partido Acción Nacional en un momento en que el partido buscaba consolidarse como alternativa real frente a décadas de dominio del PRI. Su ascenso fue constante y para muchos sorprendentemente rápido. Cargos partidistas locales, diputado local, diputado federal.
Dentro del PAN se ganó fama de negociador frío, disciplinado, capaz de construir acuerdos donde otros solo veían conflictos. Pero el giro decisivo llegó cuando se integró al círculo cercano de un político que empezaba a proyectarse hacia la presidencia, Felipe Calderón y Nojosa. Mourño lo acompañó en distintas etapas de su carrera y cuando Calderón lanzó su campaña presidencial rumbo a 2006, Mourinho asumió responsabilidades estratégicas dentro del equipo, coordinando operaciones políticas y construyendo los acuerdos que, según muchos analistas, resultaron decisivos
para la victoria. Cuando Calderón ganó, Mourinho no recibió un simple premio de consolación política. se convirtió en jefe de la oficina de la presidencia con acceso directo y diario al presidente y en enero de 2008, con apenas 36 años, fue nombrado secretario de Gobernación, el cargo político más poderoso después de la presidencia misma, responsable de la relación con gobernadores, legisladores, partidos y con el aparato de seguridad nacional del país.
En cuestión de años, un joven de Campeche se había convertido en el hombre que, según muchos dentro del propio gabinete más sabía sobre las decisiones reales del gobierno. Y ese gobierno en 2008 tenía un solo tema dominando cada agenda, la guerra contra el narcotráfico. Felipe Calderón había declarado esa guerra apenas semanas después de tomar posesión a finales de 2006, desplegando miles de militares por todo el país en una estrategia sin precedentes en la historia reciente de México.
La violencia, lejos de disminuir, comenzó a escalar de una forma que el país no había experimentado antes. ejecuciones, enfrentamientos, operativos de alto perfil, capturas mediáticas. Cada semana traía una nueva noticia relacionada con el crimen organizado. Detrás de cada uno de esos operativos, de cada decisión estratégica, de cada negociación silenciosa entre el gobierno federal y las estructuras de seguridad del país, estaba de una forma u otra sombra de Juan Camilo Mouriño, no como ejecutor directo, sino como el hombre que
coordinaba, que filtraba información, que decidía que llegaba al presidente y que no. Aquí es donde nace la teoría que ha perseguido este caso durante más de 15 años. La periodista Anabel Hernández, una de las investigadoras más reconocida sobre crimen organizado en México, sostuvo en distintas publicaciones que la guerra de Calderón nunca fue en realidad una guerra contra todos los cárteles por igual.
Según su hipótesis, existían acuerdos no escritos entre ciertos sectores del gobierno federal y el cártel de Sinaloa, liderado en ese entonces por Joaquín Guzmán Loera y por Ismael Zambada García, conocido como El Mayo. La idea central de esta teoría es que mientras el gobierno golpeaba con fuerza organizaciones rivales, se toleraba e incluso se protegía en ciertos momentos la operación de la organización de Sinaloa es una hipótesis que el propio gobierno de Calderón negó de manera reiterada, calificándola de acusación sin sustento. Funcionarios de
aquella administración insistieron públicamente en que la estrategia de seguridad no distinguía entre organizaciones criminales y que cualquier golpe desigual era producto de la información disponible en cada momento, no de un pacto deliberado. Hasta el día de hoy, ningún tribunal ha comprobado la existencia de ese acuerdo.
Pero si ese pacto existió, aunque fuera de manera informal, Mourinho era exactamente el tipo de hombre que estaría al tanto de él. No era un secretario más, era el puente entre el presidente, las fuerzas de seguridad, los gobernadores y las decisiones políticas más delicadas de todo el sexenio.
Y la teoría sostiene algo más específico e inquietante, que ese pacto en algún momento de 2008 se rompió, que el gobierno no cumplió lo que presuntamente había prometido y que la respuesta del crimen organizado no se hizo esperar. 8 meses antes de su muerte, Mourinho ya arrastraba una de las mayores controversias de su carrera. Andrés Manuel López Obrador, entonces uno de sus principales opositores políticos, había presentado públicamente documentos que vinculaban a la familia Mouriño con contratos gubernamentales relacionados con el transporte y
distribución de combustible, firmados en un periodo en que Juan Camilo ocupaba cargos públicos con capacidad de decisión sobre ese tipo de asuntos. La acusación era clara. Posible conflicto de interés. Los defensores de Mourño insistieron en que todo se había realizado conforme a la ley y que no existía evidencia de que hubiera utilizado su cargo para beneficiar a las empresas familiares.
El escándalo nunca derivó en una sanción judicial en su contra, pero durante meses ocupó titulares y dejó una marca que ya no se borraría. A partir de entonces, cada movimiento del secretario de Gobernación comenzaba a leerse bajo sospecha. Esa mezcla de poder político absoluto, negocios familiares cuestionados y acceso directo a la información más sensible del gobierno es, para quienes sostienen la teoría del pacto roto, la evidencia circunstancial que necesitan.
Un hombre que se movía exactamente en el cruce, donde el poder, el dinero y el crimen organizado se tocan y quien se mueve ahí acumula tanto aliados poderosos como enemigos silenciosos. El 4 de noviembre de 2008, toda esa acumulación de poder, controversias y secretos viajaba con él a bordo de un avión ejecutivo modelo Lear Jet 45, perteneciente a la Secretaría de Gobernación.
Aquella mañana, Mourinho había cumplido su agenda habitual como secretario y por la tarde viajó a San Luis Potosí para encabezar diversos eventos públicos. Horas después abordó la aeronave para regresar a la ciudad de México. A su lado viajaba José Luis Santiago Vasconcelos, uno de los funcionarios que más golpes había dado al crimen organizado desde la Procuraduría General de la República.
Abogado de carrera, Vasconcelo se había especializado durante años en delitos de delincuencia organizada y narcotráfico, participando en investigaciones de alto perfil e impulsando numerosas extradicciones de miembros de organizaciones criminales hacia Estados Unidos. Su nombre aparecía con frecuencia en reportes de inteligencia, tanto mexicanos como estadounidenses, y era considerado una de las figuras más incómodas para diversos grupos delictivos que operaban en el país.
