El eco de la impunidad en México ha cruzado el océano para resonar en los imponentes pasillos de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. Lo que durante años se consideró un simple debate interno sobre el fracaso de las políticas de seguridad nacional, ha escalado a una dimensión global sin precedentes. Una contundente denuncia formal ha puesto contra las cuerdas al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a los altos mandos de su administración (y su legado actual en el gobierno de Morena), acusándolos de crímenes de lesa humanidad. La premisa es tan escalofriante como irrefutable: la administración no falló por incompetencia, sino por una complicidad estructural y calculada que entregó el país al crimen organizado.
“Abrazos, no balazos”: De eslogan inocente a pacto criminal
Durante la campaña presidencial y a lo largo de su mandato, la frase “abrazos, no balazos” fue vendida como una estrategia humanista y pacífica para apaciguar a un país sumido en la violencia. Sin embargo, el expediente presentado ante la CPI argumenta que esta política no fue un acto de ingenuidad o pacifismo, sino el esbozo de una macabra alianza de complicidad.
Las acusaciones detallan cómo el Estado mexicano abandonó su obligación primordial —el monopolio del uso de la fuerza legítima para proteger a sus ciudadanos— para establecer lo que los juristas denominan una “aquiescencia transaccional”. En términos simples: un pacto político-electoral donde el régimen gobernante permitió la expansión y el control territorial absoluto de los cárteles a cambio de financiamiento, movilización de votos e intimidación de adversarios políticos durante los comicios.
Este nivel de colusión ha sobrepasado los límites de la corrupción tradicional. Ya no se trata de funcionarios aislados recibiendo sobornos; se trata de una captura absoluta del Estado. El crimen organizado se mimetizó con las estructuras de poder, actuando en conjunto con el gobierno en entidades profundamente golpeadas como Sinaloa, Michoacán y Tamaulipas. El Estado ya no combate a los criminales, se ha fusionado con ellos para oprimir a la población civil.
El saldo de una guerra no declarada
Los números son escalofriantes y representan el núcleo de la denuncia por crímenes de lesa humanidad. Más de 200,000 homicidios y por encima de 150,000 desaparecidos componen la estadística mortal de este sexenio, cifras que superan las bajas de muchas guerras civiles modernas. Las víctimas de esta política no son simples daños colaterales, sino el resultado directo de dejar a los cárteles operar con total impunidad.
Frente a la crisis de desapariciones forzadas, reclutamiento forzoso y desplazamiento de comunidades enteras, el gobierno optó por mirar hacia otro lado. Las visitas presidenciales a bastiones del narcotráfico, los saludos a familiares de capos históricos y las declaraciones públicas pidiendo “respeto a los derechos” de los criminales no fueron deslices mediáticos; fueron confirmaciones de este pacto narcopolítico que ha dejado a millones de mexicanos en un estado de indefensión absoluta.
El colapso institucional como antesala a la justicia internacional
Para que la Corte Penal Internacional intervenga en los asuntos de una nación soberana, debe comprobarse un principio jurídico fundamental: el colapso de las instituciones locales. La CPI no reemplaza a los tribunales nacionales, a menos que estos sean incapaces o carezcan de la voluntad genuina para enjuiciar a los responsables. Hoy, los demandantes afirman que México cumple con creces este trágico requisito.
El desmantelamiento sistemático del Poder Judicial, impulsado mediante recientes reformas, ha erradicado la independencia de los jueces, creando tribunales “a modo” que responden directamente a los intereses políticos del partido en el poder (Morena). A la par, las fuerzas armadas mexicanas han sido deliberadamente distraídas de su labor de seguridad nacional. En lugar de patrullar las calles y recuperar el 70% del territorio nacional que hoy es controlado por la delincuencia, los militares han sido relegados a roles empresariales: construir trenes, operar aeropuertos y administrar refinerías. Esta distracción intencional y el proceso de corrupción derivado de ella, anularon la capacidad del Estado para defender a su gente.
Ante fiscalías sin autonomía y tribunales capturados, a los ciudadanos y a las víctimas no les quedó otra salida que acudir a la justicia supranacional. A diferencia de otros organismos, la CPI tiene la facultad de emitir órdenes de aprehensión y condenar penalmente a individuos a título personal, dejando claro que nadie, ni siquiera un expresidente o un líder de régimen, está por encima de la justicia humanitaria.
La farsa del Mundial 2026: Una cortina de humo que no logra ocultar la tragedia
El contexto de esta profunda crisis sociopolítica se enmarca de manera bizarra con los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la cual México es un anfitrión secundario. Lo que originalmente fue concebido por la diplomacia internacional —en tiempos de presidentes anteriores y administraciones estadounidenses previas— como un evento para mostrar la integración y fortaleza de Norteamérica, se ha transformado en un espejo de las miserias del país.
México recibirá una minúscula fracción de los partidos (apenas 13 de los 104 encuentros programados), sin albergar juegos decisivos en etapas avanzadas. Lejos de dejar un legado de infraestructura útil —como nuevos estadios, aeropuertos de primer nivel o desarrollos urbanos— el evento está evidenciando el caótico despilfarro gubernamental en renovaciones estéticas vacías.
Aún más revelador es el terror político que rodea al evento. En una ruptura total del protocolo histórico (donde mandatarios mexicanos enfrentaron abucheos masivos en mundiales de 1970 y 1986 sin evadir su responsabilidad), la actual administración muestra un miedo paralizante ante la inauguración. La inasistencia prevista de las más altas figuras del Estado a la apertura en el icónico Estadio Azteca no es otra cosa que un intento por evitar la humillación internacional.
Afuera del recinto deportivo y en las calles capitalinas, no se congregan festejos, sino la desesperación acumulada de la nación. Las Madres Buscadoras que exigen respuestas sobre sus hijos enterrados en fosas clandestinas; los maestros disidentes de la CNTE bloqueando avenidas; y los defensores de los normalistas de Ayotzinapa, a quienes el actual gobierno también falló al no entregar la verdad prometida. Esta amalgama de protestas, contenida apenas por despliegues masivos de una Guardia Nacional militarizada, es la verdadera imagen que México presentará al mundo.
Un llamado a la verdad y la rendición de cuentas
