Cómo la Muerte de Norero Destapó la Red de 29 Funcionarios Corruptos

El 3 de octubre de 2022, en el centro de rehabilitación social de Cotopaxi, en la sierra ecuatoriana, un hombre murió en el patio de una cárcel que él mismo había convertido durante meses en su oficina personal. Leandro Norero Tigua, alias el patrón, 44 años, narcotraficante de primer nivel, había transformado su celda en un centro de operaciones equipado con bomba de agua propia, acceso a internet satelital, suministro de comida gourmet y artículos de lujo que entraban al penal con la regularidad y la normalidad

de cualquier pedido doméstico. había pagado $200,000 al director del sistema penitenciario nacional para garantizar esas comodidades. Había comprado la seguridad de sus guardias, había financiado las fiestas de los propios funcionarios que debían vigilarlo. Y desde esa celda, con la misma tranquilidad con que un ejecutivo gestiona su empresa desde su despacho, coordinaba el movimiento de toneladas de cocaína, supervisaba el lavado de decenas de millones de dólares y mantenía conversaciones cifradas con jueces, fiscales, policías y políticos

que habían aceptado poner el aparato del Estado ecuatoriano a su servicio a cambio de dinero cuando murió, en circunstancias que la versión oficial describió como consecuencia de un amotinamiento, pero que los investigadores posteriores identificaron como una operación planificada ordenada por líderes rivales de las bandas criminales que disputaban el control del narcotráfico en el país.

El Estado hizo lo que hace siempre en esos casos. tomó sus pertenencias, confiscó sus teléfonos, abrió sus dispositivos móviles buscando evidencia sobre sus actividades criminales y encontró algo que nadie, ni siquiera los investigadores más experimentados de la Fiscalía General del Estado, estaban preparados para ver en toda su magnitud.

Encontró miles de mensajes, miles de conversaciones cifradas a través de la plataforma Trima que Norero había mantenido desde su celda entre mayo y octubre de 2022. Los seis meses que van desde su captura hasta su muerte. Mensajes que no documentaban solo la logística del narcotráfico y el lavado de activos.

Mensajes que exponían con la precisión y la frialdad de quien lleva la contabilidad de un negocio perfectamente normal, la compra sistemática de voluntades en la Corte Nacional de Justicia, en el Consejo de la Judicatura, en la Policía Nacional, en el sistema penitenciario. Nombres reales, cifras exactas, acuerdos detallados. El presidente del Consejo de la Judicatura, el organismo encargado de supervisar y sancionar a todos los jueces del Ecuador, estaba en la nómina de favores del narcotraficante.

Jueces en las provincias más importantes del país atendían solicitudes como quien atiende pedidos de un cliente preferente. Oficiales de la policía antinarcóticos vendían información sobre operativos a las mismas organizaciones que debían desmantelar. Abogados que representaban oficialmente a sus clientes planificaban atentados contra los fiscales que investigaban esos mismos casos.

La muerte de Norero no fue el final de su historia, fue la apertura de una caja de Pandora digital que obligó a Ecuador a mirarse en el espejo más incómodo que una nación puede contemplar. Choco el espejo que muestra no lo que el Estado dice ser, sino lo que realmente es cuando el dinero del narcotráfico lleva suficiente tiempo trabajando en silencio desde dentro.

Lo que encontraron en esos teléfonos tiene un nombre. Lo tiene porque la fiscal general del Estado, Diana Salazar, decidió dárselo antes de que el país pudiera digerir lo que estaba a punto de escuchar. El nombre es metástasis y es la metáfora médica más precisa que existe para describir lo que esos chats revelaban.

No un tumor localizado en un órgano específico del Estado ecuatoriano, una metástasis, un proceso de diseminación cancerosa que había alcanzado simultáneamente la judicatura, el sistema penitenciario, las fuerzas de seguridad y la clase política, extendiéndose por el organismo institucional del país con la misma eficiencia silenciosa con que las células cancerosas viajan por el torrente sanguíneo hacia tejidos que hasta ese momento parecían sanos.

Para entender por qué la muerte de Norero fue el detonante de todo esto y no su captura 6 meses antes, hay que entender quién era el patrón y qué tipo de poder había construido durante años antes de que la Policía Nacional lo detuviera en mayo de 2022 en su mansión de San Borondón en la provincia del Guayas.

Leandro Norero Tigua no era un narcotraficante en el sentido convencional del término, un hombre que coordinaba envíos de droga y cobraba su porcentaje. Era un financista, un operador de capital criminal de una sofisticación que los investigadores ecuatorianos no habían encontrado antes con esa intensidad en un solo individuo. Lir se estima que movía entre 4 y 5 toneladas de cocaína mensualmente, coordinando el tráfico desde los puntos de producción en Colombia hasta los puertos de salida hacia Estados Unidos y Europa. había blanqueado aproximadamente

180 millones de dólares a través de una red de empresas fachada y propiedades inmobiliarias distribuidas en varias provincias del país y había invertido una parte significativa de sus ingresos criminales en algo que la mayoría de los narcotraficantes descuidan hasta que es demasiado tarde.

En comprar protección institucional de manera sistemática y documentada, construyendo una red de vínculos con el poder oficial que lo convertía en algo más que un delincuente con dinero. se convertía en un actor político con capacidad real para influir en las decisiones del Estado. Este cuando la Policía Nacional lo capturó en mayo de 2022, el decomiso fue impresionante, incluso para quienes estaban acostumbrados a los números del narcotráfico.

Millones de dólares en efectivo, lingotes de oro, armas, una propiedad en San Borondón que era al mismo tiempo una residencia de lujo y un centro de operaciones. La prensa presentó la captura como un golpe decisivo y lo era en términos operativos, en términos de la interrupción inmediata de sus actividades directas.

Pero lo que nadie supo ver en ese momento, lo que los propios investigadores de la fiscalía no podían saber todavía, es que Norero no solo había construido una red criminal, había construido una red de protección institucional tan densa y también articulada que incluso desde la cárcel, incluso privado de libertad y sometido formalmente a la autoridad del estado que lo había capturado, seguía siendo capaz de dirigir su imperio con una efectividad que habría resultado imposible sin la complicidad de las personas que debían estar vigilándolo.

La celda de Norero en el CRS de Kotupaxi no se parecía a ninguna celda de ninguna cárcel que funcione dentro de los parámetros mínimos de lo que un sistema penitenciario debe ser. Se parecía más al despacho de un ejecutivo que trabaja desde casa con recursos ilimitados y sin ninguna restricción de acceso a las herramientas que necesita para operar.

La bomba de agua propia no era un lujo caprichoso, sino una señal de la magnitud del control que ejercía sobre su entorno inmediato. El acceso a internet satelital en un centro penitenciario donde la normativa prohibía explícitamente los dispositivos electrónicos. Era la prueba más directa de que las normas simplemente no aplicaban a Leandro Norero de la misma manera que aplicaban al resto de los internos.

y los teléfonos, los teléfonos que nadie debería haber podido tener dentro de ese penal, que circulaban y se cargaban y se usaban con la naturalidad de quien vive en su propia casa y hace lo que quiere dentro de ella. Los 200,000 que Norero entregó al general en servicio pasivo Pablo Ramírez, exdirector del SNI y de la policía antinarcóticos, para garantizar esas comodidades y evitar traslados a centros de máxima seguridad donde el control real habría interrumpido sus operaciones, representaban una inversión, no un gasto, porque lo que Norero obtenía a cambio no era solo

confort físico, obtenía la capacidad de seguir siendo el patrón mientras el Estado creía que lo tenía bajo control. Las festividades que financiaba para los propios funcionarios de la prisión, las cadenas de oro que ingresaba al penal, los agasajos que organizaba dentro de los muros que supuestamente lo contenían, no eran solo excentricidades de un hombre con demasiado dinero, eran herramientas de gestión, maneras de construir lealtades, de crear dependencias, de asegurarse de que las personas que tenían el poder de causarle

problemas tuvieran también razones concretas y personales para no hacerlo. Era exactamente el mismo modelo que usaba en el exterior, trasladado al interior de la cárcel con las adaptaciones necesarias. STI funcionó durante meses con una eficiencia que resulta difícil de procesar sin entrar en detalles sobre lo que significa para un estado cuando sus propias instituciones de seguridad se convierten en extensiones operativas de la organización criminal que deberían estar conteniendo.

Fue en ese contexto con Norero operando desde su celda con plena confianza en la protección que había comprado cuando la orden de su ejecución llegó desde fuera. Las investigaciones posteriores señalan que la orden provino de alias Pipo, el líder de los lobos, la organización criminal rival, que en aquel periodo estaba disputando el control del narcotráfico ecuatoriano palmo a palmo con los grupos aliados o vinculados a Norero.

Según testimonios recogidos en la instrucción fiscal, Z Pipo habría enviado a un hombre de confianza al CRS de Coto Paxi con instrucciones de ganarse la confianza de Norero antes del ataque, infiltrándose en el entorno inmediato del capo, con suficiente paciencia para crear la oportunidad de actuar en un momento de vulnerabilidad. El amotinamiento que la versión oficial describió como el contexto de su muerte proporcionó esa oportunidad.

Norero murió en los patios de la cárcel que había convertido en su despacho. Eliminado por una organización rival que entendía que la forma más efectiva de desarticular su poder era precisamente eliminarlo a él. Lo que sus asesinos no calcularon, lo que probablemente ninguno de los involucrados en la decisión de matarlo calculó, es que la muerte de Norero activaría el mecanismo que pondría en marcha la investigación más devastadora para la red de corrupción que él había construido.

Porque con Norero muerto, sus teléfonos pasaron a manos del Estado y con los teléfonos pasaron todos sus secretos. Los analistas de la Fiscalía General del Estado tardaron semanas en procesar el contenido completo de los dispositivos móviles que habían pertenecido a Leandro Norero.

No porque la extracción de datos fuera especialmente complicada desde el punto de vista técnico, sino porque lo que encontraban a medida que avanzaban en los archivos iba superando consistentemente las expectativas que cualquier investigación previa sobre corrupción en Ecuador había establecido como referencia. Miles de mensajes en la aplicación Trima Sh.

Una plataforma de mensajería cifrada, diseñada para garantizar la privacidad de las comunicaciones y adoptada por organizaciones criminales de todo el mundo, precisamente por la dificultad que representa para las autoridades interceptar su contenido en tiempo real. Norero la usaba con la confianza de quien cree que sus conversaciones están protegidas por una capa de encriptación que el estado no puede penetrar.

Tenía razón mientras vivía. no la tuvo después de muerto, porque la encriptación de las comunicaciones en tránsito no protege los mensajes almacenados en un dispositivo físico que ya está en manos de los investigadores. Lo que los analistas encontraron en esos mensajes no era solo información sobre narcotráfico, era el organigrama completo de la red de corrupción que Norero había construido durante años, solo documentado con la minuciosidad de quien lleva la contabilidad de un negocio legítimo y que por tanto no se

molesta en ocultar los detalles porque confía en que nadie va a verlos. Nombres reales o alias suficientemente identificables para ser asociados a personas concretas. Cantidades exactas, fechas, servicios acordados, resultados esperados y resultados obtenidos. Era la evidencia más completa de corrupción sistémica que la Fiscalía Ecuatoriana había tenido nunca en sus manos.

Y su lectura era al mismo tiempo una confirmación brutal de lo que muchos sospechaban y una revelación de dimensiones que superaban lo que incluso los más pesimistas habían imaginado como posible. El personaje que mejor encarna la magnitud del escándalo es Willman Teran. No porque fuera el más corrupto de los identificados en los chats, aunque los fiscales sostenían que su responsabilidad era de primer orden, sino porque su cargo hacía de su implicación algo cualitativamente diferente a la de cualquier otro funcionario en la lista.

Wiman Terán era en el momento del operativo metástasis del 14 de diciembre de 2023. el presidente del Consejo de la Judicatura, el máximo responsable de supervisar, evaluar y, en su caso, sancionar a todos los jueces del Ecuador. El hombre cuya función institucional específica era garantizar la integridad del sistema judicial, el guardián de los guardianes.

Y según la tesis fiscal era simultáneamente un colaborador estratégico de Leandro Norero que planificaba escenarios de impunidad para el narcotraficante y sus familiares. coordinaba la compra de fallos en la Corte Nacional de Justicia y utilizaba su posición en el Consejo de la Judicatura para asegurar que personas leales a la estructura criminal ocuparan cargos de poder dentro del sistema judicial.

La paradoja es tan brutal que resulta casi cinematográfica. El hombre encargado de limpiar la judicatura era uno de los arquitectos de su contaminación. El funcionario, cuya autoridad se ejercía en nombre de la integridad judicial, había convertido esa autoridad en un activo que el narcotráfico podía alquilar y lo había hecho con suficiente discreción para que durante años nadie en posición de actuar tuviera las evidencias necesarias para hacerlo.

Hasta que Norero murió y sus teléfonos llegaron a manos de la fiscalía. Las evidencias Contraterán incluían su participación en la coordinación de una Beas Corpus a favor de Israel Norero, hermano de Leandro, recibiendo presuntamente pagos a través de intermediarios cuidadosamente seleccionados para mantener una distancia aparente entre el dinero y el destinatario final.

Pero la corrupción de Terán no se limitaba a actos individuales de este tipo. Alcanzaba el nivel estructural de la manipulación de los propios mecanismos de selección del sistema judicial. Las evidencias sugieren que utilizó los concursos de méritos y oposición para el nombramiento de jueces, los procesos que formalmente debían garantizar que los mejores candidatos llegaran a los puestos más importantes, si como mecanismos para asegurar que personas leales a la estructura criminal de Norero fueran colocadas en posiciones desde donde pudieran prestar servicios

futuros a la organización. No compraba fallos puntuales, compraba la arquitectura del sistema que los producía. Por debajo de Terán, la red se extendía geográficamente por las provincias donde Norero tenía operaciones más intensas, Guayas, Manabí, Cotopaxi, Santo Domingo de los Táchilas. En cada una de esas jurisdicciones había jueces identificados por sus alias en los Chats de Norero que funcionaban bajo una lógica de servicios a pedido con tarifas establecidas para cada tipo de resolución judicial según su complejidad

y su impacto esperado sobre los intereses del narcotraficante. El juez Ronald Guerrero, conocido en los chats como la momia, operaba en Guayas tramitando el caso de lavado de activos de Norero y emitiendo resoluciones favorables a cambio de pagos que los investigadores pudieron documentar a través del rastreo de las transacciones financieras que los operadores de la organización realizaban hacia sus cuentas directas o hacia las de sus intermediarios.

Johan Marfetán actuaba como nexo entre la Red Criminal y la Corte Provincial del Guayas, facilitando el acceso a magistrados que de otra manera habrían resultado inaccesibles para la organización. Carlos Tambrano en Manabí gestionaba los sorteos judiciales que en teoría debían asignar casos a jueces de manera aleatoria, pero que en la práctica se orientaban para que los casos sensibles llegaran a manos de quienes ya estaban en la nómina de Norero.

La Emerson Curipayo en Santo Domingo facilitó la liberación de personas que formaban parte de los brazos armados de la organización, convirtiendo el sistema de garantías constitucionales en una herramienta de gestión de recursos humanos para el narcotráfico. Ángel Lindao en la Concordia llegó a emitir medidas cautelares para ordenar la devolución de una mansión en San Borondón que el Estado había incautado a Norero, utilizando el mecanismo de las acciones constitucionales diseñado para proteger los derechos fundamentales de

los ciudadanos, para recuperar el patrimonio ilícito de un narcotraficante que había sido formalmente privado de ese bien por la acción legítima de la justicia. La geografía de la corrupción era también la geografía de las operaciones de Norero. Chancada provincia donde el narcotráfico tenía mayor intensidad, tenía también sus jueces comprometidos, sus operadores judiciales disponibles, sus mecanismos de protección institucional, funcionando con la regularidad de un servicio contratado.

No era corrupción espontánea ni oportunista, era una infraestructura planificada, construida con la misma lógica empresarial con que se construye cualquier red de distribución o cualquier cadena de suministro. Solo que lo que se distribuía y se suministraba no era un producto físico, sino impunidad, protección legal empaquetada y entregada a quien podía pagarla.

Si el sistema judicial fue el pilar más visible de la red de corrupción que Norero había construido, el sistema penitenciario fue su columna vertebral más íntima, la que le permitía funcionar a pleno rendimiento desde dentro de una cárcel. Donc la que convertía su detención en algo que en la práctica no se diferenciaba demasiado de la libertad operativa que había disfrutado antes de su captura.

El general en servicio pasivo Pablo Ramírez, exdirector del SNI y de la policía antinarcóticos, es la figura que mejor encarna esta dimensión de la red. Un militar con décadas de carrera en las instituciones de seguridad del Estado, con el tipo de trayectoria que construye credibilidad y que genera confianza institucional que según las evidencias recabadas por la fiscalía, había puesto esa trayectoria y esa credibilidad al servicio de los intereses de un narcotraficante detenido bajo su custodia.

Los chats de Norero documentan la naturaleza de esa relación con una especificidad que resulta difícil de refutar. Check $200,000 entregados a Ramírez para garantizar las comodidades en prisión y evitar traslados a centros de máxima seguridad donde el control real habría interrumpido las operaciones. Un precio que en términos de la economía del narcotráfico era absolutamente insignificante en relación al valor de lo que compraba, porque lo que compraba no era solo confort.

compraba la continuidad operativa de un imperio criminal que movía toneladas de cocaína mensualmente y que había invertido años en construir una red de protección institucional que requería supervisión constante para seguir funcionando. Ramírez no era el único en el nivel operativo del sistema penitenciario. La red contaba con la colaboración de guías penitenciarios y personal administrativo del CJRS de Cotopaxi, que actuaban como los engranajes cotidianos de la logística interna del patrón.

Carlos Mendoza fue señalado específicamente por facilitar el ingreso de artículos prohibidos, incluyendo las cadenas de oro que Norero usaba dentro del penal como emblema de su estatus y de su poder, incluso en ese entorno, y por organizar carpas y equipamiento para los eventos que el narcotraficante financiaba dentro de la cárcel.

Su pareja recibió depósitos en sus cuentas personales provenientes de los operadores financieros de Norero, una manera de pagar servicios que dejaba un rastro financiero tenue pero rastreable para investigadores con los recursos y la determinación necesarios para seguirlo. Lo que esta microcorrupción del nivel más bajo del escalafón penitenciario representa es algo cualitativamente diferente de los grandes sobornos a directores y generales.

presenta la normalización, la construcción de una cultura institucional dentro de la cárcel, donde las normas formales habían perdido toda relación con la realidad operativa y donde el poder real, el poder que determinaba qué ocurría realmente dentro de esos muros, pertenecía al narcotraficante y no al estado.

Cuando Norero financiaba las festividades de los funcionarios que debían vigilarlo, cuando organizaba agasajos para el personal del penal con su propio dinero, estaba invirtiendo en esa normalización. Estoy en crear una zona de comodidad y de dependencia mutua, donde los roles formales de autoridad y subordinación habían sido invertidos de manera tan completa que nadie dentro del sistema tenía ya los incentivos ni la capacidad de restaurarlos por iniciativa propia.

La infiltración en la Policía Nacional añade otra dimensión al cuadro. Si el sistema judicial compraba impunidad legal y el sistema penitenciario compraba comodidad operativa, la policía compraba algo más inmediatamente peligroso para cualquier investigación criminal. Compraba información en tiempo real sobre las propias investigaciones que el Estado estaba llevando adelante contra la organización.

El coronel Lenin Masón, jefe del distrito San Borondón, mantenía contacto directo con Lorero y coordinaba la seguridad de las propiedades del narcotraficante en su jurisdicción, actuando en la práctica como el responsable de seguridad de un empresario privado, en lugar de como el oficial de policía, cuya función era garantizar que la ley se cumpliera en esa zona.

Otros agentes de unidades tácticas y de antinarcóticos vendían información sobre operativos inminentes, permitiendo a la organización ocultar cargamentos de droga o evacuar bienes antes de que los allanamientos llegaran. Cabos como Fernando García y Alexander Isa fueron acusados de simular operativos para proteger el traslado de bienes de Norero que ya habían sido incautados formalmente por el Estado, actuando efectivamente como una escolta privada uniformada y armada a cargo del herario público, pero al servicio del

narcotráfico. El mayor Armando Ruiz participaba en las operaciones de lavado de dinero de la organización, Chemo integrando activamente el ciclo financiero del crimen en lugar de limitarse a proporcionar información o protección. Gabriel García, analista de información de la policía, boicoteaba activamente las investigaciones de lavado de activos y manipulaba datos para dificultar el trabajo de los investigadores que desde otras unidades intentaban seguir el rastro financiero de Norero.

Cristian Chaua, agente de antinarcóticos, filtraba inteligencia sobre los movimientos de la fiscalía y de otras unidades policiales, convirtiendo el flujo de información interna del Estado en un recurso disponible para la organización criminal que debía investigar. La profundidad de esta infiltración policial tiene una implicación que va más allá del daño operativo inmediato que causaba.

Significa que cualquier investigación sobre las actividades de Norero que se llevara adelante sin un control absoluto sobre quién tenía acceso a la información estaba comprometida desde el principio. Que los investigadores honestos, los que existían y que intentaban hacer su trabajo dentro de las instituciones contaminadas, operaban en un entorno donde no podían confiar en sus propios colegas ni en sus propios sistemas internos de comunicación.

que la información sobre una redada planificada para mañana podía estar en manos de la organización objetivo antes de que terminara la jornada de hoy y que esa situación, esa imposibilidad estructural de investigar con la confianza mínima que cualquier investigación requiere era exactamente lo que Norero había comprado con sus sobornos policiales.

No solo silencio, incapacidad, sacó la parálisis sistemática del mecanismo que debía detenerlo. Los operadores externos que completaban el cuadro eran la capa más sofisticada de toda la estructura, la que traducía el poder del dinero criminal en influencia institucional, de manera que resultara menos directamente detectable y más difícil de probar en términos jurídicos.

Abogados como Cristian Romero y Xavier Novillo no ejercían una defensa técnica en el sentido legítimo del término. Eran gestores de sobornos con acceso a las redes de contacto que Norero necesitaba para que su inversión en corrupción llegara a los destinatarios correctos con la eficiencia y la discreción necesarias.

Romero, que había representado a figuras tan prominentes como el exvicepresidente Jorge Glas, utilizaba ese capital de relaciones para negociar directamente con Wilmán y otros magistrados en la corte nacional. Novillo gestionaba la operatividad en las cortes provinciales, manteniendo una relación de cercanía con fiscales y jueces que le permitía anticipar los movimientos procesales y orientarlos en la dirección que Norero necesitaba.

La fiscalía demostró algo sobre estos abogados que transforma su participación en la red de algo grave en algo fundamentalmente diferente y más oscuro. No solo gestionaban sobornos, planificaron atentados. Específicamente, las evidencias recabadas demuestran que el equipo legal de Norero planificó atentados contra la fiscal Lidia Sarabia, quien llevaba el caso de lavado de activos contra el narcotraficante.

El equipo jurídico de defensa como extensión del brazo armado de la organización que el letrado y el sicario funcionando dentro de la misma estructura, respondiendo a los mismos intereses, sirviendo el mismo propósito de proteger al patrón de las consecuencias legales de sus actos. Mayira Salazar es el personaje que conecta todos los hilos de esta historia y que la hace más comprensible en su conjunto.

No porque su papel fuera el más importante en términos de poder o de dinero, sino porque su testimonio fue el que más claramente articuló la lógica interna de todo el sistema. Salazar trabajaba como relacionadora pública de la Corte Provincial del Guayas, un cargo que en teoría tenía que ver con la comunicación institucional y que en la práctica la había convertido en una pieza clave de la red que Norero había construido alrededor del sistema judicial de esa provincia.

No gestionaba sobornos directamente ni tomaba decisiones sobre qué juez comprar para qué caso. Hacía algo más sutil y en muchos sentidos más valioso para la organización. Gestionaba contactos. Conocía a todos los que había que conocer dentro del sistema judicial de Guayas. Sabía qué jueces eran accesibles y en qué términos, qué fiscales podían ser presionados y cuáles no, qué movimientos procesales convenía hacer en cada momento y cómo comunicarlos para que la narrativa mediática favoreciera los intereses de sus clientes. Era, en el

lenguaje del crimen organizado moderno, la persona que entendía que el poder ya no se ejerce solo con dinero y con violencia, sino también con información y con relato. Y la organización de Norero la necesitaba en esa función tanto como necesitaba a los jueces que compraba y a los policías que informaban.

Pero el testimonio de Salazar reveló algo que iba más allá de su propio rol en la red de Norero. Reveló que esa misma infraestructura de corrupción judicial que Norero utilizaba para proteger sus intereses criminales era también utilizada de manera paralela y con los mismos instrumentos, aunque con objetivos diferentes, por actores políticos que buscaban controlar la justicia para sus propios fines de poder.

Mientras Salazar colaboraba con Norero en identificar jueces sobornables y en manejar la narrativa mediática favorable a la organización, trabajaba simultáneamente bajo las órdenes del ex asasambleísta Pablo Mues, figura del Partido Social Cristiano, quien según la Fiscalía lideraba una estructura que controlaba administrativamente la Corte Provincial del Guayas para beneficiarse de fallos judiciales en litigios de tierras y deudas con instituciones bancarias.

Era el mismo tribunal. Los mismos jueces, en algunos casos, los mismos mecanismos de corrupción, pero dos organizaciones diferentes, una criminal y una política, utilizándolos simultáneamente para objetivos distintos que no siempre coincidían, pero que compartían la misma infraestructura de captura institucional.

Esto es lo que el caso Metástasis reveló que era cualitativamente diferente de cualquier escándalo de corrupción anterior en la historia ecuatoriana. No era la corrupción de un juez que acepta sobornos. No era la corrupción de un director de prisiones que facilita comodidades a un preso rico. Era la existencia de una infraestructura compartida de corrupción judicial que servía simultáneamente al narcotráfico, a la clase política y a cualquier otro actor con suficiente dinero o suficiente poder para pagar el acceso. un sistema dentro del sistema,

una justicia paralela que coexistía con la justicia formal y que en las provincias donde operaba con mayor intensidad había desplazado a la justicia formal como el mecanismo real de resolución de conflictos para quien tenía los recursos de acceder a ella. El operativo del 14 de diciembre de 2023, bautizado precisamente metástasis por la fiscalía, fue el momento en que todo eso salió simultáneamente a la luz.

29 personas detenidas en un único día coordinado. Una lista de investigados que en ese momento ya alcanzaba los 38 individuos y que seguiría creciendo en los meses posteriores hasta superar los 50 procesados. La operación fue el resultado de más de un año de trabajo de análisis de los chats de Norero, de cruce de esas conversaciones con registros financieros y telefónicos adicionales, de construcción de casos individuales para cada uno de los funcionarios identificados en los mensajes.

Un trabajo que Diana Salazar y su equipo realizaron bajo la presión adicional que representa investigar a las personas que teóricamente forman parte del mismo sistema institucional que debería proteger a los investigadores. Porque investigar a los jueces que compran los narcos es también investigar a personas con poder real dentro del sistema judicial, con acceso a los mecanismos que pueden complicar una investigación, con abogados que conocen todos los tecnicismos procesales disponibles y que los utilizarán con la mayor agresividad

posible y con la amenaza adicional documentada en el propio caso de que algunos de esos investigados habían planificado atentados contra los fiscales que los perseguían. El proceso judicial posterior al operativo ha avanzado a un ritmo que los críticos describen como insuficiente y los defensores como el máximo posible dadas las circunstancias.

De los más de 50 procesados originales, varios se acogieron al procedimiento abreviado, aceptando su responsabilidad en el delito de delincuencia organizada a cambio de penas reducidas y de la entrega de información que permitiera a la fiscalía fortalecer los casos contra los implicados de mayor nivel.

Juan Mayira Salazar recibió una condena de 15 meses de prisión tras su testimonio anticipado. Una pena que muchos ecuatorianos consideraron escandalosamente baja en relación a la gravedad de lo que había admitido hacer, pero que los fiscales defendieron como el precio necesario para obtener la información que necesitaban para ir a por los peces gordos.

Daniel Salcedo, otro de los operadores de la red que entregó información a cambio de un trato favorable, recibió 40 meses. Wilm Terán y Pablo Ramírez, los funcionarios de mayor rango y mayor responsabilidad institucional en toda la red, continuaban en 2024 en procesos que podrían resultar en condenas de hasta 10 años en el régimen ordinario.

Penas que muchos analistas de política criminal consideran insuficientes para el daño que causaron, pero que representan algo que Ecuador no había visto antes con esa consistencia. Consecuencias reales para funcionarios de primer nivel que habían apostado a que su posición institucional los blindaba de manera permanente.

La reparación integral exigida por el Estado a los sentenciados asciende a millones de dólares en un intento de desmantelar la capacidad financiera. que permitió la compra de la justicia y de recuperar para el herario público al menos una fracción del dinero que fluyó desde el narcotráfico hacia los bolsillos de quienes debían combatirlo.

Lo que el caso Metástasis dejó como legado, más allá de las condenas individuales y de los procesos que todavía siguen su curso, es una conversación que Ecuador no podía seguir evitando. una conversación sobre la naturaleza real del Estado en un país donde el narcotráfico ha tenido suficiente tiempo, suficiente dinero y suficiente inteligencia estratégica para construir dentro de las instituciones formales una estructura paralela de poder que las neutraliza desde dentro.

La analogía médica que le dio nombre al caso no fue elegida al azar, ni fue una decisión meramente retórica. La metástasis describe con precisión técnica lo que los chats de Norero revelaron que había ocurrido en Ecuador, un proceso de diseminación que había comenzado en algún punto de origen, probablemente en las primeras transacciones entre el dinero del narcotráfico y los funcionarios dispuestos a recibirlo y que se había extendido desde ahí siguiendo los mismos caminos que el poder institucional usa para circular por el organismo del

Estado, no llegando a órganos que nadie habría identificado como vulnerables, hasta que las imágenes de los chats mostraron que ya llevaban tiempo infectados. La pregunta que Ecuador no ha terminado de responder, la que el caso Metástasis planteó con una claridad que no admite evasión, es si lo que se está haciendo actualmente es suficiente para detener la diseminación o si las condenas y los procesos son el equivalente institucional de tratar los síntomas mientras la enfermedad de fondo sigue su curso. Los chats del patrón son hoy

documentos históricos. El registro de una época en que la ley fue sometida al arbitrio de la chequera criminal con una sistematicidad y una eficacia que el Estado tardó demasiado en detectar y que todavía está lejos de haber erradicado completamente. La muerte de Norero abrió esa caja de Pandora digital, lo que salió de ella, lo que sigue saliendo a medida que los procesos judiciales avanzan y que los testimonios de los implicados van completando el mapa de la red, es la prueba de que el mayor riesgo que enfrenta un Estado frente al crimen

organizado no es la violencia de las bandas en las calles, sino la silenciosa compra de las instituciones que debería protegerlo. Esa compra ya ocurrió en Ecuador y la pregunta de si puede revertirse completamente todavía no tiene respuesta.