Las imágenes y testimonios que han comenzado a circular masivamente en redes sociales muestran una realidad alarmante: presuntas “casas amigas” operando como centros clandestinos de coacción del voto, ciudadanos intimidados y, lo que resulta aún más preocupante, una aparente complicidad por parte de las fuerzas de seguridad locales, quienes han sido señaladas por proteger a los infractores mientras persiguen a los denunciantes. Este panorama ensombrece profundamente la confianza en las instituciones y plantea serias interrogantes sobre la salud democrática de la región.
Nuevo Teresitas: El Epicentro del Escándalo
El punto de ebullición de esta crisis se localizó en la colonia Nuevo Teresitas, un sector que, según la propia candidata, es conocido por ser un terreno de disputa y resistencia. Fue en este lugar donde Salazar y su equipo identificaron un domicilio particular que presuntamente funcionaba como un centro logístico para la compra de sufragios.
A través de su transmisión en vivo, la candidata expuso el modus operandi de estos grupos: el uso de tecnologías como códigos QR para registrar, validar y presuntamente pagar por los votos emitidos a favor del PRI. Sin embargo, el momento de mayor indignación llegó cuando el equipo de campaña solicitó la intervención de las autoridades municipales para desmantelar este presunto delito electoral en flagrancia.
La respuesta policial dejó mucho que desear. De acuerdo con el testimonio de Salazar, los elementos de seguridad demoraron deliberadamente su actuación, otorgando un lapso de hasta 40 minutos a los ocupantes del inmueble para ocultar cualquier evidencia incriminatoria, incluyendo el dinero en efectivo y los dispositivos con los mencionados códigos QR. Una vez que las puertas se cerraron y el material fue presuntamente resguardado, la autoridad procedió a realizar una inspección que, previsiblemente, concluyó “sin novedad”.
El Diálogo de la Impunidad: Ciudadanos Contra Autoridades
Uno de los momentos más tensos de la jornada quedó registrado en el intercambio verbal entre Alejandra Salazar y el oficial de la policía municipal Francisco Javier Torres Hilario, identificado con el número de placa 1849. Durante la confrontación, el elemento de seguridad justificó su accionar argumentando que debía atender reportes anónimos al 911 que acusaban, paradójicamente, al propio equipo de Salazar de incurrir en delitos electorales.
Bajo el amparo de la supuesta imparcialidad, el oficial procedió a inspeccionar los vehículos del equipo de campaña de Morena, quienes se encontraban realizando labores logísticas completamente legales, como la distribución de desayunos (gorditas) para sus representantes de casilla. Mientras las autoridades escudriñaban la comida de los brigadistas, los verdaderos operadores políticos en la “casa amiga” ganaban tiempo valioso para borrar sus huellas.
“Están atendiendo los reportes de la gente equivocada”, reclamaba Salazar en medio de la frustración, evidenciando cómo el aparato de seguridad estaba siendo aparentemente utilizado como un instrumento de distracción y hostigamiento contra la oposición, en lugar de fungir como garante de la legalidad electoral.
Hostigamiento Sistemático y Detenciones Injustificadas
El caso de Nuevo Teresitas no fue un incidente aislado, sino que formó parte de un patrón de hostigamiento que marcó toda la jornada. A lo largo del día, el equipo de Alejandra Salazar reportó una serie de detenciones arbitrarias y tácticas de intimidación dirigidas específicamente contra sus colaboradores.
El caso más representativo de este acoso fue el de un brigadista identificado como Armando. Este ciudadano, cuyo único trabajo consistía en entregar alimentos a los representantes de casilla y quien portaba su nombramiento oficial ante las autoridades electorales, fue detenido e interceptado por la policía en tres ocasiones distintas durante el mismo día. A escasas dos cuadras del presunto centro de compra de votos que operaba con total impunidad, Armando era acosado por realizar tareas logísticas básicas de su partido.
A esta situación se sumó la detención de una regidora del partido, consolidando la percepción de que las fuerzas de seguridad estatales y municipales estaban ejecutando una cacería de brujas dirigida. La frustración de los militantes era palpable: mientras los operadores del partido en el poder presuntamente repartían dinero y organizaban movilizaciones masivas sin ser molestados, los representantes de la oposición eran tratados como delincuentes por el simple hecho de transitar por la vía pública.
Obstrucción Institucional: El Papel en las Casillas
El bloqueo a la participación democrática no se limitó a las calles; también se trasladó al interior de los centros de votación. Desde las primeras horas de la mañana, comenzaron a llover los reportes sobre irregularidades sistemáticas en la instalación de las casillas y en el desarrollo del escrutinio.
Miembros del equipo de Salazar denunciaron que funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) impidieron deliberadamente el acceso a los representantes generales de Morena en momentos críticos, como el conteo de boletas. Esta exclusión representa una violación directa a los principios de certeza y transparencia que deben regir cualquier proceso electoral.
“¿Qué me queda a mí? Levantar una incidencia y que sea la palabra del INE contra la nuestra”, expresaba un miembro del equipo con evidente impotencia. Esta falta de apertura institucional genera un ambiente de profunda desconfianza, donde los actores políticos sienten que no solo compiten contra un partido adversario, sino contra un sistema que ha inclinado la balanza de manera estructural.
El Espejismo del “Estado Más Seguro”
