La inauguración del vigésimo sexto campeonato mundial de fútbol prometía ser el escaparate perfecto para proyectar a México como una nación próspera, vibrante y pacífica ante los ojos de miles de millones de espectadores en todo el globo terráqueo. Sin embargo, lo que debía ser una fiesta monumental y una celebración inigualable de la fraternidad deportiva internacional, ha quedado al descubierto como una fachada resquebrajada que oculta una crisis institucional, social y política sin precedentes en la historia reciente del país norteamericano. Detrás de los reflectores, los cánticos de la afición y la aparente alegría de la ceremonia inaugural, se esconde una realidad sombría marcada por la ausencia cobarde de las más altas autoridades, la militarización extrema de las calles, la represión a las víctimas de la violencia y un tufo innegable a autoritarismo que amenaza con extinguir los últimos vestigios de la democracia mexicana.
El primer gran impacto, y quizás el más humillante a nivel diplomático y simbólico, ha sido la inaudita decisión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, de ausentarse por completo de la ceremonia inaugural del evento más importante del planeta. A lo largo de la historia de la Copa del Mundo, ha sido una norma inviolable y una cuestión de honor y Estado que el mandatario del país anfitrión dé la cara, pronuncie el discurso de apertura y reciba a las delegaciones internacionales. Poco importaba si la popularidad del líder estaba en horas bajas; la tradición exigía estoicismo.
La historia de México está plagada de ejemplos de presidentes que, a pesar de atravesar momentos de profunda impopularidad y crisis nacionales, asumieron su responsabilidad institucional. Gustavo Díaz Ordaz, tras la sangrienta represión estudiantil de Tlatelolco en 1968, se presentó en el estadio en el Mundial de 1970 para recibir una monumental rechifla. Permaneció estoico, aguantando durante diecisiete larguísimos segundos el escarnio público, pero cumplió con su deber como jefe de Estado. Dieciséis años después, en 1986, un México devastado por el terremoto y sumido en una severa crisis económica vio cómo el presidente Miguel de la Madrid también enfrentaba los abucheos de un estadio abarrotado sin dar un solo paso atrás, entregando incluso la copa en la gran final.
Hoy, el panorama es radicalmente opuesto. La actual administración, liderada por el partido Morena —una formación política que muchos analistas y críticos ya no dudan en calificar abiertamente como un “narcopartido”— ha optado por el escondite. Analistas políticos de primer nivel coinciden en que la ausencia de Sheinbaum no se debe a una agenda apretada ni a un problema de seguridad logística, sino pura y llanamente al pánico. Existe un terror cerval en el círculo presidencial a enfrentarse a la condena pública de los 87.500 espectadores reunidos en el Estadio Azteca. La presidenta, consciente del acelerado desgaste de su gobierno, de la ingobernabilidad palpable en las calles y del fracaso rotundo en materia de seguridad, ha preferido encerrarse en su madriguera antes que afrontar la humillación mundial en riguroso directo.
Y es que el miedo de la presidencia no es infundado. La Ciudad de México, que tuvo la friolera de ocho años para prepararse y engalanarse para este magno evento, no ha sido vestida de gloria, monumentos ni banderas, sino de vallas policiales, caos logístico y, metafóricamente, de los “cadáveres” políticos de las promesas incumplidas del actual régimen. El gobierno ha respondido al descontento generalizado militarizando la capital de una forma nunca antes vista en un evento deportivo. Se han desplegado más de 11.000 efectivos, integrados no solo por policías locales, sino por cuerpos de la Guardia Nacional, el Ejército e incluso la Fuerza Aérea Mexicana. Un despliegue bélico abrumador que transmite al extranjero la peor de las imágenes: la de un país acorralado, incapaz de garantizar el orden público sin recurrir a sus fuerzas armadas, y la de un gobierno derrotado por su propio monstruo, por aquellos grupos radicales a los que en el pasado empoderó para llegar al poder.
Esta militarización desproporcionada ha chocado de frente con una de las realidades más dolorosas y sangrientas del México contemporáneo: la crisis de los desaparecidos. En los aledaños del estadio, la escena era dantesca y desgarradora. Las “madres buscadoras”, colectivos de mujeres valientes que escarban la tierra con sus propias manos tratando de encontrar los restos de sus hijos asesinados por los cárteles del narcotráfico ante la inacción del Estado, acudieron a manifestarse de manera pacífica. El contraste no pudo ser más cruel. Mientras los jerarcas de la FIFA y los magnates disfrutaban de palcos valorados en decenas de miles de dólares, estas mujeres se encontraban bloqueadas por muros de escudos policiales antimotines.
“Somos madres que estamos deseosas de tener a nuestros hijos… no los queremos en fosas, no los queremos en pedazos como los hemos encontrado”, suplicaba entre lágrimas una madre frente a la mirada atónita y visiblemente conmovida de un joven agente de policía que se veía obligado a impedirle el paso. “Si ustedes, las autoridades, hubieran estado en el lugar que tenían que estar, nuestros hijos no estarían desaparecidos”. Este dramático testimonio, captado en vídeo y viralizado en minutos, expone la infinita hipocresía de un gobierno que destina miles de efectivos para blindar un partido de fútbol, mientras abandona a sus ciudadanos a su suerte en los territorios controlados por el crimen organizado. Un país que suma más de 133.000 desaparecidos oficiales no puede ocultar su tragedia bajo la alfombra de un evento deportivo, por más costoso y espectacular que este intente ser.
El colapso de la capital no se limita a las protestas sociales; la negligencia administrativa ha llevado a la ciudad a un nivel de caos logístico vergonzoso. Las autoridades de la Ciudad de México, encabezadas por Clara Brugada, han demostrado una ineptitud escandalosa. No hay rampas de acceso para personas con discapacidad, las principales líneas del metro se encuentran colapsadas o inoperativas, y el servicio de Tren Ligero ha sido restringido exclusivamente para aquellos ciudadanos que cuenten con una entrada para el Mundial, vulnerando el derecho fundamental al libre tránsito de los habitantes locales que simplemente necesitan desplazarse a sus puestos de trabajo o domicilios. A esto se suman decisiones absurdas y despilfarradoras, como la plantación de flores de cempasúchil en pleno junio —una flor tradicionalmente ligada al Día de Muertos en noviembre— en los camellones de Paseo de la Reforma, generando monumentales atascos vehiculares en el peor momento posible.
Mientras el gobierno mexicano intenta contener el desastre interno, la presión internacional comienza a ahogarlo desde el norte. Donald Trump, en recientes declaraciones que han sacudido los cimientos de la diplomacia continental, ha adoptado una postura de enorme beligerancia. Aprovechando la debilidad institucional de México, el exmandatario y líder republicano ha advertido de manera explícita que, habiendo reducido drásticamente el narcotráfico por vía marítima, el siguiente objetivo es erradicar el trasiego de drogas por la frontera terrestre. Y no ha dudado en lanzar un ultimátum brutal: si el gobierno de México no combate a los cárteles de la droga de manera frontal, Estados Unidos no descarta intervenir e ingresar a territorio mexicano por tierra para hacer el trabajo sucio.
Estas gravísimas amenazas no son simples bravatas de campaña; forman parte de una estrategia de presión implacable que tiene como trasfondo la renegociación del tratado de libre comercio (T-MEC). La respuesta del Palacio Nacional ha sido, en el mejor de los casos, candorosa e ilusoria. La presidenta ha salido a argumentar las bondades económicas de la complementariedad laboral entre ambas naciones, evidenciando una grave incapacidad para leer el subtexto político de Washington. Lo que la Casa Blanca está exigiendo no son cifras sobre empleo en la industria automotriz, sino resultados palpables en la lucha contra la producción y distribución de fentanilo, y de manera sumamente específica, la extradición de figuras políticas ligadas estrechamente al crimen organizado.
El elefante en la habitación de las relaciones bilaterales tiene nombre y apellidos: Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. Estados Unidos ha puesto la mira sobre este mandatario estatal, a quien acusa de haber llegado al poder respaldado por los pactos oscuros con el Cártel de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses esperan pacientemente que concluya el plazo legal para su extradición, pero en los círculos políticos se entiende claramente que este periodo es un reloj de arena que marca el límite de la paciencia de Washington. Sin embargo, en un ejercicio de cinismo y encubrimiento flagrante, las principales figuras del Senado mexicano y líderes del partido en el poder se han apresurado a blindar y proteger al gobernador, demostrando que Morena funciona más como una cofradía de protección mutua y complicidad criminal que como un movimiento democrático al servicio del pueblo.
La crisis de seguridad y narcotráfico que envuelve a la élite política ya ni siquiera intenta disimularse. Activistas y defensores de los derechos humanos aprovecharon los reflectores globales del Mundial para apostarse en las entradas del Estadio Azteca y pegar carteles exhibiendo a los “narcopolíticos”, acusando a todos los partidos, pero haciendo especial énfasis en la actual administración que, mediante su inacción y su infame política de connivencia, ha permitido que vastas regiones del país queden a merced de los señores de la guerra. La osadía de denunciar este contubernio se paga con la vida en México. Un ejemplo escalofriante de esto se produjo a pocas horas del silbatazo inicial, cuando la diputada Paola Gárate, quien tuvo el valor inmenso de denunciar públicamente las operaciones del Cártel de Sinaloa y su injerencia en las elecciones que llevaron a Rocha Moya al poder, recibió en la puerta de su propio domicilio una corona fúnebre. Una amenaza de muerte mafiosa, directa y brutal, que retrata a la perfección el estado de terror y barbarie en el que se ejerce la oposición en el país azteca.
Y es precisamente en el terreno de la oposición política donde se está librando la batalla final por el alma y la supervivencia de la república mexicana. Mientras la atención mundial está secuestrada por el esférico y las polémicas organizativas, un ataque sistemático y letal se está perpetrando contra las instituciones democráticas del país. El Instituto Nacional Electoral (INE), otrora un árbitro respetado e imparcial, parece haber sucumbido por completo a los designios del gobierno central. El escándalo más reciente es la negativa injustificada y artera a otorgar el registro oficial al nuevo partido político ciudadano “Somos México”, la única de las agrupaciones que cumplió rigurosamente con cada uno de los estrictos requisitos legales.
Informaciones confirmadas han sacado a la luz una operación de Estado verdaderamente maquiavélica. Aprovechando infiltraciones y actos de espionaje del más bajo nivel, el partido oficialista, Morena, robó ilegalmente los datos confidenciales y los registros de afiliación de “Somos México”. El objetivo de esta maniobra delictiva es crear una narrativa falsa de irregularidades para que el INE y el Tribunal Electoral justifiquen la negación del registro. Voces sumamente autorizadas, como el eminente jurista Diego Valadés y el ex rector de la UNAM José Narro, han alzado la voz para advertir de la gravedad extrema de este sabotaje. Nos encontramos ante el desmantelamiento descarado del pluralismo político. El régimen sabe perfectamente que está experimentando un descenso acelerado en su popularidad (con encuestas que sitúan la aprobación gubernamental muy por debajo del 50%) y teme profundamente que un frente ciudadano y unificado logre aglutinar el descontento masivo de cara a las elecciones del 2027 y 2030. La orden de liquidar a esta nueva opción política no provino de mandos medios, sino de las altas esferas del gobierno, consolidando los temores de que México camina a paso firme hacia una tiranía socialista o, lo que es infinitamente peor y más probable, hacia una auténtica narcodictadura de partido hegemónico.
Pero el Mundial no solo ha servido como un espejo que refleja el fracaso rotundo de la gobernabilidad, la violencia endémica y la represión antidemocrática. También ha evidenciado la descomposición moral y el clasismo repulsivo que se han apoderado del mal llamado “deporte rey”. La organización del torneo por parte de la FIFA, presidida por el polémico Gianni Infantino, ha convertido la Copa del Mundo en un evento asfixiante, elitista e inaccesible para el ciudadano de a pie. El fútbol, el deporte popular por antonomasia que históricamente había servido para igualar, aunque fuera por noventa minutos, a ricos y pobres, ha sido secuestrado de manera despiadada por el gran capital.
Los precios de las entradas para el partido inaugural en el coloso de Santa Úrsula son un insulto grotesco a la pobreza que azota al país. Una entrada de categoría media alcanza la astronómica cifra de 70.000 pesos mexicanos (el equivalente a varios meses del salario promedio de un trabajador). Y la codicia no se detiene en las butacas; la exclusividad roza el sadismo en los palcos privados, donde las cuotas exigidas alcanzan los 15.000 dólares estadounidenses por partido, mientras que en sedes compartidas como Miami, el mero derecho a aparcar el coche a una distancia razonable del estadio supone un desembolso extorsivo de entre 250 y 800 dólares. El Mundial se ha transformado en un exclusivo club campestre cerrado a cal y canto, donde el hincha genuino, aquel que deja la garganta y las lágrimas por sus colores los fines de semana, ha sido expulsado sin contemplaciones. Es la aniquilación comercial del espíritu del fútbol. A los comercios, bares y pequeños restaurantes se les cobra una tarifa exorbitante en concepto de derechos de transmisión simplemente para encender el televisor de su local, arruinando a la hostelería que históricamente se beneficiaba de estos magnos eventos.
El impacto económico positivo que se le prometió a la ciudadanía mexicana resultó ser una monumental farsa. De los 5,5 millones de turistas internacionales proyectados inicialmente en los dosieres gubernamentales, las estimaciones reales han caído estrepitosamente a un máximo de 800.000 visitantes. Habitaciones de hotel vacías y reservas canceladas masivamente atestiguan el rotundo fracaso de relaciones públicas de un país que proyecta al exterior una imagen indomable de violencia desbocada e inseguridad jurídica. ¿Qué extranjero en su sano juicio querría invertir sus ahorros y exponer a su familia a los riesgos de visitar una ciudad colapsada, sitiada por manifestantes, resguardada por militares de combate y sumida en una ola de extorsiones y crimen sin control?
Lo que debía ser la gran celebración global está dejando, por el contrario, una dolorosa resaca de vergüenza nacional. La decisión de la sociedad mexicana de organizarse pacíficamente, utilizando pañuelos blancos y la iconografía patriótica para protestar masivamente bajo el grito de “¡Fuera Morena!”, es quizás el único rayo de esperanza que destella en medio de tanta oscuridad institucional. La aplastante derrota sufrida recientemente por el partido gubernamental en las elecciones regionales de Coahuila —donde una participación ciudadana del 52%, impulsada masivamente por los jóvenes, logró frenar en seco a la maquinaria estatal— demuestra empíricamente que el régimen autoritario no es, ni de lejos, invencible. Hay un despertar latente en la ciudadanía, un hartazgo crónico de la indolencia, la mentira compulsiva desde el poder y la claudicación del Estado ante las mafias criminales.
