La tensión entre los pasillos del poder en México y las agencias de justicia de los Estados Unidos ha escalado hasta alcanzar un punto de no retorno. Lo que durante años se intentó minimizar bajo la etiqueta de “politiquería” o de simples ataques conservadores, hoy se perfila como una de las tormentas judiciales más devastadoras en la historia moderna de América Latina. Las acusaciones de colusión con el crimen organizado, la incompetencia administrativa flagrante y el hartazgo social generalizado están tejiendo una red de la que parece imposible escapar para las figuras más prominentes del actual y anterior gobierno mexicano. A medida que los fiscales en Nueva York y Washington afilan sus argumentos legales, en México, la élite gobernante muestra signos inequívocos de desesperación y miedo profundo ante lo que parece ser una caída inminente.
El choque de dos realidades es más que evidente. Por un lado, tenemos los alegatos de los Estados Unidos, los cuales son de carácter estrictamente jurídico. Se basan en expedientes documentados, testimonios, rastreo de dinero y operaciones de agencias como la DEA. Por otro lado, la defensa del gobierno mexicano, particularmente del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, se refugia exclusivamente en la retórica política. La respuesta de López Obrador a las presiones estadounidenses, materializada en cartas que apelan a tiempos pasados y a una supuesta dominación sobre figuras como Donald Trump, ha sido calificada por analistas como un acto de tremenda ingenuidad y miedo. En lugar de responder con argumentos legales sólidos frente a las acusaciones que pesan sobre sus allegados y familiares, se recurre a misivas que solo demuestran la desconexión total con la gravedad del problema penal que se avecina.
Ese profundo temor no es infundado. Las investigaciones transfronterizas ya no apuntan únicamente a los mandos medios o a los operadores regionales. La estrategia de los fiscales norteamericanos es clara: seguir la cadena de mando. Cuando el gobierno de Estados Unidos señala a gobernadores en funciones —como Rubén Rocha Moya en Sinaloa, Américo Villarreal en Tamaulipas o Alfonso Durazo en Sonora— el mensaje cifrado es que el cerco se está estrechando. Los propios señalados, en su pánico, cometen deslices reveladores. Al afirmar que los ataques en su contra son, en realidad, ataques contra el “movimiento” o el régimen en su totalidad, admiten tácitamente que la estructura de poder es vertical y que, si cae un gobernador por nexos con el narcotráfico, las ramificaciones llegarán irremediablemente hasta el Palacio Nacional y a figuras clave como Andrés Manuel López Beltrán.
La negación sistemática de la evidencia ha sido la principal herramienta del gobierno, pero es una herramienta que ha perdido todo su filo. La insistencia de la presidenta en exigir “pruebas” resulta un insulto a la inteligencia ciudadana y a la memoria colectiva, cuando estas han estado a la vista de todos desde los comicios del 2021. En estados como Sinaloa, la intervención del crimen organizado para favorecer a los candidatos oficialistas no fue un rumor de pasillo, fue un operativo a plena luz del día. Operadores políticos fueron secuestrados por hombres armados, casillas enteras desaparecieron y el propio ex candidato de la oposición, Mario Zamora, tuvo que suplicar públicamente a los grupos criminales que devolvieran a su equipo de campaña con vida tras confirmarse su derrota. Esa fue la verdadera jornada electoral, una imposición a punta de metralleta que hoy se intenta borrar con un discurso de legalidad inexistente.
Y no hablemos del financiamiento oscuro que ha manchado las campañas del partido oficial. El caso de Sergio Carmona, el infame “rey del huachicol” asesinado en Nuevo León, es la prueba viva de cómo el dinero ensangrentado financió el ascenso de gobernadores y legisladores. Personajes que hoy gozan de fuero estuvieron estrechamente vinculados a redes de contrabando de combustible. Las pruebas de estos nexos abundan en los expedientes de la inteligencia nacional e internacional. Sin embargo, el gobierno se obstina en blindar a los suyos, escondiendo documentos bajo el argumento de la “seguridad nacional” por lapsos de cinco años o más. El caso de los marinos encarcelados, como el vicealmirante Manuel Roberto Farías, ilustra la crueldad de este encubrimiento: hombres recluidos sin derecho a un juicio justo porque el Estado se niega a liberar la información que podría tanto condenarlos como exculparlos. Es la manipulación total del aparato judicial para ganar tiempo.
Pero el tiempo se agota, y no solo en los tribunales internacionales, sino también en el terreno diplomático y comercial. Recientemente, durante una reunión de la American Chamber of Commerce en México, quedó de manifiesto el cambio de tono radical por parte de los inversionistas y representantes estadounidenses. Figuras como Larry Rubin y antiguos embajadores han comenzado a utilizar un lenguaje agresivo y directo, desmarcándose por completo de la complacencia de años anteriores. El mensaje central fue contundente: Estados Unidos busca una renegociación del Tratado de Libre Comercio (T-MEC) que esté condicionada a la lucha frontal contra el crimen organizado. “Queremos un tratado sin crimen”, fue la exigencia. Para los socios comerciales del norte, la cooperación en materia de seguridad no equivale a una pérdida de soberanía, como cínicamente argumenta el gobierno mexicano para justificar su inacción. Esta postura inflexible de Washington promete asfixiar económicamente a una administración que ya no puede ocultar su fracaso estructural.
Este fracaso estructural no se limita únicamente al tema de la seguridad; se extiende a cada rincón de la gestión pública, rayando en la comedia trágica. Un ejemplo perfecto de esta incompetencia crónica es la reciente presentación del vehículo eléctrico promovido por el gobierno, bautizado absurdamente como “Olin” (o “Olinia”). Anunciado con bombo y platillo como un logro de la ingeniería nacional y el cumplimiento de una promesa presidencial, el resultado ha provocado burlas monumentales a nivel internacional. Se trata de un prototipo de apenas 18 caballos de fuerza, con una velocidad máxima que no supera los 50 kilómetros por hora, lo que lo hace ilegal y peligrosísimo para circular en vías rápidas como el Periférico. Su diseño carece de las normas más básicas de seguridad, como defensas adecuadas, y su sistema de recarga amenaza con sobrecalentar y provocar incendios en instalaciones domésticas comunes.
A pesar de estas deficiencias catastróficas, los funcionarios oficialistas se pasean por los medios de comunicación presumiendo que “ya le cumplieron a México”. Es la metáfora perfecta de la Cuarta Transformación: un cascarón vacío, inoperante, vendido a través de una agresiva campaña de propaganda como si fuera un éxito rotundo. Mientras celebran la creación de un carro que es poco menos que un carrito de golf glorificado, ignoran las verdaderas crisis de infraestructura del país, prometiendo instalar miles de puntos de recarga cuando la red eléctrica nacional apenas puede sostener la demanda actual sin apagones masivos. Esta es la marca de la casa: obras faraónicas inservibles, trenes que devastan la ecología y refinerías que no refinan, todo para alimentar el ego de una cúpula que desprecia el conocimiento técnico y glorifica la lealtad ciega.
Sin embargo, el hechizo de la propaganda comienza a romperse frente a la cruda realidad política y social. Las recientes elecciones en el estado de Coahuila han servido como un termómetro implacable del hartazgo ciudadano. La estrepitosa derrota de Morena en ese estado, donde fueron aplastados por la oposición, no es un hecho aislado, sino el síntoma de una tendencia que promete agudizarse de cara a los comicios del 2027. Morena, un partido diseñado exclusivamente para gravitar en torno a la figura caudillista de López Obrador, está demostrando su absoluta incapacidad para mantener el poder sin él. La actual presidenta carece del carisma, el manejo político y la gobernanza necesarios para sostener este endeble castillo de naipes.
Ante la aplastante derrota en Coahuila, la reacción del oficialismo fue la habitual: victimizarse y culpar al árbitro. Lejos de la autocrítica, orquestaron preguntas a modo en las conferencias matutinas para denunciar supuestas compras de votos y fraudes en su contra, amenazando con llevar el caso hasta un Tribunal Electoral que, irónicamente, tienen secuestrado a su favor. La manipulación de las instituciones electorales, con figuras altamente cuestionadas en el Tribunal Superior y en el Instituto Nacional Electoral (INE), es la última línea de defensa de un régimen que sabe que perderá en las urnas si las elecciones son limpias. Han convertido a la justicia electoral en una arena de lucha libre, comprando voluntades y destituyendo a perfiles independientes para asegurar sentencias a la carta que mantengan su sobrerrepresentación y legitimen sus futuros atropellos.
Pero la sociedad civil y la oposición institucional han decidido dejar de ser espectadores pasivos. El reciente movimiento de Acción Nacional de presentar una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional en La Haya marca un parteaguas. La acusación es gravísima y está fundamentada en el dolor de una nación: se señala al Estado mexicano y a sus líderes por permitir la peor crisis de violencia de la historia, como consecuencia de una política sistematizada y calculada de permisividad frente a los cárteles, resumida en el criminal eslogan de “abrazos, no balazos”.
El saldo de esta estrategia es dantesco: más de 200,000 homicidios, 150,000 desaparecidos, comunidades enteras desplazadas por el terror y un territorio nacional fragmentado donde la ley la dictan los sicarios. La denuncia ante instancias internacionales es el reconocimiento explícito de que en México el sistema de justicia está capturado, las fiscalías no son autónomas y el Poder Judicial se encuentra bajo el asedio constante del Ejecutivo. Los muertos no llegaron por generación espontánea; son el resultado directo de un gobierno que decidió mirar hacia otro lado mientras los grupos criminales acumulaban armas, dinero e influencia para, finalmente, infiltrarse en las más altas esferas de la política. Aunque la denuncia se centra en el mandato anterior, la continuidad prometida por la actual presidenta —el famoso “segundo piso” de la transformación— la convierte en cómplice directa de esta tragedia humanitaria.
Y mientras el país se desangra, la élite de la Cuarta Transformación enfrenta una condena que quizás les duela más que las demandas internacionales: el desprecio público absoluto. La hipocresía de la “pobreza franciscana” ha quedado desnudada ante los ojos de una ciudadanía que ya no tolera el cinismo. Hoy, los funcionarios y familiares ligados a este régimen son incapaces de pisar un restaurante, un aeropuerto o una plaza pública sin ser increpados, grabados y repudiados a gritos por la población.
Los incidentes se multiplican por todo el país y más allá de las fronteras. Hemos visto a familiares directos de López Obrador siendo escoltados por guardaespaldas para escapar de restaurantes exclusivos donde los comensales les gritan “corruptos” en la cara. Vemos a los autodenominados defensores de los pobres haciendo compras millonarias en joyerías Cartier o comiendo filetes bañados en oro en restaurantes de lujo internacional. Figuras tenebrosas como Manuel Bartlett viajan en primera clase a España, buscando refugio en los mismos lugares que su movimiento denigra a diario. El nivel de repudio es tal que ya existen campañas ciudadanas, como la del “pañuelo blanco”, diseñadas para convertir eventos deportivos masivos en plataformas de protesta contra Morena.
Este repudio ciudadano ha llevado a los políticos oficialistas y a sus nuevos aliados —personajes de oscuro pasado que cambiaron de bandera para obtener impunidad— a vivir en una reclusión autoimpuesta. No pueden salir a las calles, no pueden mirar a los ojos a la gente sin enfrentarse al eco de sus propias mentiras. El cinismo con el que intentan sobrellevar esta situación es verdaderamente patológico, pero la realidad es que el desprecio social es una sentencia implacable. Están perdiendo la batalla por la calle, que es precisamente donde construyeron su mito fundacional.
El estado de Veracruz es otro ejemplo sangriento de la desconexión entre la cúpula gobernante y la realidad nacional. Mientras la gobernadora Rocío Nahle, conocida por sus inexplicables mansiones millonarias y la fallida construcción de la refinería de Dos Bocas, organiza ruedas de prensa para autodenominarse “supergobernadora”, la entidad se hunde en una espiral de terror. La violencia contra la prensa alcanzó un nuevo pico con el reciente secuestro de una periodista desde el interior de su propio hogar. Ante este crimen atroz, el silencio oficial es ensordecedor. No hay respuestas, no hay investigaciones claras, solo el desprecio institucional hacia la vida de quienes se atreven a informar. En lugar de ofrecer seguridad, el gobierno veracruzano ofrece mentiras grotescas, llegando al extremo de afirmar en el pasado que las víctimas de comandos armados murieron por simples “infartos”. Es la banalidad del mal operando desde las gubernaturas estatales.
Frente a este escenario de putrefacción institucional, impunidad descarada y presión internacional, la pregunta que resuena es: ¿cuánto tiempo más podrá sostenerse esta farsa? La debilidad del actual gobierno es histórica. Nunca antes, ni siquiera en las épocas más oscuras del autoritarismo del siglo XX, se había visto a una administración tan carente de manejo político, tan aislada internacionalmente y tan rechazada por amplios sectores de la sociedad urbana.
El expediente en Estados Unidos sigue engrosándose. Las agencias como la DEA y el FBI no juegan a la política; arman casos, acumulan testigos, documentan flujos financieros y esperan el momento oportuno para emitir órdenes de aprehensión que no distinguen jerarquías políticas. El pánico que domina las oficinas en la Ciudad de México proviene de la certeza de que, una vez que el hilo de la impunidad se rompa en las cortes extranjeras, no habrá tribunal vendido en México que pueda protegerlos.
