Son las 9:15 de la noche del sábado 16 de mayo de 2026. El aeropuerto Opaloca en el condado de Miami Dinalerzan los vuelos comerciales. Es un aeropuerto pequeño, discreto, con poca luz y menos testigos. El tipo de lugar donde ciertos traslados se hacen sin audiencia. El avión toca pista, las puertas se abren y de adentro sale esposado y escoltado por agentes de la DEA.
Un hombre de 54 años con una historia que empieza en Barranquilla vendiendo llaveros y termina por ahora en una celda federal en el sur de Florida. Ese hombre se llama Alex Naim Sa Morán y en algún punto entre esos dos extremos de su vida manejó la fortuna más opaca del chavismo. Sobornó a los hijjastros de Nicolás Maduro.
Construyó una red de empresas fantasma que cruzaba cuatro continentes. Robó, según la acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, más de 350 millones dólares de un programa de cajas de comida destinadas a los venezolanos que más hambre tenían, 350 millones dó. de las cajas del club, del arroz, de la pasta, de los frijoles que nunca llegaban completos.
Antes de ser detenido ese sábado, Sahabistro de Maduro, embajador plenipotenciario, héroe oficial de la Revolución Bolivariana, indultado por Joe Biden en un canje de prisioneros, recibido con abrazo en el Palacio de Miraflores en cadena nacional y propietario de una mansión en Barranquilla de 3,740 m² con spa, sala de cine, dos piscinas y una cancha de tenis de polvo de ladrillo rojo construida sobre el techo.
tenía departamentos en el edificio Velagio de Barranquilla, el mismo donde Shakira tiene un pentenouse y propiedades en Roma en la vía Condoti, una de las calles más exclusivas de Europa. Viajaba en un bombardier global 5000. tenía carros Maserati, Rolls- Royce y Porsche. Su esposa Camilla Fabri, una modelo italiana que declaraba un sueldo de 1840 € al mes como vendedora de ropa en Milán, aparecía registrando gastos de alquiler de 5 € mensuales y un apartamento de 4 9 millones de euros en Roma que nadie podía explicar cómo pagaba.
Ahora él está en una celda del Centro de Detención Federal de Miami con un overall marrón. Hay un detalle que nadie menciona en los comunicados de prensa, pero que define toda esta historia. El mismo régimen que organizó la campaña internacional, Free Alex Ab, el que lo llamó secuestrado por el imperialismo, el que peleó su caso en los tribunales de tres continentes durante más de un año, el que le dio pasaporte diplomático para blindarlo, el que lo recibió como mártir en Miraflores. Ese mismo régimen fue el que
lo encerró en el Elicoide y luego lo entregó a Washington en un comunicado de dos párrafos sin firma, describiéndolo dos veces como ciudadano colombiano después de todo lo que hicieron para traerlo de regreso. En este video vamos a recorrer la historia completa de Sahab, desde los llaveros en Barranquilla hasta los contratos millonarios en Caracas, desde el bombardier que fue detenido en Cabo Verde hasta el overall marrón del Tribunal Federal de Miami, desde el abrazo de Maduro hasta la celda del Gelicoide, donde su esposa entraba dos
veces al día con comida porque incluso preso Sahab seguía siendo diferente a los demás. Y vamos a examinar la pregunta que ahora mantiene en tensión a toda la cúpula chavista que sobrevivió al 3 de enero. ¿Cuánto sabe este hombre y cuándo va a empezar a hablar? El niño de Barranquilla, que aprendió a contar en dos monedas. Barranquilla, Colombia.
Costa Caribe. Una ciudad que huele a río Magdalena cuando el viento sopla del sur y a mar cuando sopla del norte. una ciudad de carnaval y de familia donde los libanes llegaron a principios del siglo XX y construyeron fortunas desde el comercio. Luis Sahab era parte de esa historia. Llegó como muchos con poco.
Abrió textiles SAB, tejió redes comerciales en el barrio de los textileros y levantó una familia de cuatro hijos en una ciudad que sabía recompensar a los que madrugaban. El 21 de diciembre de 1970 y uno nació Alex Naim, el segundo de los cuatro. lo mandaron al colegio alemán de Barranquilla.
Ese solo dato ya lo diferenciaba de la mayoría. El colegio alemán es un colegio de élite con rigor académico, con bilingüismo, con una red de egresados que tienden a terminar en posiciones de influencia. No es un colegio donde van los hijos de cualquier familia. Es el tipo de colegio donde los niños aprenden que el mundo tiene dos velocidades, la de los que tienen acceso y la de los que no.
Sahab terminó el bachillerato y empezó a trabajar. A los 18 años vendía llaveros promocionales, llaveros con logos de empresas para sindicatos y trabajadores. El margen era mínimo. El volumen había que [música] construirlo a base de visitas y persistencia. Después vinieron los uniformes laborales, luego las camisetas estampadas, luego su propia pequeña fábrica, el recorrido de quien empieza desde abajo y aprende el comercio desde sus engranajes más simples.
En octubre de 1998 registró formalmente la empresa Shatex SA. Era su primer vehículo corporativo serio, una empresa de confecciones y exportación textil con la que comenzaría a operar de forma más estructurada. Pero lo que la Fiscalía General de la Nación de Colombia encontró en sus registros años después cuenta una historia más complicada.
Entre 2004 y 2011, según la acusación formal presentada ante un juez de Barranquilla el 4 de septiembre de 2020, SAB operaba Shatex SA con un sistema de doble contabilidad. La mecánica era técnicamente simple, pero jurídicamente grave. Ante la Dian, la dirección de impuestos y adonas nacionales se declaraban ingresos artificialmente bajos para reducir la carga tributaria.
Ante el sistema financiero, los bancos que le otorgaban créditos veían balances inflados que justificaban préstamos que de otra manera no habrían sido aprobados. Dos realidades numéricas distintas para la misma empresa, según qué autoridad preguntara. El dato más elocuente lo detectó la propia fiscalía. Shatex SA registró un crecimiento patrimonial del 923% en el año 2007.
Un salto que entre 2004 y 2006 había ido en sentido contrario, la empresa acumuló pérdidas y los ingresos cayeron un 33% y que de repente se convirtió en una explosión de riqueza que los investigadores calificaron de carente de justificación dentro de las dinámicas habituales del sector textil. El 8 de mayo de 2019, la Fiscalía de Barranquilla le imputó formalmente a SAAB los delitos de lavado de activos por 25,000 millones de pesos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa gravada, todos relacionados con
Shatex SA. Para entonces, SAP ya era prófugo en Colombia desde septiembre de 2018. Había una orden de captura en firme. No asistía a ninguna diligencia judicial. Vivía en Caracas. Además de los delitos tributarios, entre 2004 y 2011, la fiscalía documentó un flujo internacional de divisas de más de 33,550,000000es de pesos en concepto de reintegro de divisas por exportaciones que ingresaron mayoritariamente desde Venezuela y simulaciones de importaciones ficticias por otros 25,300 millones de pesos.
La empresa, por cierto, había dejado de existir legalmente en 2010 y aún así, según los registros investigados, siguió siendo utilizada en 2011 para canalizar salidas de más de 2,000 millones de pesos al exterior por el sistema cambiario colombiano. Operaciones que no fueron declaradas, una empresa que ya no existía haciendo exportaciones que no existían, moviendo dinero que sí existía.
Su contador, Davis José Mendoza Lapeira, fue acusado junto a él en ese proceso. El Tribunal Superior de Barranquilla terminó absolviendo a ambos. En una decisión que la fiscalía impugnó alegando que el tribunal había valorado mal las pruebas, la fiscalía presentó una demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia buscando reabrir el caso.
Ese proceso, a fecha de grabación de este video, sigue su curso. El sistema de doble contabilidad de Shatex era una versión pequeña casi artesanal, comparada con lo que vino después de la arquitectura financiera que SAP construiría a escala internacional cuando llegó al poder venezolano. La diferencia de escala era enorme.
La lógica era exactamente la misma, mostrar una realidad distinta según quién pregunte y que el dinero real siempre termine en otro lugar. Pero para entender cómo ese empresario barranquillero con una fábrica de camisetas y un proceso penal pendiente en Colombia se convirtió en el hombre que movía las finanzas del chavismo. Hay que ir a Venezuela en 2003.
Y hay que entender qué era el cadibi. El gobierno de Hugo Chávez implementó ese año el sistema de control de cambio conocido como CADIBI, siglas de la Comisión de Administración de Divisas. En teoría, era un mecanismo para estabilizar la economía venezolana, restringiendo el acceso al dólar. En la práctica funcionaba así.
Quien tuviera acceso aprobado al dólar oficial podía comprarlo a un precio muy por debajo del mercado negro y luego revenderlo o usarlo para importar mercancías que vendían bolívares a precio de mercado. La diferencia entre el dólar oficial y el dólar real era literalmente dinero gratis para quien tuviera las conexiones correctas.
SAAB encontró allí a otros empresarios colombianos que operaban con el mismo esquema. Uno de ellos, Álvaro Enrique Pulido Vargas, se convertiría en su socio principal durante los años siguientes. Juntos empezaron a exportar mercancías desde Venezuela hacia Colombia usando divisas cadibi. Las conexiones con funcionarios venezolanos que aprobaban esas operaciones eran el activo más valioso que tenían.
Isa, que había pasado años aprendiendo a tratar con funcionarios de impuestos y de aduana en Barranquilla, sabía exactamente cómo mantener esas relaciones funcionales. Conoció también en esos círculos a la senadora colombiana Piedad Córdoba, figura de izquierda con vínculos directos con el chavismo.
El nombre de Córdoba aparece en varios momentos de los registros judiciales de esa época, aunque sin imputación directa en ninguno de los casos relacionados con Sahab. Lo que sí quedó establecido es que para 2011, cuando Sahab subió a la tarima del Palacio de Miraflores a firmar su primer contrato, ya llevaba varios años construyendo exactamente las relaciones que necesitaba para lo que iba a ser después.
El primer contrato en Miraflores, El Palacio de Miraflores, Caracas, sede del poder ejecutivo venezolano con sus columnatas blancas, sus salones con tapices y banderas, sus guardias de honor. En 2011, Hugo Chávez era el presidente, pero ya estaba enfermo, aunque pocos lo sabían con certeza. El canciller que manejaba las relaciones exteriores y buena parte de la política interna era un hombre delgado, de voz firme y retórica socialista bien ensayada.
Nicolás Maduro. Ese año, un empresario colombiano de 39 años con una pequeña cola de caballo subió a la tarima del palacio presidencial y firmó lo que las biografías oficiales llaman una alianza estratégica para la Constitución e instalación de kids para la construcción de viviendas prefabricadas. En el acto estaba presente como testigo de honor el entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos.
El contrato era para proveer materiales de construcción de viviendas de bajo costo bajo el programa Gran Misión Vivienda Venezuela. Los números exactos de ese primer contrato no son públicos en su totalidad, pero fuentes judiciales posteriores ubican las ganancias generadas por SAB y Pulido a través de contratos de construcción venezolanos en decenas de millones de dólares ya desde esa época inicial.
La mecánica era la misma que SAP había perfeccionado antes. Contratos adjudicados sin licitación pública sobre precios inflados y comisiones pagadas a los funcionarios que los aprobaban. El acceso al poder era lo que hacía diferente este negocio de todos los anteriores. Según la acusación formal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, fue en ese periodo cuando Sahab comenzó a construir las relaciones personales que lo convertirían en un actor irreemplazable dentro del esquema económico del chavismo. La exfiscal general de
Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien fue destituida en 2017 por oponerse a Maduro y huyó al exilio, lo describió públicamente ese mismo año como el principal testaferro del régimen y aseguró que había presentado pruebas ante diversas autoridades internacionales. En ese momento, pocas personas fuera de los círculos más cercanos al poder venezolano sabían quién era Alex Sa.
En su canal de YouTube titulado Con toda la ambición del mundo Alex Sahab, agente antibloqueo, el propio empresario se presentaba como un visionario emprendedor que simplemente quería ayudar al pueblo venezolano. Una serie de videos donde él mismo narraba su historia, siempre con el mismo arco. Hombre de negocios, honesto, perseguido por el imperialismo estadounidense, defensor de la soberanía bolivariana.
En esos videos nunca mencionaba Kadibi, ni Las cuentas en Panamá, ni los fcijastros de Maduro, el programa que alimentaba a los pobres y los bolsillos de otros. 2015, Venezuela tiene hambre. No es una metáfora. Es un hecho documentado por organizaciones como la FAO, UNICEF y la propia encuesta de Condiciones de Vida en COVID de la Universidad Católica Andrés Bello, que ese año comenzó a registrar datos sistemáticos sobre la crisis nutricional venezolana.
El precio del petróleo se había desplomado de los $100 por barril de 2014 a menos de 40 a finales de 2015. Y la economía venezolana, absolutamente dependiente del ingreso petrolero, entró en una contracción brutal. Las colas frente a los supermercados empezaban antes del amanecer. Las familias organizaban turnos para que alguien guardara el puesto desde las 4 de la mañana.
Los productos de primera necesidad desaparecían de los anaqueles en cuestión de minutos. La harina pan, el aceite de girasol, el arroz, el azúcar, todo escaseaba de forma simultánea y crónica. Fue en ese contexto que el gobierno de Nicolás Maduro anunció la creación del club. los comités locales de abastecimiento y producción.
La explicación oficial era que el desabastecimiento era consecuencia del sabotaje económico de la burguesía y del bloqueo imperialista de Washington. El club iba a ser la respuesta del Estado. Distribución directa al pueblo, sin intermediarios privados, con precios controlados o gratuitos para las familias en situación más vulnerable.
La imagen que el gobierno transmitía era poderosa, el Estado bolivariano llenando directamente los hogares del pueblo. Sin la especulación del mercado, sin el capitalismo parásito, la caja Club se convirtió en uno de los elementos más reconocibles de la vida cotidiana venezolana durante años. Una caja de cartón o una bolsa de plástico con el logo del programa estampado que contenía arroz, pasta, aceite, harina, frijoles, azúcar y a veces otros productos según la disponibilidad.
Se distribuía a través de una red de comités barriales controlados por el PCUV, el partido de Maduro. Para recibir la caja, la familia tenía que estar registrada en el sistema. El registro dependía, en muchos casos, de los líderes de calle del partido. Era, al mismo tiempo, un sistema de asistencia social y un mecanismo de control político.
Quien no tenía carnet de la patria podía quedarse sin caja. Quien cuestionaba al comité local podía ser borrado de la lista. La necesidad material convertida en palanca de adhesión política. Y por encima de todo ese andamiaje social y político había un negocio, un negocio enorme, invisible para los beneficiarios, que operaba en otra dimensión de la misma realidad.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos reconstruyó ese negocio en sus documentos judiciales con una precisión que merece detenerse en los detalles. Los contratos del club se adjudicaban sin licitación pública. No había competencia de proveedores, ni análisis de precios de mercado, ni evaluación técnica de la calidad de los productos.
Sahab y Pulido obtenían contratos directamente gracias a las relaciones que habían construido con funcionarios venezolanos a quienes pagaban comisiones. Según el comunicado del Departamento del Tesoro de Julio de 2019, esas comisiones llegaban a los hijjastros de Maduro Walter, Joser y Joswal Gavidia Flores y a dos gobernadores regionales, Marco Torres, exgobnador del estado Aragua y José Biel Mamora, exgobnador del Táchira.
Una vez obtenidos los contratos, el esquema de inflación de precios funcionaba así. Se acordaba con el gobierno venezolano un precio de importación significativamente más alto que el precio real de mercado de los alimentos. La diferencia entre lo que el Estado pagaba y lo que SAP realmente gastaba para comprar los productos era la ganancia ilícita.
Según la Oficina de Control de Activos extranjeros del Tesoro, esa diferencia se movilizaba a través de empresas pantallas registradas en jurisdicciones donde el rastreo era difícil. Assasi Food FZE en los Emiratos Árabes Unidos, Mulberry Proje yatirim Anonym Siretti en Turquía, Group Grand Limited en Hong Kong.
Los productos que llegaban a Venezuela cuando llegaban en las cantidades prometidas, lo cual no siempre ocurría, venían de Colombia y México, importados bajo documentación que falsificaba origen, cantidad y especificaciones. Según los documentos de acusación de 2026, la falsificación de documentos de embarque, facturas y registros de importación era sistemática. no excepcional.
Hay un elemento adicional que la nueva acusación de mayo de 2026 incorpora y que amplía considerablemente el alcance del caso. A medida que las sanciones del gobierno de Trump a partir de 2019 comenzaron a paralizar las exportaciones petroleras venezolanas, Sahab y sus socios no detuvieron las operaciones, sino que las expandieron hacia el petróleo.
obtuvieron acceso privilegiado a operaciones de PDB USA y comenzaron a vender petróleo venezolano en mercados internacionales bajo documentación falsa, canalizando las ganancias de esas ventas a través de cuentas bancarias en los condados de Miami Day, Palm Beach y Browart. La nueva acusación presentada el 18 de mayo de 2026 describe una conspiración que arranca en octubre de 2015 con el club y se extiende hasta enero de 2026 con el petróleo.
10 años de operación continua. El periodista Gerardo Reyes, que investiguó a Saab durante años y publicó el libro Alex Sahab, La verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro, estimó que el volumen total de negocios que Sahab manejó entre lo lícito, lo ilícito documentado y lo ilícito, aún por documentar, podría rondar los 10,000 millones dó.
La cifra de 350,000000 que aparece en la acusación federal es lo que los fiscales han podido documentar con precisión suficiente para un tribunal. El resto está disperso en cuentas que aún se rastrean. Hubo también una pieza lateral del esquema que ilustra hasta qué nivel penetraba la corrupción, el mecanismo de intercambio de alimentos por oro.
Según reveló la revista Semana en su análisis del caso, SAP habría estado detrás de operaciones en las que Turquía enviaba a Venezuela el contenido de las cajas de alimentación club y a cambio Venezuela le enviaba oro venezolano extraído de las minas del estado Bolívar y del arco minero del Orinoco.
El concuñado de Sahab, Lorenzo Antonetti, habría operado ese circuito desde Europa moviendo el metal precioso venezolano hacia mercados en Turquía, Irán y Rusia. Alimentos a cambio de oro. El programa de asistencia social de los más pobres de Venezuela como lubricante de un circuito de comercio internacional de metales preciosos.
Eso es lo que había dentro del club que los beneficiarios no veían. Los hijjastros y los sobornos. El comunicado del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos del 25 de julio de 2019 nombra a tres personas junto a Sahab en la red de corrupción. Walter Jacob Gavidia Flores, Joseper Gavidia Flores y Joswal Gavidia Flores. Los tres son hijastros de Nicolás Maduro, hijos de su esposa Silia Flores de una relación anterior.
Se les llama coloquialmente los chamos y según la acusación del tesoro, Sahab les desviaba pagos regulares a cambio de que ellos facilitaran el acceso a contratos gubernamentales y la aprobación de las operaciones del programa Clap. Comprar el acceso al poder a través de los hijos de la primera dama. Así de directo. El secretario del tesoro de aquel momento, Steven Nuchin, fue explícito en el comunicado de prensa.
SAP colaboró con allegados del círculo interno de Maduro para gestionar una red de corrupción de gran escala que utilizaron sin piedad para explotar a la población ambienta en Venezuela. También fueron sancionados ese mismo día Marco Torres, exgobernador del estado Aragua y José Bielma Mamora, exgobnador del Táchira, los dos señalados por ayudar a Sahab y a Pulido a ganar contratos del programa Clap.
un ecosistema completo de funcionarios regionales, cúpula presidencial y operadores privados. Todo coordinado desde Caracas con el dinero saliendo hacia afuera. Según la nueva acusación presentada en Miami en mayo de 2026, la conspiración se expandió después de 2019, cuando las sanciones estadounidenses comenzaron a paralizar las exportaciones venezolanas, particularmente el petróleo.
En lugar de frenar las operaciones, SAP y sus socios ampliaron el esquema. ganar acceso privilegiado a operaciones comerciales de Pedbesa, la empresa estatal petrolera venezolana, y comenzaron a comercializar miles de millones de dólares en petróleo venezolano bajo falsas pretensiones, evadiendo las sanciones con documentación falsificada.
Las ganancias de esas ventas, según la acusación federal, fueron canalizadas a través del sistema bancario estadounidense, específicamente a través de cuentas en los condados de Miami Date, Palm Beach y Browart para financiar y ocultar el esquema club. 350 millones. Esa es la cifra que aparece en los documentos judiciales cuando se agrega el total del esquema para que haya una referencia de escala.
El presupuesto anual de salud pública de algunos estados venezolanos en ese periodo no superaba los 50 m000ones dólares. Si llegaste hasta aquí y no te has suscrito todavía, hazlo ahora. Lo que viene en este video incluye la captura en Cabo Verde a mitad de un vuelo hacia Irán, la operación que sacó a Maduro del poder en enero de 2026 y por qu SAP podría ser la persona que destruya lo que queda del chavismo desde dentro de un tribunal federal en Miami.
Dale al botón, no te vayas. El vuelo que se detuvo en el Atlántico, 12 de junio de 2020. Un avión privado con matrícula venezolana despega de Caracas. El destino declarado Irán. El propósito oficial, según las versiones del gobierno venezolano difundidas en los días siguientes, era negociar el suministro de insumos médicos para enfrentar la pandemia de COVID. 19.
Una misión humanitaria. Decían. La aeronave hace escala técnica para repostar en el aeropuerto internacional Amilcar Cabral en la isla de Sal Cabo Verde, un archipiélago en el Atlántico, frente a las costas de Senegal. Kilómetros de océano azul. Viento constante del norte de África, una pequeña terminal con vuelos de conexión y turistas europeos de paso. A bordo iba Alex.
Las autoridades de Cabo Verde lo detuvieron en el aeropuerto respondiendo a una alerta roja de Interpol emitida a petición de los Estados Unidos. Los cargos blanqueo de dinero. El empresario colombiano, que viajaba con pasaporte diplomático venezolano maduro, lo había designado embajador plenipotenciario ante la Unión Africana, fue llevado a una celda en la isla, mientras sus abogados iniciaban una batalla legal que duraría más de un año.
La reacción del gobierno venezolano fue inmediata y total. Maduro declaró que Sahab era un diplomático venezolano secuestrado por el imperialismo. La cancillería venezolana envió comunicaciones formales a todas las embajadas del mundo, protestando lo que llamó una detención ilegal. Se activó en redes sociales la campaña Free Alex SA con el logotipo verde y rojo de la Revolución Bolivariana.
Maduro apareció en cadena nacional exigiendo su liberación. Diosado Cabello, entonces número dos del régimen, llamó al proceso en Cabo Verde una farsa montada por Washington. Y mientras tanto, Sahab llevaba meses en una pequeña celda en el aeropuerto de Sal esperando. Los abogados de la defensa presentaron recursos legales en las distintas instancias judiciales caboverdianas argumentando que la detención era inconstitucional, que la inmunidad diplomática de SAP debía ser respetada y que el proceso de extradición violaba los tratados internacionales aplicables. Cada recurso
fue desestimado. El Tribunal Constitucional de Cabo Verde, en su decisión final del 7 de septiembre de 2021 ratificó todas las intervenciones judiciales previas y habilitó la extradición. El líder opositor venezolano, Julio Borges, en ese momento presidente de la Asamblea Nacional, declaró que la decisión abre las puertas para lograr justicia y recordó que Sahab se enriqueció con el hambre de los venezolanos.
En octubre de 2021, Alex Sa llegó a suelo estadounidense por primera vez en este capítulo de la historia. Lo esperaba una acusación con ocho cargos de conspiración para lavar dinero. La cárcel federal, la sombra de Biden y el indulto que no resolvió nada. El metro West Detention Center en el condado de Miami Dave es una instalación federal gestionada por el Buró de prisiones de los Estados Unidos.
Bloques de concreto, celdas compartidas, fluorescentes que no se apagan del todo, ruido constante de puertas metálicas y turnos de guardias. No es el Elicoide de Caracas con su historia de tortura política, pero tampoco es un hotel. SA llegó a finales de 2021 y fue presentado ante el tribunal del distrito Sur de Florida. Ocho cargos por conspiración para lavar dinero. Se declaró no culpable.
Lo que siguió fue un proceso judicial que se extendió durante 2 años, pero que nunca llegó a juicio. Hubo audiencias, argumentos legales sobre la validez de su inmunidad diplomática, debates sobre si el indulto, bueno, sobre eso luego. Lo que sí quedó registrado y que resultaría crucial años después fue lo que sus propios abogados revelaron en una audiencia a puerta cerrada celebrada en 2022.
Según Associated Press, que cubrió el caso de cerca durante ese periodo, en esa audiencia reservada, la defensa admitió que SAB había mantenido contacto con la DEA durante años antes de su arresto, que había colaborado con los agentes de la administración Antidrogas para desentrañar la corrupción en el círculo cercano de Maduro y que como parte de esa cooperación había entregado más de 12 millones de dólares en ganancias ilícitas obtenidas de sus negocios corruptos.
12 millones de dólares entregados a la DEA mientras el proceso judicial seguía su curso. La imagen que surge de eso es complicada. un hombre acusado de lavar 350 m000000es de dólares que había estado entregando información y dinero a la inteligencia estadounidense al mismo tiempo. Un doble juego de proporciones considerables. El juicio nunca llegó a celebrarse.
En diciembre de 2023, la administración de Joe Biden tomó una decisión que sus críticos calificarían de uno de los errores diplomáticos más costosos de su mandato. Indultó a Alex Sahab como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros con el gobierno venezolano. A cambio de SAP, Venezuela liberó a 10 ciudadanos estadounidenses detenidos en sus cárceles y entregó al contratista militar Leonard Francis.
El acuerdo buscaba también, según fuentes de la Casa Blanca consultadas por The New York Times, abrir un canal de negociación con Caracas para facilitar una eventual transición democrática y elecciones más competitivas en Venezuela. Nada de eso ocurrió. Biden firmó el indulto. El expediente fue archivado.
Sahab abordó un avión hacia Caracas el 20 de diciembre de 2023. Maduro lo esperaba en Miraflores, el regreso del héroe y la caída que nadie vio llegar. El 20 de diciembre de 2023, el palacio de Miraflores estaba iluminado para la ocasión. Maduro, sonriente, con los brazos abiertos, recibió a Sahab frente a las cámaras de la televisión estatal BTV.
El abrazo fue transmitido en cadena nacional. El presidente venezolano lo presentó como un hombre que resistió el terrorismo imperialista y que volvía a casa victorioso. No mencionó los 350 millones dólares. En enero de 2024, SAAP fue designado presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva CEIP, un organismo creado por el propio Maduro para canalizar inversiones extranjeras hacia Venezuela.
En octubre de ese mismo año fue nombrado ministro de industria y producción nacional, un cargo en el gabinete, poder institucional. Salario oficial del Estado. Su esposa Camilla Fabri Adrián, ciudadana venezolana de origen italiano, continuaba al frente del programa Gran Misión Vuelta a la Patria, el mecanismo gubernamental que coordinaba los vuelos de repatriación para venezolanos migrantes en distintos países.
El clan Sahab tenía presencia formal en dos de los programas sociales más visibles del chavismo y entonces llegó el 3 de enero de 2026. Lo que el gobierno venezolano describió como una agresión imperialista sin precedentes fue, según fuentes del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y reportes posteriores de medios como The New York Times, una operación militar coordinada por Washington que resultó en la captura de Nicolás Maduro Moros en territorio venezolano y su traslado a Nueva York donde enfrenta cargos de conspiración de
narcoterrorismo, introducción de cocaína en suelo estadounidense, uso de armas en apoyo al narcotráfico y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos vinculados al tráfico de drogas. Maduro fue trasladado a Nueva York. Cilia Flores, su esposa, también con el presidente capturado, el poder ejecutivo venezolano quedó formalmente en manos de Delsy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva y hermana de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.
Rodríguez asumió el mando y en cuestión de días comenzó a desmontar el andamiaje político más cercano al círculo de Maduro. Sahab fue destituido como ministro el 19 de enero de 2026. Dos semanas después, en las primeras fechas de febrero, fue detenido en Caracas a petición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Según informó el propio de New York Times en su reporte de marzo de 2026, lo trasladaron a la prisión El Helicovoid, el mismo lugar donde el chavismo había encarcelado a decenas de opositores políticos durante años. Esta vez la celda era para él. Durante meses no se supo nada de su paradero exacto. El gobierno de Rodríguez no confirmó ni negó su detención.
Su esposa dejó de aparecer en eventos públicos. Camilla Fabri fue apartada también del programa Gran Misión Vuelta a la Patria. El nombre de Saad desapareció de los comunicados oficiales del chavismo. Suscríbete al canal si no lo has hecho todavía. Estamos llegando a la parte donde todo cambia. La segunda deportación lo que dijo ante el tribunal con un overall marrón y la pregunta que nadie quiere responder en Caracas, cuánto sabe este hombre, el helicoide.
Antes de continuar con la deportación, hay que detenerse un momento en el lugar donde Sahab pasó los meses que nadie registró oficialmente. Elide de Caracas es una de las construcciones más extrañas del continente. Fue diseñado en los años 50 como un centro comercial de lujo con forma espiral que recorre cinco niveles conectados por rampas vehiculares, pensado para que los clientes llegaran en carro directamente hasta las tiendas.
Nunca funcionó como centro comercial. Quedó inconcluso por décadas. Fue tomado por el Estado venezolano y desde los años 80 se convirtió en sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el CIN. Es decir, la prisión política más importante del chavismo tiene forma de caracol y fue pensada originalmente para vender ropa importada y artículos de lujo. Sus corredores son húmedos.
El concreto absorbe el calor del día caraqueño y lo retiene toda la noche. Los presos políticos que pasaron por allí, periodistas, opositores, militares caídos en desgracia, describieron celdas sin ventilación adecuada, luz artificial permanente y un proceso de aislamiento que podía durar meses sin contacto con familiares ni abogados.
Sahab conocía elide. Había estado en el gobierno cuando muchos de sus presos fueron enviados allí. ahora estaba del otro lado de la reja. Lo que pasó dentro de esas celdas entre febrero y mayo de 2026 no quedó registrado públicamente. Lo que sí quedó fue el memorándum que firmó el SAE el 16 de mayo anunciando su deportación y lo que llegó después, la segunda llegada a Miami 21:15 horas, horario local de Miami.
115 GMT del domingo 17 de mayo de 2026. El aeropuerto Opaloca es distinto al Miami International Airport. Más pequeño, menos tráfico comercial, más vuelos privados, más operaciones que no necesitan la visibilidad de una terminal grande. Es el tipo de lugar donde ciertos traslados se hacen sin demasiada audiencia. El avión aterrizó.
Los agentes de la DEA estaban esperando. La agencia F confirmó la llegada de SAP, escoltado por agentes federales en una imagen que circuló por todos los medios del continente. El empresario colombiano que había sido ministro, embajador y héroe de la revolución caminando por la pista de un aeropuerto pequeño en el sur de Florida con esposas en las muñecas.
El Saime venezolano había publicado horas antes un comunicado de dos párrafos en Instagram sin firma, sin explicación adicional. El texto mencionaba dos veces. Ciudadano colombiano, énfasis deliberado, porque la Constitución venezolana prohíbe la extradición de sus nacionales y el régimen necesitaba dejar constancia de que técnicamente no había extraditado a un venezolano.
La frase final se encuentra en curso en la Comisión de diversos delitos en los Estados Unidos, tal como es público, notorio y comunicacional. Público, notorio y comunicacional. El lenguaje burocrático del chavismo para describir a uno de sus hombres más cercanos, entregado a la justicia del país, que según su propia narrativa representa el enemigo principal de la revolución.
Sahab fue trasladado directamente al Centro de Detención Federal de Miami, administrado por el Buró de prisiones de los Estados Unidos. Una instalación diferente al Metro West donde había estado en 2021. Mismo sistema, mismas reglas, mismo overall. El lunes 18 de mayo compareció ante el Tribunal Federal Wilky D. Ferguson Jr.
Sede del distrito sur de Florida. La sala tiene techos altos, bancos de madera para el público y esa frialdad institucional de los espacios donde el estado cobra peso físico. La magistrada que presidió la audiencia fue la jueza Marty Fulgueira Elenin. Sab, de 54 años, apareció vestido con un overall marrón de recluso.
Cuando le leyeron los cargos, respondió afirmativamente en inglés. La jueza Elfenbein ordenó que permaneciera detenido sin posibilidad de fianza hasta una próxima audiencia fijada para el 24 de junio de 2026. Los cargos y el alcance real del esquema. La acusación presentada ante el distrito sur de Florida el 18 de mayo de 2026 es más extensa que la de 2021.
significativamente más extensa, los cargos incluyen conspiración para lavar instrumentos monetarios, conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas y ocultamiento del origen de fondos. Pero lo que interesa no es la clasificación legal de los delitos, sino lo que describen.
Según la acusación, el esquema operó en dos fases distintas. La primera, entre octubre de 2015 y 2019 se centró en el programa Club. SAAB y sus socios sobornaron a funcionarios venezolanos, incluyendo, según el Departamento del Tesoro, a los hijjastros de Maduro para obtener contratos de importación de alimentos. Presentaron documentación falsificada declarando el origen, la cantidad y la calidad de los productos.
Importaron alimentos de Colombia y México bajo falsos pretextos. El dinero generado por la diferencia entre los precios inflados cobrados al Estado venezolano y el costo real de los productos fue transferido a través de cuentas bancarias en Estados Unidos para ocultar su origen. La segunda fase, que se extendió desde 2019 hasta el menos de enero de 2026 amplió el esquema hacia las operaciones petroleras.
Cuando las sanciones estadounidenses comenzaron a paralizar las exportaciones de PDBESA, SAAB y sus socios usaron su acceso privilegiado para comercializar petróleo venezolano en mercados internacionales bajo documentación falsa, canalizando las ganancias de esas ventas a través del sistema bancario de los condados de Miami Day, Pal Beach y Browward.
350 millones dó. Eso es lo que la acusación ubica como el monto total del esquema documentado hasta ese momento. Y hay un detalle que la mayoría de los reportes del lunes 18 de mayo pasaron por alto. La acusación menciona a otras personas también acusadas cuyos nombres no se revelan en el documento público.
Eso en la jerga del distrito sur de Florida suele indicar dos cosas posibles. O hay más imputados cuya identidad permanece sellada por razones estratégicas. O algunos de esos coautores ya están cooperando con la fiscalía y su nominación podría comprometer investigaciones en curso. ¿Cuál de las dos opciones aplica aquí es lo que no está en los documentos disponibles? El problema del indulto de Biden.
Hay un elemento legal que la defensa de SAAB levantará en la audiencia del 24 de junio y que ya se perfila como uno de los grandes debates jurídicos del caso. ¿Hasta qué punto el indulto presidencial de Joe Biden en diciembre de 2023 sigue teniendo vigencia? La posición del departamento de justicia implícita en la nueva acusación es que los delitos descritos en el expediente de mayo de 2026 incluyen conductas posteriores a la fecha del indulto o conductas distintas a las que quedaron cubiertas por el perdón presidencial. En la práctica, los
fiscales argumentan que el indulto de Biden cerró el caso de 2021, pero no blindó a Sahab contra nuevas acusaciones por hechos cometidos entre 2023 y 2026. La defensa previsiblemente argumentará lo contrario, que el indulto tenía un alcance más amplio que la nueva acusación. Es un intento de eludir el perdón presidencial a través de una reformulación de los mismos hechos.
El abogado de SAAB en Miami, Neil Schuster, no hizo comentarios públicos sobre el caso en los días posteriores a la deportación. Este debate va a terminar en argumentos escritos ante el juez que presida el caso y la resolución podría asentar un precedente sobre el alcance real del poder de indulto presidencial en casos de corrupción extranjera.
Algo que los constitucionalistas estadounidenses llevan meses mirando con atención desde que se supo que el caso se reabría. Lo que sabe SA, aquí está el núcleo de todo. El centro de gravedad real de esta historia, Iván Simonovis, exjefe de inteligencia del movimiento opositor venezolano encabezado por Juan Guaidó, fue una de las primeras voces en nombrarlo con claridad el mismo sábado de la deportación, Sahab puede convertirse en uno de los testigos más importantes en el caso Maduro.
Víctor Rodríguez Cedeño, experto en derecho internacional venezolano, fue incluso más preciso en declaraciones recogidas por el comercio de Lima. Él es el testaferro. Él sabe dónde están las cuentas de Maduro y añadió, “La entrega de esta persona va a salpicar a todo el mundo. Nicolás Maduro Moros está actualmente detenido en Nueva York, donde enfrenta cargos de conspiración de narcoterrorismo vinculados al cártel de los soles.
” La organización criminal interna de las fuerzas armadas venezolanas, señalada por la DEA de facilitar el tránsito de cientos de toneladas de cocaína colombiana hacia los mercados de consumo de América del Norte y Europa. Junto a él, su esposa Cilia Flores enfrenta cargos similares. Lo que conecta a SAP con ese caso no son solo los contratos del club ni el petróleo de PDBSA.
Lo que conecta a Sahab con ese caso es que durante al menos una década él era la persona que sabía cómo y dónde se guardaba el dinero. No era un ministro con acceso a cifras presupuestarias públicas. era el operador externo, el intermediario privado que ejecutaba transacciones que no podían aparecer en ningún registro oficial venezolano, el que usaba empresas en los Emiratos Árabes, en Turquía, en Panamá para hacer circular fondos que partían de Caracas y llegaban a cuentas que nadie debería poder rastrear. Y además, según lo que sus
propios abogados revelaron en 2022, ya había hablado con la DEA antes, ya había entregado dinero, ya había dado información. La pregunta que nadie puede responder desde fuera es cuánto entregó entonces y cuánto se guardó. Los fiscales del distrito sur de Florida, la oficina que tiene más experiencia en casos de corrupción latinoamericana en todo el sistema federal estadounidense saben qué tienen y qué no tienen.
Si decidieron presentar una nueva acusación a pesar del indulto previo y si decidieron presionar para que Venezuela entregara a Sahab incluso después de que Biden había cerrado el caso anterior, es porque creen que la información que puede aportar Sahab vale el costo político y jurídico de la confrontación. Dios Dado y el giro de los que lo defendieron cuando Sahab fue detenido en Cabo Verde en junio de 2020.
Diosdado Cabello Rondón, número dos del chavismo, exmilitar, exvicepresidente, conductor del programa con el mazo dando y uno de los hombres de mayor poder real dentro del régimen lo llamó héroe y acusó a Estados Unidos de secuestro político. En mayo de 2026, con Saab ya deportado, Cabello salió ante las cámaras a decir algo completamente distinto.
afirmó que Sahab tenía una cédula de identidad venezolana fraudulenta, que sus documentos venezolanos eran irregulares, que en definitiva nunca había sido verdaderamente venezolano de la manera que el régimen había reclamado en su defensa durante años. El giro es notable. Cabello, que en este momento sigue operando dentro del chavismo bajo el gobierno interino de Delssey Rodríguez, necesitaba distancia.
La misma distancia que el propio Sim construyó cuando redactó su comunicado refiriéndose a SAP exclusivamente como ciudadano colombiano, ignorando la nacionalidad venezolana que el propio régimen le había otorgado y sobre la que había basado años de defensa legal y diplomática. El exfiscal colombiano Jorge Perdomo describió el patrón con precisión en declaraciones a medios colombianos.
El mismo régimen que entrega a Alex Sa que me ha perseguido a mí por haberlo investigado. Eso también vale la pena pensarlo un momento. El hombre que fue defendido como símbolo de la soberanía bolivariana frente al imperialismo. El hombre por cuya liberación Venezuela peleó en los tribunales de tres continentes y en foros internacionales.
El hombre que fue recibido con abrazo presidencial en diciembre de 2023. fue entregado a Washington sin juicio, sin debate público, sin explicación formal más allá de dos párrafos por el mismo gobierno que lo había proclamado héroe. Lo llamaron ciudadano colombiano en el comunicado de deportación. Después de todo lo que habían hecho para traerlo de regreso, la celda federal y lo que queda de la fortuna, el Centro de Detención Federal de Miami, conocido como el FDC Miami, está ubicado en el centro de la ciudad, en la calle 4 Southwest. Cuatro
plantas de concreto reforzado, ventanas angostas con vista a una autopista urbana, capacidad para varios cientos de detenidos federales en proceso judicial. No es una penitenciaría de sentenciados. Es el lugar donde los acusados esperan mientras sus casos avanzan. El ruido de los juzgados federales penetra metafóricamente hasta sus celdas.
Sab está ahí mientras este guion se graba. Sin fianza con una próxima audiencia el 24 de junio de 2026. Afuera, el mundo que construyó en 20 años sigue siendo rastreado por múltiples autoridades en varios países. En Colombia, la Fiscalía de Barranquilla tiene órdenes de captura activas contra SAAP desde 2018 por los delitos tributarios y de doble contabilidad de su época inicial.
Varias propiedades en el norte de Barranquilla, una mansión de varios niveles con piscina y jardines en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, valorada en miles de millones de pesos colombianos, fueron objeto de procesos de extinción de dominio. También propiedades en Cartagena. En Italia y Francia, autoridades judiciales confiscaron bienes vinculados a Natasha Sahab, hija del empresario, y a Lorenzo Antonetti, su concuñado, quien según una investigación del tiempo de Bogotá, había negociado oro venezolano en
representación de Sahab y había extendido la red del empresario hacia Turquía, Irán y Rusia. El hijo de Sahab, Shadi, tiene presencia en bases de datos comerciales de varios países. La red, en otras palabras, sigue siendo rastreada. El hombre que la construyó está en una celda de Miami esperando que su abogado Neil Schuster encuentre el argumento que lo saque de ahí o que los fiscales del distrito sur de Florida encuentren el punto en que Sahab decida que la cooperación vale más que el silencio.
Si eres nuevo en el canal y llegaste hasta aquí por primera vez, te cuento desde dónde nos están viendo. Tenemos audiencia en toda América Latina, Estados Unidos, España y más de 30 países. Cada semana historias como esta donde el poder se cae y el dinero deja rastro. Suscríbete si no lo has hecho. El próximo video ya está en edición.
Lo que el caso Sa revela sobre la arquitectura del chavismo, cuando los fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos reconstruyeron el esquema clap en sus documentos de acusación, lo que describieron no era simplemente un caso de corrupción gubernamental, era un sistema. El programa Club era real.
Las cajas de alimentos llegaban a los barrios venezolanos. Los beneficiarios existían. La necesidad que satisfacía, aunque fuera de manera deficiente y politizada, era genuina. En un país donde los supermercados llevaban años con anaqueles vacíos y donde la hiperinflación destruía el poder adquisitivo de los salarios en cuestión de días, esa caja de pasta, arroz y aceite representaba algo concreto para las familias que la recibían.
Ese era precisamente el mecanismo. El programa era real, entonces los contratos eran reales. Los contratos eran reales, entonces los pagos eran reales. Los pagos eran reales, entonces el dinero existía formalmente y una vez que el dinero existía en el sistema, podía ser desviado, inflado, transferido y lavado con una cobertura de legitimidad que hacía mucho más difícil su rastreo que si hubiera sido simplemente robado en efectivo.
La sofisticación del esquema no estaba en esconder que existía, sino en esconder sus proporciones reales. Los niños venezolanos que recibían cajas clap en los barrios populares de Caracas, Maracaibo y Valencia no estaban recibiendo lo que habían pagado. Estaban recibiendo las obras de un negocio cuyas ganancias se guardaban en cuentas de los Emiratos Árabes Unidos.
Y los funcionarios que aprobaban esos contratos recibían comisiones a través de intermediarios en Turquía y Panamá. La escala de lo que describe la acusación federal tiene un componente que los números solos no capturan. 350 millones de dólares abstraídos del programa de alimentación de los más pobres de Venezuela en el momento en que Venezuela atravesaba su peor crisis humanitaria en décadas, mientras el gobierno que ejecutaba ese robo llamaba al Departamento de Estado de los Estados Unidos el enemigo del pueblo venezolano,
el indulto Biden y el costo político de una decisión que no funcionó. Hay un elemento de esta historia que ningún análisis puede eludir, el indulto de Biden. En diciembre de 2023, la administración del presidente Joseph R. Biden Jr. tomó la decisión de otorgar el perdón presidencial a Alex Sahab como parte de un acuerdo diplomático con Venezuela.
La estrategia tenía una lógica. Liberar a Sahab como señal de buena voluntad a cambio de que Caracas liberara a ciudadanos estadounidenses detenidos, facilitara la celebración de elecciones más competitivas en 2024 y permitiera un proceso de negociación que pudiera eventualmente desembocar en una transición política. La elección presidencial venezolana de julio de 2024 fue todo lo contrario a una elección competitiva.
Los resultados oficiales proclamando la victoria de Maduro fueron cuestionados por observadores internacionales, la propia oposición venezolana y decenas de gobiernos en todo el mundo. Las actas que habría que haber publicado para verificar los resultados nunca aparecieron. La violencia postelectoral resultó en decenas de detenidos y muertos.
La transición prometida no ocurrió. Para enero de 2026, cuando una operación estadounidense capturó a Maduro, el indulto que Biden le había dado a Sahab parecía, en retrospectiva, uno de los movimientos diplomáticos más costosos y menos efectivos de su mandato. Sahab poder. El régimen había usado los meses ganados para consolidarse y el caso judicial estaba archivado.
La administración de Donald Trump, que asumió en enero de 2025, adoptó un enfoque radicalmente diferente. Según de New York Times, en marzo de 2026 ya negociaba activamente con el gobierno interino de Delsy Rodríguez para obtener la entrega de SAP. Los fiscales del distrito sur de Florida, mientras tanto, habían presentado en enero de 2026 una nueva acusación por corrupción construida, de manera que esquivara los argumentos que la defensa usaría para invocar el indulto de Biden.
Era, en términos procesales, empezar el juego de nuevo, pero con cartas distintas. La pregunta que nadie puede responder todavía. Hay una audiencia programada para el 24 de junio de 2026 ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida. En esa audiencia se definirán los plazos del proceso, los términos de la detención preventiva y crucialmente si SAAB y sus abogados buscan o no iniciar conversaciones de cooperación con la fiscalía.
La cooperación en términos del sistema judicial federal estadounidense tiene un protocolo establecido. El acusado o sus representantes legales contactan al fiscal a cargo. Se negocia bajo reserva el alcance de la información disponible. Si la información tiene valor probatorio suficiente para casos más amplios, el fiscal puede ofrecer a cambio una reducción de cargos o de la pena esperada.
Todo queda documentado en lo que se llama un cooperation agreement o acuerdo de cooperación. El analista Sergio Gómez Maseri del diario El Tiempo de Bogotá escribió que quienes siguen este tipo de procesos en los tribunales federales estadounidenses saben que rara vez terminan en condenas a la pena máxima. Lo más frecuente es que desemboquen en acuerdos de culpabilidad con reducción de la condena por colaboración.
Si Sahab coopera, los fiscales tendrán acceso a lo que él sabe. ¿Cómo se movió el dinero? ¿En qué cuentas está? ¿Qué funcionarios recibieron? ¿Qué cantidades? cómo se coordinaban las operaciones de PDBESA con los circuitos de lavado y qué rol exacto jugaron Maduro, su esposa Ciaa Flores, Los Cijastros y otros miembros de la cúpula venezolana en la estructura del esquema.
Eso podría ser devastador para el caso que ya pende sobre Maduro en Nueva York. Si no coopera, enfrenta hasta 20 años de pena máxima por el cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios. A los 54 años, una condena de esa magnitud no tiene reducción que la haga llevadera. Víctor Rodríguez Cedeño lo dijo sin rodeos. Ahí está todo el mundo involucrado.
La vida en la celda y la distancia del poder. Hay un contraste que los documentos judiciales no describen, pero que la imaginación completa sin dificultad. En algún momento entre 2015 y 2020, Alex Ahab era recibido en las residencias privadas de los hombres más poderosos de Venezuela. Viajaba en aviones privados con matrícula venezolana.
Tenía acceso al palacio de Miraflores. Tenía una mansión en el norte de Barranquilla con piscina y jardines. Tenía propiedades en Cartagena. Tenía empresas registradas en los Emiratos Árabes Unidos, en Turquía, en Panamá. Tenía un pasaporte diplomático. La prensa caribeña de aquel periodo lo describía llegando a reuniones en Caracas acompañado de asesores, con el teléfono siempre en la mano, con la seguridad informal del hombre que sabe que los que importan le deben favores.
En la lengua del Caribe colombiano, a ese tipo de hombre se le llama el que mueve las fichas. Ahora las fichas están en manos de los fiscales del distrito sur de Florida. El overall es marrón. La audiencia es el 24 de junio y afuera en el corredor del tribunal hay una pregunta que periodistas, analistas y diplomáticos siguen repitiendo.
¿Cuánto tiempo pasa antes de que empiece a hablar? Lo que queda del chavismo sin su financiero. Caracas, mayo de 2026. Del Elohína Rodríguez Gómez gobierna de facto un país en transición forzada. Maduro está en Nueva York esperando juicio. Su esposa también. Sab está en Miami. Los hijjastros Walter Joser y Joswal Gavidia Flores tienen sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos desde julio de 2019 y sus movimientos son rastreados.
El partido chavista, el PSV, sigue existiendo. Sus cuadros medios están en sus cargos. La maquinaria burocrática del Estado venezolano no desaparece de un día para otro, pero la red financiera que la sostenía el sistema de contratos inflados, las cuentas en jurisdicciones opacas, los intermediarios como SAAB, que convertían petróleo y alimentos en transferencias internacionales que nadie podía rastrear fácilmente, esa red está siendo auditada por el FBI, la DEA, la OFAC, la Fiscalía de Barranquilla, la Guardia Financia Italiana y los servicios de inteligencia
financiera de al menos media docena de países. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, describió la deportación de SAAB como parte de una estrategia integral para desmantelar las redes financieras del régimen venezolano. La agencia DEA, en un comunicado del Departamento de Justicia publicado el mismo lunes 18 de mayo, señaló que el caso SAB busca desmontar redes financieras vinculadas al chavismo que han operado con impunidad durante años.
No es una hipérbole de comunicado de prensa, es una descripción de lo que los expedientes judiciales contienen. El epílogo que todavía no tiene final, el título de este video tiene una imagen concreta que vale la pena explicar de langostas y millones robados a sopa y entre rejas. La langosta no es una metáfora, es una referencia a un periodo específico, entre 2016 y 2019, cuando el esquema Club estaba en pleno funcionamiento y los contratos llegaban sin licitación y con precios inflados.
Los venezolanos que estaban del lado correcto de las relaciones con el poder comían muy bien. Los que no podían acceder a la caja club o que recibían una caja con menos de lo prometido buscaban cómo alimentarse en un país con escasez estructural. La diferencia entre los que controlaban los contratos y los que dependían de ellos para comer era exactamente esa. Langosta frente a sopa.
Sopa como metonimia de la escasez. Langosta como símbolo del exceso extraído de un programa creado para los que tienen menos. Ahora SAP come lo que le sirven en el FDC Miami. Los menús del sistema penitenciario federal estadounidense son funcionales, balanceados calóricamente según los estándares del buró de prisiones y absolutamente indistintos.
No hay langosta en el FDC Miami, hay bandejas de plástico cubiertos de plástico y el sonido constante de puertas metálicas que se abren y se cierran. La fortuna que acumuló sigue siendo rastreada. Las empresas fantasma en los emiratos siguen siendo investigadas. Las transferencias a través de cuentas en los condados del sur de Florida siguen siendo analizadas por los fiscales federales.
Y el 24 de junio de 2026, Alex Naim Saab Morán, nacido en Barranquilla el 21 de diciembre de 1971, hijo de un comerciante libanés, ex vendedor de llaveros, exproveedor del club, exembajador, exministro, se presentará de nuevo ante la jueza Marty Fulgueira Elfenvin. Esta historia tiene muchísimos capítulos que todavía no se han escrito y este canal va a estar aquí para contarlos.
Guarda el video, compártelo y si alguien te pregunta cómo funciona el poder cuando se cae, mándale este video. La red que Sahab tejió en el mundo. Turquía, Irán, Rusia. Para entender la dimensión realo, hay que ir más allá de Venezuela y de los condados del sur de Florida. La acusación del tesoro de 2019 mencionaba una serie de empresas que raramente aparecen juntas en el mismo mapa.
Assasifood FZE, registrada en los Emiratos Árabes Unidos. Mulberry Pro Yatirim Anonym Cirquei, domiciliada en Turquía, Group Grand Limited con presencia en Hong Kong y otros registros en jurisdicciones financieras opacas. Esas empresas no eran accidentes. El Medio Oriente y el sistema financiero paralelo que opera desde los Emiratos Árabes era el circuito que permitía mover dinero entre Venezuela, Irán, Rusia y los mercados europeos sin pasar por el sistema bancario corresponsal estadounidense.
Cuando las sanciones de la OFAC comenzaron a cerrar las cuentas bancarias relacionadas con el chavismo, SAAB ya tenía construida la arquitectura alternativa. El concuñado Lorenzo Antonetti, según la investigación del tiempo de Bogotá, negociaba oro venezolano en representación de Sahab y operaba las extensiones de la red hacia Turquía e Irán.
El vuelo que fue detenido en Cabo Verde el 12 de junio de 2020 iba precisamente en esa dirección, Caracas, Caboverde, Irán. Los abogados de SAP dijeron que la misión era humanitaria para negociar insumos médicos en el contexto de COVID19. La DEA y el Departamento de Justicia tenían otra lectura. Lo que nunca quedó completamente establecido en los registros públicos disponibles antes del indulto de 2023 fue qué exactamente iba a negociar Sahab en Irán ese día.
Y si la nueva acusación de 2026 tiene información sobre ese viaje, no ha sido revelada en los documentos públicos hasta la fecha de grabación de este video. El precedente jurídico y lo que siguen los tribunales. El caso SAAB, tiene por encima de sus particularidades una dimensión jurídica que los abogados constitucionalistas estadounidenses están mirando con atención desde marzo de 2026. La pregunta central es simple.
¿Puede el gobierno de los Estados Unidos procesar a alguien por hechos similares a los que cubrió un indulto presidencial anterior utilizando una nueva acusación que reclasifica algunos de esos hechos o incorpora conductas diferentes? La doctrina jurídica del double jopardy, prohibición constitucional de ser juzgado dos veces por el mismo crimen, prohíbe exactamente eso.
Pero si la fiscalía puede demostrar que los hechos de la nueva acusación son sustancialmente distintos de los que cubrió el indulto o que incluyen conductas posteriores a su fecha de firma, el argumento del double joperty pierde fuerza. El Departamento de Justicia construyó la nueva acusación con ese objetivo, la extensión temporal del esquema que llega hasta enero de 2026, más de 2 años después del indulto de diciembre de 2023, es la columna vertebral del argumento fiscal.
Si el juez que eventualmente presida el juicio acepta esa interpretación, el indulto de Biden habrá protegido a SA por 2 años, pero no lo habrá blindado definitivamente. Si la rechaza y acepta los argumentos de la defensa, el caso se caería sobre bases constitucionales. La decisión del 24 de junio probablemente no resuelva eso todavía, pero pondrá en movimiento el proceso que lo resolverá.
Los venezolanos que recibían las cajas. Hay una historia paralela que los documentos judiciales no cuentan porque no es su función, pero que existe al mismo tiempo que todo lo anterior. Caracas 2017. Un bloque de viviendas en Petare, el barrio más grande de la ciudad. Un laberinto de escaleras sin ascensores donde las casas se construyen una encima de la otra hasta que la montaña no da más.
Son las 8 de la mañana de un martes. Una mujer de 50 y tantos años espera en la cola del club. La entrega está programada desde hace días. La lista de beneficiarios está en manos de un comité local del PCUV. Si no estás en la lista, no hay caja. Si cuestionas al comité, puedes salir de la lista. La caja que llegó ese mes tenía menos de lo prometido. Faltaban los frijoles.
La pasta era de una marca que nadie conocía, importada desde México bajo una marca genérica. El aceite era real. Esa familia no sabe el nombre de Sahab. No sabe qué es la empresa Assasi Food FZE. no sabe que parte del precio que el Estado venezolano pagó por esa caja terminó en una cuenta en los Emiratos Árabes Unidos.
Lo que sabe es que los frijoles no estaban. Eso es lo que el expediente del distrito sur de Florida llama explotar a la población hambrienta de Venezuela. La frase legal convierte en abstracción algo que fue concreto, físico, cotidiano para millones de personas durante años. La pregunta final, ¿habla o no habla? El 24 de junio de 2026, cuando la jueza Marty Fulgueira Elfenbain abra la audiencia, habrá varias posibilidades en la mesa.
La primera, la defensa presenta un argumento fuerte sobre el alcance del indulto de Biden y solicita la desestimación de los cargos, poco probable que funcione de inmediato, pero podría generar meses de litigación. La segunda, SAAB y sus abogados inician conversaciones de cooperación con la fiscalía fuera del registro público y el proceso judicial avanza en paralelo mientras se negocia qué información aporta y qué beneficio recibe.
La tercera, el caso llega a juicio completo. 12 jurados del sur de Florida escuchan los argumentos de la acusación y la defensa durante semanas o meses. Es la opción más larga, la más costosa y la que menos beneficios tiene para SAAB si la prueba documental de los fiscales es tan sólida como parece.
Los analistas que siguen este tipo de casos federales en Miami coinciden en que la segunda opción es la más probable. El Departamento de Justicia no pidió la deportación de Sahab para llegar a juicio, los pidió para que hablara. Iván Simonovis lo dijo el sábado 17 de mayo, pocas horas después de que aterrizó el avión en Opalca.
SAAB puede convertirse en uno de los testigos más importantes en el caso Maduro. Maduro está en Nueva York, Sahab está en Miami. El dinero está disperso en cuentas de varios continentes y los fiscales federales del distrito sur de Florida tienen tiempo, precedentes y los 350 millones de dólares documentados como argumento de negociación.
El hombre que vendía llaveros en Barranquilla a los 18 años y que llegó a mover las finanzas de una dictadura está ahora en una celda de 4 por 3 m con ventana angosta. comida de bandeja y una audiencia el 24 de junio. La historia de Alex Saino, apenas está llegando su parte más importante. Si este video te pareció útil y crees que alguien en tu entorno debería verlo, compártelo ahora.
No hay algoritmo que reemplace a una persona enviándole algo a otra.
