La tranquilidad de los habitantes del norte de Bogotá se vio seriamente vulnerada durante más de dos años por las operaciones de una de las organizaciones delincuenciales más sofisticadas y temibles del último tiempo en Colombia: ‘Los Liberadores’. Esta estructura no operaba bajo los métodos rústicos de la delincuencia común de barrio. Por el contrario, se trataba de una red empresarial del crimen perfectamente aceitada, cuyos tentáculos no solo se extendían por las zonas más exclusivas de la capital colombiana, sino que lograban cruzar fronteras internacionales hasta llegar a Perú y Ecuador. Su desmantelamiento, logrado tras un minucioso proceso de investigación criminal, ha dejado al descubierto una red de horror, robos de identidad, uso de sustancias como la escopolamina y millonarias estafas vehiculares.
Las dimensiones del impacto económico y social causado por esta banda son alarmantes. De acuerdo con las declaraciones del teniente coronel Ferney Martín, director encargado de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), las bases de datos y los procesos de documentación judicial lograron establecer de manera oficial el robo de cientos de dispositivos tecnológicos y vehículos. En un solo operativo de control, las autoridades interceptaron un cargamento de 35 teléfonos celulares de alta gama que pretendían ser comercializados de forma ilegal en territorio peruano. No obstante, al cruzar las denuncias ciudadanas, el panorama resultó ser mucho más sombrío: de un lote documentado de 380 celulares, se verificó el hurto directo de al menos 293 dispositivos. Más de 200 ciudadanos aparecían como denunciantes directos contra esta estructura en los registros policiales, sumado a más de una veintena de víctimas que sufrieron estafas mayúsculas con sus automóviles.
Para mantener un flujo constante de ingresos ilegales, que según los reportes financieros de la policía superaba los 100 millones de pesos semanales, ‘Los Liberadores’
contaban con una división de funciones milimétrica. La policía logró la captura de cuatro de sus cabecillas principales, encargados de la logística y el liderazgo de las dos modalidades delictivas que sostenían el negocio.
El jefe indiscutible de la banda era un individuo conocido bajo el alias de ‘El Mono’. Este sujeto no solo administraba los abundantes recursos económicos de la red, sino que asumía la responsabilidad de reclutar a nuevos integrantes y entrenarlos en las artes del engaño, la manipulación de documentos y las transacciones de tecnología robada. Junto a él operaba alias ‘Lulú’, una mujer que desempeñaba el rol de “captadora”. Su trabajo consistía en rastrear minuciosamente las redes sociales, principalmente Facebook, buscando perfiles de ciudadanos que estuvieran ofreciendo bienes de alto valor o que tuvieran perfiles vulnerables a sus estrategias.
La experiencia comercial legítima también fue corrompida por esta banda. Dentro de los capturados figura Jonathan, un hombre que ya registraba antecedentes penales por delitos similares y quien ponía a disposición de la organización sus amplios conocimientos como asesor comercial de vehículos. Su capacidad para hablar con tecnicismos y proyectar una imagen de seriedad corporativa era el gancho perfecto para que las víctimas bajaran la guardia. El cuarteto de cabecillas principales lo completaba alias ‘Dayan’, otro captador estratégico encargado de los primeros contactos digitales a través de plataformas virtuales. Asimismo, las investigaciones apuntan a que en el eslabón de la receptación de teléfonos móviles figuraba de manera estelar alias ‘El Gato’, un receptador asentado en un sector específico de Bogotá que controlaba el acopio de cada dispositivo hurtado en la ciudad antes de coordinar su salida del país.
El calvario de Miguel Ángel: de una noche de copas al robo de su identidad
Uno de los casos más dramáticos y que ilustra el nivel de frialdad de ‘Los Liberadores’ es el de Miguel Ángel Cetina. Su calvario comenzó en el año 2024, una noche en la que decidió salir a compartir con un grupo de amigos en un establecimiento nocturno del norte de Bogotá. Durante la velada, Miguel Ángel entabló conversación con un individuo que proyectaba una excelente apariencia física y económica, una técnica habitual de la banda para seleccionar objetivos con un nivel adquisitivo alto. Tras una charla aparentemente inofensiva, intercambiaron números telefónicos y detalles cotidianos de sus vidas.
El verdadero peligro se materializó días después, específicamente el 23 de abril de 2024. El sujeto lo contactó a través de WhatsApp argumentando que se encontraba muy cerca de su lugar de residencia, pero que estaba perdido buscando una dirección exacta y necesitaba urgentemente su ayuda. Atendiendo al llamado de manera solidaria, Miguel Ángel salió de su hogar y se encontró con el hombre, quien venía acompañado por un cómplice a bordo de un vehículo. En medio de la interacción, le extendieron un trozo de papel donde supuestamente estaba escrita la dirección que buscaban. Al acercar el papel a su rostro para leerlo con atención, la víctima inhaló una fuerte dosis de escopolamina. En cuestión de segundos, perdió el conocimiento y la voluntad. Fue despojado de todas sus pertenencias personales y abandonado a su suerte.
Sin embargo, el robo físico de sus pertenencias fue apenas el inicio de una pesadilla legal de proporciones insospechadas. Meses más tarde, en diciembre de 2024, Miguel Ángel empezó a recibir graves amenazas e insultos a través de su cuenta de Facebook. Diversos usuarios desconocidos lo acusaban directamente de ser un peligroso estafador dedicado a la compra y venta de automóviles. Los intimidadores manejaban datos extremadamente sensibles y privados de su vida, tales como su lugar de estudios —la Facultad de Derecho de la Universidad Católica— y la ubicación de su núcleo familiar. Lo que el joven estudiante descubrió después lo dejó atónito: los criminales habían utilizado su documento de identidad, hurtado meses atrás bajo los efectos de la sustancia química, para constituir de forma legal una empresa fantasma ante las entidades regulatorias. De esta manera, todas las estafas millonarias de vehículos que la banda ejecutaba a diario quedaban registradas legalmente bajo el nombre de Miguel Ángel, convirtiéndolo ante los ojos de la justicia y de las víctimas en el autor intelectual de los delitos.
Fachadas millonarias en la Calle 93: el engaño empresarial
Con las identidades robadas a ciudadanos inocentes, ‘Los Liberadores’ daban el siguiente paso en su escalada criminal: proyectar una opulencia corporativa insuperable para ganarse la confianza absoluta de las personas que deseaban vender sus automóviles. La banda llegó al extremo de alquilar un costoso local comercial en las inmediaciones de la prestigiosa Calle 93, una de las zonas de mayor valor finca raíz y estatus comercial en el norte de la capital. Fuentes policiales indicaron que la organización pagaba mensualmente sumas que oscilaban entre los 7 y los 10 millones de pesos únicamente por concepto de arriendo, una inversión que recuperaban con creces gracias al volumen de sus estafas.
El modus operandi aplicado en este lujoso establecimiento quedó retratado a la perfección en la vivencia de Luis Díaz, otra de las víctimas de la red. Luis había publicado su automóvil en venta a través de portales digitales debido a necesidades económicas. Tras varios meses de tener el anuncio activo, recibió un mensaje de una mujer que se identificó falsamente como “Fernanda Torres, gerente comercial del portal tucarro.com”. Con un lenguaje corporativo impecable, la supuesta ejecutiva le manifestó un interés inmediato en adquirir el vehículo, el cual estaba valorado en 34 millones de pesos.
Para cerrar el trato de forma rápida, la mujer le ofreció a Luis una propuesta que resultaba sumamente tentadora y difícil de rechazar: le entregarían de inmediato el 10% del valor comercial del vehículo —es decir, 3.4 millones de pesos en efectivo— como garantía, a cambio de que él dejara el coche en las instalaciones del norte de la ciudad para realizarle un peritaje técnico y verificar el estado mecánico. Al ver el dinero en sus manos y encontrarse en unas oficinas de apariencia tan sofisticada, Luis aceptó los términos con tranquilidad y confianza.
La trampa se cerró de inmediato. Con el paso de los días, al comunicarse para concretar el pago del saldo restante y la entrega definitiva, Luis comenzó a recibir excusas evasivas por parte de los supuestos asesores, quienes argumentaban haber sido víctimas de un robo interno o estar atravesando severos problemas administrativos. Finalmente, los canales de comunicación se cerraron de golpe, los números telefónicos fueron bloqueados y el personal del supuesto concesionario desapareció sin dejar rastro. Cuando Luis intentó rastrear su patrimonio por vías legales, descubrió la peor parte del engaño: los delincuentes habían suplantado por completo su identidad, falsificando de manera profesional su firma manuscrita y sus huellas dactilares en los formularios oficiales de traspaso, logrando vender el automóvil de forma exprés a una tercera persona que lo adquirió de buena fe.
De la opulencia al yate: las rentas del crimen transnacional
Los millonarios dividendos obtenidos a través de estas múltiples modalidades delictivas le permitían a los integrantes de ‘Los Liberadores’ darse una vida de lujos extravagantes y excentricidades que ostentaban sin ningún pudor. Los investigadores de la DIJIN lograron documentar que los líderes de la estructura invertían las ganancias de sus actividades ilícitas en la compra de motocicletas de alto cilindraje, vehículos de gama alta y costosos viajes turísticos donde alquilaban yates privados para realizar fiestas en altamar.
Por otra parte, el negocio de los teléfonos celulares robados operaba bajo una lógica de mercado internacional muy lucrativa. Mediante la interceptación de comunicaciones telefónicas autorizadas por jueces de la república, las unidades de inteligencia policial descubrieron que los delincuentes empleaban un lenguaje cifrado y claves secretas para coordinar los envíos de mercancía hacia el exterior. En las grabaciones se escuchaba con frecuencia a los delincuentes afirmar que “las manzanas ya se encuentran en el exterior”, haciendo una clara referencia a los dispositivos de la marca Apple que habían logrado ser sacados del país de contrabando con destino a los mercados negros de Lima y diversas ciudades de Ecuador, lugares donde el rastreo de las autoridades colombianas se tornaba mucho más complejo.
El operativo policial que culminó con la captura de los cabecillas principales representa un duro golpe a las mafias organizadas de la capital, pero las secuelas emocionales, morales y financieras que dejaron a su paso continúan afectando de forma profunda a los damnificados. Ciudadanos atrapados en procesos judiciales por el robo de sus identidades y familias que perdieron los ahorros de toda su vida representados en sus vehículos reflejan el verdadero alcance del daño causado por ‘Los Liberadores’. Mientras tanto, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación mantienen las líneas de investigación abiertas, pues no se descarta la participación de más cómplices en las notarías y oficinas de tránsito que facilitaron la legalización de los traspasos de propiedad falsificados.
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