En el pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Cotopaxi, Ecuador, el 3 de octubre de 2022. El hombre que había fingido morir una vez no pudo esquivar la muerte por segunda vez. 36 años, 100 millones de dólares en activos, 111 celulares encriptados y en esos teléfonos el nombre de jueces, fiscales, generales de policía, asambleístas, funcionarios del Estado.
El narco había muerto, pero lo que dejó atrás apenas estaba empezando a arder. La tarde del 3 de octubre de 2022 comenzó como cualquier otra en el centro de rehabilitación social de Cotopaxi, una prisión en la sierra centro del Ecuador que en los últimos meses había conocido demasiada sangre. Los guardias penitenciarios realizaron el censo rutinario del mediodía, contaron cabezas, cerraron rejas.
Poco después de la 1 de la tarde llegó el primero de los disparos. Cuando la balacera cesó donde el subdirector del Sistema Nacional de Atención Integral a personas adultas privadas de la libertad confirmó en rueda de prensa lo que ya circulaba entre rumores. Leandro Antonio Norero Tigua, conocido en el submundo del crimen organizado ecuatoriano como el patrón, estaba entre las personas fallecidas.
No era un preso ordinario, era el hombre que, según la inteligencia policial había financiado a las tres bandas criminales más peligrosas del país, los lobos, los tiguerones y los sh killers. El hombre que había enviado hasta 5 toneladas mensuales de cocaína hacia Europa y Estados Unidos, oculta en contenedores de banano y mariscos.
El hombre que dos años antes había fingido su propia muerte para escapar de una orden de captura internacional. Pero el verdadero enigma no estaba en su muerte, estaba en lo que vino después. En su celda, en maletas, en bolsillos, los agentes encontraron 111 celulares encriptados.
Cuando los peritos de la fiscalía comenzaron a procesar esos dispositivos, lo que emergió no era la historia de un solo narco, era el mapa completo de un estado infiltrado. Más de 14,000 páginas de chats con jueces, fiscales, abogados, generales de la policía, asambleístas nacionales, funcionarios del sistema penitenciario.
un hombre que desde su celda, en una prisión de máxima seguridad, había continuado dirigiendo su organización criminal con la misma eficiencia que desde la libertad. Chic, un hombre que compraba voluntades con la precisión de un contador y la frialdad de un estratega. ¿Cómo llegó un adolescente de las calles polvorientas de Monte Sinaí, un barrio marginal del sur de Guayaquil, a convertirse en el eje central de la mayor red de corrupción en la historia del Ecuador? Esa es la pregunta que atraviesa esta
historia de principio a fin y la respuesta es más perturbadora que la pregunta misma. Monte Sinaí, en el sur de Guayaquil. Chichu no es un lugar que aparezca en las guías turísticas. Es un sector de calles sin asfaltar, donde el agua potable llegaba con cuentagotas y la electricidad era una promesa intermitente.
En ese entorno nació Leandro Antonio Norero Tigua el 3 de julio de 1986. Su infancia transcurrió en la miseria concreta y cotidiana de los barrios olvidados de la ciudad portuaria más grande del Ecuador, donde las pandillas no eran una amenaza abstracta, sino la única estructura social disponible para un adolescente sin oportunidades.
La educación formal de Norero fue breve. Completó apenas los primeros años de la primaria, no porque careciera de inteligencia, sino porque las calles ofrecían un currículo más urgente: lealtad pandillera, astucia para evadir a la policía y la lógica implacable de la supervivencia en entornos donde un error de cálculo podía costar la vida.
A los 14 años, en 2001, Norero dio el primer paso formal hacia el crimen organizado al unirse a los nietas, una pandilla de raíces puertorriqueñas que se había arraigado profundamente en las prisiones y barrios de Guayaquil. Los nietas operaban como una red simultáneamente callejera y carcelaria, dedicada a la extorsión de pequeños comerciantes, el microtráfico de drogas y las disputas territoriales violentas por el control de cuadras en el sur de la ciudad.
Dentro de esa estructura, pues el joven norero no buscaba el protagonismo. Eso lo distinguía. Mientras otros pandilleros disputaban reconocimiento a golpes, él cultivaba una habilidad más valiosa, la negociación. Participaba en riñas por el control de zonas en Montes Sinaí y esquemas de extorsión a negocios locales.
Pero su verdadero valor para la organización era su capacidad de mediar en conflictos internos, de mantener la calma cuando las tensiones escalaban, de encontrar soluciones que evitaran guerras innecesarias. Se un pragmatismo frío que lo protegía del radar policial y le construía silenciosamente una reputación de hombre confiable.
Su prontuario judicial durante esa fase era sorprendentemente escueto para el nivel realidades. Enfrentó cargos menores por riñas y tenencia ilegal de armas, pero evitó condenas significativas. No porque la justicia fuera benévola con él, sino porque Norero estaba aprendiendo algo que definiría toda su carrera criminal.
La impunidad se compra, no se negocia y se administra con la misma lógica que cualquier otro recurso. El contexto político de Ecuador en esa época le ofreció una oportunidad que ningún pandillero de barrio hubiera podido imaginar. Durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, entre 2007 y 2017, el Ministerio del Interior impulsó un ambicioso programa de pacificación de pandillas.
La idea era desmovilizar grupos violentos mediante incentivos sociales, wis amnistías informales y promesas de no persecución judicial a cambio del cese de actividades armadas. Para implementarlo, el gobierno necesitaba interlocutores reconocidos dentro de cada organización. Norero, ya posicionado como operador de nivel intermedio dentro de Los Nietas, se presentó como representante autorizado del grupo.
Firmó acuerdos públicos con el Estado ecuatoriano. Apareció en fotografías con funcionarios. Se convirtió de la noche a la mañana y en un joven rehabilitado que había elegido la paz. Era una ficción perfecta. Mientras el gobierno lo exhibía como ejemplo de su política social, Norero utilizaba la impunidad temporal que le otorgaba ese estatus para dar el salto que cambiaría todo.
De las extorsiones callejeras al narcotráfico de escala, del barrio al puerto, del pandillero al operador de carteles internacionales. En 2012, con 26 años, Norero abandonó definitivamente el mundo del microtráfico y emergió como un capo de nuevo tipo. No construyó una banda propia de sicarios, no buscó el control territorial visible.
Su modelo era diferente, más sofisticado y, sobre todo, más invisible. Se especializó en la logística de envíos masivos de cocaína para carteles mexicanos, actuando como un organizador independiente que aportaba las rutas, los contactos en los puertos y el conocimiento del terreno ecuatoriano. El cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco, nueva generación confiaban en él para mover su producto desde Ecuador hacia los mercados de Europa y Estados Unidos.
Los puertos de Guayaquil eran la clave. Ecuador exporta legalmente toneladas de banano, cacao y mariscos cada semana hacia el mundo. Los contenedores refrigerados que transportan esa producción legítima son difíciles de inspeccionar en su totalidad y los funcionarios portuarios corruptos hacían el resto.
Chinorero se especializó en incrustar los cargamentos de cocaína dentro de esas exportaciones agrícolas, alcanzando volúmenes de hasta 5 toneladas mensuales en sus años de mayor operación. Nunca ponía su nombre en nada, nunca aparecía en los puertos. Era una sombra detrás de una cadena de testaferros, empresas fantasma y funcionarios comprados.
La era correa le había dado algo más valioso que la impunidad temporal. le había enseñado que el estado ecuatoriano podía ser comprado, su negociado y utilizado como herramienta. Era una lección que Norero no olvidaría jamás. Entre 2012 y 2016, mientras su operación crecía en volumen y complejidad, Norero mantuvo un perfil deliberadamente bajo.
No aparecía en fotografías, no frecuentaba lugares públicos de alta visibilidad, no ostentaba el tipo de lujos que atraen la atención de periodistas y fiscales. operaba en la zona gris entre lo legal y lo criminal, escudado en sus empresas registradas, en sus contactos dentro del sistema y en una reputación construida durante años como intermediario confiable.
Mientras otros narcosatorianos se convertían en figuras conocidas y caían en operativos de alto perfil, Norero avanzaba en la oscuridad, acumulando patrimonio, influencias y rutas con la paciencia de quien sabe que el verdadero poder no se exhibe, se ejerce. En 2014, la justicia peruana comenzó a rastrear sus movimientos transfronterizos.
Sha las investigaciones de inteligencia policial peruana documentaban sus vínculos con redes de tráfico internacional de estupefacientes que cruzaban la frontera entre Ecuador y Perú. En 2020, con la pandemia de COVID-19 como telón de fondo y el caos administrativo de los sistemas de salud como oportunidad, Norero ejecutó su maniobra más audaz hasta ese momento.
Simuló su propia muerte. El acta de defunción indicaba fallecimiento por complicaciones del coronavirus en una vivienda rural del Paltar, Sis en Perú. Un cuerpo no identificado fue registrado con su nombre. Los certificados de defunción se emitían en ese periodo con una velocidad que hacía imposible las verificaciones exhaustivas.
El proceso judicial peruano fue archivado automáticamente. Norero regresó a Ecuador y continuó sus operaciones como si nada hubiera ocurrido, con la ventaja adicional de que ahora legalmente era un muerto. Para entender cómo funcionaba el imperio de Norero hay que entender su arquitectura invisible.
Chino era una organización vertical con cadena de mando clara. Era una red de anillos concéntricos diseñada para que ningún elemento pudiera comprometer al centro. El primer anillo era el financiero. Entre 2015 y 2020, Norero registró seis compañías en Guayaquil y Manabí con él como accionista oculto detrás de prestanombres cuidadosamente elegidos.
Norero Design, dedicada al diseño gráfico y publicitario, generaba pagos ficticios a supuestos proveedores que en realidad eran operadores del cartel. Charteres Agronorting, enfocada en la exportación de cacao, funcionaba como fachada para el envío de cocaína en contenedores agrícolas. Samsung, especializada en la exportación de camarón, creaba rutas paralelas hacia Europa y Estados Unidos.
Ashimha Life, una proveedora de servicios de construcción, financiaba sobornos a funcionarios mediante contratos inflados. Corporación Lumina, dedicada a la estética y los servicios de spa, lavaba dinero a través de tratamientos costosos facturados a clientes inexistentes. INL Tecnicentro Carwash en la ciudad de Daule generaba facturas ficticias por servicios automotrices que nunca se prestaron.
Según las investigaciones de la fiscalía, estas firmas movieron al menos 20 millones de dólares entre 2018 y 2022. El segundo anillo era el patrimonial. Norero acumuló al menos 12 inmuebles adicionales a su mansión principal, valorados en conjunto en 18 millones de dólares. Shum registrados a nombre de parejas, familiares y testaferros.
Su residencia central era una mansión en el exclusivo sector de Riveras del Batán en San Borondón, provincia del Guayas, adquirida en 2016 por aproximadamente 2 millones de dólares. La propiedad incluía piscina, cine privado, salones de fiestas y garajes blindados para vehículos de alta gama.
Pero no era solo un hogar, era una sede operativa donde se reunía con emisarios de los carteles mexicanos y se ejecutaban transacciones millonarias. Además de esa mansión, su patrimonio inmobiliario incluía departamentos en el complejo turístico Moana Beach Apartments en Santa Elena, propiedades con vistas al Pacífico en el edificio Poseidón de Manta, una casa en el barrio de Urdesa en Guayaquil y una vivienda secundaria en el kilómetro 9 de la vía San Borondón, dedicada a logística y almacenamiento de cargamentos. Shi su flota vehicular
superaba las 20 unidades, motos Ducati y Harley Davidson para imagen, camiones y volquetas con compartimientos secretos para el transporte de droga y una selección de automóviles de lujo que incluía Jeep Wrangler, Toyota Land Cruiser, Mercedes y BMW, todos con blindaje nivel cinco para protegerlos de ataques de sicarios rivales.
El tercer anillo era el político judicial. Este era el más sofisticado y el que a la postre Shan revelaría la verdadera profundidad de la corrupción ecuatoriana. Norero construyó una red de contactos dentro del sistema judicial y policial que le permitía anticipar operativos, bloquear investigaciones, manipular procesos judiciales y obtener información privilegiada.
No lo hacía directamente, lo hacía a través de intermediarios especializados. Abogados de confianza que captaban jueces y fiscales en distintas provincias, operadores políticos que presionaban desde los pasillos del poder, son policías de distintos rangos que filtraban datos y simulaban operativos para proteger sus bienes.
El cuarto anillo era el criminal. Norero no tenía una banda propia en el sentido tradicional, pero financiaba a quienes sí la tenían. Su alianza más significativa fue con los Chillers, una facción armada que surgió en la provincia de Manabí como herramienta para competir con los choneros, la organización criminal más grande del Ecuador hasta ese momento.
Chinorero aportó millones de dólares para armar a este grupo con armas cortas y largas, permitiéndole crecer hasta 600 miembros que controlaban la ciudad de Durán y varios establecimientos penitenciarios. Pero su movimiento más audaz fue la alianza con Wilmer Chavarría Barré, alias Pipo, cabecilla de los lobos.
En 2021, Norero planificó, financió y ejecutó la fuga de Pipo de la cárcel El Turi, una de las prisiones de máxima seguridad del país. Ch la operación costó más de $100,000. Sobornos a guardias penitenciarios, médicos, policías y militares corruptos. Falsificación de un certificado de defunción, aprovechando el caos hospitalario de la pandemia.
Cirugías plásticas para alterar la apariencia de Pipo e incluso modificar sus huellas dactilares y pasaportes falsos con una nueva identidad. Pipo salió de Ecuador hacia Turquía, desde donde comenzó a liderar remotamente lo que se convertiría en la banda criminal más grande y peligrosa del país.
Era una inversión, una inversión que Norero esperaba que le rindiera control sobre las rutas de los lobos y lealtad del hombre más poderoso del crimen organizado ecuatoriano. Pero la lealtad en el narco tiene fecha de vencimiento. Mientras construía su red de alianzas criminales, Norero tejía también una vida paralela de aparente normalidad.
Shu en 2015 estableció una relación estable con Lina Paola Romero Vargas, una mujer colombiana que se convirtió en su esposa y madre de sus cuatro hijos nacidos entre 2016 y 2021. La familia vivía rodeada de lujos que pocos en Ecuador podían imaginar. Ropa de marcas internacionales para los niños, viajes, seguridad privada.
La mansión de Batán como epicentro de una vida doméstica construida sobre dinero sucio. Lina, inicialmente ajena a la escala reales de su marido, fue involucrándose progresivamente en la estructura de lavado de activos, adquiriendo propiedades a su nombre en Ecuador y en Colombia. Paralelamente entre 2020 y 2021, Norero mantuvo una relación con Landy Carolina Párraga Armas, una joven de 23 años, modelo y finalista en el certamen Miss Ecuador de 2022.
Coronada como Miss Quevedo. Ella negaba públicamente cualquier vínculo con las actividades criminales de Norero, describiendo la relación como una simple amistad. Pero las investigaciones revelaron que recibía sumas importantes en efectivo y transferencias, realizaba viajes internacionales con él y accedía a un estilo de vida que incluía ropa de diseñador, joyas y artículos de lujo.
Disfrutar del dinero narco tiene consecuencias que no siempre se vende de inmediato. Para Landy, esas consecuencias llegaron el 28 de abril de 2024. cuando dos sicarios en motocicleta irrumpieron en una cevichería de Quevedo y la ejecutaron a balazos junto a su acompañante de ese día.
La inteligencia policial señala que el móvil era silenciar a alguien que sabía demasiado. Con los choneros su relación fue más compleja. Norero había financiado durante años operaciones de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, líder máximo de los choneros. En 2019 incluso pagó un implante de barba para Rasquiña, Stun con el objetivo de modificar su apariencia y dificultar su reconocimiento facial en aeropuertos y controles policiales.
Cuando Rasquiña fue asesinado en Manabí, los libros de rutas y contactos que manejaba quedaron disponibles. Norero se hizo con parte de ese acervo, lo que le permitió expandir su operación y aumentar sus conexiones directas con los carteles mexicanos. Pero al mismo tiempo esa herencia lo enfrentó más directamente con los herederos de los choneros, los que no aceptaron la apropiación sin resistencia.
El 25 de mayo de 2022, pasadas las 6 de la mañana, más de 50 agentes de élite de la Policía Nacional, coordinados con la Fiscalía General del Estado, irrumpieron en la mansión de Riveras del Batán. La operación venía construyéndose desde octubre del año anterior, cuando una denuncia reservada llegó a la unidad de lavado de activos de la fiscalía.
Los investigadores habían rastreado el patrimonio de Norero, cruzado registros de empresas y verificado transferencias y construido un expediente lo suficientemente sólido como para actuar. Los agentes controlaron a los escoltas que resguardaban la propiedad y encontraron a Norero dormido en su habitación principal.
No tuvo tiempo de reaccionar. Fue esposado sin resistencia, detenido junto a siete personas más, entre ellas tres de sus hermanos y su pareja Lina, Paola, Romero Vargas. Su el inventario de lo que encontraron dentro de esa mansión era casi inverosímil. 42 lingotes de oro puro que sumaban más de 200 kg, valorados en 7 millones de dólares y escondidos en un cuarto secreto, justificados falsamente como producción de minería artesanal.
Más de 6 millones de dólares en efectivo distribuidos en varias maletas. 74 relojes de lujo, documentos falsos, pasaportes alterados, contratos de empresas fantasma, chiijoyas y una colección de automóviles valorada en millones y los 111 celulares encriptados que en ese momento los investigadores todavía no sabían que contenían una bomba.
Norero enfrentó cargos por asociación ilícita, lavado de activos y tráfico de drogas agravado. Un juez dictó prisión preventiva, pero incluso en ese momento inicial la maquinaria de corrupción que había construido durante una década intentó funcionar. Shin, el primer juez asignado al caso, negó las boletas de detención iniciales.
Solo la flagrancia, el hallazgo de armas en el allanamiento permitió que el arresto se sostuviera. Desde el primer día, Norero activó sus redes. Fue trasladado al Centro de Privación de Libertad de la Tacunga, en la provincia de Cotopaxi. Y desde el primer momento quedó claro que esta prisión no iba a funcionar como un obstáculo para sus operaciones.
Lo asignaron al pabellón de mínima seguridad y área transitoria para detenidos de baja peligrosidad. Fue un error de consecuencias fatales porque esa cárcel estaba dominada por los lobos, la misma banda cuyo líder norero había sacado de prisión hacia Turquía meses antes. En menos de un mes, Norero se había posicionado como el patrón de facto del establecimiento.
Compró la lealtad de más de 120 sicarios dentro de los pabellones mediante favores, pagos y promesas. Chen continuó manejando sus redes desde la celda con los celulares que los guardias corruptos ingresaban a cambio de dinero y comenzó a moverse en el tablero más peligroso de su vida.
Las cárceles ecuatorianas atravesaban en ese momento la crisis más brutal de su historia. Desde 2021, masacres entre bandas rivales habían dejado centenares de muertos en distintos establecimientos penitenciarios del país, con escenas de una violencia que superaba cualquier descripción. El gobierno nombró a Claudia Garzón, una psicóloga colombiana especialista en mediación de conflictos armados como comisionada presidencial para el diálogo penitenciario.
El 30 de abril de 2022, un día después de su llegada a la Tacunga, Norero la contactó directamente. Lo que siguió fue una serie de reuniones que presentaban en la superficie la imagen de un narcotraficante convertido en pacificador. Norero se mostró dispuesto a mediar entre bandas, a frenar masacres, a construir treguas.
Garzón visitó su celda múltiples veces. Se organizaron reuniones en línea entre Norero y los líderes de los Choneros, Adolfo Macías Villamar, alias Fito y su lugar teniente, alias Jr. Al menos cinco reuniones entre mayo y junio enfocadas en treguas, reducción de extorsiones y pacificación de los pabellones, pero los chats encontrados posteriormente en sus teléfonos revelaron la doble naturaleza de esa operación.
Norero estaba utilizando el proceso de diálogo para obtener información detallada sobre las fortalezas y debilidades de los choneros, identificar sus rutas narco y planificar un ataque para eliminarlos del mapa criminal ecuatoriano. Según los registros, realizó pagos a Garzón para mantener abiertos los canales de comunicación que le permitían acercarse a sus enemigos bajo el paraguas de la paz.
Paralelamente, los chats con su equipo legal mostraban otra dimensión de su operación. Desde la celda, Norero monitoreaba cada movimiento de su proceso judicial, dirigía la estrategia de sus abogados, asignaba sobornos específicos a jueces y fiscales identificados por alias y presionaba para obtener medidas sustitutivas que le permitieran salir de prisión.
La red era extensa y precisamente calibrada. Un operador judicial apodado estimado coordinaba sobornos a funcionarios de la corte nacional y de cortes provinciales en Manabí, Cotopaxi, Santo Domingo de los Táchilas y Guayas. Un abogado identificado como novita gestionaba las audiencias y los contactos directos con jueces.
Un juez apodado La momia mantenía comunicación regular sobre el estado del caso. El precio de los favores incluía dinero en efectivo, teléfonos de alta gama y, en algunos casos, según los registros del expediente, mujeres bajo catálogo. Pero algo comenzaba a quebrarse en el equilibrio cuidadosamente construido por Norero.
Chit, la información que estaba recopilando sobre los choneros en los procesos de pacificación. llegó por algún canal a oídos de quien menos debía saberlo, alias Pipo, el hombre a quien Norero había sacado de prisión y financiado su escape a Turquía. Las sospechas de que el patrón estaba filtrando información de las rutas narcodos hacia los líderes choneros comenzaron a circular entre los lugarenientes de Pipo dentro de la cárcel de Cotopaxi.
En septiembre de 2022, se un juez dictó medidas sustitutivas para los dos hombres que actuaban como principales lugarenientes de los lobos dentro de la prisión y que simultáneamente eran quienes coordinaban la protección personal de Norero. Jonathan Navarrete, alias Cuyui, segundo cabecilla de los lobos en el establecimiento, y Santiago Madrid, alias comandante M.
El hombre que controlaba esa cárcel por orden directa de Pipo desde 2020. Ambos salieron de prisión con arresto domiciliario y grilletes electrónicos. Norero quedó expuesto. Su anillo de protección interior había sido desmantelado con una resolución judicial y los pabellones de Cotopaxi, sin los hombres que garantizaban su seguridad, se volvieron un territorio hostil.
Los chats de los últimos días de septiembre de 2022 muestran a un norero que percibía el peligro. 8 días antes de su muerte, apremiaba a su abogado Novita para que acelerara los trámites y lo sacara de la cárcel con medidas sustitutivas. Si las carpetas con los sobornos debían estar listas, las audiencias debían coordinarse, el tiempo se acababa, pero los procesos judiciales corruptos también tienen sus tiempos y los suyos no corrían lo suficientemente rápido.
El patrón podía comprar jueces, pero no podía comprar más tiempo. El 3 de octubre de 2022, después del censo de la 1 de la tarde, Norero recibió una información que lo sacó de su celda. Un informante de confianza llegó con la noticia de que en el pabellón de máxima seguridad se estaba desarrollando una pelea entre presos.
Era el tipo de incidente que Norero, desde su posición como árbitro no oficial de la prisión acostumbraba a resolver. tomó la decisión de intervenir sin calcular, sin medir el terreno. Se dejó acompañar solo por 12 de sus escoltas, una fracción de la protección que normalmente lo rodeaba. A la 1:30 de la tarde, Shinorero y sus 12 hombres entraron al pabellón de máxima seguridad.
Lo que encontraron no era una pelea, era una emboscada. 25 sicarios fuertemente armados les esperaban en uno de los pasillos. Desarmaron a los escoltas en cuestión de segundos y los obligaron a tumbarse boca abajo en el suelo. Luego, uno de los atacantes entregó un teléfono celular a Norero.
Al otro lado de la línea estaba Wilmer Chavarría, alias Pipo, líder máximo de los lobos. Hablando desde Turquía. Shu, el hombre a quien Norero había financiado, protegido y sacado del país en una operación que costó más de 100,000. Lo que Pipo le dijo fue breve. Había llegado a sus oídos la información de que Norero estaba entregando datos sobre las rutas narco de los lobos a los líderes de los choneros durante los procesos de pacificación.
La traición en la lógica criminal tiene una sola respuesta posible. Después de esa llamada, los disparos comenzaron. más de 10 impactos en el torso, más de cinco en la cabeza y después la degollación, una brutalidad que era a la vez un castigo y un mensaje para cualquiera que considerara traicionar a los lobos en el futuro.
Los 12 escoltas fueron ejecutados uno por uno. El cuerpo de Norero fue arrastrado hasta el pabellón de mediana seguridad, donde se encontraban algunos de sus hombres leales. El arrastre del cadáver era una declaración de guerra. Lo que siguió fue una masacre que duró 3 días. Ataques con armas cortopunzantes, chat de pistolas y granadas, colchones incendiados en los pabellones.
El saldo final fue de 30 muertos y más de 60 heridos dentro del establecimiento penitenciario. El hermano de Norero, Israel William Norero Tigua, quien había sido detenido junto a él en mayo, sobrevivió de milagro. En el momento del ataque se encontraba duchándose en una celda adyacente. Los sicarios no lo localizaron a tiempo.
Fue trasladado de urgencia junto a decenas de otros presos. Uida a otros establecimientos penitenciarios para evitar represalias. A las 8 de la noche del 3 de octubre de 2022, el subdirector del SNAI confirmó públicamente lo que ya era un hecho consumado, pero la historia no terminaba ahí. En cierta forma, apenas comenzaba. Los 111 celulares encontrados en mayo en la mansión de Riveras del Batán habían permanecido durante meses en los archivos de la fiscalía esperando ser procesados en profundidad. Chu, la muerte de Norero
convirtió esa evidencia en el epicentro de una investigación que la fiscalía bautizó con el nombre más apropiado posible, caso metástasis. Porque lo que esos teléfonos contenían no era la historia de un narco corrupto, sino la radiografía de una enfermedad sistémica que había invadido los tejidos más sensibles del Estado ecuatoriano.
Las más de 14,000 páginas de chats extraídas de esos dispositivos documentaban pagos, mao instrucciones y coordinaciones con 40 funcionarios del sistema judicial, policial y penitenciario. En la madrugada del 14 de diciembre de 2023, más de 900 agentes ejecutaron simultáneamente 75 allanamientos en distintos puntos del país.
29 personas fueron detenidas, entre ellas el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, identificado en los Chats como El un exgeneral de la policía nacional, jueces provinciales de Guayas, Shimanabí y Cotopaxi, fiscales que habían obstruido investigaciones, funcionarios penitenciarios que habían permitido el ingreso de armas y teléfonos a las celdas.
agentes policiales que habían simulado operativos para proteger los bienes del narco. La fiscal general Diana Salazar lo calificó como el operativo más grande en la historia del Ecuador contra la corrupción y el narcotráfico. El precio de ese título fue la evidencia de cuánto tiempo llevaba el sistema podrido por dentro.
Chileandro Norero está muerto, pero el espacio que dejó no se llenó con orden, se llenó con más caos. sus rutas de cocaína, sus contactos con los carteles mexicanos, los puertos que controlaba. Todo eso quedó disponible para quien pudiera reclamarlo. Los lobos, los tiguerones, los shone killers, facciones menores con más ambición que estructura.
Todos comenzaron a moverse sobre ese territorio vacío con la misma velocidad con que la sangre se seca en el asfalto. La violencia que siguió a su muerte en las prisiones ecuatorianas y después en las calles fue la demostración brutal de lo que significa eliminar a quien mantenía artificialmente el equilibrio entre organizaciones criminales que se necesitaban y se odiaban en partes iguales.
Su esposa Lina Paola Romero Vargas permaneció bajo prisión preventiva en Ecuador esperando el inicio de su juicio por lavado de activos. Se le acusa de haber blanqueado más de 20 millones de dólares del narcoimperio de su marido. Sus cuatro hijos quedaron bajo la tutela de familiares en Colombia, creciendo con el peso de un apellido que en su país significa todo aquello que el Estado ecuatoriano tardó demasiado en ver.
Landy Párraga. la exnovia modelo y finalista de Miss Ecuador, que había recibido dinero y regalos de norero sin aparecer formalmente en ninguna investigación. Ya fue ejecutada el 28 de abril de 2024 en una cevichería de Quevedo por dos sicarios en motocicleta. La inteligencia policial señala que el móvil sería un ajuste de cuentas vinculado a su conocimiento de secretos del narcotráfico ecuatoriano.
Murió por saber demasiado de un hombre que ya llevaba año y medio enterrado. La fiscal Lidia Sarabia, Chi, que había logrado detener a Norero en mayo de 2022 y que narró durante casi 2 horas ante la fiscalía como el narco había boicoteado sistemáticamente su propia investigación. Fue declarada testigo protegido del caso metástasis después de recibir numerosas amenazas de muerte.
El costo de haber hecho su trabajo correctamente fue vivir bajo protección permanente. El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, el hombre que aparecía en los chats de Norero como el Mora fue detenido y enfrentó cargos por delincuencia organizada. Junto a él, decenas de figuras del sistema judicial, policial y penitenciario ecuatoriano, cuya corrupción había sido cuidadosamente documentada en los teléfonos de un narco que murió en prisión sin haber podido comprar su
propia libertad. Hay una ironía oscura en el final de Leandro Norero. Construyó durante una década la red de corrupción más extensa conocida en la historia del Ecuador. Compró jueces, fiscales, generales, chiten asambleístas, guardias de prisión. Financió la fuga de un capo que después lo mandó a matar.
Fingió su propia muerte una vez y lo sorprendió la muerte real en el único lugar donde no podía escapar. Y los teléfonos que guardaba en su celda, el instrumento de su poder, se convirtieron en el instrumento de la mayor operación anticorrupción del país. No fue la justicia la que lo derrotó. Fue la lógica implacable del crimen organizado, donde la traición no se perdona y donde ningún hombre, por más dinero que tenga, por más contactos que haya comprado, puede garantizar su supervivencia cuando sus
propios aliados deciden que ha dejado de ser útil. La historia de Leandro Antonio Norero Tigua es también la historia de un estado que durante demasiado tiempo decidió no ver lo que tenía delante. El narco que firmó la paz con el gobierno de Rafael Correa. El pandillero que negoció su impunidad a la vista de todos.
Yo el hombre que enviaba cinco toneladas de cocaína al mes, mientras la justicia ecuatoriana miraba hacia otro lado, en parte porque no quería mirar y en parte porque él se aseguraba de que no pudiera. Su vacío no trajo paz, trajo una guerra por el control de sus rutas, que todavía se cobra vidas en los pabellones de las prisiones ecuatorianas y en las calles de las ciudades que él ayudó a envenenar.
El narcotráfico no muere con un capo, se multiplica en su sombra. Y en Ecuador, si la sombra del patrón sigue siendo muy larga,
