El 10 de marzo de 2026, en la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras, Puebla, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en coordinación con efectivos de la Secretaría de Marina lograron la captura de José Santiago N de 37 años de edad, conocido con el alias El Charro. Este hombre no era un delincuente cualquiera, era un operador de la familia michoacana, el cártel que ha convertido el cobro de piso en una epidemia que asfixia a comerciantes en todo México.
Su zona de operaciones, el mercado Morelos de Puebla, sus víctimas, comerciantes y distribuidores de carne que cada semana debían pagar para poder trabajar. Su amenaza: invocar el nombre de uno de los cárteles más violentos del país para sembrar el terror. Esta es la historia de cómo cayó el charro, pero también es la historia de un problema mucho más grande, la extorsión sistemática que está destruyendo la economía de los pequeños comerciantes en México.
eguridad Pública Estatal, el Charro estaría vinculado con estas tres personas capturadas previamente. Todos formaban parte de una célula criminal que intimidaba a locatarios y distribuidores de Carmen para exigirles pagos a cambio de permitirles trabajar. Esta coordinación entre las autoridades estatales y federales, específicamente entre la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla y la Secretaría de Marina, refleja un esfuerzo por desmantelar las estructuras de extorsión que operan en zonas comerciales de alta densidad
poblacional. Sin embargo, estas capturas también revelan la magnitud del problema. Cuatro detenciones en un solo mes en un solo mercado por extorsión vinculada al mismo cártel. El mercado Morelos de Puebla no es un lugar cualquiera, es uno de los centros de abasto más importantes de la ciudad. Ubicado en la colonia 10 de Mayo, al norte de la capital poblana.
Miles de personas transitan diariamente por sus pasillos para comprar carne, verduras, frutas y productos básicos. Pero detrás de la actividad comercial normal, este mercado esconde una realidad oscura. Durante años ha sido escenario de violencia, desapariciones y actividad criminal. El 11 de febrero de 2026, apenas un mes antes de la captura del charro, la Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó un hallazgo escalofriante, una fosa clandestina con restos humanos en el interior del Mercado Morelos. Las diligencias
comenzaron el 10 de febrero en inmuebles ubicados en la calle 48 Norte como parte de una investigación por posibles hechos ilícitos. Después de más de 18 horas de excavaciones, peritos especializados localizaron restos óseos humanos enterrados en una fosa clandestina. Además de los restos humanos, durante los cateos también se aseguraron dos motocicletas con reporte de robo.
El hallazgo fue confirmado por autoridades ministeriales alrededor de las 13:20 horas del 11 de febrero, mientras elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal mantenían un operativo de seguridad en la zona. Este no fue el primer hallazgo de este tipo en el mercado Morelos.
El 2 de abril de 2019, las autoridades encontraron restos humanos en un terreno ubicado en la zona de venta de flores de las mismas instalaciones comerciales. Y en otro mercado de Puebla, el mercado La Cuchilla, ubicado en las cercanías de la central de autobuses, el 29 de junio de 2023 fueron localizados enterrados los restos de José Lincarreto Oxaltenco y David Baez Burto, una pareja que había desaparecido un año antes cuando acudieron a ese lugar a comprar juguetes.
Las pesquisas continuaron durante 2025 y 2026. De hecho, algunos ven, Dedores se inconformaron por las constantes revisiones de las autoridades. Pero los hallazgos confirman lo que muchos comerciantes ya sabían. Los mercados de Puebla están bajo el control de grupos criminales que no solo extorsionan, sino que también desaparecen y asesinan, a quienes se resisten.
En distintas mantas que han sido colocadas en calles de la ciudad, se ha denunciado que los mercados de Puebla son controlados por grupos de la delincuencia organizada. El Mercado Morelos, en particular, se ha convertido en un símbolo de como el crimen organizado ha logrado penetrar espacios cotidianos de la vida comercial mexicana, ¿quién es la familia michoacana? Como llegó este cártel a operar en Puebla a cientos de kilómetros de su estado natal, la familia michoacana surgió en la década de 1980 en Michoacán, específicamente en la región conocida como Tierra Caliente en
el suroeste del estado. Sus orígenes están vinculados a un grupo que se presentaba como anticrimen y vigilante. En sus primeros años, la organización se oponía al uso de narcóticos y buscaba traer orden a Michoacán. Sin embargo, con el tiempo, la organización se transformó completamente. A finales de los años 90, Michoacán vio florecer la industria de la metanfetamina de la mano del cártel del Milenio.
La familia michoacana eventualmente fue absorbida por la alianza entre el cártel del Golfo y los setas, siendo entrenada por estos últimos para expulsar a rivales del estado. Pero en 2006, la familia michoacana rompió con los setas y se independizó. El 6 de septiembre de 2006, la organización irrumpió en el escenario nacional de una manera brutal.
Sicarios ingresaron al antro sol y sombra en Uruapán, Michoacán y arrojaron cinco cabezas humanas sobre la pista de baile. Dejaron una nota que decía, “La familia no mata por dinero, no mata mujeres, no mata inocentes, solo mueren los que merecen morir. Mueren. Esto es justicia divina. La violencia de la familia michoacana no tenía precedentes.
El cártel combinaba brutalidad extrema con una retórica pseudoreligiosa. Su líder, Nazario Moreno González, conocido como el más loco o el Chayo, predicaba el derecho divino de la organización para eliminar enemigos. Portaba una Biblia con sus propias enseñanzas e insistía en que su ejército de traficantes y sicarios evitara consumir las drogas que producían y vendían.
Durante su auge, entre 2006 y 2010, la familia michoacana se convirtió en uno de los cárteles más poderosos de México. Tenía presencia en Michoacán, Colima, Jalisco, N, Ayarit, Morelos, Guanajuato, Tamaulipas, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México. Contaba con redes de distribución de drogas en Estados Unidos y canales de proveedores en Colombia y Perú.
Pero en diciembre de 2010, el supuesto abatimiento de Nazario Moreno González provocó una fractura interna. José de Jesús Méndez Vargas, conocido como el Chango Méndez, quedó al frente de la familia michoacana, mientras que Cando Gómez Martínez Latuta y Enrique Plancarte Solís crearon un nuevo cártel llamado Los Caballeros Templarios.
La detención de El Chango Méndez en junio de 2011 fue considerada un golpe definitivo contra la familia michoacana. El gobierno mexicano declaró que la organización estaba prácticamente desmantelada, pero esa declaración fue prematura. Debilitada y expulsada del sur de Michoacán, la estructura restante de la familia michoacana trasladó sus actividades al sur del Estado de México, donde se estableció como una banda de extorsionadores y narcomenudistas.
Bajo el liderazgo de José María Chávez Magaña, el Pony, la organización comenzó a expandirse en la triple frontera entre Michoacán, Estado de México y Guerrero. Tras el arresto de El Pony en 2014, el liderazgo recayó en Johnny Hurtado Lascuaga, alias el Pez, y su hermano José Alfredo, alias el Fresa, ambos originarios del norte de Guerrero.
Estos líderes enfocaron la expansión de la organización hacia Guerrero e incursionaron en negocios más lucrativos. La siembra de amapola, de donde se extrae la goma de opio, insumo necesario para la fabricación de drogas como el fentanilo, la heroína, la codeína y la oxicodona. Pero lo que realmente hizo resurgir a la familia michoacana fue su modelo de negocio basado en la extorsión masiva.
La organización estableció esquemas de cobro de piso en decenas de municipios del Estado de México, Morelos, Guerrero y como se confirma ahora, Puebla. Según analistas de seguridad como David Saus do, la nueva familia michoacana ya se posiciona como la tercera organización criminal más importante del país.
Aunque la organización sí contrabandea narcóticos a Estados Unidos, su lugar en el listado de organizaciones terroristas designadas por Washington en 2025 también pudo estar motivado por las extensas redes de extorsión que maneja en México, incluyendo empresas transnacionales. El caso del Charro en Puebla confirma que la familia michoacana ha expandido su modelo de extorsión más allá de sus zonas tradicionales de operación.
Ahora opera en mercados públicos obligando a vendedores de carne, tortilleros, comerciantes de pollo y huevo e incluso maestros de escuela a pagar cuotas semanales o mensuales bajo amenaza de violencia. El cobro de piso no es exclusivo de la familia michoacana. Es una modalidad de extorsión que se ha convertido en una epidemia nacional y las cifras son devastadoras.
Según datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, de cada 10 negocios en México, tres o cuatro son víctimas de extorsión. El presidente de la organización, Cuautemoc Rivera, explicó que los pequeños comercios tienen que pagar extorsiones de hasta 500 pesos diarios por el desbordamiento de la inseguridad.
Además, el cobro de piso ronda los 2, pesos mensuales, lo que representa hasta el 25% de la utilidad mensual de un negocio. El Estado de México, Tamaulipas, Zacatecas, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos y la zona del Bajío son algunas de las zonas donde se ha registrado un aumento dramático en las extorsiones. La Confederación Patronal de la República Mexicana reportó que en el primer semestre de 2025 se registraron 5,887 víctimas de extorsión en México, la cifra más alta en registros oficiales y un aumento del 83% en los últimos 10
años. Este delito representó pérdidas económicas por más de 1,000 millones de dólares. A nivel estatal, Guanajuato, Morelos y el Estado de México presentan las tasas más elevadas de extorsión. A nivel municipal, Cuautla, Salamanca y San Miguel de Allende encabezan los indicadores, pero estas cifras oficiales solo muestran una fracción del problema real.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más del 90% de los delitos cometidos contra unidades económicas no son denunciados de manera formal. Entre las causas de la no denuncia, cerca del 60% corresponde a factores atribuibles a la autoridad que incluyen el miedo a la extorsión, la desconfianza institucional y malas experiencias previas.
Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, explicó que las propias cámaras confederadas establecen que las modalidades de extorsión ya superan el 78% del territorio nacional. Y lo peor, el 96% de los casos no se denuncian. Yo lo he expresado, lo han expresado mis compañeros.
En México al que denuncia este tipo de delito lo matan”, declaró de la Torre recordando el asesinato del empresario Julio César Almanza, quien fue ejecutado en enero de 2025 afuera de la Cámara de Comercio en Matamoros, Tamaulipas, un día después de haber denunciado públicamente las extorsiones que sufrían los negocios en esa entidad.
El cobro de piso no solo afecta a empresas y comerciantes. Su expansión se ha extendido hacia ámbitos no convencionales como la fe, la educación y la recreación. En abril de 2025, padres de familia de la escuela primaria Lázaro Cárdenas, ubicada en Michoacán, denunciaron el cobro de piso a docentes. Los delincuentes llegaron incluso a utilizar a los alumnos como intermediarios para entregar carpetas con amenazas dirigidas al personal educativo.
El 25 de enero de 2026, un campo de fútbol en Salamanca, Guanajuato, fue escenario de una masacre que dejó 11 personas asesinadas y una decena de heridos. Las autoridades atribuyeron el ataque a una célula del cartel de Santa Rosa de Lima y el móvil tendría conexión con el cobro de piso asociado a la práctica del fútbol. Diferentes fuentes periodistas registraron que organizaciones y directivos recibieron exigencias de cobro de piso equivalentes a casi 2,900 dólares mensuales como condición para poder llevar a cabo los encuentros futbolísticos. Este delito afecta a
todos, desde una empresa transnacional hasta un pequeño puesto de tacos, mediante amenazas, intimidación o el uso directo de la violencia. Los grupos criminales exigen pagos periódicos a personas o negocios, tanto formales como informales, a cambio de permitirles vender sus productos o continuar con sus actividades.
El Estado de Puebla enfrenta una situación compleja en materia de seguridad. Según el secretario de Seguridad Pública Estatal, vicealmirante Francisco Sánchez González, el cártel Jalisco Nueva Generación mantiene presencia en al menos 12 municipios del estado. Sin embargo, las autoridades también han confirmado la presencia de la familia michoacana, cuyas células operan principalmente en la capital y en zonas comerciales como el mercado Morelos.
Durante 2025, la violencia en Puebla alcanzó niveles alarmantes. Según un conteo periodístico, la operativa barredora, brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación y la familia michoacana dejaron un total de 74 muertos en el estado a través de ataques suscitados durante ese año. Además de ejecuciones, ambas organizaciones directivas difundieron comunicados y videos en redes sociales y la familia michoacana también utilizó lonas para presionar a organizaciones como la UPBA 28 de octubre. Uno de los hechos más
violentos ocurrió en el municipio de Wichcolotla, donde tres policías fueron asesinados por sicarios que dispararon en más de 150 ocasiones contra los uniformados. El ataque fue atribuido a la operativa barredora en agosto de 2025. La familia michoacana difundió un video en redes sociales donde interrogaban a una persona que horas después presuntamente apareció ejecutada y empayada junto con otro hombre en las inmediaciones del mercado 5 de mayo ubicado en el centro histórico de Puebla. En la grabación la víctima
reconoció trabajar para Federico López, alias el Fede, conocido como el líder de la organización de comerciantes Fuerza 2000. El sujeto admitió haber trabajado por 5 años como cobrador para el Fede, quien supuestamente controlaba el cobro de piso a comerciantes, así como la extorsión y la venta de drogas en el centro histórico de Puebla.
A pesar de estos golpes al crimen organiza ADO, el secretario de Seguridad Pública Estatal reconoció en marzo de 2026 que delitos como la extorsión y el robo con violencia a negocios muestran un repunte que forma parte de una tendencia observada a nivel nacional. indicó que la extorsión se ha convertido en una de las principales preocupaciones para las autoridades, fenómeno que actualmente forma parte de una estrategia nacional impulsada por el gobierno federal.
La detención de José Santiago N. El Charro representa un golpe contra la célula de la familia michoacana que opera en el Mercado Morelos de Puebla. Sin embargo, su captura también revela la magnitud del problema que enfrentan las autoridades. Redes de extorsión profundamente arraigadas en zonas comerciales con múltiples operadores que se reemplazan rápidamente cuando uno cae.
La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla y la Secretaría de Marina exhortaron a la ciudadanía a que en caso de reconocer a este sujeto como responsable de otras actividades delictivas, formalice su denuncia ante las autoridades ministeriales. Asimismo, se hace un llamado a comerciantes, locatarios y emprendedores a reportar cualquier tipo de extorsionista ante las autoridades o al 199 de manera anónima.
Pero la realidad es que nichos comerciantes tienen miedo de denunciar. Saben que el sistema de justicia mexicano tiene una tasa de impunidad superior al 90%. saben que denunciar puede costarles la vida y saben que aunque el charro haya caído, es probable que otro operador de la familia michoacana ocupe su lugar en cuestión de días.
El 6 de julio de 2025, el gabinete de seguridad del gobierno de Claudia Shane presentó la estrategia nacional contra la extorsión en la que participa la Unidad de Inteligencia Financiera y habrá coordinación con las unidades antiextorsión de las fiscalías locales. El secretario de seguridad, Omar García Harfuk, se refirió a la extorsión como uno de los delitos que más daño causa a nuestra sociedad, pues vulnera la seguridad de las personas, lastima su estabilidad económica y afecta su salud emocional.
Pero mientras las estrategias se anuncian y las capturas se celebran, miles de comerciantes en Puebla, en el Estado de México, en Guanajuato, en Morelos, en Guerrero y en docenas de estados más siguen pagando su cuota semanal, siguen entregando el 10%, el 20%, a veces hasta el 25% de sus ingresos mensuales a hombres armados que llegan a sus negocios con amenazas y con el nombre de un cártel.
La captura del charro es una victoria. Pero la guerra contra la extorsión apenas comienza y hasta que no se rompa el ciclo de impunidad, hasta que los comerciantes puedan denunciar sin miedo, hasta que las autoridades puedan desmantelar redes completas y no solo capturar a operadores individuales, el cobro de piso seguirá siendo una realidad cotidiana para millones de mexicanos.
Por ahora, José Santiago N enfrenta cargos por extorsión y otros delitos. El charro cayó, pero la familia michoacana sigue operando y los comerciantes del mercado Morelos siguen esperando el día en que puedan trabajar en paz sin tener que pagar por el derecho a ganarse la vida. Yeah.
