El pasado 20 de mayo, la normalidad en Cuautla, Morelos, se vio interrumpida de manera abrupta. No se trataba de un operativo contra un grupo criminal común, ni la búsqueda de un capo de la sierra. Las calles de la segunda ciudad más importante del estado fueron sitiadas por un despliegue masivo de mil elementos federales. El objetivo era claro: capturar al presidente municipal en funciones, Jesús Corona Damián. Sin embargo, cuando las autoridades irrumpieron, el alcalde ya no estaba.
Durante diez días, el político se convirtió en un fantasma, una figura política que pasó de gobernar desde el palacio municipal a huir de las mismas instituciones que juró respetar. Fue hasta la tarde del sábado 30 de mayo, lejos de su jurisdicción, en una colonia frente al mar en Acapulco, Guerrero, que el “hombre más buscado de la política morelense” fue finalmente detenido. Llevaba consigo un arma corta y no opuso resistencia. Con su capt
ura, terminó una de las fugas más comentadas y vergonzosas del año en México.
Un político de carrera bajo la lupa
Jesús Corona Damián no era un recién llegado a la escena política. Se trataba de un hombre que conocía los pasillos del poder en Cuautla como pocos, habiendo ocupado cargos administrativos durante años antes de alcanzar, en dos ocasiones, la presidencia municipal. Irónicamente, en múltiples ocasiones frente a cámaras y micrófonos, Corona Damián había desafiado a las autoridades a investigarlo, negando cualquier vínculo con el crimen organizado.
Lo que no previó, o quizá lo que esperaba que nunca saliera a la luz, era la existencia de una carpeta de investigación que la Fiscalía Federal venía integrando desde principios de 2025. Meses de silencio, recolección de testimonios y análisis de pruebas documentales culminaron en un expediente que, según las autoridades, es contundente. El detonante, según trascendió, fue una reunión grabada en la que el alcalde aparecía frente a un sujeto identificado como “El Barbas” (Júpiter Araujo), señalado por las autoridades como un operador del Cártel de Sinaloa en la zona oriente de Morelos.
El pacto de la sombra: Política y crimen organizado
La tesis de la Fiscalía es alarmante: presuntamente, el alcalde y otros funcionarios municipales ofrecían facilidades operativas, como “mirar hacia otro lado” mientras las células criminales cobraban piso, vendían droga al menudeo e imponían el terror en las calles de Cuautla, Yecapixtla y Atlatlaucan. A cambio, recibían votos, estructura política y apoyo directo.
La magnitud del golpe fue sistémica. En el mismo operativo, cayeron otros presidentes municipales de la región, así como piezas clave del Ayuntamiento de Cuautla: el secretario municipal, el tesorero y el oficial mayor. Las autoridades desmantelaron, en un solo movimiento, la estructura que, según se afirma, permitía que el municipio fuera uno de los más golpeados por la extorsión en todo el estado.
El misterio de los 480 millones desaparecidos
Más allá de los vínculos con el narcotráfico, las investigaciones financieras revelaron un hueco administrativo sin precedentes. La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización de Morelos detectó que, durante el primer periodo de Corona Damián en la presidencia, quedaron sin aclarar 480 millones 546 mil pesos. Si se suman otros ejercicios fiscales, el monto sin justificar supera los 600 millones.
La opacidad era total: durante sus dos administraciones, no se realizó una sola auditoría interna. “Era como dejar la caja fuerte abierta y además apagar las cámaras”, comentan expertos en transparencia. Obras pagadas que nunca funcionaron, deudas millonarias con el fisco y servicios a medias fueron la constante de una gestión que, lejos de servir a la ciudadanía, parecía haber convertido al erario en un botín personal.
Hacia una justicia sin impunidad
La captura de Corona Damián fue coordinada por el gabinete de seguridad federal, con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia y la FEMDO. Los delitos que se le imputan —delincuencia organizada, extorsión, tráfico de armas y delitos contra la salud— pintan el retrato de una autoridad que, según la acusación, servía a intereses criminales.
El caso, integrado en el llamado “Operativo Enjambre”, ha dejado tras las rejas a más de 85 funcionarios en al menos cinco estados del país, marcando un hito en la lucha contra la narcopolítica. Lo que más ha sorprendido a la opinión pública es la versatilidad política del exalcalde: gobernó bajo las siglas de Morena y después regresó con una coalición opositora (PAN, PRI, PRD), demostrando que, en este sistema, el color político resultó ser una fachada irrelevante ante las acusaciones.
Hoy, Cuautla vive un momento de tensa calma. Mientras el exalcalde enfrenta su proceso legal, la población se pregunta si este es, finalmente, el principio del fin de la impunidad o si, como ha ocurrido en el pasado, un buen equipo de abogados logrará desmoronar el caso en los tribunales. Por ahora, el político que se esfumó durante diez días deberá responder ante la justicia por las acusaciones que han dejado, además de un hueco millonario en las arcas, una herida profunda en la confianza ciudadana. En México, donde las detenciones espectaculares suelen ser la regla, la verdadera asignatura pendiente sigue siendo que el poder, cuando se desvía, pague las consecuencias.
