Es el 9 de junio de 1995 y en Cali los hombres más ricos del país almuerzan en restaurantes elegantes, firman contratos o concretan donaciones millonarias para los hospitales. Todos lo saben, pero nadie lo llama narcotraficantes en voz alta. Se les dice empresarios. Esta tarde, en una bodega del barrio Normandía, la policía colombiana rodea un edificio.
Dentro está Miguel Rodríguez Orejuela, el cerebro financiero del cártel de Cali, el hombre que durante 20 años construyó el mayor imperio de cocaína que el mundo haya conocido, sin utilizar la violencia como herramienta central. Lo encuentran escondido en un hueco detrás de un armario. Pero no nos adelantemos. ¿Sabías que el cártel de Cali llegó a controlar el 80% de la cocaína que llegaba a Europa y que sus líderes financiaron una campaña presidencial en Colombia y casi lo logran? Para entender cómo se construyó ese poder y cómo se derrumbó, hay que
retroceder en el tiempo. Vamos, hasta el día que cayó el cártel de Cali. A veces los peligros están escondidos a simple vista, pero aún así es difícil detectarlos. Por eso, para proteger nuestra seguridad, ¿qué mejor que utilizar Sor Shark? SShark es una red privada virtual que cuida nuestra información online, cifrando nuestros datos para que si intentan espiarnos no puedan ver lo que estamos haciendo ni desde dónde, incluso si estamos usando una red Wi-Fi pública.
usa los secuestros de empresarios como fuente de financiamiento. Es en esa época cuando construyen sus primeras redes de contactos, aprenden a operar en la clandestinidad y entienden algo fundamental.
En Colombia el dinero compra casi todo, pero las apariencias legales no solo son innegociables, sino que también compran el resto. En la segunda mitad de los años 70, cuando la cocaína empieza a fluir hacia Estados Unidos, los Rodríguez Orejuela no son los primeros en sumarse al negocio, pero sí los más organizados. forman una alianza con Elmer Herrera, conocido como Pacho, y con los hermanos Santa Cruz Londoño.
Juntos fundan lo que los agentes de la DEA en Bogotá empezarán a llamar con una alarma cada vez mayor, el cártel de Cali. La diferencia con sus pares de Medellín es, podría decirse filosófica. Pablo Escobar gobierna con el terror como primer idioma, mientras que los Rodríguez Orejuela prefieren el camino lateral de la corrupción.
No dinamitan edificios, compran jueces, no asesinan candidatos presidenciales, financian campañas. No declaran guerras al Estado, se infiltran en él. Durante años esa estrategia los hace casi invisibles para la opinión pública internacional y extraordinariamente difíciles de perseguir para los organismos de control nacionales.
¿Cómo logra esta organización operar durante dos décadas a plena luz del día sin que nadie la desmantele? Esa es la pregunta que va a definir toda esta historia. A mediados de los 80, el cártel de Cali es ya una estructura empresarial de una sofisticación difícil de creer. Sus líderes se reúnen los domingos y ponen en orden sus agendas.
Llevan actas, negocian la distribución de responsabilidades y cada uno controla una parte del negocio. Gilberto es el visionario financiero, Miguel el operador logístico, Santa Cruz el encargado de las rutas hacia Estados Unidos y Pacho Herrera es el responsable del mercado europeo. La red de distribución en Estados Unidos es una de las más elaboradas.
El cártel recluta a ciudadanos colombianos con residencia legal en Nueva York, Miami y Los Ángeles. Los integran estructuras celulares donde ningún eslabón conoce al anterior y les paga personalmente. La cocaína entra oculta en cargamentos de brócoli congelado, en postes de madera huecos y en pilas de carbón que tardan semanas en descargarse en los puertos.
Cuando la DEA empieza a seguir una pista, el cártel ya ha cambiado el método. El dinero que regresa a Colombia pasa por una red de casas de cambio, farmacias, cadenas de radio y laboratorios farmacéuticos. Los Rodríguez Orejuela son dueños de la cadena de droguerías más grande de Colombia y es un negocio legítimo, rentable y que tiene auditorías periódicas ilegales.
Por eso se han convertido en la lavandería más eficiente del narcotráfico sudamericano. La relación con el Estado colombiano en esos años no es de confrontación, sino de penetración. El cártel tiene informantes en la Policía Nacional, en el Departamento Administrativo de Seguridad y en la Fiscalía. Cuando se planifica un operativo o allanamiento, alguien llama antes de que salgan los camiones.
Si en alguna ocasión un investigador se acerca demasiado, aparece un traslado, una denuncia disciplinaria o una oferta económica que es difícil de rechazar con el sueldo de un funcionario público colombiano. Las amenazas se neutralizan de la manera más eficiente que rara vez es la violencia. Pero hay algo que distingue al cártel de Cali de cualquier otra organización de su tipo en el mundo y es que cuenta con un servicio de inteligencia propio.
Los Rodríguez Orejuela financian una red de interceptación telefónica que en su mejor momento superan capacidad técnica a la de varios organismos del Estado. Tienen empleados dentro de las compañías de teléfonos y están en condiciones de grabar conversaciones de políticos, jueces, periodistas y fiscales. Esa información no siempre se usa para amenazar.
A veces es una herramienta invaluable para saber cuánto tiempo queda antes de que sea necesario moverse. Hay un detalle que los analistas de la DEA siempre mencionan cuando describen al cártel de Cali frente a otras organizaciones de su época. Sus líderes nunca parecen nerviosos. Hablan con la calma de ejecutivos que conocen sus balances y cuando hay un problema llaman a un abogado, no a un sicario.
De la misma forma, si un socio falla se lo reemplaza igual que en una empresa, no se lo elimina. como en una organización mafiosa, es la frialdad del hombre de negocios, no la del criminal que vive contando las horas. Y esa frialdad es durante años su mayor activo. Pero incluso una organización tan estudiada y eficiente no puede durar para siempre, porque en 1993 ocurre algo que cambia todas las reglas del juego.
El 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar muere en el tejado de una casa del barrio Los Olivos en Medellín. Para el mundo es el fin del narcoterrorismo colombiano, pero los medios de comunicación y hasta la percepción del ciudadano de a pie no ven la verdad tras ese hecho. Para el cártel de Cali es el mejor negocio de su historia.
Durante años Escobar y los Rodríguez Orejuela se habían odiado con una intensidad que costó miles de vidas. En los 80, el cártel intentó asesinar a Escobar financiando a los Pepes, la coalición de enemigos que lo acosó hasta el final. Cuando Escobar cae, el cártel de Cali hereda sus rutas, sus contactos y buena parte de sus mercados.
En pocos meses controla el 90% de la exportación de cocaína hacia Europa y el 70% del mercado norteamericano. Es el momento de mayor poder en su historia, pero también el principio del fin. La muerte de Escobar había convertido a Colombia en el centro de atención internacional sobre el narcotráfico. Estados Unidos, que durante años había tolerado cierta ambigüedad.
Frente al cártel de Cali, por considerarlo un aliado táctico en la guerra contra Escobar, ya no tiene excusas para mirar hacia otro lado. La presión sobre el gobierno se vuelve insostenible y los Rodríguez Orejuela cometen entonces el error más grave de su carrera. Creen que el dinero puede comprarlo todo, incluso la presidencia. En 1994, el candidato Ernesto Samper gana las elecciones de Colombia.
Poco después, su propio director de campaña, Fernando Botero Sea, y más tarde su gerente de campaña, Santiago Medina, confirma ante la justicia lo que muchos sospechaban. El cártel de Cali había aportado 6 millones de dólares a la campaña de Samper. Las grabaciones, conocidas como los narcocassetts, circulan en medios de comunicación de todo el mundo y Colombia entra en la crisis política más profunda de su historia reciente.
Para los Rodríguez Orejuela es apuesta a la lógica. Habían comprado todo lo demás, pero esta vez el cálculo falla. La magnitud del escándalo hace que el gobierno Saner, políticamente paralizado y bajo escrutinio permanente, no tenga más opción que lanzar la persecución más intensa que el Estado colombiano haya montado jamás contra el narcotráfico.
Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Es junio de 1995. La policía nacional y el bloque de búsqueda del Valle tienen semanas siguiendo las pistas. Los Rodríguez Orejuela saben que están tras sus pasos, por lo que toman precauciones. Se mueven entre casas de seguridad, cambian de teléfono y establecen una red de intermediarios para todos sus contactos.
Gilberto, el mayor de los hermanos, es el primero en caer. El 9 de junio de 1995, en una operación en el norte de Cali, la policía llega a una residencia de la urbanización Santa Mónica. Gilberto Rodríguez Orejuela, el hombre al que los agentes de la DEA llaman el ajedrecista, está escondido en un doble fondo construido detrás del armario de un dormitorio.
Tiene 56 años, lleva traje y está leyendo. No opone resistencia. En 20 años de carrera criminal, jamás ha disparado un arma. La captura de Gilberto es transmitida en vivo por los noticieros colombianos. El director de la Policía Nacional aparece ante las cámaras con una satisfacción que no intenta disimular. En Washington, el Departamento de Estado emite un comunicado elogiando la operación, pero aún falta el más importante.
Miguel Rodríguez Orejuela lleva semanas moviéndose entre propiedades del sur de Cali. Sus colaboradores más cercanos han sido detenidos o están negociando con la fiscalía. Su red de informantes dentro de la policía se ha reducido drásticamente. Varios de sus contactos han sido identificados y apartados de los operativos clave y Miguel sabe que el cerco se cierra.
continúa moviéndose con la confianza que lo ha llevado hasta ahí y sigue llamando para dar instrucciones, convencido de que puede mantenerse un paso por delante de las autoridades. El 6 de agosto de 1995, la inteligencia policial triangula una llamada desde una dirección en un barrio de clase media de casas de dos plantas, residencial, nada que llame la atención.
El operativo se despliega en silencio y cuando los agentes entran a la bodega, Miguel no está en ninguna habitación visible. La búsqueda dura horas hasta que finalmente detrás de una biblioteca empotrada en la pared encuentran un hueco. Miguel Rodríguez Orejuela está dentro, sentado con un teléfono en la mano.
La captura de los hermanos Rodríguez Orejuela no termina con el cártel de un día para el otro, pero lo fractura de manera irreversible. Elmer Pacho Herrera, que controla las operaciones en Europa, intenta sostener la estructura durante meses, pero en 1996, ya sin opciones, se entrega por voluntad propia la justicia colombiana en una fiscalía de Cali. Es un gesto calculado.
Prefiere la justicia colombiana a la extradición a Estados Unidos, que la nueva Constitución de 1991 prohíbe para los nacionales al menos por ahora. Chepe Santa Cruz Londoño es el único que intenta resistir. Se fuga de la cárcel La Picota en enero de 1996, antes de la caída de los Rodríguez Orejuela y pasa meses reorganizando lo que queda de su red, pero es abatido por la policía colombiana.
En marzo de 1996, en un operativo en Medellín, muere solo, sin el aparato que había construido y sin los aliados que durante décadas lo habían protegido. Para finales de 1995, los cuatro grandes del cártel de Cali están muertos o presos y la organización, que había movido toneladas de cocaína cada semana durante dos décadas, se fragmenta en grupos menores.
a llamadas organizaciones de narcotráfico de Cali que siguen operando, pero sin escala, la sofisticación ni la impunidad de la organización original. Pero el final de la historia no es tan limpio como los comunicados oficiales hacen creer, porque en las cárceles colombianas los Rodríguez Orejuela siguen siendo empresarios.
Desde la picota en Bogotá, Gilberto y Miguel continúan dando instrucciones a sus abogados, moviendo propiedades y negociando con la justicia. Sus condenas son largas en los papeles, pero el sistema penitenciario colombiano tiene grietas suficientes como para que un hombre con dinero y contactos lleve una vida que no se parece en nada a un castigo real.
Reciben visitas, tienen acceso a teléfonos, participan en procesos judiciales que se extienden por años con recursos, apelaciones y tecnicismos procesales que los mantienen en territorio colombiano. ¿Puede considerarse derrota lo que ocurre en una celda con teléfono y visitas de abogados internacionales? Esa pregunta va a estar sin respuesta durante una década.
La Constitución de 1991 había prohibido la extradición de nacionales colombianos como resultado directo de la presión del narcoterrorismo de Escobar. Era una victoria del crimen sobre el estado que nadie se atrevía a desafiar abiertamente. Pero en 1997, Colombia reforma su Constitución y levanta esa prohibición para delitos cometidos después de la entrada en vigencia de la nueva carta.
Los Rodríguez Orejuela, cuyos crímenes son anteriores a 1991, quedan técnicamente fuera del alcance de esa norma y sus abogados lo saben, por lo que construyen sobre ese argumento una defensa que se extiende por años. Es una carrera de fondo y tiene los medios para plantarle cara a la justicia. negocian con la Fiscalía colombiana, ofrecen bienes, entregan información sobre terceros y no paran de presentar recursos ante todas las instancias disponibles.
En 2001, Gilberto acepta una condena reducida de 24 años a cambio de colaboración. Miguel se ajusta a un trato parecido. El objetivo de fondo es siempre el mismo, permanecer en Colombia, donde el sistema tiene grietas conocidas en lugar de enfrentar la justicia federal norteamericana que no las tiene. Pero la estrategia empieza a desmoronarse.
En 2004, una investigación del Congreso de Estados Unidos concluye que los Rodríguez Orejuela han continuado dirigiendo operaciones de narcotráfico desde la prisión, llamadas intervenidas, movimientos de dinero rastreados y testimonios de colaboradores conforman una evidencia suficiente como para que el gobierno colombiano, bajo una presión diplomática intensa y con la amenaza de sanciones sobre el sector financiero, tramite las órdenes de extradición argumentando que los delitos continuados son posteriores a 1997.
El 3 de marzo de 2005, Gilberto Rodríguez Orejuela es subido un avión en el aeropuerto del Dorado de Bogotá y trasladado a Miami. Miguel lo sigue en mayo del mismo año. Ante una corte federal, ambos se declaran culpables de cargos de narcotráfico y son condenados a 30 años de prisión. En Colombia los titulares duran un par de días.
En Nueva York, en Los Ángeles, en Madrid nadie nota la diferencia en el precio de la cocaína ni en su disponibilidad. El negocio sigue, solo ha cambiado de manos. La caída del cártel de Cali deja en Colombia una herencia más difícil de contabilizar que la del cártel de Medellín, precisamente porque es menos dramática.
Escobar dejó edificios volados, candidatos muertos y una guerra interna que el país vivió con horror y con cierta épica involuntaria. Los Rodríguez Orejuela dejaron algo más corrosivo, la demostración de que una organización criminal puede infiltrar las instituciones democráticas hasta tal nivel que la indiferencia entre el Estado y el crimen se vuelve una cuestión de énfasis, no de naturaleza.
El escándalo del proceso 8,000, como se conoce la investigación judicial sobre la financiación narco de la campaña Samper, termina con cientos de políticos investigados, decenas de condenas y la imagen internacional de Colombia en su punto más bajo desde la época de los atentados de Escobar. El presidente Samper es sometido a juicio político en el Congreso y absuelto en una votación que el país entero observa con una mezcla de incredulidad y agotamiento moral.
Estados Unidos le retira la visa y Colombia queda en una zona de penumbra diplomática durante años. Pero hay algo más profundo que el escándalo político. El cártel de Cali había demostrado que el narcotráfico no necesita llevar la violencia al extremo para ser devastador. Su modelo de corrupción sistemática, de infiltración institucional y sobre todo de lavado de dinero integrado en la economía legal se convierte en el manual que van a seguir todas las organizaciones que vienen después.
Desde los cárteles mexicanos, las mafias de Centroamérica y hasta las redes de financiamiento del crimen organizado de Europa. El aporte del cártel de Cali al crimen contemporáneo no es la cocaína, sino el método de distribuirla. Las víctimas de esa historia son más difíciles de contar que las de Escobar. No hay una lista de atentados con fecha y hora, pero sí magistrados que archivaron investigaciones por miedo o por dinero, periodistas que no publicaron lo que sabían y fiscales que pidieron traslado cuando los casos se pusieron peligrosos.
Hay sospechas fuertes de funcionarios que aceptaron sobornos y pasaron el resto de su carrera sabiendo que su silencio había tenido precio. Ninguno de ellos aparece en los documentales. ¿Qué se rompe en una sociedad cuando sus instituciones más importantes aprenden a convivir con el crimen organizado como si fuera parte normal del paisaje? Esa no es una pregunta retórica, es la pregunta que Colombia lleva décadas tratando de responder.
La bodega del barrio Los Chorros, donde encuentran a Miguel Rodríguez Orejuela, fue demolida hace años. En su lugar hay un edificio de apartamentos, nadie pone una placa. Los hermanos Rodríguez Orejuela cumplen sus condenas en cárceles federales de Estados Unidos. Gilberto pide su liberación por razones humanitarias.
Su salud es muy frágil, pero se le niega el beneficio y muere en prisión en 2022 a los 83 años. Miguel sigue preso. Le restan 3 años de condena, pero padece de un cáncer de próstata avanzado y las estimaciones más alentadoras no le dan más de un año de sobrevida. Pacho Herrera murió asesinado en la cárcel de Palmira en 1998, ejecutado por un sicario que pagó la entrada haciéndose pasar por familiar de otro recluso.
En Cali, el turismo del narco nunca llegó a tener la escala que tiene en Medellín. No hay tours por las casas de los Rodríguez Orejuela o camisetas con sus caras en un centro comercial. Quizás porque su historia no tiene la épica sangrienta de Pablo Escobar o porque lo que construyeron es demasiado parecido a lo que todavía existe para que resulte cómodo convertirlo en atracción.
Los hombres que se visten de ejecutivos y almuerzan en restaurantes elegantes nunca generan la misma fascinación que los que disparan desde motocicletas. El horror discreto no produce rating y sin rating no hay leyenda. Pero esa ausencia de leyenda es en sí misma una forma de impunidad, porque significa que la historia del cártel de Cali no se cuenta con la intensidad que merece.
El cártel de Cali no cayó porque Colombia se volviera más justa, sino porque se volvió políticamente insostenible. El negocio que alimentaron durante 20 años sigue existiendo, distribuido en decenas de organizaciones más pequeñas. La bodega del barrio Los Chorros fue demolida. El modelo que ahí se protegía sigue construyendo bodegas en todas partes y eso es lo que Colombia todavía está en camino de procesar como sociedad y como democracia.
M.
