El panorama político de México experimenta un fenómeno inusual y, para muchos analistas, profundamente sintomático de una profunda crisis de identidad en las cúpulas del viejo régimen. En los últimos meses, los cinco expresidentes vivos emanados de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) han desplegado un activismo coordinado en diversos circuitos financieros, políticos y mediáticos tanto en Estados Unidos como en España y México. Este despliegue, que busca consolidar una narrativa crítica frente a la actual administración gubernamental de Claudia Sheinbaum, ha logrado hitos que hace apenas unos años parecían impensables: la reconciliación pública, aunque sea superficial, de figuras antagónicas de la historia contemporánea del país.
El ejemplo más evidente de esta tregua mediática se escenificó recientemente en el estado de Chihuahua, durante un mitin político organizado en apoyo a la gobernadora María Eugenia Campos y a la dirigencia del PAN. En dicho evento, los expresidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa volvieron a coincidir, dejando atrás dos décadas de distanciamiento y tensiones políticas. Este fenómeno de alineación de intereses también abre la posibilidad de un acercamiento similar entre los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León,
cuya relación quedó severamente fracturada tras la crisis económica conocida como el “error de diciembre” de 1994 y el posterior encarcelamiento de Raúl Salinas de Gortari.
Sin embargo, detrás de los discursos de unidad y de las denuncias sobre una supuesta persecución política por parte del Estado, existe un hilo conductor que conecta las trayectorias de estos cinco exmandatarios de forma directa. Se trata de la figura de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública federal que actualmente se encuentra recluido y sentenciado en una prisión de los Estados Unidos por sus vínculos operativos con el cártel de Sinaloa. A pesar de haber sido el hombre fuerte de la seguridad nacional y una pieza clave en el andamiaje institucional de las últimas décadas, su nombre fue el gran ausente en las alocuciones de Fox y Calderón durante el mitin de Chihuahua, un silencio que los observadores políticos califican de deliberado y estratégico.
La influencia y el ascenso de García Luna no fueron un producto exclusivo de la administración calderonista, sino el resultado de una carrera transexenal que comenzó a fraguarse desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Fue en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), el órgano de inteligencia civil creado bajo el salinismo, donde García Luna comenzó a escalar posiciones de alta responsabilidad. Un evento clave que define su cercanía con las estructuras de poder de la época ocurrió tras el magnicidio del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, el 23 de marzo de 1994 en Tijuana. Documentos y testimonios históricos señalan que García Luna, entonces director general operativo del CISEN, recibió la instrucción de trasladarse a dicha ciudad fronteriza con la misión de intervenir en la liberación de Jorge Antonio Sánchez Ortega, un agente del propio centro de inteligencia que había sido detenido bajo la sospecha de ser el segundo tirador en el atentado y cuyas ropas presentaban trazas de pólvora. Sánchez Ortega fue recluido formalmente en el penal del Altiplano a finales de 2025 tras la reactivación de las investigaciones del caso.
Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, la trayectoria de García Luna continuó en ascenso dentro de las estructuras de seguridad. Entre 1999 y 2000, se desempeñó como coordinador general de la Policía Federal Preventiva, una corporación creada bajo la supervisión de Jorge Tello Peón, otro funcionario estrechamente ligado a los acontecimientos de Tijuana en 1994. Con la llegada de la alternancia política en el año 2000, la administración de Vicente Fox consolidó el poder de García Luna al nombrarlo titular de la Policía Judicial Federal, corporación que posteriormente transformaría en la Agencia Federal de Investigación (AFI). Este nombramiento coincidió temporalmente con la primera fuga del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, un evento que marcó el inicio de una era de cuestionamientos sobre la integridad de los cuerpos de seguridad del Estado.
El punto máximo de su carrera pública llegó en el año 2006, cuando Felipe Calderón lo designó como secretario de Seguridad Pública, convirtiéndolo en el principal estratega de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. A pesar de las advertencias y los reportes de inteligencia que ya sugerían desvíos en su actuación, García Luna mantuvo el control de la estrategia nacional, una posición que, según los tribunales estadounidenses, utilizó para brindar protección institucional al cártel de Sinaloa.
Más allá del ámbito estrictamente operativo, el vínculo de García Luna con el poder político se tradujo en una red de beneficios económicos que pervivió incluso después de que abandonó el servicio público. Investigaciones financieras revelan que, durante el gobierno de Calderón, empresas vinculadas a García Luna y sus socios recibieron al menos 10 contratos gubernamentales por un monto superior a los 316 millones de dólares, provenientes de la Policía Federal y del sistema penitenciario. Esta práctica continuó durante la administración de Enrique Peña Nieto, periodo en el cual, ya como consultor particular, sus firmas obtuvieron 19 contratos adicionales por un valor estimado de 40 millones de dólares y más de 363 millones de pesos. El gobierno mexicano ha iniciado procesos legales en Estados Unidos que han permitido la recuperación de una parte de estos activos financieros desviados.
La relación del exfuncionario con las estructuras partidistas también ha dejado una huella documental. Durante la dirigencia nacional del PAN encabezada por Gustavo Madero Muñoz en el año 2013, el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido contrató los servicios de asesoría de la empresa de García Luna por una cantidad de un millón 160 mil pesos. Los responsables de dicha contratación fueron Carlos Olson San Vicente, entonces tesorero del partido y actual diputado local en Chihuahua, y Fernando Álvarez Monje, quien fungía como secretario general del panismo chihuahuense y hoy se desempeña como secretario particular de la gobernadora María Eugenia Campos. Este mismo grupo político enfrentó severas críticas en su momento por avalar candidaturas controvertidas en el estado de Sinaloa, como la de Lucero Sánchez López, vinculada sentimentalmente con el liderazgo del cártel de Sinaloa.
El actual activismo de los expresidentes del bloque opositor busca incidir en la percepción pública y en la evaluación de las agencias calificadoras internacionales respecto al rumbo económico y de seguridad del país. No obstante, las declaraciones de figuras locales, como las emitidas por la gobernadora de Chihuahua al señalar que en administraciones pasadas existía una “colusión con el narcotráfico pero bajo el control del Estado”, reavivan un debate ético profundo sobre la normalización de la complicidad institucional en la historia reciente de México, un pasado donde el nombre de Genaro García Luna permanece como el punto de convergencia ineludible.
