6 CANDIDATOS FUERA — PENAGOS Enfrenta el SISTEMA y Sacude la DEMOCRACIA

 Y para esa fecha ya tenía que saber quiénes habían cumplido el requisito de firmas y quiénes no. Pero Penagos había preparado bien la estrategia. No iba a revisar esas firmas a mano como se hacía hace 20 años. iba a usar tecnología de punta, inteligencia artificial, sistemas de reconocimiento de patrones, herramientas que podían cruzar cada firma contra el Archivo Nacional de Identificación y contra el censo electoral.

 En cuestión de segundos contrató un equipo de 400 funcionarios, personas juiciosas, honestas, capacitadas. les dio capacitación intensiva durante semanas para que supieran exactamente qué buscar, cómo detectar irregularidades, cómo usar las herramientas tecnológicas. Armó también un equipo de expertos en grafología, personas que llevan toda la vida estudiando firmas que pueden detectar con solo mirar si una firma es real o falsa.

Y el 22 de diciembre de 2025 empezó el trabajo día tras día, durante las vacaciones de Navidad, cuando la mayoría de Colombia estaba descansando, los funcionarios de la registraduría trabajaban sin parar, abrían cajas, escaneaban planillas, subían información al sistema, revisaban uno por uno los 30 millones de firmas que habían llegado.

Fueron 22 candidatos los que radicaron firmas. Algunos eran conocidos nacionalmente, como Vicky Dávila, la periodista. Abelardo de la Espr, el abogado famoso, Claudia López, la exalcaldesa de Bogotá. Otros eran menos conocidos, pero igual tenían derecho a intentarlo. El sistema tenía que revisarlos a todos con el mismo rigor, sin importar si eran famosos o desconocidos.

Los primeros días todo parecía normal. Las firmas entraban al sistema. La inteligencia artificial las verificaba, algunas eran válidas, otras no. Eso era esperado. Siempre hay firmas que no cumplen los requisitos. Personas que firmaron pero no están en el censo electoral. Personas que pusieron mal su número de cédula.

 Personas que su firma no coincide con la que tienen registrada. Eso es normal. Por eso se pide que traigan más firmas de las necesarias. Pero el 8 de enero de 2026, apenas hace 16 días, pasó algo que cambió todo. Un funcionario de la Registraduría, un hombre joven de 28 años que llevaba apenas dos años trabajando ahí, estaba revisando las firmas de uno de los candidatos cuando vio algo extraño en la pantalla de su computadora.

 La misma firma aparecía una y otra vez, 10 veces, 50 veces, 100 veces, todas idénticas, perfectamente idénticas. El funcionario llamó a su supervisor, le mostró la pantalla, el supervisor miró y sintió un escalofrío. Esas firmas no eran reales, eran fotocopias. Alguien había tomado una firma válida. la había fotocopiado cientos de veces y la había pegado en las planillas, pensando que la registraduría no se daría cuenta, pensando que con tantos millones de firmas nadie iba a notar el fraude, pero se equivocaron porque Hernán

Penagos había preparado su equipo para detectar exactamente ese tipo de cosas. La inteligencia artificial estaba programada para buscar patrones, para encontrar repeticiones sospechosas, para marcar cualquier irregularidad. Y las fotocopias eran imposibles de esconder, porque por más buena que sea la fotocopia, siempre deja rastros, siempre tiene pequeñas imperfecciones que el ojo humano no ve, pero que una computadora sí detecta.

El supervisor subió el reporte a sus jefes. Los jefes lo revisaron y confirmaron. Había fraude, fraude descarado, fraude que no intentaba ni siquiera esconderse bien. Alguien había pensado que la registraduría era tonta, que podían llegar con miles de fotocopias y nadie se daría cuenta. Se equivocaron. Pero eso no fue todo.

 Dos días después, el 10 de enero, otro funcionario encontró algo diferente, pero igual de grave. estaba revisando las firmas de otro candidato cuando notó que muchas firmas tenían un brillo extraño. Un brillo que las firmas normales hechas con bolígrafo no tienen. Pidió una lupa especial. Miró de cerca y lo confirmó. Esas firmas no estaban hechas con bolígrafo, estaban hechas con impresora láser.

Alguien había diseñado firmas falsas en una computadora, las había impreso con una impresora láser de alta calidad y las había pegado en las planillas. Era un fraude más sofisticado que las fotocopias, pero igual detectable, porque la tinta de una impresora láser es diferente a la tinta de un bolígrafo. Tiene una composición química distinta, se ve diferente bajo luz especial y el equipo de grafólogos de la registraduría podía detectarla sin problema.

Y entonces vino lo peor. El 12 de enero, hace apenas 12 días, un equipo de verificadores estaba contando las firmas de otro candidato. Según las planillas que había entregado, tenía 450,000 firmas suficientes para cumplir el requisito. Pero cuando los verificadores empezaron a contar una por una, se dieron cuenta de algo terrible.

 Muchos renglones estaban vacíos, no tenían ni nombre, ni cédula, ni firma. estaban completamente en blanco. Pero en la hoja de resumen que el candidato había entregado, esos renglones vacíos estaban contados como si estuvieran llenos. Alguien había sumado renglones que no existían. Había inflado los números, había mentido descaradamente sobre cuántas firmas realmente tenía.

 Cuando terminaron de contar las firmas reales, ese candidato no tenía 450,000, tenía apenas 180,000. ni siquiera la mitad de lo que se necesitaba. Hernán Penagos recibió todos estos reportes en su oficina uno tras otro. Fraude por fotocopia, fraude por impresora láser, fraude por renglones vacíos. Eran tres tipos diferentes de fraude, tres intentos diferentes de engañar al sistema, tres ataques directos a la democracia colombiana.

Penagos sintió rabia, pero también sintió una responsabilidad enorme. Él era el único que podía detener esto. El 15 de enero, Penagos convocó a su equipo más cercano a una reunión de emergencia. Cerró las puertas de su oficina, pidió que nadie los interrumpiera y les dijo algo que todos recordarán para siempre.

Señores, nos están intentando robar las elecciones. Hay gente que cree que puede comprar la democracia con fotocopias y mentiras. Tenemos que tomar una decisión ahora. O dejamos pasar esto y nos hacemos cómplices, o enfrentamos a los que están detrás del fraude y decimos la verdad. Hubo silencio en la oficina.

Todos sabían lo que eso significaba. Si negaban las candidaturas por fraude, vendrían las amenazas, las presiones, los ataques. Los candidatos rechazados dirían que es persecución política, que Penagos está trabajando para alguien, que la registraduría está sesgada, sería una tormenta política gigante.

 Pero Penagos ya había tomado su decisión. Vamos a negar todas las candidaturas que tengan fraude comprobado, dijo Penagos. Vamos a publicar los reportes técnicos. Vamos a mostrar las pruebas. Vamos a dejar que Colombia vea exactamente que encontramos. Que cada colombiano decida si queremos un país donde se puede hacer fraude o un país donde la ley se cumple.

Y así empezó el proceso de certificación más polémico de la historia reciente de Colombia. Desde el 21 de diciembre hasta hoy, 25 de enero, la Registraduría ha tomado decisiones sobre 12 de los 22 candidatos que radicaron firmas. Seis fueron aprobados porque cumplieron honestamente con todos los requisitos.

Sus firmas eran reales, sus números eran correctos, tenían el apoyo genuino del pueblo colombiano. Los seis aprobados fueron Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia, Vicky Dávila, la periodista más famosa de Colombia, Mauricio Liscano, empresario, David Luna, político con experiencia, Mauricio Cárdenas, economista y exministro, y Santiago Botero, joven político.

 Todos ellos podrán inscribirse oficialmente como candidatos presidenciales a partir del 31 de enero. Pero otros seis fueron negados, rechazados. Sus candidaturas no fueron certificadas porque la registraduría encontró irregularidades graves. Fraude comprobado, intentos de engañar al sistema. Penagos no dio los nombres públicamente todavía, pero dijo algo que dejó a todos helados.

 Algunos de esos seis candidatos negados habían usado fotocopias, otros habían usado impresiones láser, otros habían inflado sus números con renglones vacíos. Cuando salió la noticia el 16 de enero de que seis candidatos habían sido negados por fraude, Colombia explotó, las redes sociales se incendiaron. Los que fueron negados empezaron a gritar persecución política.

 Dijeron que Penagos estaba trabajando para el gobierno de Petro, que la registraduría estaba sesgada, que todo era un montaje para quitarlos de la carrera presidencial. Pero Penagos no se movió, dio entrevistas, mostró las pruebas técnicas, explicó con lujo de detalle cómo funcionaba el sistema de verificación, como la inteligencia artificial detectaba patrones, como los grafólogos revisaban las firmas.

 Como era imposible que hubiera error, el fraude estaba comprobado. Las pruebas eran irrefutables. Quien quisiera verlas podía verlas. Y todavía quedan 10 candidatos por definir, porque uno de los 22 se retiró voluntariamente. Entre esos 10 están nombres muy conocidos, Abelardo de la Espriella, el abogado que está subiendo en las encuestas, Claudia López, la exalcaldesa de Bogotá, Luis Gilberto Murillo, político del Valle, Carlos Caicedo de la Costa, todos ellos esperando nerviosamente a que la registraduría termine de revisar sus

firmas y decida si puede o no ser candidatos. Penagos dijo que en los próximos días, antes de que termine enero, tomará decisiones sobre esos 10 candidatos restantes, que revisará con el mismo rigor las firmas de todos, sin importar si son famosos o no, sin importar si tienen encuestas altas o bajas, sin importar si son de izquierda o de derecha, la única pregunta que importa es, ¿cumplieron honestamente con el requisito de firmas o intentaron hacer fraude? Pero mientras Penagos pelea esta batalla en las oficinas de la Registraduría, hay

otra batalla igual de peligrosa ocurriendo en las calles de Colombia. Una batalla que tiene que ver no con firmas falsas, sino con algo mucho peor, con grupos armados ilegales amenazando a la gente para que vote por quien ellos digan, con votos comprados, con democracia coaccionada. El 22 de enero, hace apenas dos días, Álvaro Uribe, el expresidente más poderoso de Colombia, el líder del Centro Democrático, el hombre que sigue mandando en la derecha, aunque ya no tenga ningún cargo oficial, dio una entrevista en Noticias Caracol donde

dijo algo que dejó a todos helados. Los grupos armados ilegales están presionando a la población en varias zonas del país para que voten por Iván Cepeda. Fue una acusación gravísima. Uribe estaba diciendo que el candidato de la izquierda, el candidato de Petro, el hombre que quiere profundizar el cambio, estaba recibiendo apoyo de grupos ilegales.

 Estaba diciendo que en 104 municipios de Colombia, más de 100 municipios, había presencia de grupos armados que estaban amenazando, presionando, obligando a la gente a votar por Cepeda. Iván Cepeda respondió inmediatamente. dijo que era mentira, que era una calumnia, que Uribe estaba desesperado porque las encuestas no le favorecen, que estaba inventando cosas para desprestigiarlo.

 Pero Uribe no estaba solo en su denuncia, otro político. Roy Barreras, candidato presidencial que también viene del petrismo, pero que se distanció de Petro, hizo una denuncia igual de grave. Roy Barreras dijo públicamente y le pidió intervención directa a Hernán Penagos, que en el departamento del Guaviale, una región al sur de Colombia, donde históricamente ha habido presencia de grupos armados, las disidencias de las FARC, específicamente las disidencias de Calarca, estaban empadronando gente masivamente en ciertos puestos de votación.

Barreras explicó que hay puestos de votación en el Guaviare donde históricamente votan 200 personas. Son puestos pequeños en veredas alejadas, en zonas rurales, pero de pronto en las últimas semanas más de 3,000 personas han inscrito su cédula para votar en esos mismos puestos. Es un aumento de 100%, algo completamente anormal, completamente sospechoso.

¿Qué está pasando ahí? La respuesta que dan Uribe y Barreras es clara. Las disidencias armadas están moviendo gente. Están inscribiendo votantes que no viven ahí. Están preparando el terreno para hacer fraude electoral el día de las elecciones. Están asegurándose de que en esos puestos de votación donde ellos controlan el territorio puedan meter los votos que necesitan para su candidato.

Hernán Penagos escuchó estas denuncias y supo que su trabajo no terminaba con revisar firmas. También tenía que vigilar las inscripciones de cédulas. También tenía que detectar movimientos anormales de votantes. También tenía que trabajar con las fuerzas militares para asegurar que el día de las elecciones la gente pueda votar libremente sin amenazas.

El Ministerio de Defensa ya había identificado 104 municipios con alerta roja en materia de derechos políticos, 104 municipios donde hay presencia de grupos armados ilegales, donde hay riesgo de que amenacen a la gente, donde hay peligro de que coaccionen el voto. Penagos tiene que coordinar con el ejército, con la policía, con todos los organismos de seguridad para garantizar que en esos 104 municipios haya presencia militar el día de las elecciones.

Pero el problema es más grande de lo que parece, porque no se trata solo de poner soldados en las calles, se trata de que la gente vote sin miedo. Y eso es muy difícil en zonas donde los grupos armados viven ahí, donde conocen a cada familia, donde saben dónde vive cada persona, donde pueden tomar represalias después de las elecciones si alguien no votó como ellos dijeron.

Lo que pasó después del 16 de enero cuando Hernán Penagos negó las primeras seis candidaturas por fraude, fue exactamente lo que él esperaba, pero no por eso dolió menos. Empezaron las amenazas, las presiones, los ataques desde todos los frentes, porque en Colombia tocar los intereses de los poderosos siempre tiene un precio y Penagos acababa de cobrarles muy caro.

Los candidatos que fueron negados no aceptaron el resultado en silencio. Salieron a los medios de comunicación a gritar persecución política, a decir que la registraduría estaba sesgada, que Penagos trabajaba para el gobierno de Petro, que todo era un montaje para quitarlos de la carrera presidencial. Algunos incluso dijeron que iban a demandar a Penagos, que lo iban a llevar ante la fiscalía, que no se iban a quedar tranquilos.

Pero Penagos conoce la ley mejor que nadie. Sabe que las decisiones de la registraduría en materia de certificación de firmas son técnicas, no políticas. sabe que presentó todas las pruebas, que documentó cada irregularidad, que cualquier juez que revise el caso verá que el fraude era real, que las fotocopias existían, que las firmas láser estaban ahí, que los renglones vacíos no se pueden negar.

 El 17 de enero, un día después de negar las primeras candidaturas, Penagos llegó a su oficina en la Registraduría y encontró algo que lo perturbó. Su secretaria le dijo que durante la noche habían llamado más de 50 veces al teléfono de su oficina. Algunas llamadas eran amenazas directas, voces distorsionadas, diciéndole que tuviera cuidado, que no se metiera con los que no debía, que iba a pagar las consecuencias.

Penagos reportó las amenazas a las autoridades, pidió protección, le asignaron un esquema de seguridad básico, dos escoltas que lo acompañan a todas partes, pero él sabe que eso no es suficiente. En Colombia han matado fiscales, jueces, políticos, periodistas, a pesar de tener escoltas. Cuando los poderosos quieren silenciar a alguien, encuentran la forma de hacerlo.

Pero Penagos no se iba a dejar intimidar. El 18 de enero dio una rueda de prensa donde explicó con lujo de detalle todo el proceso de verificación de firmas, llevó gráficos, llevó estadísticas, llevó ejemplos concretos de las irregularidades encontradas. Mostró en pantalla gigante cómo lucían las fotocopias, cómo se veían las firmas láser, cómo estaban los renglones vacíos contabilizados como llenos.

Fue una rueda de prensa técnica, pero devastadora, porque después de ver esas pruebas era imposible negar que había habido fraude. Los periodistas quedaron convencidos. Los analistas políticos tuvieron que admitir que Penagos tenía razón. Incluso algunos de los que habían criticado la decisión inicial empezaron a cambiar de opinión.

 Las pruebas eran irrefutables. Pero mientras Penagos peleaba su batalla contra el fraude de firmas en Bogotá, en las regiones de Colombia estaba pasando algo igual de grave, algo que tiene que ver no con papeles, sino con personas, no con fotocopias, sino con amenazas reales, con grupos armados que están moviendo el tablero electoral antes de que empiecen las votaciones.

Para entender lo que está pasando, hay que entender primero la geografía del poder ilegal en Colombia. Porque aunque el acuerdo de paz de 2016 desmovilizó a las FARARC como grupo guerrillero, no acabó con todos los grupos armados. Quedaron las disidencias, quedaron los grupos que no aceptaron el acuerdo, que siguieron en las armas, que siguieron controlando territorios.

Las disidencias más poderosas están en el sur de Colombia, en departamentos como Guaviare, Caquetá, Putumayo, Meta, zonas selváticas, zonas alejadas, zonas donde el Estado llega poco, donde la presencia militar es débil, donde los grupos armados son prácticamente los que mandan, cobran impuestos ilegales, controlan el narcotráfico, reclutan jóvenes y también deciden cómo vota la gente.

Una de esas disidencias es el grupo de Calarca, llamado así por su comandante, alias Calarca, un exguerrillero de las FARC que nunca se desmovilizó, que tiene bajo su control varias veredas en el Guaviare, que maneja rutas del narcotráfico, que tiene armas, combatientes, recursos y poder sobre las comunidades que viven en esas zonas.

Calarca y su gente saben que las elecciones de 2026 son cruciales. Saben que si gana un candidato de derecha como Abelardo de la Espriella o cualquier otro del Uribismo, vendrá mano dura contra ellos. Vendrán operativos militares, bombardeos, capturas. Se les acabará el negocio. Pero si gana un candidato de izquierda como Iván Cepeda, puede haber diálogo, puede haber negociación, puede haber paz.

Entonces Calarca tomó una decisión. Su grupo va a trabajar para que gane Cepeda, no porque crean en sus ideas, no porque compartan su visión de país, simplemente porque les conviene, porque un gobierno de izquierda les garantiza sobrevivencia, les garantiza que no los van a atacar con toda la fuerza militar, les garantiza que podrán seguir operando en las sombras y la forma de trabajar para que gane Cepeda es simple, pero efectiva.

Primero, controlar los puestos de votación en las zonas donde ellos mandan. Segundo, mover votantes para llenar esos puestos con gente que vote como ellos digan. Tercero, amenazar sutilmente a quien no quiera cooperar. Cuarto, el día de las elecciones asegurarse de que todos voten por Cepeda. Roy Barreras, el candidato presidencial que viene del petrismo, pero que ahora compite contra Cepeda, fue el primero en denunciar públicamente lo que estaba pasando.

 Barreras conoce bien esas regiones. Fue senador por años, tiene contactos en todas partes y empezó a recibir reportes alarmantes desde el Guaviare. Le contaron que en veredas, donde normalmente votan 150 o 200 personas, de pronto había más de 3000 personas inscritas para votar. Le contaron que gente de otras regiones estaba llegando a inscribir su cédula ahí.

 Le contaron que líderes comunitarios estaban siendo presionados para que trajeran votantes. Le contaron que quien no cooperara tendría problemas. Barreras hizo público todo esto el 20 de enero, hace apenas 5 días, en una entrevista donde le pidió directamente a Hernán Penagos que investigara, que revisara las inscripciones en el Guaviare, que detectara si había transumancia electoral, qué es el término técnico para cuando mueven votantes ilegalmente de un lugar a otro para manipular resultados.

La transumancia electoral es un delito en Colombia. Está prohibido inscribir tu cédula en un lugar donde no vives realmente. El voto debe ser libre y debe ser donde uno reside, no donde te mandan grupos armados. Pero el problema es que es muy difícil de comprobar. Como demuestras que alguien no vive donde dice que vive, como pruebas que lo obligaron a inscribirse ahí.

 Penagos tomó muy en serio la denuncia de barreras. ordenó a su equipo técnico que revisara las inscripciones en el Huaviare, que miraran los patrones de inscripción de los últimos meses, que compararan con años anteriores, que buscaran anomalías y lo que encontraron fue preocupante. Efectivamente, había puestos de votación donde las inscripciones habían aumentado de forma desproporcionada.

 En un puesto llamado El retorno habían pasado de 180 votantes inscritos en 2022 a más de 2,800 en 2026, un aumento de más de 1,500%. En otro puesto llamado Calamar había pasado algo similar, de 210 votantes a 2,600, aumentos que no tienen explicación demográfica normal. Penagos sabía que esos números eran sospechosos, pero también sabía que legalmente es complicado actuar, porque en las elecciones para Congreso y Presidencia, a diferencia de las elecciones locales, la transumancia electoral no se puede aplicar tan fácilmente. Para Senado la votación es

nacional, para Cámara de Representantes es departamental. Entonces, técnicamente, alguien puede inscribirse en cualquier municipio de su departamento. Además, como demuestras que alguien no vive realmente donde dice que vive, tendrías que hacer visitas casa por casa, verificar domicilios uno por uno y eso es imposible con millones de personas inscritas.

 El sistema electoral colombiano no tiene capacidad operativa para hacer ese nivel de verificación. Entonces, Penagos hizo lo único que podía hacer. le envió un reporte detallado al Consejo Nacional Electoral, que es el organismo encargado de tomar decisiones sobre transumancia electoral. Les mostró las cifras, les mostró las anomalías, les dijo, “Aquí hay algo raro, ustedes tienen que investigar.

” Pero el Consejo Nacional Electoral también tiene sus limitaciones, sus tiempos, sus procesos. Mientras tanto, Álvaro Uribe no se quedó callado. El 22 de enero, hace apenas 3 días, Uribe dio esa entrevista en Noticias Caracol, donde hizo la acusación más grave que se puede hacer en una campaña electoral.

 Dijo que grupos armados ilegales están presionando a la población en 104 municipios para que voten por Iván Cepeda. Fueron palabras durísimas, palabras que en cualquier democracia normal generarían una investigación inmediata. Uribe no estaba hablando de rumores, estaba hablando de 104 municipios específicos, más de 100 municipios donde, según el aicoo acción del voto, donde grupos ilegales están amenazando, presionando, obligando a la gente.

Iván Cepeda respondió inmediatamente con rabia. Dijo que Uribe estaba mintiendo, que estaba desesperado, que estaba inventando acusaciones sin pruebas porque sabe que va a perder las elecciones. Dijo que era la misma estrategia de siempre. desprestigiar a la izquierda acusándola de aliarse con grupos ilegales.

 Dijo que no iba a permitir que lo señalaran sin fundamento. Pero Uribe no estaba solo en su denuncia. El Ministerio de Defensa, que es parte del gobierno de Petro, también había identificado 104 municipios con alerta roja en materia de derechos políticos. 104 municipios donde hay riesgo para la democracia, donde hay presencia de grupos armados, donde puede haber coacción electoral.

 Esos municipios están en Caquetá. Guaviare, Putumayo, Meta, Cauca, Nariño, Chocó. El ministro de Defensa había dicho públicamente que en esos 104 municipios iban a desplegar operativos militares especiales para las elecciones, que iban a mandar soldados, que iban a proteger los puestos de votación, que iban a garantizar que la gente pueda votar libremente sin amenazas.

 Pero la pregunta que nadie puede responder es, ¿será suficiente? Porque una cosa es poner soldados en las calles el día de las elecciones y otra muy distinta es que la gente vote sin miedo cuando sabe que los grupos armados viven ahí, cuando sabe que los soldados se irán después de las elecciones, pero los grupos se quedarán, cuando sabe que si votan mal pueden tener problemas después.

Hernán Penagos se reunió el 23 de enero hace apenas dos días con la cúpula militar, con generales del ejército, con comandantes de policía, con el ministro de Defensa. Fue una reunión larga, tensa, donde discutieron el plan democracia, qué es el nombre que le dan al operativo de seguridad para las elecciones.

En esa reunión, Penagos presentó algo que nadie había visto antes, un mapa de Colombia con todos los puestos de votación marcados. Son 13,504 puestos en todo el país, 125,00 mesas de votación, millones de colombianos que van a salir a votar. Pero lo interesante del mapa es que Penagos había marcado en rojo los puestos problemáticos, los puestos donde hay alertas.

Resultó que muchos de esos puestos rojos están en los 104 municipios que el Ministerio de Defensa ya había identificado, pero también había otros puestos rojos en lugares que nadie esperaba en Antioquia. En el Valle del Cauca, en la costa Caribe, lugares donde no hay presencia tan fuerte de disidencias, pero donde hay presencia de otras estructuras criminales, de grupos dedicados al narcotráfico, de bandas que también tienen interés en las elecciones.

Los generales miraron el mapa y entendieron la magnitud del reto. No se trata solo de mandar soldados a 104 municipios, se trata de proteger cientos de puestos de votación distribuidos por todo el país. Se trata de un despliegue operacional gigantesco. Se trata de mover miles de soldados, de coordinar logística compleja, de anticiparse amenazas que pueden venir de muchos lados.

Penagos les dijo algo que los dejó pensando. Señores, no se trata solo de poner soldados el día de las elecciones. Se trata de que la gente vote libremente. Y para que la gente vote libremente necesita sentirse segura. Necesita saber que si vota por quien quiera no le va a pasar nada después. ¿Cómo garantizamos eso? Fue una pregunta que nadie pudo responder completamente, porque la verdad es que en muchas zonas de Colombia el Estado no tiene control real.

 El Estado llega cada 4 años para las elecciones, pone un puesto de votación, manda soldados. ese día la gente vota y después el Estado se va y los grupos armados siguen ahí, siguen mandando, siguen cobrando impuestos ilegales, siguen controlando la vida de la gente. Entonces, la gente aprende a sobrevivir, aprende a votar como le dicen que vote, porque sabe que es más peligroso desobecer a los grupos armados que viven ahí todo el año que desobecer al estado.

Que solo llega un día es una realidad dura, una realidad triste, pero una realidad que nadie puede negar. El general a cargo del operativo le dijo a Penagos que iban a hacer lo mejor posible, que iban a mandar soldados a los 104 municipios con alerta roja, que iban a reforzar la seguridad en los puestos más peligrosos, que iban a trabajar con inteligencia militar para detectar amenazas antes de que pasen.

Pero también fue honesto. Dr. Penagos, podemos proteger los puestos de votación, pero no podemos proteger a cada votante en su casa antes y después de las elecciones. Fue una frase que resumió el problema. Las elecciones en Colombia no son solo un día. Son un proceso largo donde los grupos armados tienen tiempo de presionar, de amenazar, de obligar.

Antes del día de votación ya han hecho su trabajo, ya han dejado claro por quién hay que votar, ya han sembrado el miedo. Mientras todo esto pasaba en Bogotá, en las regiones, los candidatos presidenciales hacían campañas sin saber realmente que tan limpia sería la elección. Iván Cepeda seguía liderando las encuestas con alrededor de 33% de intención de voto.

 Abelardo de la Espriella había subido a 27% después del espaldarazo de Uribe. Paloma Valencia se mantenía en 14% peleando por sobrevivir. Cepeda sabía que las acusaciones de Uribe lo estaban dañando, que mucha gente estaba empezando a creer que él tenía vínculos con grupos ilegales, que estaba recibiendo apoyo de las disidencias.

 Entonces salió a dar entrevistas, a hacer declaraciones, a negar todo. Dijo que nunca ha hablado con grupos armados, que nunca ha pedido su apoyo, que si alguien vota por él es por convicción, no por amenaza. Pero las acusaciones habían hecho daño. En las encuestas que salieron después del 22 de enero se veía que Cepeda había bajado dos puntos.

 Ahora estaba en 31%, seguía siendo el favorito, pero ya no con tanta ventaja. Abelardo había subido a 28%, se estaba acercando peligrosamente y Paloma se mantenía en 14% esperando un milagro. Abelardo de la Espriella aprovechó las acusaciones de Uribe para atacar a Cepeda sin piedad. En cada evento de campaña, en cada entrevista, Abelardo repetía, “¿Por qué los grupos armados quieren que gane Cepeda? ¿Por qué están presionando en 104 municipios para que voten por él? ¿Qué pacto secreto hay ahí? El pueblo colombiano merece respuestas.

Eran preguntas poderosas, preguntas que resonaban con mucha gente, especialmente con los que ya desconfiaban de la izquierda. Los que pensaban que el petrismo había sido muy blando con los grupos armados, los que querían mano dura, seguridad, orden. Abelardo estaba conectando con ese sentimiento. Estaba capitalizando el miedo que muchos colombianos sienten.

Paloma Valencia también atacaba a Cepeda, pero desde otro ángulo. Ella decía que el problema no era solo Cepeda, el problema era todo el petrismo, todo el gobierno de Petro, que había dejado que los grupos armados crecieran, que había negociado con ellos, que había sido débil, que había permitido que retomaran territorios.

Paloma prometía que si ella ganaba iba a acabar con las disidencias militarmente, sin contemplaciones. Pero Paloma tenía otro problema. El 20 de enero había salido una noticia que la golpeó duro. Dos exministros del gobierno de Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, habían sido capturados en diciembre de 2025 acusados de corrupción en el escándalo de la UMRE y acababan de ser enviados a la cárcel formalmente.

Ese escándalo de corrupción seguía creciendo, seguía manchando al gobierno de Petro y por extensión a Iván Cepeda, porque Cepeda era el candidato de Petro, era el que quería continuar ese gobierno. Entonces, la pregunta que mucha gente se hacía era, si votamos por Cepeda, ¿vamos a tener 4 años más de corrupción como la de la Ungra? Cepeda intentaba distanciarse del escándalo.

Decía que él no era Petro, que él tenía su propia visión, que si ganaba iba a limpiar el gobierno, que iba a meter presos a los corruptos. Pero era difícil convencer a la gente porque al final Cepeda era parte del mismo movimiento, del mismo proyecto político. El 24 de enero, mientras Colombia seguía procesando todas estas noticias, mientras Penagos seguía revisando las últimas firmas de candidatos, mientras los militares planeaban el operativo de seguridad, mientras los candidatos seguían en campaña, pasó algo que nadie

esperaba. Un líder comunitario del Guaviare, un hombre de 45 años que lleva toda su vida viviendo en esa región, que conoce a la gente, que ha trabajado en proyectos sociales, decidió romper el silencio. Decidió hablar públicamente de lo que está pasando, aunque sabe que puede costarle la vida.

 dio una entrevista en un medio regional donde contó todo. Dijo que es verdad que las disidencias de Calarca están presionando a la gente. Dijo que en las veredas donde ellos mandan han hecho reuniones obligatorias con los líderes comunitarios, reuniones donde les han dicho claramente, “En estas elecciones se vota por Cepeda. Quien vote por otro va a tener problemas.

” dijo que a algunos les han ofrecido plata, a otros los han amenazado sutilmente. Dijo que muchas de las inscripciones nuevas en los puestos de votación son reales. Son personas que sí existen, pero que no viven realmente ahí. Son personas de otras veredas, de otros municipios, a las que movieron para que se inscribieran en puestos específicos donde las disidencias tienen control.

Todo coordinado, todo planeado, todo para asegurar que el día de las elecciones esos puestos voten masivamente por Cepeda. Dijo que los soldados que lleguen el día de las elecciones no van a poder hacer mucho porque para ese momento la gente ya estará amenazada, ya sabrá que tiene que votar por Cepeda.

 No van a necesitar tener soldados ahí obligándolos a votar. El miedo ya estará sembrado, el mensaje ya estará claro y la gente votará como le dijeron que votara. Fue un testimonio devastador, un testimonio que confirmaba todo lo que Uribe y Barreras habían denunciado. Cuando el vídeo de esa entrevista empezó a circular en redes sociales, el país explotó.

 La gente compartía el vídeo, lo comentaba. Algunos decían que era verdad. Otros decían que el líder estaba mintiendo, que lo habían pagado para decir eso, que era montaje. Cepedas salió inmediatamente a desmentir. Dijo que ese líder comunitario era conocido por ser de derecha, que había trabajado antes con políticos uribistas, que lo que estaba diciendo era mentira, que no había ninguna prueba real, pero el daño ya estaba hecho.

 El vídeo ya había sido visto por millones, la duda ya estaba sembrada. Hernán Penagos vio el vídeo y supo que tenía que actuar. no podía quedarse callado ante una denuncia tan grave. Entonces, el 24 de enero en la tarde, ayer, dio una declaración pública donde dijo algo muy importante. La Registraduría está revisando todas las denuncias de presión sobre votantes.

Estamos trabajando con el Consejo Nacional Electoral, con el Ministerio de Defensa, con la Procuraduría para investigar cada caso. Penagos también dijo algo que sorprendió a muchos. Si encontramos pruebas contundentes de que en algún puesto de votación hubo manipulación masiva de inscripciones, si comprobamos que hubo coacción organizada, tenemos la facultad de tomar medidas.

 Podemos cancelar inscripciones, podemos mover puestos de votación, podemos hacer lo que sea necesario para proteger la democracia. Fue una advertencia clara. Penagos estaba diciendo que no se iba a quedar de brazos cruzados, que si las disidencias pensaban que iban a manipular las elecciones sin consecuencias se equivocaban.

 que él iba a usar todas las herramientas legales que tiene para frenarlos, pero también fue una promesa difícil de cumplir. Porque, ¿cómo pruebas coacción? Como demuestras amenazas que se hacen en veredas alejadas donde no hay cámaras, no hay testigos que quieran hablar. Y mientras todo esto pasaba, mientras Colombia vivía esta guerra invisible por el control de las elecciones, los candidatos seguían haciendo campaña.

 La gente seguía viendo noticias sin saber realmente qué creer y el tiempo seguía corriendo, porque faltan apenas 43 días para las elecciones de Congreso del 8 de marzo y 103 días para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. La pregunta que nadie puede responder es si Hernán Penagos con todo su equipo, con toda su tecnología, con toda su voluntad de hacer las cosas bien, podrá realmente garantizar que las elecciones sean limpias, que la gente vote libremente, que el fraude no se imponga, o si al final las manos invisibles que

mueven el tablero terminarán decidiendo quién será el próximo presidente de Colombia. Lo que nadie le dice a un funcionario público cuando decide hacer las cosas bien es que va a terminar solo, completamente solo, enfrentando a enemigos que tienen más poder, más dinero, más conexiones, más formas de hacerle daño.

 Y eso es exactamente lo que le está pasando a Hernán Penagos en estos días de enero de 2026, después de negar seis candidaturas por fraude, después de denunciar las irregularidades en el Guaviare, después de prometir elecciones limpias, la mañana del 24 de enero, Penagos se despertó temprano, como siempre, a las 5 de la mañana.

 Se preparó un café, revisó las noticias en su celular y vio algo que le el heló la sangre. Durante la noche alguien había publicado en redes sociales su dirección personal, la dirección de su casa en Bogotá, donde vive con su esposa y sus dos hijos. Era una amenaza velada pero clara. Le estaban diciendo, “Sabemos dónde vives. Sabemos dónde está tu familia.

” Penagos llamó inmediatamente a su esquema de seguridad. Pidió que reforzaran la vigilancia en su casa. Pidió que movieran a su familia a un lugar seguro temporalmente. Su esposa estaba asustada. Sus hijos no entendían por qué tenían que irse de la casa. Penagos les explicó que era por precaución, que todo iba a estar bien, pero por dentro sentía una rabia enorme, una impotencia terrible.

Porque así funciona el poder en Colombia. Cuando no pueden vencerte con argumentos, te atacan con amenazas. Cuando no pueden derrotarte legalmente, van por tu familia. Cuando no pueden comprarte, intentan quebrarte con miedo. Es un juego sucio, un juego viejo, un juego que Penagos conocía, pero que nunca pensó que le tocaría vivir en carne propia.

Esa misma mañana del 24 de enero, Penagos tenía programada una reunión crucial con los últimos candidatos que todavía están esperando que la registraduría certifique o niegue sus firmas. Son 10 candidatos, entre ellos nombres muy conocidos como Abelardo de la Espriella, Claudia López, Luis Gilberto Murillo, Carlos Caicedo, todos ellos nerviosos, todos esperando el veredicto que puede acabar o impulsar sus aspiraciones presidenciales.

La reunión fue en las oficinas de la Registraduría, un edificio gris en el centro de Bogotá que ha visto pasar décadas de historia electoral colombiana. Penagos llegó acompañado de su equipo técnico. Llevaba carpetas con reportes, con estadísticas, con los resultados de la verificación de firmas. Sabía que algunos de los que estaban en esa sala iban a recibir buenas noticias y otros iban a salir furiosos.

Empezó hablando Abelardo de la Espriella, el abogado de Barranquilla que se ha convertido en el fenómeno electoral del momento. Abelardo llegó a esa reunión con su equipo de abogados, con su jefe de campaña, con una actitud entre confiada y nerviosa, porque él sabe que su campaña recolectó muchas firmas, más de 500,000 según sus cálculos, pero también sabe que después de lo que pasó con los otros seis candidatos, nada está garantizado.

Penagos abrió la carpeta con el reporte de Abelardo y lo miró a los ojos. Hubo un silencio incómodo de unos segundos que se sintieron eternos. Y entonces Penagos dijo algo que hizo que Abelardo respirara aliviado. Doctor de la espriella. Sus firmas han sido verificadas. Cumple con todos los requisitos.

 Tiene 487,000 firmas válidas. Su candidatura está certificada. Puede inscribirse oficialmente a partir del 31 de enero. Abelardo sonrió. Su equipo se abrazó. había pasado la prueba. Era oficialmente candidato presidencial por grupo significativo de ciudadanos. Ya no había vuelta atrás. Estaba en la carrera. Podía competir de igual a igual con cualquier candidato de partido tradicional.

 Era un triunfo enorme para un hombre que hace apenas dos años nadie consideraba como político serio. Pero la alegría de Abelardo contrastaba con la tensión de los otros que seguían esperando. Claudia López, la exalcaldesa de Bogotá que terminó su periodo en diciembre de 2023. estaba y también esperando su turno. Claudia es una mujer dura, acostumbrada a las batallas políticas, pero ese día se la veía nerviosa, inquieta.

Cuando Penagos abrió la carpeta con el reporte de Claudia, la expresión de su cara cambió. Era una expresión seria, preocupada, y entonces dijo algo que Claudia no quería escuchar. Doctora López, hemos encontrado irregularidades en su proceso de recolección de firmas. Nuestro sistema detectó que aproximadamente 45,000 de las firmas que usted presentó tienen inconsistencias graves, firmas repetidas, firmas de personas fallecidas, firmas con números de cédula inexistentes.

Claudia se puso pálida, intentó protestar, dijo que eso era imposible, que su equipo había trabajado limpiamente, que debe haber un error en el sistema. Pero Penagos le mostró las pruebas, le mostró en la computadora ejemplos concretos de las irregularidades, le mostró firmas que aparecían dos, tres, cinco veces, le mostró nombres de personas que, según el registro civil, habían muerto años atrás.

Penagos le explicó que después de descontar las 45,000 firmas irregulares, Claudia solo tenía 362, firmas válidas y necesitaba 390,000. Le faltaban 28,000. No cumplía el requisito. Su candidatura no podía ser certificada. Estaba fuera de la carrera presidencial antes de que empezara oficialmente. Claudia explotó.

 empezó a gritar que era persecución política, que Penagos estaba trabajando para el petrismo, que le estaban robando su derecho a ser candidata. Su equipo de abogados amenazó con demandar, con llevar el caso a tribunales, con hacer un escándalo mediático, pero Penagos se mantuvo firme. Las pruebas estaban ahí, las irregularidades eran reales, la decisión era técnica, no política.

Fue una escena tensa, incómoda, que mostró el lado oscuro de la política colombiana. Porque las irregularidades en las firmas de Claudia no fueron accidente. Alguien en su equipo había intentado hacer fraude. Había inflado los números con firmas falsas pensando que nadie se daría cuenta. Y ahora Claudia pagaba las consecuencias.

Después de Claudia vinieron otros candidatos. Luis Gilberto Murillo, político del Valle con experiencia internacional, pasó la prueba. Sus firmas fueron certificadas. Carlos Caicedo, exgobnador de la Guajira, también pasó. Sus números eran correctos, pero otros dos candidatos, cuyos nombres penagos no quiso revelar públicamente fueron negados por irregularidades similares a las de Claudia.

Al final de esa reunión, que duró casi 4 horas, el balance era claro. De los 22 candidatos que habían radicado firmas, 12 fueron certificados. pueden ser candidatos presidenciales y 10 fueron negados por no cumplir requisitos o por fraude comprobado. Es un número histórico. Nunca antes la registraduría había negado tantas candidaturas.

 Nunca antes se había detectado tanto fraude en un solo proceso. Los 12 candidatos certificados son Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Mauricio Liscano, David Luna, Mauricio Cárdenas, Santiago Botero, Abelardo de la Espriella, Luis Gilberto Murillo, Carlos Caicedo y tres más cuyos nombres se conocerán públicamente en los próximos días.

 Todos ellos podrán inscribirse oficialmente como candidatos presidenciales a partir del 31 de enero, que es cuando se abre el periodo de inscripciones. Pero estos 12 candidatos por firmas no son los únicos que estarán en la carrera presidencial. También están los candidatos de partidos políticos tradicionales, los que no necesitan recoger firmas porque tienen aval de partido. Ahí están los pesos pesados.

Iván Cepeda por el petrismo, Paloma Valencia por el Centro Democrático, Roy Barreras también por el petrismo, pero como disidente y varios más que todavía no han anunciado oficialmente, pero que se sabe que van a competir. Entonces, Colombia va a tener una de las elecciones presidenciales más competidas de su historia con más de 15 candidatos, con la izquierda dividida entre Cepeda y otros, con la derecha también fragmentada entre varios nombres, con outsiders como Abelardo que vienen con fuerza, con periodistas como Vick y

Dávila, que tienen mucho reconocimiento. Va a ser una batalla campal donde cualquier cosa puede pasar. Pero mientras los candidatos certificados celebraban y los negados protestaban, Hernán Penagos salió de esa reunión agotado, física y emocionalmente agotado, porque él sabía que su trabajo no terminaba ahí, que certificar candidatos era solo el primer paso, que ahora venía lo más difícil, garantizar que las elecciones del 8 de marzo para Congreso y del 31 de mayo para la primera vuelta presidencial sean limpias, transparentes, libres.

Y ese es un reto gigantesco en un país como Colombia, donde los grupos armados ilegales controlan territorios, donde hay 104 municipios con alerta roja, donde las denuncias de coacción electoral están sobre la mesa, donde hay testimonios como el del líder comunitario del Guaviare que dice que las disidencias están presionando a la gente para que vote por Cepeda.

El 24 de enero en la tarde, después de esa reunión agotadora, Penagos tuvo otra reunión igual de importante, esta vez con el procurador general de la nación, con el fiscal general, con representantes de organismos de control. Fue una reunión donde discutieron no sobre candidatos, sino sobre algo más urgente, como frenar el fraude electoral, que no es de papeles, sino de votos.

Porque una cosa es detectar fotocopias en planillas de firmas. Eso es relativamente fácil con tecnología. Pero otra cosa muy diferente es detectar cuando grupos armados están presionando a comunidades enteras para que voten de cierta forma. Eso es invisible, eso no deja rastro digital, eso no aparece en ninguna base de datos.

El procurador general, que es el encargado de vigilar el comportamiento de los funcionarios públicos, le dijo a Penagos que habían recibido más de 80 denuncias en las últimas dos semanas de alcaldes, gobernadores, funcionarios del gobierno que están usando recursos públicos para hacer campaña, que están presionando a empleados públicos para que vayan a eventos de campaña, que están usando carros oficiales para movilizar votantes, son delitos electorales graves, son acciones que distorsionan la competencia.

que le dan ventaja injusta a ciertos candidatos. El procurador dijo que van a investigar cada denuncia, que van a sancionar a los responsables, pero también fue honesto. Dr. Penagos, nosotros podemos investigar. Pero los procesos son lentos, las sanciones llegan después de las elecciones, el daño ya está hecho.

 El fiscal general, que es el encargado de investigar los delitos penales, también tenía noticias preocupantes. Dijo que la fiscalía había abierto investigaciones preliminares sobre posible compra de votos en 18 departamentos. habían detectado movimientos de dinero sospechosos, transferencias bancarias a líderes comunitarios en zonas rurales, compra masiva de mercados para regalar en época electoral.

Pero el problema con la compra de votos es que es muy difícil de probar. Como demuestras que alguien vendió su voto como pruebas que le dieron plata o mercado a cambio de votar por alguien, la gente no va a confesar. No hay contratos escritos, no hay recibos. Todo funciona con acuerdos verbales, con guiños, con entendimientos tácitos.

Penagos escuchó todo esto y sintió una mezcla de frustración e impotencia, porque él puede controlar lo que pasa dentro de la registraduría, puede revisar firmas, puede detectar fotocopias, puede usar inteligencia artificial, pero no puede controlar lo que pasa en las calles, en las veredas, en los barrios donde la gente vive con necesidades y donde un mercado o 50,000 pesos pueden comprar un voto.

Pero Penagos también es un hombre que no se rinde fácil, que no acepta la derrota sin pelear. Entonces propuso algo que sorprendió a todos en esa reunión. Señores, necesitamos hacer algo sin precedentes. Necesitamos un centro de comando unificado donde la registraduría, la fiscalía, la Procuraduría, el Ministerio de Defensa, la Policía, todos trabajemos juntos en tiempo real el día de las elecciones.

La idea es crear una sala de crisis donde lleguen todas las denuncias, todos los reportes, todas las irregularidades que se detecten el día de las elecciones y donde se puedan tomar decisiones inmediatas. Si en un puesto de votación hay grupos armados amenazando, que se pueda mandar refuerzos militares en minutos si en otro puesto hay compra de votos descarada.

 Que llegue la policía inmediatamente. Es una propuesta ambiciosa, compleja, que requiere coordinación perfecta entre entidades que históricamente no trabajan bien juntas, que requiere tecnología de punta, que requiere voluntad política. Pero todos los que estaban en esa reunión entendieron que es necesario, que las elecciones de 2026 no son unas elecciones normales, que el país se está jugando su futuro, que hay que hacer algo extraordinario.

El procurador general aceptó la propuesta, el fiscal general también. El representante del Ministerio de Defensa dijo que van a disponer de todas las herramientas tecnológicas necesarias. Penagos salió de esa reunión con una pequeña esperanza, con la sensación de que tal vez si es posible hacer las cosas bien, tal vez si se puede tener unas elecciones limpias en Colombia.

Pero esa misma noche del 24 de enero, mientras Penagos manejaba hacia su casa con sus dos escoltas, mientras pensaba en todo lo que había pasado ese día, mientras imaginaba cómo sería ese centro de comando unificado, pasó algo que le recordó que en Colombia las cosas nunca son fáciles. Su celular sonó.

 Era un número desconocido. Penagos normalmente no contesta números desconocidos, pero algo le dijo que contestara. Era una voz de hombre, una voz que no reconoció, una voz calmada, pero amenazante. Dr. Penagos, usted es un hombre inteligente. Un hombre con familia, con hijos, debe pensar bien en lo que está haciendo. Debe entender que hay cosas que no se pueden cambiar.

 Hay intereses muy grandes en juego. Sería una lástima que le pasara algo a usted o a su familia. Penagos sintió que la sangre se le helaba. intentó preguntar quién era. Intentó rastrear de donde venía la llamada, pero la línea se cortó. Dejó un silencio aterrador. Fue una amenaza directa. Sin máscaras, sin subterfugios, le estaban diciendo claramente, “Deja de hacer lo que estás haciendo o vas a pagar las consecuencias.

” Penagos reportó la llamada inmediatamente a sus escoltas, a la policía, a la fiscalía. Pidieron rastrear el número, pero ya lo sabían. Era un celular desechable. De esos que se usan una vez y se tiran. Imposible de rastrear, imposible de conectar con alguien específico. Así funcionan las amenazas en Colombia, anónimas, imposibles de probar, pero efectivas, en sembrar miedo.

Esa noche Penagos no pudo dormir. se quedó despierto pensando en su familia, en sus hijos, preguntándose si vale la pena arriesgar todo por hacer bien su trabajo, preguntándose si no sería más fácil simplemente hacer la vista gorda, dejar pasar algunas irregularidades, no meterse en problemas con gente poderosa.

Pero entonces recordó por qué entró a trabajar al servicio público hace 30 años. Recordó que siempre creyó que el Estado puede funcionar bien si hay gente honesta. Recordó todas las veces que vio como políticos corruptos se robaban el dinero del pueblo. Recordó las caras de la gente pobre que va a votar creyendo que su voto importa y tomó una decisión.

Al día siguiente, hoy 25 de enero, Penago se levantó temprano como siempre, se preparó su café, se vistió y fue a trabajar, porque él no se va a dejar intimidar, no se va a rendir, va a seguir haciendo su trabajo hasta el final, va a garantizar que las elecciones sean lo más limpias posibles, cueste lo que cueste.

 Y mientras Penagos tomaba esa decisión en Bogotá, en las regiones de Colombia, la campaña electoral seguía su curso. Iván Cepeda estaba en Cali ese 25 de enero haciendo un evento masivo en la plaza de Caisedo. Miles de personas fueron a escucharlo. Cepeda dio un discurso donde atacó duramente a Uribe, donde dijo que las acusaciones de vínculos con grupos armados son falsas, donde prometió que su gobierno será diferente al de Petro.

Cepeda sabe que tiene que limpiar su imagen, que las denuncias de Uribe lo han golpeado, que mucha gente duda de él. Entonces está saliendo a las calles, está yendo a las plazas, está hablando directo con la gente, está tratando de convencerlos de que él no es lo que Uribe dice que es, que él cree en la democracia, que respeta las instituciones.

Pero las encuestas más recientes, las que salieron el 23 de enero, muestran que Cepeda sigue cayendo. Ahora está en 29%, ha perdido cuatro puntos en dos semanas, mientras que Abelardo de la Espri ha subido a 29%. también están técnicamente empatados. Es una situación que nadie esperaba hace un mes cuando Cepeda tenía 10 puntos de ventaja.

Abelardo está aprovechando cada segundo de este momento. Ese 25 de enero estaba en Medellín, la capital de Antioquia, el territorio del uribismo, haciendo un evento donde prometió mano dura contra el crimen, donde prometió cadena perpetua para violadores, donde prometió acabar con la corrupción.

 El público lo ovacionaba. Gritaba su nombre. Abelardo se está convirtiendo en el candidato del momento. Paloma Valencia, por su parte, sigue peleando aunque las encuestas no le favorecen. Se mantiene en 14%, no sube, pero tampoco baja. Tiene un núcleo duro de votantes que creen en ella, que quieren ver a una mujer en la casa de Nariño, pero necesita un milagro para llegar a segunda vuelta.

 necesita que pase algo que cambie la dinámica de la campaña y ese algo podría ser el debate presidencial que se viene, porque el Consejo Nacional Electoral anunció el 23 de enero que habrá un gran debate entre todos los candidatos presidenciales. El 15 de febrero será el primer debate oficial, será la primera vez que todos se enfrenten cara a cara.

 Será la oportunidad de Paloma para demostrar que ella tiene más sustancia que Abelardo, que ella conoce mejor los temas. También será la oportunidad de Cepeda para defenderse de las acusaciones, para mirar a los ojos a sus acusadores y decir que todo es mentira. Será la oportunidad de Abelardo para consolidarse como el favorito o para cometer un error que lo hunda.

 Los debates presidenciales en Colombia han cambiado elecciones en el pasado, pueden cambiarla ahora también. Pero mientras los candidatos se preparan para ese debate, mientras hacen campaña, mientras pelean por votos, Hernán Penagos sigue trabajando en silencio, sigue coordinando con las autoridades, sigue planeando el centro de comando unificado, sigue preparando los 13,504 puestos de votación, sigue capacitando a los jurados que van a trabajar el día de las elecciones.

Porque el trabajo de penagos no es visible, no es glamoroso, no salen los titulares, pero es el trabajo más importante para la democracia colombiana. Él es el que tiene que garantizar que el 8 de marzo cuando la gente salga a votar para Congreso y el 31 de mayo cuando voten para presidente todo funcione bien, que las mesas estén organizadas, que los votos se cuenten correctamente, que no haya fraude.

 Y Penagos sabe que va a enfrentar problemas, sabe que el día de las elecciones van a llegar miles de denuncias, sabe que en algunos puestos va a haber irregularidades. Sabe que grupos armados van a intentar presionar, sabe que va a haber compra de votos. sabe que nada va a ser perfecto, pero también sabe que lo único que puede hacer es su mejor esfuerzo, usar todas las herramientas que tiene, trabajar con todas las instituciones, ser transparente, mostrar las pruebas, tomar decisiones técnicas no políticas y confiar en que la mayoría de los

colombianos son honestos, que la mayoría quiere votar libremente, que la mayoría cree en la democracia. El 24 de enero en la noche, antes de recibir esa llamada amenazante, Penagos había escrito algo en su diario personal, algo que resume perfectamente lo que está viviendo. Escribió, “Llevo 30 años trabajando en la registraduría.

He visto de todo, he vivido muchas elecciones, pero nunca había sentido tanta presión como ahora. Nunca había sentido que de mi trabajo dependiera tanto. Hay días en que quiero renunciar, días en que pienso que no vale la pena pelear contra gigantes, días en que las amenazas me quitan el sueño. Pero entonces recuerdo por qué estoy aquí.

Recuerdo que millones de colombianos confían en que su voto va a contar, en que su decisión va a importar, en que vivimos en una democracia real, no en una farsa. No sé si voy a poder garantizar elecciones perfectamente limpias. No sé si voy a poder frenar todo el fraude. No sé si voy a poder proteger a cada votante de las amenazas, pero sí sé que voy a dar todo lo que tengo, que voy a usar cada herramienta legal que tengo, que no me voy a dejar intimidar, que voy a llegar hasta el final.

Son palabras poderosas, palabras de un hombre que entiende la responsabilidad que tiene sobre sus hombros. Palabras de alguien que sabe que está solo contra fuerzas muy poderosas, pero que decidió pelear de todas formas porque cree que vale la pena, porque cree que la democracia vale la pena. Y mientras Penagos escribe esas palabras en su diario, mientras toma esa decisión de seguir adelante a pesar de las amenazas en algún lugar de Colombia, en una oficina oscura que nadie conoce, hay gente planeando cómo van a manipular las

elecciones. Hay gente coordinando compra de votos, hay gente organizando el movimiento de votantes en zonas rojas. Son dos fuerzas opuestas, penagos intentando defender la democracia con las herramientas del Estado y grupos ilegales intentando comprar la democracia con dinero, armas y amenazas. Es una batalla desigual.

 Es una batalla donde las reglas no son las mismas para ambos lados. Es una batalla que Penagos puede perder. Pero también es una batalla que Penagos no puede nodar, porque si él no pelea, si él se rinde, si él acepta que así son las cosas en Colombia, entonces realmente ya no hay democracia. Entonces realmente los grupos armados y los corruptos ganaron.

 Entonces realmente el voto de la gente no importa. Y esa es la gran pregunta que Colombia tiene que responder en los próximos meses. ¿Todavía creemos en la democracia? ¿Todavía creemos que nuestro voto importa? ¿Todavía creemos que podemos elegir libremente a nuestros gobernantes? ¿O ya aceptamos que hay manos invisibles moviendo el tablero, que hay poderes ocultos decidiendo por nosotros, que solo estamos jugando a votar mientras otros mandan? Porque lo que está pasando ahora mismo en Colombia no es solo una elección presidencial normal, es una prueba de

fuego para la democracia. Es un momento donde se va a definir si este país tiene instituciones fuertes que pueden resistir la presión de los poderosos o si las instituciones son solo fachada, papel, letra muerta. Hernán Penagos es en este momento el símbolo de esa prueba, un hombre común, un funcionario de carrera que sin buscarlo se convirtió en la última línea de defensa de la democracia colombiana.

Un hombre que está solo, amenazado, presionado, pero que decidió no rendirse. La pregunta que nadie puede responder todavía es si Penagos va a poder resistir hasta el final, si va a poder cumplir su promesa de garantizar elecciones limpias o si las fuerzas que están en su contra van a terminar quebrándolo, callándolo, eliminándolo.

Porque en Colombia la historia está llena de hombres y mujeres valientes que intentaron hacer lo correcto y terminaron muertos, exiliados o destruidos. Pero hay algo diferente esta vez. Esta vez todo el país está mirando. Esta vez las cámaras están encendidas. Esta vez hay misiones internacionales de observación electoral que van a estar vigilando cada paso.

 La Unión Europea ya confirmó que mandará más de 100 observadores. La OEA también viene. El Instituto Carter está por confirmar. Esa presión internacional puede hacer la diferencia. Puede hacer que sea más difícil para los grupos ilegales manipular las elecciones descaradamente. Puede proteger a penagos de ataques directos.

 Puede garantizar que si hay fraude grave el mundo lo vea y Colombia enfrente consecuencias internacionales. Pero también puede no ser suficiente porque los observadores internacionales no pueden estar en los 13,504 puestos de votación. Al mismo tiempo, no pueden ver lo que pasa en las veredas alejadas. No pueden proteger a cada votante de las amenazas sutiles que recibe días antes de las elecciones.

Hoy 25 de enero, mientras usted lee esto, faltan exactamente 43 días para las elecciones de Congreso y 127 días para la primera vuelta presidencial. Son 43 días donde puede pasar cualquier cosa, donde los candidatos van a seguir haciendo campaña, donde las encuestas van a seguir moviéndose, donde van a salir más escándalos, más denuncias, más revelaciones.

Son 43 días donde Hernán Penagos va a seguir trabajando sin descanso. Va a seguir coordinando con las autoridades. Va a seguir recibiendo amenazas. va a seguir tomando decisiones difíciles, va a seguir siendo el blanco de ataques de los que quieren que las elecciones sean un fraude. Son 43 días donde usted, colombiano, que va a votar, tiene que decidir si cree en la democracia o no, si va a ir a votar libremente o si va a dejarse intimidar, si va a defender su derecho o si va a venderse por un mercado o por miedo.

Porque al final la democracia no es solo Hernán Penagos haciendo bien su trabajo. La democracia somos todos. Somos los millones de colombianos que tenemos que salir a votar, que tenemos que exigir que se respete nuestro voto, qué tenemos que denunciar cuando vemos fraude, que tenemos que resistir cuando nos quieren comprar o amenazar.

Si el 8 de marzo la gente sale masivamente a votar, si exige transparencia, si denuncia irregularidades, si no se deja intimidar, entonces Penagos no estará solo, entonces la democracia tendrá una oportunidad. Entonces, Colombia podrá tener unas elecciones dignas de llamarse democráticas, pero si la gente se queda en la casa con miedo, si acepta que así son las cosas, si se vende por poco, si se deja amenazar, entonces no importa cuánto trabaje Penagos, no importa cuántos observadores internacionales vengan, las

elecciones serán un fraude, serán una farsa, serán una mentira que todos sabemos, pero nadie dice. Esta es la historia que necesitabas conocer hoy. La historia de un hombre común enfrentando fuerzas gigantes. La historia de una democracia que está siendo puesta a prueba. La historia de unas elecciones que van a definir el futuro de Colombia.

 Pero sobre todo es tu historia porque tú eres parte de esto. Tú vas a votar, tú vas a decidir. La pregunta que te dejo es simple, pero poderosa. ¿Vas a defender tu derecho a elegir libremente o vas a dejar que otros decidan por ti? ¿Vas a ser parte de la solución o parte del problema? ¿Vas a salir a votar el 8 de marzo sin importar las amenazas o te vas a quedar en casa con miedo? Esa decisión, la tuya, la de cada colombiano, es la que va a definir si Colombia sigue siendo una democracia o si ya nos convertimos en otra cosa.

Hasta la próxima. M.