¿Qué significa realmente la palabra “soberanía” en pleno siglo veintiuno? ¿Es acaso un inmenso estandarte de tela que ondea majestuosamente en el Zócalo, o un discurso encendido lanzado cada mañana desde un atril gubernamental con el único propósito de señalar culpables externos? En los últimos días, un análisis verdaderamente implacable ha sacudido la esfera pública y ha desatado una tormenta de cuestionamientos que nos obligan a mirar hacia adentro con una honestidad brutal. Con una agudeza analítica formidable, la reciente reflexión de Cayetana Álvarez de Toledo ha desnudado una realidad que resulta incómoda, profundamente dolorosa y, sobre todo, ineludible: los verdaderos enemigos de la soberanía mexicana no se encuentran al otro lado del océano atlántico, ni habitan en despachos de capitales extranjeras. Están enquistados dentro del país, y avanzan a paso firme, devorando las libertades ciudadanas día con día.
Pero, ¿cómo hemos llegado a este punto en el que se confunde el patriotismo auténtico con una ceguera institucionalizada? La soberanía, argumenta esta valiente perspectiva, no es ni debe ser un reproche histórico sobre eventos ocurridos hace más de quinientos años. La verdadera soberanía se define y se respira en lo cotidiano, en el nivel más elemental de la dignidad humana y ciudadana. Es la capacidad de un padre de salir a la calle a trabajar sin pedirle permiso a un criminal
; es el derecho inalienable de abrir un pequeño comercio sin estar sujeto a la extorsión del “derecho de piso”; es la libertad absoluta de publicar una verdad sin que el costo de la misma se pague con sangre; y es la garantía de depositar un voto sin que oscuras mafias ya hayan decidido el resultado electoral en una habitación cerrada.
El primer gran enemigo interno, y quizás el más brutal y desgarradoramente visible, es el crimen organizado. ¿Qué queda del concepto de Estado moderno cuando este pierde su característica más definitoria, que es el monopolio legítimo de la fuerza? El sociólogo Max Weber estableció que un Estado es tal precisamente por ejercer dicho monopolio para proteger a sus habitantes. Sin embargo, cuando este se desvanece por incompetencia o complicidad, no se genera un vacío de poder. En su lugar, emerge un poder fáctico alterno, tiránico y sanguinario. En vastas regiones de México, este poder paralelo asume roles que deberían ser del gobierno: cobra impuestos ilegales, dicta sentencias de vida o muerte sin tribunales, controla carreteras, anula la libre empresa y, lo que resulta más aterrador, se otorga el derecho de decidir qué candidato tiene permitido hacer campaña y quién no.
La existencia de más de ciento treinta y cuatro mil personas desaparecidas y la tragedia cotidiana de las valientes “madres buscadoras”, que recorren descampados escarbando con palas y varillas bajo el sol abrasador, nos plantea una pregunta directa al corazón: ¿Se puede llamar soberano a un país donde miles de madres deben buscar a sus propios hijos bajo la tierra porque el Estado no quiere o no puede hacerlo? Las escalofriantes cifras de homicidios acumuladas en los últimos años no son simples estadísticas para debates televisivos; son el testimonio sangrante de una soberanía quebrada desde sus cimientos. Son el recordatorio constante de que los cárteles compiten contra un Estado dramáticamente ausente, o peor aún, contra un Estado cómplice que voltea la mirada.
En segundo lugar, se erige un enemigo mucho más sofisticado, sutil, pero de consecuencias igualmente catastróficas a largo plazo: el populismo autoritario. ¿Es verdaderamente posible desmantelar una democracia funcional sin disparar un solo tiro, sin sacar tanques a la calle, utilizando las propias reglas y lagunas del sistema democrático? La historia y el presente nos gritan que sí. Este enemigo no deja montañas de ropa abandonada ni genera tiroteos; opera de manera quirúrgica desde los escaños legislativos, mediante decretos apresurados, aplanadoras parlamentarias y modificaciones constitucionales. Su objetivo central no es otro que la captura absoluta del Estado y la destrucción metódica de cualquier contrapeso independiente.
Al someter a instituciones electorales o al intervenir en la estructura del Poder Judicial, no se están democratizando los espacios como asegura la propaganda oficial. Al contrario, se está dejando al ciudadano común en la más absoluta indefensión frente a los abusos del poder. ¿Qué justicia se puede esperar si los jueces son elegidos en urnas financiadas o influenciadas por los mismos poderes fácticos que deberían juzgar? Permitir que el sistema judicial pierda su independencia es como elegir por votación al lobo para que cuide del rebaño. Es aquí donde ocurre el peor de los escenarios: la funesta fusión de los dos primeros enemigos. Cuando el crimen necesita impunidad y el autoritarismo necesita control, nace el “narcoestado”, la anulación total del concepto de República y el fin del ciudadano libre.
El tercer flagelo, que opera en el silencio y se disfraza de filantropía, es la mentalidad de dependencia. A este respecto, es imperativo hacer una pausa y cuestionarnos: ¿Cuál es el fin último de una política social? Es innegable que ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad es una obligación moral, ética y social. Sin embargo, existe una brecha abismal, un abismo moral, entre una política diseñada para empoderar al individuo —dándole herramientas, educación y oportunidades para valerse por sí mismo— y una estrategia populista que busca convertir al ciudadano en un cliente perpetuo.
Cuando el progreso de una familia ya no depende del mérito, de la innovación o del esfuerzo propio, sino de la expectativa mensual de una transferencia directa de recursos por parte del gobierno, el individuo pierde su autonomía. Se convierte en un rehén de la voluntad del político en turno. ¿Qué tan libre a la hora de votar o de protestar puede ser alguien cuya supervivencia básica depende de no hacer enojar al poder? Como advertían los grandes pensadores liberales, esta es una forma de servidumbre moderna, sin cadenas de acero, pero con ataduras económicas que acostumbran al sometimiento y asfixian el espíritu crítico.
Todo este complejo panorama nos lleva a reflexionar sobre la gran hipocresía de los discursos oficiales de confrontación internacional. ¿A quién beneficia realmente exigir disculpas grandilocuentes por eventos históricos ocurridos durante la conquista, mientras en la actualidad miles de familias exigen justicia por crímenes perpetrados la semana pasada? Usar el pasado como un gigantesco y conveniente biombo de humo para ocultar las fosas de Jalisco, las extorsiones en Michoacán y la impunidad en todo el territorio nacional, es una ofensa a la inteligencia colectiva. Las naciones fuertes y maduras asumen sus desafíos del presente en lugar de buscar chivos expiatorios en los libros de historia.
Por lo tanto, la gran encrucijada mexicana actual demanda una toma de conciencia urgente. No podemos quedarnos cruzados de brazos pensando que el colapso institucional no tocará a nuestra puerta. Empresarios que callan para proteger contratos a corto plazo, académicos que evitan opinar por miedo a represalias, y ciudadanos que deciden mirar hacia otro lado, terminan perdiendo el país entero. La verdadera soberanía no es un eslogan vacío; es el Estado de derecho, es la independencia personal, y es la valentía innegociable de decirle “no” al abuso del poder. ¿Estamos dispuestos a asumir nuestro papel en esta gesta por la libertad, o permitiremos que el país se nos escurra entre las manos? La respuesta está en cada uno de nosotros.
