El cinismo discursivo con el que el oficialismo ha pretendido encapsular la gravísima crisis de la narcopolítica en Sinaloa ha quedado fulminado por la cruda e implacable realidad bilateral. Durante meses, la narrativa gubernamental intentó, empleando todos los medios mediáticos a su alcance, reducir el abultado expediente criminal que asfixia a la cúpula política en Culiacán a un asunto de índole menor. Trataron de vender sistemáticamente a la opinión pública que se trataba de una simple intriga orquestada por lo que calificaban, con evidente desdén, como una insignificante oficina en Nueva York. Sin embargo, el complejo andamiaje de esta telerrealidad oficialista se ha venido abajo de forma definitiva e irreversible tras las demoledoras revelaciones de la Casa Blanca, demostrando que la guillotina de Washington no perdona y que el fin del doble rasero ha provocado la caída inminente de las máscaras políticas.
La estocada principal provino directamente de la máxima autoridad antidrogas estadounidense, Sarah Carter. En una declaración formal que ha sacudido con violencia los cimientos de Palacio Nacional, la funcionaria de la administración del Presidente Donald Trump dejó meridianamente claro que la nueva estrategia de Washington ha dejado de ser un juego de persecución de bajo perfil. El enorme aparato de justicia norteamericano ya no se limita a perseguir exclusivamente a los eslabones operativos, a los mandos medios o a los sicarios del narcotráfico. Ahora, el visor está ajustado y apunta directamente al corazón de las redes políticas que sostienen, protegen y lucran descaradamente con este negocio ilícito. Esta dura advertencia no deja el más mínimo margen para las interpretaciones soberanistas ni para las habituales evasivas que se repiten cada mañana. El objetivo prioritario de las autoridades norteamericanas es capturar, enjuiciar y desarticular a los altos funcionarios gubernamentales que se han entregado por completo a los intereses de los cárteles.
Al definir formalmente y con extrema precisión jurídica la existencia del denominado “clan de Culiacán”, la administración del Presidente Donald Trump ha colocado una asfixiante soga legal sin precedentes históricos sobre el cuello de altos mandos, señalando específicamente al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y a su círculo más íntimo de operadores políticos y financieros. Esta ofensiva judicial e internacional de gran calado se encuentra respaldada por un hombre que ha cambiado radicalmente las reglas del tablero diplomático: Jay Clayton. Este influyente funcionario ya no despachará desde los sobrios pasillos de un modesto juzgado de distrito, sino que ahora asume la titánica y poderosa tarea de coordinar las dieciocho agencias de inteligencia del gobierno estadounidense. Como flamante director nacional de inteligencia, Clayton posee el control absoluto e irrestricto de los sofisticados satélites, las masivas intervenciones telefónicas y los multimillonarios presupuestos de espionaje de la superpotencia, recursos que la propaganda política intentó ingenuamente ningunear.
Frente a este asfixiante escenario de acorralamiento judicial, la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido, cuando menos, reveladora de la crisis interna. Ha optado por un repliegue discursivo evidente y una franca fuga de la cruda realidad que asedia a su administración. Al ser duramente cuestionada por la prensa sobre la férrea determinación norteamericana de ir tras los narcopolíticos incrustados orgánicamente en su propio partido, la mandataria decidió aplicar la tradicional y fallida técnica del avestruz. Afirmó, con una pasmosa ligereza que desconcertó a la comunidad internacional, que su gobierno solo retomaba la parte enfocada en la “prevención” dentro de las severas declaraciones emitidas por Carter. Este burdo y desesperado intento de fragmentar el duro mensaje de la Casa Blanca, buscando consumir de manera aislada únicamente la mínima fracción que le resulta favorable a nivel mediático, evidencia el profundo pánico de una administración que se sabe minuciosamente observada, intervenida y operativamente rebasada en todos los frentes.
La desgastada retórica de la “colaboración sin subordinación”, que tanto se ha pregonado como pilar ideológico en los últimos años, palidece y pierde cualquier rastro de credibilidad cuando la máxima autoridad antidrogas del vecino del norte condiciona absolutamente toda la vital relación bilateral a una sola pregunta fulminante y directa: “¿Quieren cooperar, sí o no?”, rematando con la severa advertencia pública de que, de lo contrario, se van a arrepentir. La desesperación del actual régimen se hace cada día más palpable al constatar con amarga frustración que Washington ha aprendido a la perfección a separar el grano de la paja dentro del turbio y complejo panorama político mexicano. El gobierno del Presidente Donald Trump ha sido sumamente quirúrgico y calculador al momento de diferenciar la legítima cooperación institucional de las fuerzas federales, frente a las aberrantes y sistémicas complicidades delincuenciales forjadas por diversos gobernadores oficialistas en los diferentes estados de la república.
Mientras que desde los micrófonos de la Casa Blanca se elogia diplomáticamente la férrea disposición al combate por parte de las fuerzas de seguridad federales mexicanas, el dedo acusador y amenazante se mantiene firme, inamovible y letal sobre los operadores territoriales vinculados estrechamente con el sanguinario cártel de Sinaloa. La verdadera tragedia política de esta encrucijada internacional radica en la incomprensible necedad de las altas esferas del gobierno. En lugar de ejecutar un desmarque profiláctico, urgente y categórico de los oscuros personajes que se encuentran bajo la asfixiante lupa penal de los Estados Unidos, la administración en turno se empeña obstinadamente en meterse de forma voluntaria en el mismo saco incriminatorio. Esta decisión políticamente suicida termina arrastrando la dignidad de todo el aparato del Estado para intentar blindar, sin éxito alguno, a una compleja red de corrupción institucionalizada que a todas luces ya no tiene ninguna vía de escapatoria viable ante la justicia internacional.
El grandilocuente y repetitivo relato de la autosuficiencia táctica y la intocable soberanía nacional que el oficialismo se empeña en vender diariamente a través de sus intensas campañas de propaganda sufrió, de manera inevitable, una humillación histórica de proporciones incalculables. La reciente revelación detallada de los pormenores clasificados que condujeron al sorpresivo abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, mundialmente conocido en el submundo criminal como “El Mencho”, sacó a la luz una dolorosa verdad incómoda para el orgullo nacional. Sarah Carter desmanteló de un solo plumazo el frágil y conveniente mito de la sagrada independencia operativa. Con una frialdad pasmosa que seguramente heló la sangre de los estrategas de seguridad nacionales, describió la auténtica y cruda mecánica detrás del aparatoso operativo militar llevado a cabo el pasado veintidós de febrero en la remota localidad de Tapalpa, en el occidente del estado de Jalisco.
“Nosotros les dijimos: Aquí está la información, vayan por ellos. Y lo hicieron”, sentenció la alta funcionaria estadounidense de manera rotunda y sin el menor atisbo de titubeos. Esta demoledora y pública declaración dejó completamente al descubierto que el supuesto misticismo operativo del general Ricardo Trevilla y el vistoso despliegue territorial de la Guardia Nacional dependieron de manera absoluta de agentes externos. El éxito de esa misión clave fue posible gracias al cerebro estratégico, la avanzada tecnología de espionaje y las coordenadas milimétricas emanadas directamente desde los impenetrables despachos de inteligencia en Washington. Toda la compleja logística táctica fue procesada y entregada lista para su ejecución, limitando a las respetadas fuerzas mexicanas a acatar la instrucción como un simple brazo ejecutor.
Esta evidente dinámica de subordinación fáctica sitúa a la actual administración exactamente en el mismo y paradójico espejo histórico que tanto han denostado incansablemente: el de las gestiones del Presidente Felipe Calderón y del Presidente Enrique Peña Nieto. Este revelador paralelismo desata hoy una incontrolable furia ideológica y una profunda crisis de identidad dentro de las filas del propio régimen. Un movimiento político que cimentó la inmensa mayoría de su capital y legitimidad electoral criticando ferozmente la entrega de la soberanía nacional a los intereses de potencias extranjeras en los sexenios pasados, se encuentra operando en la actualidad bajo el mismo, e incluso más riguroso, manual dictado desde el exterior. Las implacables agencias norteamericanas realizan en la sombra todo el trabajo de inteligencia fina, localizan a los escurridizos objetivos prioritarios a través de tecnología satelital, y el ejército nacional actúa, simple y llanamente, bajo las estrictas directrices foráneas.
El muy publicitado éxito que representó la caída del líder supremo del cártel Jalisco Nueva Generación no fue, bajo ningún análisis serio, el resultado brillante de una estrategia autónoma de pacificación concebida en territorio mexicano, sino el cumplimiento forzado, puntual e inevitable de un mandato inapelable emitido desde la propia Casa Blanca. Ante la figura siempre imponente del Presidente Donald Trump, quien a lo largo de su trayectoria política ha demostrado con creces que cumple al pie de la letra las graves sanciones que advierte, la paradoja se vuelve total. Desnuda por completo y sin piedad todas y cada una de las contradicciones de la colosal maquinaria de propaganda oficial. Mientras la presidenta utiliza frecuentemente los espacios públicos para exigir, de manera puramente retórica, el freno al lucrativo tráfico internacional de armas y simula sostener un tenso pero nivelado diálogo de iguales con el embajador, la verdadera realidad que se respira sobre el terreno es diametralmente opuesta.
Los cuerpos de élite y las fuerzas especiales se despliegan sigilosamente en las zonas de más alto conflicto siguiendo con fe ciega los mapas topográficos, las interceptaciones de señales encriptadas y las coordenadas milimétricas provistas minuto a minuto por los agentes de la DEA y el FBI. El actual régimen se encuentra, por tanto, dramáticamente atrapado en una jaula de hierro de su propia e intrincada creación discursiva. Para evitar bajo cualquier circunstancia las ruinosas sanciones económicas, los bloqueos arancelarios y las siempre latentes intervenciones unilaterales con las que el Presidente Donald Trump amenaza de manera constante a los gobiernos titubeantes del hemisferio, no tiene absolutamente ninguna otra salida que aceptar el silencioso e indigno papel de gendarme operativo al servicio de los Estados Unidos. La cacareada soberanía se ve trágicamente reducida a un simple discurso hueco, inflamado de patriotismo pero de consumo estrictamente doméstico, diseñado de manera exclusiva para mantener hipnotizada y cautiva a una base electoral incondicional, mientras que, a puerta cerrada, la directriz es de una obediencia total.
En las herméticas y exclusivas mesas de seguridad binacionales donde verdaderamente se define el rumbo del país, la instrucción de los emisarios extranjeros es tan transparente como contundente: obedecer en absoluto silencio, ejecutar los blancos señalados y entregar los resultados exigidos sin la menor excusa. El reconocimiento público y explícito de esta profunda subordinación estructural es algo que la altiva cúpula en el poder jamás estará dispuesta a aceptar de frente a las cámaras de televisión, pues esto significaría la demolición fulminante e instantánea de su autoproclamada, pero frágil, superioridad moral frente a sus opositores. Sin embargo, la terca, fría y obstinada realidad que arrojan los hechos demuestra sin ningún atisbo de piedad que el monumental aparato militar y de seguridad del Estado mexicano ha sido instrumentalizado de manera brillante y sistemática por las imponentes agencias norteamericanas. Esto obedece a una justificada y ya crónica desconfianza que, a nivel internacional, generan las profundamente corruptas policías locales y los diversos gobiernos estatales oficialistas que actúan, con total descaro, en flagrante complicidad con las organizaciones del crimen organizado que operan impunemente a lo largo y ancho de las diferentes entidades federativas.
Al asumir pragmáticamente como un axioma operativo que la única forma medianamente efectiva de limpiar el territorio y abatir a los capos es entregando la inteligencia completamente procesada, verificada y digerida directamente a las fuerzas castrenses federales, el gobierno de los Estados Unidos ha establecido de facto un infalible mecanismo de control alterno, un gigantesco ‘bypass’ institucional de seguridad. Se están saltando de manera deliberada, estratégica y calculada todas aquellas engorrosas estructuras políticas locales que se encuentran gravemente contaminadas y peligrosamente infiltradas por los inconmensurables flujos de dinero en efectivo provenientes del narcotráfico. El régimen en turno, desesperado por colgarse medallas ajenas, celebra ruidosamente las mediáticas detenciones y los abatimientos como si fuesen deslumbrantes triunfos estratégicos propios, producto de su visión pacificadora. Pero en el silencio y en lo más hondo de los pasillos de poder saben a la perfección que cada operativo táctico que culmina con éxito es, en el fondo, un humillante y duro recordatorio de su innegable, total y absoluta dependencia operativa de las oficinas y los cerebros apostados en la ciudad de Washington.
La asombrosa y letal precisión terminológica con la que la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos se dirige y se refiere en sus documentos oficiales a las más altas autoridades ejecutivas del estado de Sinaloa representa, en rigurosos términos prácticos y legales, la inminente y definitiva sentencia de muerte para la prolongada y sostenida simulación institucional del partido en el poder. Al acuñar e incorporar de forma oficial a sus expedientes penales el contundente e inequívoco término “clan de Culiacán”, la inmensamente severa justicia norteamericana ha dejado de jugar a la diplomacia suave. No está hablando de simples células delictivas esporádicas o de pandillas comunes que operan ocultas y armadas en la clandestinidad de las montañas serranas. Por el contrario, está describiendo técnica, judicial y pormenorizadamente a una inmensa y articulada estructura gubernamental en la que actores de innegable y enorme poder institucional pusieron, sin el menor remordimiento, los sagrados e invaluables recursos económicos y coercitivos del Estado al servicio explícito, directo y subordinado de las muy conocidas facciones criminales de los llamados Chapitos y los Mayitos.
El voluminoso y contundente expediente judicial en el que figuran los nombres de diez altos funcionarios y exfuncionarios de origen sinaloense que se encuentran procesados y contra la pared actualmente en los pasillos de la imponente Corte de Distrito Sur de Nueva York expone, sin ningún tipo de miramientos diplomáticos, los oscuros y oxidados engranajes de esta traición imperdonable al juramento institucional. El devastador documento acusatorio detalla exhaustiva y cronológicamente una muy sofisticada, robusta y eficiente red de protección criminal de alto nivel que se dedicaba a facilitar información militar confidencial clasificada, alterar rutas de patrullaje y otorgar una inquebrantable e ilegal inmunidad judicial, todo ello a cambio de recibir directamente en sus manos y en cuentas fachada sobornos multimillonarios que circulaban con insultante impunidad frente a los ojos de la ciudadanía. La brutal, triste y demoledora conclusión de estas investigaciones foráneas es dolorosamente evidente para el pueblo: este no es en lo absoluto un caso esporádico ni aislado de simples manzanas que se han podrido de forma natural dentro de una secretaría menor. Es, por el más grave de los contrarios, la sombría, meticulosa y sólidamente documentada descripción de un auténtico narcoestado a escala regional, protegido, coordinado y sostenido políticamente desde las sombras y las oficinas refrigeradas del poder ejecutivo estatal.
El vertiginoso y acelerado desplome del sólido blindaje jurídico y mediático que el oficialismo había construido en las calientes tierras de Sinaloa cruzó su punto de quiebre y de no retorno de una manera absolutamente irreversible, propiciado por una jugada maestra de inteligencia que sacudió de golpe los frágiles cimientos del sistema político en todo el país. Las fríamente calculadas entregas voluntarias, acontecidas directamente en suelo norteamericano, del muy respetado y temido general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, un hombre que fungiera nada menos que como el máximo responsable de la secretaría de seguridad pública del estado, y de Enrique Alfonso Díaz Vega, el hombre fuerte y encargado exclusivo de manejar las finanzas y los dineros de la entidad, han sido, sin temor a exagerar, catastróficas, letales y definitivas para todos los altos perfiles implicados en esta red. El contundente e irrefutable hecho de que, precisamente, los principales encargados directos de controlar por un lado las armas y la fuerza del orden, y de administrar meticulosamente todo el dinero y los presupuestos del gobernador por el otro, hayan tomado la radical decisión, motu proprio, de cruzar sigilosamente la línea fronteriza con el único fin de acogerse a los beneficios penales y convertirse de inmediato en valiosísimos testigos protegidos del gobierno estadounidense, pulveriza, evapora y vuelve polvo cualquier intento desesperado, leguleyo y costoso de defensa legal que se intente orquestar desde los cada vez más cuestionados y politizados juzgados en la república de México.
Estos desertores de alto rango de la oxidada maquinaria estatal mexicana no solo se están limitando, en unas asépticas salas de interrogatorio, a validar pasivamente con sus firmas y huellas dactilares las ya de por sí exhaustivas y profundas investigaciones que los agresivos fiscales federales norteamericanos iniciaron pacientemente, a lo largo de varios años, desde las altísimas oficinas de los rascacielos de Manhattan. Están, en este preciso y dramático momento procesal, sentados frente a agentes federales entregando voluminosas cajas repletas con auténticas bitácoras de vuelo confidenciales de las aeronaves del gobierno estatal. Están desmenuzando con precisión quirúrgica la compleja trazabilidad de cuentas bancarias ocultas en oscuros paraísos fiscales y revelando largas, detalladas y comprometedoras listas con los nombres, apellidos y alias de los eficientes operadores financieros que servían de eslabón y que conectaban, de manera directa, fluida y sin contratiempos, al otrora intocable y céntrico Palacio de Gobierno sinaloense con las multimillonarias, transnacionales y altamente violentas operaciones de distribución de estupefacientes de la estructura criminal forjada y liderada durante décadas por el tristemente célebre Joaquín Guzmán. Las múltiples pruebas materiales aportadas son tan contundentes, irrefutables y sólidas que el frío nerviosismo ha escalado velozmente la pirámide y ha alcanzado directamente los peldaños más altos y resguardados del poder ejecutivo central, donde las reuniones de emergencia y las estrategias de mitigación de daños se han convertido en la única e insomne constante.
La reciente, muy comentada y por demás llamativa declaración del máximo encargado de la seguridad a nivel nacional, Omar García Harfuch, quien ante los micrófonos de la prensa admitió abierta y visiblemente tensionado que nada menos que ochenta y cinco funcionarios públicos de diversos niveles y responsabilidades han sido efectivamente detenidos por sus comprobados y oscuros vínculos con los cárteles del crimen organizado, está extremadamente lejos de poder ser considerada como una medalla al mérito policial o un logro digno de presunción gubernamental. En el despiadado, calculador y milimétrico tablero de ajedrez de la política y la justicia internacional, este repentino movimiento mediático y operativo se lee claramente desde el extranjero no como un triunfo genuino y sostenido de la justicia, del Estado de derecho y de la depuración ética interna, sino exclusivamente como una medida de contención absolutamente apresurada y desesperada por parte de un gabinete rebasado por la realidad probatoria. Es, a todas luces, un muy vano y tardío intento por tratar de intentar demostrarle, en una angustiosa y perdedora carrera a contrarreloj, a una enardecida, exigente y todopoderosa Casa Blanca que el gobierno federal, tras años de evidente inacción institucional, finalmente está comenzando a barrer de polvo y corrupción la casa desde adentro.
