El Zócalo de la Ciudad de México no es únicamente una plancha de concreto en el centro neurálgico del país; es, desde hace siglos, el ágora por excelencia de la nación. Es el termómetro de la vida pública, el escenario de las grandes celebraciones y, sobre todo, el refugio histórico de la protesta social y la libertad de expresión. Bajo este contexto, el libre tránsito en sus inmediaciones no debería ser un privilegio concedido por favores políticos, sino un derecho constitucional inalienable. Sin embargo, los acontecimientos recientes han arrojado una sombra de duda sobre quién ostenta verdaderamente el control de este espacio, planteando interrogantes profundas sobre la delegación de la autoridad pública a manos de particulares.
Todo comenzó a hacerse evidente durante un recorrido rutinario. Un filtro de seguridad, colocado presuntamente por las autoridades para organizar un evento, se convirtió en el escenario de un intercambio que raya en el surrealismo y la prepotencia. El periodista Marco Campillo, del portal Meganoticias, se acercó a las vallas que restringían el acceso al Zócalo. Al cuestionar la razón del bloqueo, se encontró con una mujer que, con total naturalidad, asumía el papel de autoridad suprema, decidiendo quién podía ingresar y quién debía ser desviado hacia otras calles. Cuando e
l reportero, cumpliendo con su labor periodística de documentar la legalidad del acto, le preguntó si trabajaba para el gobierno o quién la había colocado en ese filtro, la respuesta de la mujer fue tan desconcertante como indignante: afirmó haber tomado el control por iniciativa propia, describiéndose a sí misma como una “voluntaria” que simplemente “no tenía nada que hacer en su casa”.
¿Es plausible que cualquier ciudadano aburrido pueda trasladarse al centro histórico, apostarse frente a unas vallas metálicas y comenzar a ejercer funciones de control de multitudes sin la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad pública? La lógica dictamina que no. Este nivel de impunidad no es producto del azar, sino el reflejo de un sistema de complicidades que opera bajo la superficie. La mujer en cuestión, rápidamente identificada como María Fernanda Islas, está muy lejos de ser una simple transeúnte buscando una ocupación para su tiempo libre. La autodenominada “cadenera del Zócalo” es una figura ampliamente conocida en los intrincados y a menudo opacos círculos del comercio ambulante de la capital.
Para comprender la magnitud del problema, es indispensable analizar los antecedentes de Islas. Su trayectoria política y social comenzó hace años, forjándose bajo el ala de Alejandra Barrios Richard, la histórica y polémica lideresa de los vendedores ambulantes. En el complejo ecosistema de las calles del centro, el control del espacio es sinónimo de poder económico y político. Hoy en día, Islas es señalada como una de las operadoras de mayor confianza de Diana Sánchez Barrios, actual dirigente de los comerciantes y legisladora local, con quien mantiene una relación cercana desde principios de la década de los dos mil. Esta conexión no es un dato menor; demuestra que Islas pertenece a una estructura organizada, con capacidad de movilización y, sobre todo, con un peso político considerable.
Pero las interrogantes se multiplican al observar el alcance de sus relaciones. María Fernanda Islas no solo opera en las sombras de las calles; también se codea con la oficialidad. Apenas el mes pasado, fue documentada fotográficamente acompañando a altos funcionarios del gobierno capitalino durante la presentación formal de la Unidad de Protección Ciudadana en el Centro Histórico. ¿Cómo se explica que una ciudadana que restringe el paso peatonal de manera arbitraria sea invitada o tolerada en eventos oficiales de seguridad pública? Las fotografías en las que aparece sonriente junto a distintos actores políticos de la actual administración no hacen sino alimentar la sospecha de que su presencia en las vallas del Zócalo responde a un mandato no escrito.
El aspecto más alarmante de esta situación trasciende el simple control peatonal y se adentra en el terreno de la represión política. El pasado 21 de mayo, las cámaras captaron a María Fernanda Islas en un rol mucho más agresivo y preocupante. En un video difundido ampliamente, se le observa encabezando a un grupo de choque compuesto por individuos embozados, quienes irrumpieron de manera violenta en la plancha del Zócalo para retirar una manta de protesta. Dicha lona había sido colocada por el colectivo ciudadano “Mexicanos al grito de paz” y contenía mensajes críticos hacia figuras políticas del partido en el poder. La actuación de este grupo paramilitar urbano operó con total libertad, disolviendo la protesta pacífica bajo el amparo de la inacción policial.
Este modus operandi nos obliga a plantearnos una pregunta fundamental: ¿Estamos presenciando la privatización de la censura? En la teoría política moderna, el monopolio del uso de la fuerza legítima y el mantenimiento del orden público corresponden exclusivamente al Estado. Cuando el gobierno delega —ya sea por omisión consciente o por acuerdos extraoficiales— el control de las manifestaciones a grupos de choque liderados por civiles, incurre en una grave violación a los principios democráticos. Utilizar a líderes de comerciantes o grupos de choque para realizar el “trabajo sucio” permite a las autoridades mantener una fachada de respeto a los derechos humanos frente a las cámaras oficiales, mientras que en la práctica se silencia a los disidentes mediante la intimidación civil.
El discurso oficial de la jefatura de gobierno reitera constantemente que en la Ciudad de México se respeta el libre tránsito y se garantiza el derecho a la libre manifestación. Sin embargo, la realidad que enfrentan los ciudadanos en las calles cuenta una historia diametralmente opuesta. La existencia de figuras como la “cadenera del Zócalo” evidencia un doble rasero. Por un lado, se proclama la apertura de los espacios públicos; por el otro, se permite que caciques urbanos actúen como filtros ideológicos y físicos, dictaminando qué voces tienen derecho a ser escuchadas frente a Palacio Nacional y cuáles deben ser reprimidas en el anonimato.
¿Quién le paga realmente a María Fernanda Islas y a los grupos que lidera? ¿Qué autoridad o funcionario firmó el pacto de impunidad que le permite arrogarse funciones de seguridad pública sin sufrir ninguna consecuencia legal? ¿Es esta la nueva estrategia de control territorial en la capital del país? Los ciudadanos merecen respuestas claras y contundentes, no el silencio cómplice ni las evasivas de las dependencias gubernamentales. Permitir que el corazón de la república sea secuestrado por intereses facciosos es el primer paso hacia la pérdida total de nuestros derechos civiles. El Zócalo debe volver a ser de todos, sin cadeneros, sin grupos de choque y sin censuras veladas. Es imperativo que las autoridades asuman su responsabilidad, transparenten estos operativos irregulares y garanticen que el espacio público siga siendo el bastión de la libertad que la historia de México demanda.
