Colombia acaba de ser el escenario de un auténtico terremoto político, un seísmo de proporciones históricas que ha sacudido los cimientos institucionales del país y ha reconfigurado por completo el mapa del poder en la nación sudamericana. El candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella, ha logrado alzarse con una contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, rompiendo todos los pronósticos y dejando a su paso un mensaje claro y abrumador por parte de la ciudadanía. Sin embargo, más allá de los rostros que aparecerán en la papeleta de la inminente segunda vuelta, el análisis profundo de esta jornada electoral nos revela una verdad incuestionable: el gran derrotado de estos comicios no es otro que el actual mandatario, Gustavo Petro.
El Espejismo de la Izquierda y la Soberbia Electoral
Durante los meses previos a la cita con las urnas, el ambiente en el seno de la izquierda colombiana era de un optimismo que, a la luz de los resultados, rozaba la desconexión total con la realidad de la calle. Iván Cepeda, el candidato designado para recoger el testigo y continuar con el proyecto político del petrismo, se mostraba tan absolutamente convencido de su victoria inminente que adoptó una postura de sorprendente altivez. En un acto de excesiva confianza, Cepeda declinó participar en los debates electorales, privando a los votantes del necesario contraste de ideas, y se prodigó por los diversos medios de comunicación anunciando a bombo y platillo que la presidencia estaba asegurada en primera vuelta. Su equipo de campaña daba por hecho que superarían holgadamente el emblemático umbral del cincuenta por ciento de los votos, consolidando una hegemonía que, en sus despachos, parecía indiscutible.
Pero la democracia, implacable como siempre, dictó una sentencia muy diferente. No solo no lograron alcanzar la ansiada mitad de los sufragios, sino que Iván Cepeda se vio relegado a una amarga segunda posición, superado ampliamente por la candidatura conservadora de de la Espriella. Con los porcentajes de voto actuales sobre la mesa, la aritmética electoral dibuja un panorama desolador para la izquierda. Las casas de apuestas y los analistas políticos más reputados otorgan al candidato de derecha una probabilidad de victoria en la segunda vuelta superior al noventa por ciento. La explicación es tan sencilla como demoledora: la inmensa mayoría de los votos que quedan por repartirse, aquellos sufragios huérfanos de candidato para la ronda definitiva, pertenecen al espectro del centro y la derecha. Salvo un error catastrófico y sin precedentes por parte de la campaña ganadora, todo indica que Iván Cepeda ha dejado escapar no solo esta primera vuelta, sino la propia presidencia de la República de Colombia.
Un Referéndum sobre la Gestión de Gustavo Petro
Para comprender la verdadera magnitud de este descalabro electoral, es imperativo dirigir la mirada hacia la Casa de Nariño. Este fracaso sin paliativos de la izquierda colombiana es imputable, en su inmensa y abrumadora mayoría, a la gestión presidencial de Gustavo Petro. Estas elecciones no eran simplemente una contienda entre nuevos candidatos; eran, en esencia, un referéndum nacional, un plebiscito popular sobre los cuatro años de la actual administración. Y el veredicto de la ciudadanía ha sido un suspenso rotundo y ensordecedor.
Resulta profundamente paradójico contrastar esta realidad con el relato que a menudo se ha proyectado en la prensa internacional, donde en ocasiones se dibujaba una presidencia casi idílica, un periodo de supuestos logros sociales que tendrían a la población colombiana sumida en el agradecimiento. La realidad a pie de calle, en los hogares, en las empresas y en los bolsillos de los colombianos, cuenta una historia diametralmente opuesta. La presidencia ha colapsado bajo el peso de sus propias promesas incumplidas, fracasando de manera estrepitosa en tres frentes fundamentales que han acabado por agotar la paciencia de todo el electorado nacional.
El Estancamiento Económico y la Fuga de Inversiones
El primer pilar de este fracaso monumental es, sin lugar a dudas, la gestión macroeconómica. Las cifras dibujan un panorama de estancamiento que resulta alarmante para un país en vías de desarrollo. Desde la llegada de Petro al poder en agosto de dos mil veintidós hasta el presente año dos mil veinticinco, la renta per cápita de los colombianos apenas ha experimentado un crecimiento acumulado del uno coma ocho por ciento. Estamos hablando de una nación con un inmenso potencial humano y natural que necesita crecer a pasos agigantados para sacar a millones de la pobreza, pero que en un trienio completo no ha logrado incrementar la riqueza real de sus ciudadanos ni siquiera en un magro dos por ciento.
Lo más grave no es solo este crecimiento raquítico, sino las frágiles y peligrosas bases sobre las que se asienta. La política marcadamente intervencionista y el constante discurso antiempresarial promovido por el Ejecutivo han generado un clima de negocios asfixiante, plagado de incertidumbre y arbitrariedad. Como consecuencia directa de esta retórica, la inversión privada —el auténtico y único motor del desarrollo económico y la creación de empleo sostenible a largo plazo— ha huido despavorida del país, cayendo a mínimos históricos. Los empresarios nacionales y extranjeros se resisten a inmovilizar su capital y promover el desarrollo en un entorno que perciben como abiertamente hostil.
Para intentar maquillar esta fuga masiva de inversiones y mantener un espejismo de liquidez, el Gobierno recurrió al peligroso dopaje del endeudamiento público, disparando el déficit del Estado de manera imprudente. Gustavo Petro heredó un déficit cercano al tres por ciento del Producto Interior Bruto y se dispone a entregar un país con esa cifra más que duplicada, alcanzando niveles que solo se vieron en los peores y más oscuros años de la crisis pandémica. Sin esta inyección artificial e insostenible de deuda pública, el declive estructural y económico de Colombia habría sido aún más obvio, profundo y devastador para las clases medias y bajas.
La “Paz Total” y la Explosión de la Inseguridad
El segundo frente donde la administración ha naufragado trágicamente es en el ámbito vital de la seguridad ciudadana. El pilar estrella de su estrategia gubernamental fue la bautizada como “paz total”, una política utópica y sumamente cuestionada basada en la connivencia y el apaciguamiento frente a los diversos grupos guerrilleros y terroristas que operan en el territorio. El resultado de esta política, percibida por muchos como una rendición encubierta y una claudicación del Estado de Derecho, ha sido catastrófico para la población civil.
Aunque los datos oficiales de homicidios se hayan mantenido aparentemente estables, hay un indicador letal que ha encendido todas las alarmas y ha sembrado el auténtico terror en la sociedad, tanto rural como urbana: los secuestros. Después de más de una década de constante declive y notable mejora en la pacificación del país, la aberrante práctica del secuestro volvió a repuntar desde el primer año del mandato petrista. La tendencia se ha descontrolado por completo, culminando en un desolador año dos mil veinticinco con setecientos un secuestros registrados oficialmente.
Estamos hablando de una cifra aterradora que multiplica casi por cuatro los registros previos a la llegada de la izquierda al poder, evidenciando un retroceso dramático a los años más violentos y dolorosos en la historia reciente de Colombia. La “paz total” se ha revelado como un espejismo sangriento donde los únicos que han disfrutado de verdadera tranquilidad e impunidad han sido los criminales armados. Ante este escenario de indefensión crónica y abandono estatal, no es de extrañar en absoluto que Abelardo de la Espriella haya arrasado en las urnas, presentándose ante las masas desesperadas como el “Bukele colombiano”: un líder sin complejos, dispuesto a aplicar la mano dura, restaurar el orden público a cualquier precio y devolver la autoridad del Estado frente al chantaje de los grupos subversivos.
La Corrupción: El Fin de la Superioridad Moral
Finalmente, el tercer y definitivo golpe de gracia a la credibilidad del actual gobierno ha sido su clamoroso e hipócrita fracaso en la lucha contra la corrupción. Existe un viejo y arraigado mito político que sugiere que los líderes de izquierda, aunque a veces puedan ser ineficaces en la gestión técnica de la economía o ingenuos en materia de seguridad, gozan de una pureza ética superior y jamás incurren en el saqueo sistemático de las arcas públicas. El gobierno de Gustavo Petro se ha encargado de pulverizar esa ilusión en un tiempo récord, viéndose envuelto en una espiral interminable, bochornosa y casi diaria de gravísimos escándalos de corrupción.
El más sonado y doloroso para las arcas del Estado ha sido el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), un turbio y complejo entramado de sobrecostes millonarios en la adquisición de camiones cisterna destinados a zonas vulnerables. Este escándalo ha sido tan monumental que ha llevado directamente a la cárcel, bajo prisión preventiva, a figuras de altísimo nivel gubernamental, incluyendo exministros clave de su gabinete y a altos cargos del legislativo.
