La crisis humanitaria y de seguridad que azota al estado de Guerrero, México, ha alcanzado un punto de inflexión sin precedentes en la historia reciente del país. Lo que durante años se denunció en plazas públicas locales y mediante desesperados comunicados comunitarios, hoy ha tomado una dimensión jurídica internacional. Una valiente activista y periodista indígena ha decidido acudir directamente a las máximas instancias de justicia en el mundo para exponer un entramado de violencia, omisión y presunta complicidad que involucra a las más altas esferas del poder político estatal y municipal con el crimen organizado.
La periodista y activista indígena Marcela de Jesús Natalio ha presentado formalmente una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Países Bajos. Esta acción legal no solo se dirige contra el violento grupo criminal conocido como “Los Ardillos”, sino que apunta de manera directa a la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, y a ocho alcaldes de la región de la Montaña Baja. La acusación es sumamente grave: se les señala por su presunta responsabilidad en crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población civil.
El corazón de la denuncia radica en la devastadora situación que atraviesan los habitantes de la Montaña Baja de Guerrero, con un énfasis alarmante en el municipio de Chilapa. De acuerdo con el expediente presentado, durante el mes de mayo de este año, la región sufrió una embestida armada sistemática que paralizó por completo la vida cotidiana de miles de personas. Los ataques no solo destruyeron la paz social, sino que asfixiaron la economía local, el comercio y provocaron el cierre indefinido de los centros educativos.
La consecuencia más dolorosa de esta ola de violencia ha sido el desplazamiento forzado masivo. Miles de ciudadanos indígenas se vieron en la desgarradora necesidad de abandonar sus hogares, dejando atrás sus tierras, animales, viviendas y el patrimonio de toda una vida, únicamente para salvaguardar su integridad y sobrevivir. La denuncia expone que este éxodo forzado es el reflejo innegable de una crisis humanitaria que el gobierno del estado no ha querido o no ha podido contener.
El documento entregado a la justicia internacional detalla minuciosamente el ‘modus operandi’ del grupo delictivo “Los Ardillos” en la región. Se les atribuye la autoría de ataques armados coordinados, amenazas colectivas directas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Además, la denuncia subraya la alarmante evolución tecnológica y militar de la organización criminal, la cual utiliza armamento de alto poder y drones equipados con explosivos para sembrar el terror desde el aire. Con estas tácticas de guerra, el grupo mantiene un control violento del territorio y ejerce una persecución sistemática en contra de las comunidades indígenas que intentan organizarse de forma independiente.
Sin embargo, el aspecto más escandaloso del expediente ante la CPI es la documentación de la supuesta colaboración y negligencia de las autoridades gubernamentales. La denuncia argumenta que la gobernadora Evelyn Salgado ha incurrido en una flagrante omisión deliberada, al no implementar acciones policiales o militares efectivas y oportunas para proteger a las comunidades, a pesar de tener pleno conocimiento de la gravedad de la situación.
A nivel municipal, el caso que más resalta en la investigación es el de la alcaldesa de Chilapa, Mercedes Carballo Chino. El expediente retoma diversas investigaciones periodísticas locales que revelan un alarmante conflicto de interés y un lazo familiar directo con la cúpula criminal: la alcaldesa es identificada como cuñada de Celso Ortega Jiménez, uno de los líderes indiscutibles de “Los Ardillos”, debido a que su hermana, Celsa Carballo Chino, está casada con el presunto jefe criminal.
La lista de los presidentes municipales denunciados internacionalmente por su presunta colaboración, tolerancia o facilitación de las actividades delictivas incluye a figuras clave de la región:
David Astudillo, alcalde de Quechultenango
Pedro Ojeda, alcalde de Ahuacuotzingo
Gerardo Mozo, alcalde de Mochitlán
Alberto Michi, alcalde de Tixtla
Ángel Aguilar, alcalde de Copalillo
Jesús Vázquez, alcalde de Mártir de Cuilapan
Guillermo Matías, alcalde de Zitlala
A todos ellos se les acusa de permitir que la violencia avanzara de forma impune en sus respectivos territorios. Un agravante señalado en el documento internacional es que varios de estos presidentes municipales abandonaron de manera voluntaria la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz establecida en Chilapa. Aunque los funcionarios argumentaron públicamente que dicho mecanismo institucional ya no cumplía con sus objetivos primordiales, los integrantes del Consejo Nacional Indígena sostienen firmemente una postura mucho más sombría: afirman que la salida de los ediles responde a intereses directamente alineados con los de la organización delictiva que domina la zona.
Para que una denuncia de esta magnitud sea admitida y considerada por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya, los argumentos deben estar respaldados por pruebas contundentes e irrefutables. Consciente de este rigor jurídico, Marcela de Jesús Natalio entregó un sólido paquete de evidencias materiales e institucionales. Entre los documentos aportados se encuentran informes oficiales emitidos por la propia Secretaría de Gobernación federal, en los cuales el Estado mexicano reconoce abiertamente la existencia del desplazamiento forzado masivo en esa específica región de Guerrero.
Asimismo, el expediente se complementa con declaraciones juradas y testimonios de las propias víctimas supervivientes de los ataques, peritajes audiovisuales detallados que registran las incursiones de la delincuencia y restos balísticos recolectados en las zonas de conflicto. Estas evidencias buscan demostrar que no se trata de hechos delictivos aislados, sino de un patrón de ataques generalizados y sistemáticos contra una población civil desarmada, lo que encuadra perfectamente dentro de la definición internacional de crímenes de lesa humanidad.
