Lo que acaba de presenciar México en el Senado de la República no es un simple trámite legislativo, es uno de esos momentos sísmicos que quedarán grabados para siempre en la historia política del país. Con una aplastante mayoría de 320 votos, los legisladores emitieron un mensaje claro, contundente y sin titubeos: en este país la ley se aplica de manera pareja para todos. No importa qué tan pesado sea tu apellido, qué tan alto sea el cargo que ostentes, ni qué tan densa sea la red de complicidades que te rodea. El Senado ha aprobado el desafuero de Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI, arrebatándole el escudo constitucional que durante años le permitió evadir a la justicia.
Para entender la magnitud de este suceso, es fundamental comprender qué significa realmente la figura del fuero en nuestro país. Durante décadas, esta “toga protectora” fue utilizada por la clase política como una garantía de impunidad absoluta. Un pase libre para dormir tranquilo mientras los expedientes de corrupción crecían, las denuncias se apilaban y los ciudadanos se preguntaban a dónde habían ido a parar sus impuestos. Hoy, esa toga protectora ha sido destruida para Alito Moreno. Esos 320 votos no son una coincidencia ni un número al azar; representan al Estado mexicano diciéndole a él y a todos los que operan bajo su misma lógica, que la época de los intocables tiene los días contados.
El Saqueo a Campeche: ¿A Dónde Fueron a Parar 83 Millones de Pesos?
La Fiscalía Anticorrupción de Campeche no llegó al Congreso de la Unión con las manos vacías ni con acusaciones fabricadas al vapor. Llegó con expedientes sólidos, con nombres y apellidos, y con testimonios de prestanombres que ya han colaborado con las autoridades, revelando las entrañas de una maquinaria de desvío de recursos públicos verdaderamente indignante.
Las acusaciones formales señalan que, durante su mandato como gobernador de Campeche entre 2015 y 2019, se esfumaron más de 83.5 millones de pesos provenientes de recursos federales. Lo más doloroso de este caso es el destino original de ese dinero: estaba etiquetado específicamente para la Secretaría de Seguridad Pública. Eran fondos que debían utilizarse para equipar a las corporaciones policiales, mejorar la infraestructura y garantizar que las familias campechanas pudieran vivir con menos miedo. En lugar de eso, las investigaciones apuntan a que el dinero fue drenado mediante la simulación de contratos y obras fantasma que solo existían en el papel.
El modus operandi descrito por las autoridades es un reflejo del cinismo puro. Utilizaron a ciudadanos comunes, personas de escasos recursos, a quienes se les pagaron cantidades ridículas y humillantes —apenas 4,000 pesos— a cambio de prestar sus documentos de identidad para facturar servicios inexistentes. Mientras estas personas vulnerables firmaban su propia complicidad por necesidad, decenas de millones de pesos terminaban en los bolsillos de la cúpula de poder.
Crónica de una Impunidad Negociada: El Archivo del Año 2022
Pero, ¿cómo es posible que alguien con acusaciones tan graves lograra sobrevivir políticamente durante tanto tiempo? La respuesta radica en las zonas más oscuras del sistema político mexicano. Para que la justicia llegara hoy, el país tuvo que atravesar años de procesos congelados y dilaciones inexplicables.
En el año 2022, cuando Alejandro Moreno todavía ocupaba una curul como diputado federal, la Fiscalía de Campeche presentó la primera solicitud formal de desafuero. Sin embargo, ese expediente murió lentamente en la Sección Instructora. Según múltiples documentaciones periodísticas y análisis políticos, esto no fue un accidente burocrático, sino un burdo intercambio de favores. En aquel momento, al partido oficialista le urgía aprobar una reforma constitucional para extender la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028. El PRI, liderado por Alito, votó a favor de esta polémica medida y, casi por arte de magia, la solicitud de desafuero en su contra fue archivada. La impunidad se utilizó como moneda de cambio, costándole a México años de espera por justicia.
La Reactivación del Caso y la Voluntad Política
El escenario cambió drásticamente en julio de 2025. Impulsado por la administración de la gobernadora Layda Sansores, quien se negó a mirar hacia otro lado, se presentó una segunda solicitud de desafuero mucho más robusta. Esta vez, la carpeta incluía a dos exfuncionarios de alto nivel de la administración de Moreno ya detenidos por peculado, quienes habían comenzado a aportar información clave sobre el esquema de simulación.
El proceso tampoco fue expedito en esta segunda etapa. Enfrentó aplazamientos a finales de 2025 y principios de 2026. Los líderes de la Sección Instructora argumentaron prudencia, esperando que pasara la efervescencia de la discusión de la reforma electoral, conocida como el “Plan B”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El objetivo era claro: no mezclar los temas jurídicos con los legislativos y evitar darle a Alito Moreno municiones para argumentar una venganza política. Una vez que el Plan B fue aprobado en abril de 2026, el último obstáculo formal desapareció. El camino quedó despejado para que los expedientes hablaran por sí solos.
De Supuesta Víctima Política a Agresor en el Senado
Mientras todo este cerco legal se cerraba a su alrededor, la reacción de Alito Moreno fue la de construir una elaborada narrativa de victimización. El hombre que operaba con la arrogancia característica de los viejos caciques priistas, repentinamente comenzó a presentarse ante foros internacionales y medios extranjeros como un “demócrata perseguido” por un régimen autoritario. Utilizó el micrófono para lanzar acusaciones gravísimas de “narcogobierno” y descalificar a la presidenta Sheinbaum con adjetivos lamentables.
Pero la realidad desenmascaró su discurso de la forma más brutal posible. El 27 de agosto de 2025, al terminar una sesión en el Senado de la República y mientras resonaban los acordes del Himno Nacional, Alejandro Moreno recurrió a la violencia física. Agredió a puñetazos y patadas al senador morenista Gerardo Fernández Noroña y golpeó salvajemente a un trabajador, el camarógrafo que acompañaba al legislador. Ese es el verdadero rostro del hombre que clamaba ser un perseguido político: un dirigente incapaz de sostener un debate democrático que prefiere resolver sus conflictos a golpes en el recinto legislativo más importante del país.
Un Triunfo Contundente para la Presidencia y para México
La histórica votación de 320 sufragios a favor del desafuero representa una monumental victoria política para Claudia Sheinbaum. Durante mucho tiempo, la narrativa de la oposición intentó vender la idea de que la mandataria carecía de carácter propio o que sería incapaz de tomar decisiones fuertes por sí misma. Sin embargo, los hechos de hoy desmantelan esa falsa teoría. Sheinbaum ha demostrado que su promesa de que la ley se aplicará parejo no es un simple eslogan de campaña, sino una auténtica política de Estado. Descongelar procesos que habían sido guardados en el cajón de los acuerdos políticos demuestra una firmeza inquebrantable frente a la corrupción.
Es vital entender que el desafuero no es, en sí mismo, una condena penal. Alejandro Moreno no ha sido declarado culpable por el Senado. Lo que ha sucedido es que se le han quitado sus privilegios constitucionales. Ahora, los jueces ordinarios y los tribunales de México tienen la puerta completamente abierta para revisar sus cuentas, citarlo a declarar y, de ser necesario, juzgarlo sin que ningún amparo legislativo se los impida. Alito Moreno tendrá derecho a la defensa y al debido proceso, pero tendrá que hacerlo como un ciudadano común, enfrentando el peso de la ley de frente.
