Hay un secreto alarmante que se esconde detrás de los cajeros automáticos en este mes de junio, algo que ninguna autoridad ha querido comunicar abiertamente. Más de 11 millones de adultos mayores en México dependen absoluta y dolorosamente de una transferencia bimestral para poder sobrevivir en su día a día. No estamos hablando de un dinero destinado a pequeños lujos o ahorros para el futuro, sino del recurso indispensable y urgente para poder comer, pagar la humilde renta de un cuarto, o adquirir aquellos medicamentos críticos para enfermedades crónicas que las instituciones de salud pública muchas veces no logran surtir a tiempo. Esta transferencia vital lleva el nombre de Pensión Bienestar. Sin embargo, en estos momentos, el calendario oficial de pagos ha desencadenado una gigantesca ola de confusión, desesperación y angustia entre los beneficiarios. Y lo más preocupante de esta crisis es que nadie en la Secretaría del Bienestar ha salido a dar una explicación clara, humana y directa a quienes más lo necesitan.
Junio ha comenzado y el dinero simplemente no ha llegado a millones de cuentas. Antes de que permitas que tu abuela, tu padre o cualquier familiar de la tercera edad tome su tarjeta del Banco del Bienestar y vaya a formarse durante horas bajo el sol abrasador en el cajero automático más cercano, necesitas conocer la verdad completa. Lo que está sucediendo con la Pensión Bienestar en este complicado ciclo de pagos tiene capas muy oscuras, y cada una que se destapa revela un problema mucho más profundo sobre cómo opera realmente este gigantesco y multimillonario programa social cuando las cámaras de televisión gubernamentales no están enfocándolo.
La pesadilla de la dispersión y los cajeros en ceros
El gobierno federal publicó de manera excesivamente discreta el calendario de pagos para el periodo correspondiente a los meses de mayo y junio. En ese documento oficial, disponible en el portal del gobierno pero que sospechosamente no fue difundido en medios ni en redes sociales con el mismo furor propagandístico de otros anuncios electorales, se establece una distribución de depósitos que choca frontalmente con la necesidad inmediata de miles de ciudadanos. El pago correspondiente a estos dos meses ya comenzó a dispersarse en mayo, a través de una ventana de días que varía drásticamente según la letra inicial del apellido del beneficiario, el estado de la república donde reside y el sistema de cobro asignado a su comunidad.
El resultado técnico de este confuso proceso se llama, en los fríos pasillos de la administración pública, “fragmentación de la dispersión”. Pero en las calles de terracería, en las lejanas plazas municipales y a las puertas de las insuficientes sucursales bancarias, significa otra cosa muy distinta: millones de personas mayores de 65 años van a despertar a lo largo de este mes de junio sin un solo peso en sus cuentas bancarias. Caminarán kilómetros bajando de sus comunidades, se formarán durante dos, tres o hasta cuatro horas apoyados en sus andaderas o bastones, insertarán su codiciada tarjeta en el cajero automático y, con el corazón roto, se encontrarán con una pantalla indicando un despiadado saldo en ceros. Muchos de ellos asumirán con inmenso dolor que el gobierno les ha retirado el apoyo definitivo, que su tarjeta se arruinó misteriosamente o que fueron víctimas de la ciberdelincuencia. Las tristes postales de adultos de 70 u 80 años soportando el calor inclemente y sofocante en zonas rurales de Oaxaca, Chiapas, Veracruz o Guerrero por un depósito de 6,000 pesos son la evidencia más cruda de una fragilidad operativa que lastima sistemáticamente a los más vulnerables.
El oscuro secreto del padrón: Los fantasmas que nunca dejaron de cobrar
Pero aquí es donde la trágica historia toma un giro verdaderamente indignante y revelador. Detrás de estos inexplicables retrasos en los pagos existe una actualización masiva, repentina y totalmente sigilosa del padrón de beneficiarios ejecutada por parte de la Secretaría del Bienestar. El objetivo oficial, declarado en voz baja a puerta cerrada, es limpiar exhaustivamente la lista y eliminar los registros duplicados o altamente irregulares. Y es que el sistema escondía una verdad monumental y vergonzosa: entre 300,000 y 400,000 personas que ya habían fallecido continuaban misteriosamente dadas de alta en el padrón activo, “cobrando” de forma puntual la pensión mes con mes.
¿A dónde iba a parar el dinero en efectivo de casi medio millón de muertos? Esa es la gran pregunta incómoda que las autoridades federales han evadido responder a toda costa. En muchísimos casos documentados, extensas redes de corrupción, abusivos dispersores comunitarios y falsos promotores sociales que tenían acceso directo a esta información privilegiada se dedicaban metódicamente a vaciar estas cuentas sin dejar ningún rastro. Eran auténticos fantasmas exprimiendo un presupuesto nacional destinado originalmente a los más pobres de la nación. A diferencia de otros países donde la “verificación de vida” es un trámite estricto, infalible y automático que se cruza en tiempo real con el registro civil, en México el sistema tecnológico tenía agujeros de seguridad del tamaño de un camión de carga. Ante esta realidad insostenible y un millonario desfalco en las arcas, el gobierno se vio forzado a frenar la hemorragia económica de tajo, pero su apresurado método de limpieza fue tan torpe que terminó acuchillando administrativamente a quienes menos la debían.
Daños colaterales imperdonables: Vivos tratados como invisibles
Por el afán de atrapar a los fantasmas ladrones del sistema, la implacable burocracia ha castigado severamente a los vivos. La apresurada y deficiente depuración del padrón significa que hoy en día, entre 180,000 y 250,000 adultos mayores completamente legítimos, personas reales de carne y hueso con necesidad económica urgente, están siendo dados de baja de manera temporal o sus preciadas cuentas han sido congeladas por absurdos e incomprensibles errores de escritorio. Una simple letra mal puesta en el acta de nacimiento por un empleado hace décadas, una leve discrepancia homofónica con el registro de la CURP, o el simple e injusto hecho de vivir a cuatro horas de una oficina gubernamental y no contar con conexión a internet para “verificar sus datos”, es un motivo suficiente para que el implacable sistema informático les corte el suministro vital de manera automática y sin derecho a réplica.
Lo más doloroso y trágico de toda esta situación es que estas bajas temporales suelen notificarse mediante automatizados correos electrónicos a personas que jamás en su larga vida han tocado una computadora, no tienen un teléfono inteligente ni tienen la menor idea de qué es una bandeja de entrada digital. Se estima con alarmante preocupación, según rigurosos datos del CONEVAL, que alrededor del 65% de los millones de beneficiarios de la pensión no tienen absolutamente ninguna otra fuente de ingresos financieros regulares. No cuentan con un seguro médico robusto que les ampare, no reciben una digna pensión privada por sus incansables años de trabajo formal en el campo o la ciudad, ni tienen familiares económicamente estables que puedan sacarlos del terrible apuro. Cuando su depósito bimestral no llega en la fecha esperada, para ellos sencillamente no existe un “plan B”.
Diversos y recientes estudios de trabajo social, documentados minuciosamente en comunidades marginadas del sur del país, revelan una dura realidad que debería quitarle el sueño a cualquier servidor público con un mínimo de empatía: cuando ocurren retrasos en la entrega de la pensión, los abuelos de México simplemente dejan de comer. Pasan obligatoriamente de hacer tres comidas al día a solo dos, o en los alarmantes casos más extremos, sobreviven a duras penas con una sola y deficiente comida diaria. El prolongado silencio institucional del gobierno frente a esta silenciosa crisis alimentaria es, por decir lo menos, criminal y ensordecedor.
Los buitres de la burocracia y un mar de miles de millones
Ante la nula, tardía o confusa respuesta del gobierno y un portal oficial de internet permanentemente saturado que solo responde a los usuarios con frases robóticas, excesivamente técnicas e incomprensibles como “Inconsistencia en datos biométricos”, ha nacido una nueva y sumamente despreciable plaga social: los gestores o “coyotes” de la pensión. En populares colonias marginadas de la capital y abarrotadas cabeceras municipales de todos los estados de la república, individuos manipuladores y sin ningún tipo de escrúpulos se acercan a los abuelos que lucen confundidos y desesperados, ofreciendo descaradamente “destrabar” su anhelado pago o “agilizar” el estancado trámite a cambio de tarifas ilegales que van de los 200 a los 500 pesos por hacer algo que debería ser totalmente gratuito. En ocasiones aún peores, condicionan la supuesta ayuda exigiendo firmar para quedarse con un gran porcentaje del dinero gubernamental recuperado.
Peor aún, existen contundentes denuncias formales interpuestas ante la Fiscalía General de la República y ante diversas fiscalías estatales que exponen con lujo de detalle cómo estos oscuros gestores trabajan en cínico contubernio con empleados directos de la propia Secretaría del Bienestar. Por vergonzosos sobornos clandestinos que oscilan entre los 500 y 2,000 pesos en efectivo, estos funcionarios profundamente corruptos mueven mágicamente el expediente del beneficiario perjudicado para saltarse la gigantesca y letárgica fila virtual, arreglando la famosa “inconsistencia” en cuestión de horas.
Es sumamente imperativo que como sociedad logremos dimensionar y entender la gigantesca magnitud del dinero del que estamos hablando. El presupuesto federal aprobado de este sensible programa para el presente año es, por mucho, el más alto de toda su historia: estamos hablando de más de 303 mil millones de pesos anuales de los impuestos ciudadanos. Para ponerlo en una perspectiva más clara, esto es muchísimo más dinero que el presupuesto anual completo que recibe toda la Secretaría de Educación Pública, y supera holgadamente la inversión conjunta que hace el gobierno en infraestructura carretera, de trenes y aeroportuaria en todo el país. Sin embargo, la máxima autoridad revisora, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ya había encendido las alarmas rojas y advertido del inminente caos financiero. Tan solo en su más reciente revisión de la cuenta pública, la ASF logró documentar e identificar irregularidades masivas y observó la escalofriante cifra de más de 4,328 millones de pesos totalmente sin comprobar o perdidos en un solo año de gestión. Todo este abrumador y gigantesco caudal de dinero fluyendo en la mayor de las oscuridades, siendo operado y maniobrado directamente sobre una población inmensamente vulnerable y sin verdaderos mecanismos efectivos y rigurosos de transparencia gubernamental, es simple y llanamente el caldo de cultivo perfecto para la corrupción más letal y silenciosa.
Tu guía de supervivencia ciudadana: Qué hacer de inmediato si el dinero no llega
Frente a este totalmente desolador y preocupante escenario de abandono institucional, negligencia burocrática y opacidad administrativa, la acción ciudadana rápida, decidida e informada es la única herramienta poderosa que verdaderamente nos queda a la mano. Si tú mismo eres beneficiario directo del programa o tienes la enorme fortuna de tener a un padre, madre o abuelo en casa que lamentablemente aún no ha recibido su vital depósito correspondiente a los difíciles meses de mayo y junio, el primer e indispensable paso, antes de siquiera pensar en permitir que vayan a formarse arriesgando su salud bajo el quemante rayo del sol de mediodía, es ingresar inmediatamente a internet. Desde un teléfono celular o una computadora, entra y verifica con cuidado su estatus actual en el portal web oficial “Mi Bienestar” ingresando correctamente los 18 caracteres de la CURP del adulto titular.
