Tensión máxima en el Congreso de Colombia: Escándalo y repudio generalizado contra Miguel Polo Polo por desechar símbolos de los “falsos positivos” y revictimizar a las Madres de Soacha
El Salón Elíptico del Congreso de la República de Colombia se convirtió en el escenario de una de las jornadas más tormentosas, dolorosas y moralmente complejas de la historia legislativa reciente del país. Lo que debía ser un espacio de debate democrático y control político derivó rápidamente en una confrontación visceral que mezcló el llanto de madres que buscan justicia con el cruce de acusaciones de grueso calibre entre parlamentarios. El detonante de este estallido social e institucional fue la polémica acción del representante a la cámara Miguel Polo Polo, quien arrojó a la basura una serie de botas que habían sido dispuestas en el capitolio como un homenaje artístico y simbólico a las víctimas de los llamados “falsos positivos”.
Este acto, catalogado de inmediato por amplios sectores políticos y sociales como un agravio directo a la memoria histórica, desencadenó la furia y la profunda consternación de la Asociación de Madres de Soacha (MAFAPO). Estas mujeres llevan más de dieciséis años liderando una batalla incansable para esclarecer la verdad tras las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado, que costaron la vida de miles de jóvenes presentados ilegítimamente como bajas en combate.
Durante la plenaria, Jaqueline Castillo, una de las líderes más visibles de las Madres de Soacha, tomó la palabra con una mezcla de firmeza e indiscutible dolor. Su intervención conmovió a gran parte de los asist
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entes al recordar el calvario que han sufrido las familias. “Nos encontramos aquí rechazando ese acto que hizo este señor Polo Polo cuando tiró estas botas en la basura. Quiero decirle a este señor que llevamos 16 años de lucha, desde cuando nuestros familiares fueron tirados en fosas comunes como basura para mostrar al Estado que se estaba ganando la guerra”, exclamó Castillo, con una voz que resonó con fuerza en el recinto.
Castillo enfatizó que cada una de las botas descartadas representaba la vida de un ser humano asesinado de forma miserable. En su discurso, acusó formalmente al representante de generar odio, fomentar la violencia y promover el negacionismo frente a las investigaciones de entidades de alto prestigio como la Fiscalía General de la Nación, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Centro Nacional de Memoria Histórica, las cuales respaldan técnicamente la dolorosa cifra de 6.402 ejecuciones extrajudiciales. Como respuesta legal e institucional, las víctimas anunciaron que interpondrán una demanda penal por daños morales y materiales contra el congresista, exigiendo además al Congreso una estricta sanción disciplinaria y su destitución inmediata.
La indignación de las víctimas encendió los discursos de los representantes de las bancadas de centro e izquierda, quienes arremetieron sin contemplaciones contra la actitud de Polo Polo. Uno de los momentos de mayor tensión verbal estuvo a cargo del congresista David Racero, del Pacto Histórico, quien calificó la conducta de su homólogo de la oposición en términos sumamente severos, acusándolo de carecer de la más mínima sensibilidad humana para comprender el luto ajeno.
“No es un tema político, Polo Polo, no es un tema político; es un tema mínimo de humanidad. Es usted tan vil, rastrero, tan bajo, tan poca cosa, tan poco ser humano que es capaz de burlarse del llanto de madres que han tenido que ir a recoger a sus hijos muertos. De eso se trata usted”, sentenció Racero de manera implacable. El parlamentario insistió en que, independientemente del espectro ideológico o de las discrepancias en torno a las cifras exactas del conflicto, el dolor ajeno no puede ser utilizado como una herramienta de provocación mediática ni como un instrumento para ganar notoriedad en las plataformas digitales.
A este enérgico rechazo se sumó el representante Alfredo Mondragón, quien alertó sobre la preocupante gravedad legal que reviste la conducta del polémico legislador. Mondragón señaló que el comportamiento de Polo Polo roza la ilegalidad al incurrir directamente en la revictimización de los familiares de los fallecidos, violando los principios constitucionales y de derechos humanos que obligan a proteger a los ciudadanos afectados por la violencia. Además, acusó al congresista de oposición de armar una estrategia calculada de provocación física y verbal para simular agresiones en su contra y posteriormente victimizarse a través de videos en redes sociales.
Por su parte, el representante Alejandro Ocampo insistió en que el fuero constitucional y la elección popular no otorgan “patente de corso” a ningún legislador para pisotear las expresiones colectivas de dolor o para mofarse de muertes inocentes, haciendo un llamado general a la sociedad colombiana para no naturalizar este tipo de faltas de respeto en la política nacional.
Frente a la lluvia de críticas y exigencias de retractación que inundaron el recinto legislativo, Miguel Polo Polo se mantuvo firme en su postura defensiva, denunciando lo que él consideró una grave falta de garantías para los partidos de la oposición por parte de la mesa directiva. El congresista afirmó haber sido víctima de agresiones y descalificaciones personales sin que se le respetara plenamente el derecho a la réplica.
Lejos de ofrecer una disculpa directa a las madres presentes, Polo Polo reafirmó su cuestionamiento histórico respecto a los datos oficiales de las ejecuciones extrajudiciales y lanzó un fuerte desafío a sus opositores. “Miren, yo aquí no he hecho más que simplemente pedir la lista de los 6,402 falsos positivos, y aquí todo el mundo se alborotó. Demen la lista con los nombres, los números de cédula y yo me retracto. Se los reto”, argumentó vehementemente el representante, sosteniendo que mientras no se le presentara un documento individualizado con tales especificaciones, la indignación de la bancada de gobierno carecía de sustento fáctico real.
Asimismo, en un intento por desviar la atención y contraatacar políticamente, Polo Polo arremetió contra David Racero, acusándolo de inconsistencia moral por presuntos malos manejos pasados con el personal de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Adicionalmente, el congresista opositor recriminó con dureza el silencio de los sectores gubernamentales frente a las masacres y olas de violencia que se registran de forma simultánea bajo la actual administración, tildando de “hipócritas” a quienes se escandalizan por su protesta simbólica mientras omiten la situación de seguridad actual del país.
Hacia el cierre de la accidentada sesión, la confrontación ideológica dejó en evidencia una preocupante y profunda fractura ética en el debate público colombiano. Los sectores que defienden los derechos de las víctimas reiteraron que la empatía y la solidaridad ante las tragedias del conflicto interno deben estar por encima de cualquier cálculo de partido o estrategia comunicativa. Para ellos, ignorar o ridiculizar el arte memorial no solo profundiza las heridas del pasado, sino que dinamita los esfuerzos colectivos orientados hacia la reconciliación y la no repetición de las atrocidades. Por el contrario, los defensores de las posturas más radicales de la oposición continúan escudándose en la libertad de expresión y el cuestionamiento a las narrativas oficiales del conflicto para justificar acciones que fragmentan la sensibilidad social. Lo ocurrido en el Capitolio Nacional deja una herida abierta en la opinión pública y abre la puerta a un complejo escenario de disputas judiciales y éticas que marcarán el pulso de la política en Colombia.
