71% del VOTO en JUEGO — CEPEDA vs ESPRIELLA tras la ENCUESTA que ALERTA a PETRO

9% entre los colombianos encuestados. Es decir, que casi la mitad del país no lo quiere en la casa de Nariño, no confía en él, no lo ve como el presidente que Colombia necesita. Y Abelardo de la Espriella tiene un rechazo del 33.6%, 6% 10 puntos menos que Cepeda. Lo que en el lenguaje de las elecciones significa que la persona que tiene menos rechazo tiene una ventaja real en una segunda vuelta donde los indecisos, los que votaron por otros candidatos en la primera vuelta y los que estaban en modo fúnebre creyendo que

nada podía hacerse. Tienen que tomar la decisión de a cuál de los dos le ponen el voto. Esos son los números que el gobierno de Petro y la campaña de Cepeda no querían ver esta semana. Esos son los números que los medios del establecimiento presentaron durante un día y al día siguiente ya estaban hablando de otra cosa.

 Y esos son los números que los colombianos de bien tienen derecho a conocer antes del 31 de mayo. Ahora viene la segunda historia, la que más duele, la que más directamente afecta la vida de los colombianos de todos los días, la que no tiene nada que ver con candidatos ni con encuestas, sino con algo mucho más cercano y mucho más concreto, con la salud de tu familia.

El 25 de febrero de 2026, el gobierno de Gustavo Petro expidió el decreto 0182, un documento técnico lleno de lenguaje jurídico y de términos que la mayoría de los colombianos no leen porque suenan a burocracia, a papeleo, a ese mundo de los decretos y las resoluciones que parece muy lejano de la vida real, pero que en este caso tiene consecuencias inmediatas y muy concretas en la vida de más de 6 millones de colombianos.

Lo que ese decreto dice en lenguaje sencillo, en el lenguaje que cualquier colombiano puede entender sin necesidad de ser abogado ni experto en salud, es que el gobierno va a mover a más de 6,illones y medio de personas de su EPS actual a otra EPS que ellos no escogieron, que la mayoría de esos traslados van a terminar en la nueva EPS, que es la EPS del Estado, y que ese movimiento va a ocurrir independientemente de si esa persona estaba recibiendo un tratamiento.

Independientemente de si tenía citas programadas, independientemente de si llevaba años siendo atendida por el mismo médico que conoce su historia clínica, independientemente de si tiene una enfermedad crónica que requiere continuidad en la atención para que el tratamiento funcione, un algoritmo va a decidir a dónde te van, no tú, no tu médico, no tu familia.

Un algoritmo, una fórmula matemática en una computadora del Ministerio de Salud va a determinar que EPS te corresponde a partir del primero de marzo. Y si esa fórmula dice que debes ir a la nueva EPS, a la nueva EPS vas a estado en otra EPS durante años, aunque estés en medio de un tratamiento que puede interrumpirse si te cambian de sistema.

Los colombianos de más edad que nos ven desde sus casas conocen el peso de esa palabra interrupción. cuando se aplica a un tratamiento médico, porque han vivido suficiente para saber lo que le pasa a una persona que estaba tomando sus medicamentos para la tensión o para el corazón o para la diabetes, cuando de repente la EPS que le autorizaba esos medicamentos desaparece de su vida y aparece otra EPS que no tiene su historia, que no tiene sus autorizaciones anteriores, que tiene que empezar de cero con un sistema que ya

estaba saturado antes de que llegaran 6 millones de personas nuevas de un día para otro y La alianza de Asociaciones y Gremios de la Salud, que reúne a las organizaciones más importantes del sector, lo dijo con una claridad que no deja lugar a la interpretación, que este decreto no representa una mejora técnica del sistema, que lo que hace es agravar una crisis que ya existía, que trasladar 2,illones y medio de personas de forma inmediata a la nueva EPS pone en riesgo la continuidad de los tratamientos de los pacientes más vulnerables, porque

esa misma nueva EPS registra hoy. 626 quejas por cada 10.000 usuarios. Una cifra que habla sola sobre la calidad del servicio que van a recibir las personas que lleguen a ella. 626 quejas por cada 10,000 usuarios. Eso no es una EPS que está funcionando bien a la que el gobierno le manda más personas para que funcione mejor.

 Eso es una EPS que ya está en problemas a la que el gobierno le manda más personas. Y la razón por la que el gobierno le manda más personas no tiene que ver con la calidad del servicio, sino con algo mucho más preocupante, con la política, con el castigo a los que se opusieron, con la recompensa a los que obedecieron.

Porque hay un detalle en este decreto que los analistas que lo revisaron señalaron desde el primer momento como la señal más clara de que esta no es una decisión técnica, sino una decisión política. Y es que las EPS que más usuarios pierden con el traslado son exactamente las EPS que más abiertamente se opusieron a la reforma de salud del gobierno de Petro.

Sanitas, que en palabras de los propios analistas fue la EPS más vocal en su oposición al gobierno, pierde con este decreto más de medio millón de usuarios y esos usuarios no se van a repartir de manera uniforme entre las EPS disponibles, sino que se concentran en la nueva EPS, la EPS del Estado, la que el gobierno controla.

 la que crece con cada traslado forzado, mientras las EPS privadas que no se alinearon con el proyecto político del Pacto Histórico se van quedando sin la base de afiliados. ¿Qué necesitan para seguir operando? Los colombianos de más edad que recuerdan el Seguro Social saben exactamente a dónde lleva ese camino. El seguro social no fue el resultado de una decisión repentina de un día para otro.

 fue el resultado de años de debilitamiento progresivo de las alternativas, de traslados, de fusiones, de decretos que fueron poco a poco eliminando la competencia hasta que al final no quedó nada y el Estado fue el único operador, con todo lo que eso significó en términos de colas, de falta de medicamentos, de médicos que no alcanzaban para todos, de un sistema donde la persona enferma no era un paciente con derechos, sino un número en una lista interminable.

Eso es lo que este decreto está construyendo en silencio, sin que el Congreso lo aprobara, sin que los colombianos lo votaran, sin que nadie les preguntara si querían volver a ese sistema que tanto daño le hizo a tanta gente en este país. Y mientras todo esto ocurre, mientras la encuesta que el gobierno no quería ver circula entre los colombianos que saben buscar la información que los grandes medios no muestran completa, mientras el decreto que cambió la EPS de 6 millones de personas empieza a tener efectos

reales en la vida de familias reales en todos los municipios de Colombia. La campaña de Iván Cepeda sigue diciendo que el cambio es inevitable, que el proyecto del pacto histórico es el futuro que Colombia necesita. ¿Qué? Los números que muestran su ventaja son la prueba de que la mayoría del país está de su lado.

 Pero la mayoría del país no votó por este decreto. La mayoría del país no pidió que le cambiaran la EPS sin consultarle. La mayoría del país no dijo que quería volver al seguro social de los años 80 y la mayoría del país. Cuando Atlas Intel le preguntó si Iván Cepeda debía ser el próximo presidente de Colombia, respondió en casi la mitad de los casos que no, que no lo quería, que había otra opción, que la carrera no estaba terminada, aunque los medios del establecimiento llevaran semanas diciéndole que ya lo estaba.

 Esta es la primera parte de esa historia, la historia de los números que el poder no quiso mostrar y de las decisiones que el poder tomó creyendo que nadie estaba mirando. ¿Tú crees que el gobierno tiene derecho a cambiar la EPS de 6 millones de colombianos sin preguntarles nada? ¿O crees que hay decisiones que el Estado no puede tomar solo sin consultar primero a las personas que van a sentirlas en carne propia? Para entender lo que está pasando en Colombia esta semana, hay que entender primero quién es Atlas Intel, porque

mucha gente ha escuchado ese nombre en los últimos días, pero no sabe con exactitud qué hace esa empresa, de dónde viene, por qué sus números generan tanta incomodidad en ciertos sectores de la política colombiana y por qué el gobierno de Gustavo Petro preferiría que esa encuesta no existiera o al menos que no hubiera salido en este momento.

Atlas Intel es una consultora de análisis de datos fundada en Brasil que ha construido su reputación no con discursos, sino con resultados medibles y documentados en los escenarios electorales más exigentes y más escrutados del mundo. Y la historia de cómo llegó a ser la encuestadora más precisa de la elección presidencial de Estados Unidos en 2024.

 Es una historia que vale la pena contar porque es la historia que le da peso a cada número que esa firma publica sobre Colombia. Cuando el mundo miraba las encuestas de las elecciones de Estados Unidos en el año 2024, el consenso entre las grandes firmas de análisis político era que la carrera entre Camala Harris y Donald Trump iba a ser extremadamente cerrada, que la diferencia iba a estar dentro del margen de error y que cualquier resultado era posible, pero que Harris tenía ventajas estructurales que hacían probable su victoria, ventajas en los

estados Bisagra, ventajas en las ciudades, ventajas entre los votantes. jóvenes que se suponía iban a salir masivamente a las urnas en defensa de los derechos que Trump amenazaba. Eso decían las grandes encuestadoras de ese país y de ese mundo. Y eso fue lo que los grandes medios repitieron hasta el día de las elecciones con una convicción que en la mañana del 6 de noviembre de 2024 quedó completamente desmontada por la realidad.

Atlas Intel dijo lo contrario. Dijo que Trump iba a ganar, que no iba a ser una victoria marginal, sino una victoria clara, que los números que las demás firmas estaban midiendo no reflejaban lo que pensaban los votantes reales, sino lo que los votantes querían decir cuando alguien les llamaba por teléfono o los abordaba en la calle.

 que la brecha entre lo que la gente decía en público y lo que iba a hacer en la privacidad del cuarto de votación era más amplia de lo que cualquier otra metodología estaba capturando y que su sistema de reclutamiento digital aleatorio, que recoge respuestas de personas que navegan por la web en su tiempo libre y responden de manera anónima sin la presión social de hablar con un encuestador, era más capaz de capturar esa verdad invisible que cualquier encuesta telefónica o presencial convencional.

El resultado final de esas elecciones le dio la razón con una precisión que los analistas de todo el mundo reconocieron de manera unánime, porque Atlas Intel terminó siendo la encuestadora con el error más pequeño en la predicción del voto popular, un error de apenas tres décimas de punto porcentual en una elección donde otras firmas de enorme prestigio y décadas de experiencia se equivocaron por cuatro, cinco y hasta seis puntos.

 Y eso en el lenguaje de las predicciones electorales es la diferencia entre un instrumento científico de precisión y una aproximación gruesa que puede servirte para orientarte, pero no para tomar decisiones serias. Esa trayectoria es historial probado en el escenario más difícil del mundo. Es lo que hace que los números de Atlas Intel sobre Colombia no puedan descartarse con el argumento de que es una firma desconocida con metodología cuestionable.

 Argumento que ciertos medios y ciertos sectores políticos intentaron usar cuando la primera encuesta de esa firma sobre las elecciones colombianas de 2026 apareció en enero de este año y los resultados no fueron los que el gobierno esperaba ver. Cuando esa primera encuesta salió en enero de 2026 y mostró a Abelardo de la Espriella como el candidato con mayor intención de voto en el escenario presidencial colombiano, la reacción del establecimiento político fue predecible y rápida.

 La misma que siempre produce un número incómodo en una encuesta que el poder no encargó y no controla, que es intentar desacreditar la metodología, sembrar dudas sobre la legalidad de la publicación, buscar expertos que digan que los números no son confiables y esperar que la noticia muera sola bajo el peso de la siguiente información del ciclo noticioso.

Algunos medios señalaron que Atlas Intel utilizaba un método llamado reclutamiento digital aleatorio, que los encuestados eran personas que navegaban por internet y respondían de manera voluntaria, y que eso podría no cumplir con los requisitos técnicos que la ley 2494 de 2025 exige para que un estudio sea clasificado legalmente como encuesta en Colombia, porque esa ley pide un marco muestral probabilístico en el que todos los miembros del universo tengan una probabilidad conocida de ser.

seleccionados y la metodología de Atlas Intel, según algunos expertos consultados, no describe explícitamente ese mecanismo previo de selección aleatoria. Pero hay un problema con ese argumento y es que el mismo argumento se usó en Estados Unidos contra Atlas Intel antes de las elecciones de 2024 y después de las elecciones de 2024, nadie volvió a usar ese argumento porque los resultados demostraron que la metodología funcionaba, que capturaba algo real que las metodologías tradicionales estaban perdiendo y que desacreditar una

encuesta porque usa una técnica diferente de recolección de datos es un argumento que suena técnico, pero que en práctica es muy conveniente para el bando político que no le gusta lo que esa encuesta dice. En Colombia, ese patrón se repitió con una fidelidad casi perfecta, porque los mismos sectores que cuestionaron la metodología de Atlas Intel cuando los números favorecían a la Sprilla son los mismos sectores que no cuestionaron la metodología de otras firmas cuando esas firmas mostraban a Iván Cepeda con ventajas amplias sobre sus competidores

y esa selectividad en la exigencia técnica dice mucho más sobre la agenda de quién hace la crítica que sobre la validez del instrumento criticado. Abelardo de la Espriella es un nombre que muchos colombianos de más edad asocian con las pantallas de los canales de televisión, donde durante años apareció como abogado defensor en casos de alta exposición pública, como uno de esos hombres que hablan con seguridad, que no se dejan intimidar por la presión mediática, que dicen lo que piensan, aunque lo que piensan sea incómodo para

personas poderosas. Y esa imagen que construyó durante décadas frente a las cámaras es en buena medida la base de la identidad política que hoy le permite competir en estas elecciones de una manera que hace apenas un año habría parecido imposible para muchos analistas del establecimiento. Su mensaje central es simple, directo y diseñado para resonar exactamente en las personas que más han sufrido los 4 años del gobierno de Petro, en los colombianos de clase media y popular que vieron como la seguridad se deterioró,

como su EPS empezó a fallar, como los precios subieron, como los negocios pequeños se llenaron de cargas tributarias mientras el gobierno hablaba de cambio, pero los cambios que llegaron fueron los cambios que nadie pidió. de la Espriella dice que Colombia necesita volver a lo fundamental, que el Estado tiene que garantizar seguridad antes que cualquier otra cosa, que sin seguridad no hay inversión, sin inversión no hay empleo y sin empleo no hay dignidad para las familias colombianas que trabajan todos los días

tratando de salir adelante en un país que en 4 años se volvió más difícil y más peligroso para la gente de bien. Sus propuestas tienen una concreción que contrasta con el lenguaje más abstracto de otros candidatos y esa concreción es parte de su atractivo para los votantes que ya no confían en los discursos y quieren saber qué va a pasar exactamente el día que el nuevo presidente llegue a la casa de Nariño.

habla de un plan de choque de 10 billones de pesos para estabilizar el sistema de salud en 90 días, de pagar las deudas que el gobierno de Petro acumuló con los médicos, los hospitales y las EPS, que todavía están funcionando bien, de ampliar el pie de fuerza de la policía y el ejército, de fumigar más de 330,000 haáreas de coca, de crear vivienda con cuota inicial cero y créditos al 2% real anual para los colombianos que sueñan con tener su propia casa.

 Pero que hoy ven ese sueño cada vez más lejos. Lo que hace interesante la candidatura de de la Espriella desde el punto de vista de la dinámica electoral no es únicamente lo que propone, sino como lo propone, con un estilo que combina la claridad del abogado, que sabe que los argumentos tienen que ser concretos y verificables con la energía del político, que sabe que la gente vota con el corazón tanto como con la cabeza.

 Y esa combinación de racionalidad y emoción es exactamente lo que los colombianos, que están cansados de 4 años de retórica revolucionaria sin resultados reales, están buscando en el candidato que van a apoyar el 31 de mayo. En el otro lado de la batalla electoral está Iván Cepeda, un hombre que los colombianos también conocen bien, que ha sido durante décadas una figura de la izquierda parlamentaria colombiana, que construyó su reputación como defensor de los derechos humanos, como investigador de crímenes del Estado y de los

paramilitares, como el congresista que no tenía miedo de enfrentarse a figuras poderosas en el Congreso y en los estrados judiciales y que hoy es el candidato que el gobierno de Petro y el Pacto histórico presentan como la continuación natural del proyecto político que comenzó en 2022 cuando Petro llegó a la casa de Nariño como el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia.

La lógica del argumento que la campaña de Cepeda usa con los colombianos es la lógica del movimiento que no puede detenerse la idea de que Colombia emprendió en 2022 un camino hacia la justicia social, hacia la paz total, hacia la transformación de las estructuras que durante décadas mantuvieron a los más pobres en condiciones de exclusión.

 Y que votar por otro candidato en 2026 sería dar marcha atrás en ese camino, volver a los gobiernos de siempre, regresarle el poder a las élites que lo tuvieron durante toda la historia republicana. Ese argumento tiene fuerza entre los sectores más comprometidos con el proyecto del pacto histórico, entre los jóvenes que votaron por Petro en 2022, con la convicción de que algo diferente era posible.

 entre los movimientos sociales que ven en la continuidad del proyecto político, la única garantía de que los avances alcanzados no se pierdan. Pero la encuesta de Atlas Intel dice algo muy importante sobre ese argumento y es que funciona bien entre los convencidos, pero no está funcionando bien entre los indecisos. Que el 43.9% 9% de rechazo que Cepeda registra en esa medición no es el rechazo de los opositores de siempre, sino también el rechazo de personas que en 2022 votaron por el cambio y que hoy sienten que el cambio que llegó no fue el que

esperaban, el rechazo de los colombianos que querían transformación, pero no querían que su EPS se quebrara, que no querían ver al ejército debilitado frente a las guerrillas, que no querían pagar más impuestos mientras la economía se contraía y la inseguridad crecía en sus barrios. Y aquí es donde las dos historias de esta semana, la historia de la encuesta y la historia del decreto de salud, se unen en un solo hilo que explica por qué el gobierno de Petro está nervioso en este momento de una manera que no estaba

nervioso hace 6 meses. Hace 6 meses, el gobierno todavía podía creer que la narrativa de las encuestas del establecimiento era suficiente para manejar el clima político, que los números que mostraban a Cepeda arriba eran suficientemente amplios para desalentar a la oposición y suficientemente sólidos para proyectar inevitabilidad.

Pero el empate técnico que Atlas Intel mostró en la proyección de segunda vuelta no es solo un problema de imagen. Es una señal de que la gente en Colombia está tomando decisiones diferentes de las que el gobierno necesita que tome para garantizar la continuidad de su proyecto político. El decreto 0182 tiene que leerse en ese contexto porque aunque el gobierno lo presentó como una medida técnica de ordenamiento del sistema de salud, como una decisión necesaria para reorganizar la distribución de afiliados entre la

CPS y garantizar la sostenibilidad del sistema. Lo que el decreto hace en la práctica es concentrar el poder del sistema de salud en manos del Estado en un momento en que faltan apenas 3 meses para las elecciones presidenciales. Y esa concentración de poder no es un accidente de Timín, sino una decisión deliberada de un gobierno que sabe que el tiempo se le acaba y que quiere dejar construido lo más posible de su proyecto antes de que el 31 de mayo llegue y el pueblo colombiano tome su propia decisión.

La Alianza de Asociaciones y Gremios de la Salud, que reúne a las organizaciones que representan a los médicos, los hospitales, las clínicas y las IPS de todo el país, fue muy precisa en su diagnóstico de lo que este decreto significa para los pacientes reales, para las personas de carne y hueso, que no son cifras en una hoja de Excel del Ministerio de Salud, sino seres humanos con enfermedades concretas, con tratamientos en curso, con médicos que los conocen y con historias clínicas que cuentan.

Años de atención continuada que no pueden interrumpirse sin consecuencias graves para su salud. Aliadas dijo con toda claridad que trasladar 2,600,000 personas de manera inmediata a la nueva EPS pone en riesgo la continuidad de los tratamientos de los pacientes más vulnerables. Y lo dijo con un argumento que no puede ignorarse fácilmente, que la nueva EPS, la misma EPS a la que el gobierno está mandando esos millones de personas, registra hoy 626 quejas por cada 10,000 usuarios.

 un número que en el contexto de un sistema de salud ya presionado y con deudas acumuladas no habla de una institución lista para recibir millones de nuevos afiliados, sino de una institución que ya tiene dificultades serias para atender a los que tiene. Hay un detalle en el decreto que los analistas del sector salud señalaron como la señal más clara de que la decisión no es únicamente técnica.

 Y ese detalle tiene que ver con cuáles EPS pierden más usuarios con el traslado y cuáles EPS ganan más usuarios con el traslado, porque esa distribución no es aleatoria ni responde a criterios puramente epidemiológicos o de eficiencia administrativa, sino que sigue un patrón que cualquier colombiano que haya prestado atención a la política de salud durante el gobierno de Petro puede identificar inmediatamente.

Las EPS que más usuarios pierden son exactamente las EPS que más abiertamente se opusieron al proyecto de reforma de salud del gobierno. Las que expresaron públicamente sus reparos a la ley que el gobierno intentó aprobar y que el Congreso rechazó. las que salieron a dar declaraciones en los medios advirtiendo sobre los riesgos del modelo que el Ministerio de Salud estaba promoviendo.

Sanitas, que fue la voz más clara en esa oposición, pierde con este decreto una cifra de usuarios que puede hacerle daño estructural a su operación. Y ese daño no es un efecto secundario no deseado de una medida técnica, sino el resultado esperado de una decisión política que usa el poder regulatorio del Estado para castigar a los que no se alinearon y premiar a los que obedecieron.

La nueva EPS, que es la EPS del Estado, la que el gobierno controla, la que crece directamente con cada traslado forzado, es la gran beneficiaria del decreto. Y ese beneficio no le llega porque sea la mejor EPS del país en términos de calidad del servicio, porque las 62 quejas por cada 10,000 usuarios demuestran que no lo es, sino porque el gobierno decidió que debía crecer y redactó el decreto de manera que así ocurriera, independientemente de lo que eso signifique para los pacientes que van a llegar a ella buscando atención.

Para los colombianos de más edad que nos siguen desde sus casas y que vivieron el seguro social en los años 80, este patrón es reconocible porque lo vivieron en carne propia en una época en que el Estado tenía el monopolio de la salud y ese monopolio significaba en la práctica colas interminables, escasez de medicamentos, médicos que atendían a 300 personas por día porque no había suficientes especialistas en el sistema y una sensación permanente de que si uno se enfermaba de algo.

serio, el sistema no tenía ni la capacidad ni la voluntad de tratarlo de la manera adecuada. La ley 100 de 1993, que creó el sistema de aseguramiento con EPS privadas y competencia entre operadores, fue diseñada precisamente para romper ese monopolio y para introducir incentivos que mejoraran la calidad del servicio.

 Y aunque ese sistema tuvo muchos problemas y muchas deudas, tuvo también logros concretos que los colombianos pudieron sentir en la cobertura de atención médica que se amplió de manera significativa durante los años siguientes. Lo que el decreto 0182 está construyendo no es una mejora de ese sistema, sino un retorno gradual hacia el modelo de monopolio estatal, un retorno que no se anuncia abiertamente, porque si se anunciara abiertamente encontraría resistencia popular, sino que avanza decreto por decreto, traslado por traslado, debilitamiento de EPS privadas

por debilitamiento de EPS privadas, hasta que un día los colombianos se despiertan y descubren que la única opción disponible es la opción del estado, que competencia desapareció, que la elección de EPS que la Constitución les garantiza es en la práctica imposible porque las demás opciones ya no existen o existen de manera tan precaria que no pueden ofrecer un servicio real.

Pero volvamos a la batalla electoral, porque la batalla electoral y la batalla por la salud no son dos batallas separadas que están ocurriendo al mismo tiempo por coincidencia, sino que son dos frentes del mismo conflicto que va a decidirse el 31 de mayo. el conflicto entre un modelo de Estado que concentra el poder, que usa las instituciones para avanzar un proyecto político específico y que trata a los ciudadanos como beneficiarios de un sistema que el gobierno administra a su discreción y un modelo diferente que apuesta por la

libertad de los colombianos para elegir, que cree que la competencia entre opciones es lo que produce calidad y que el papel del Estado es garantizar reglas justas para todos y no decidir por cada ciudadano qué EPS le corresponde y qué candidato debe ganar. En ese contexto, los números de Atlas Intel sobre el rechazo a Iván Cepeda tienen un significado político que va más allá de las encuestas, porque ese 43.

9% 9% de rechazo no es solo la opinión de la oposición de siempre, sino la acumulación de 4 años de decisiones como el decreto 0182 de 4 años de colombianos que se sintieron ignorados en decisiones que los afectaban directamente de 4 años de gente que votó por el cambio esperando un cambio específico y recibió un cambio diferente que no pidió y que en muchos casos no quería.

Abelardo de la Espriella ha convertido exactamente esa brecha, la brecha entre lo que el gobierno prometió y lo que el gobierno hizo en el centro de su propuesta política y su propuesta de recuperar el sistema de salud en 90 días con un plan de choque de 10 billones de pesos, pagar las deudas con los médicos y los hospitales, honrar los compromisos con la EPS que están funcionando bien y devolverle a los colombianos la posibilidad de elegir su operador de salud sin que un decreto les diga a dónde deben Es una propuesta que resuena con fuerza

especial en este momento en que el decreto 0182 está en la primera página de los periódicos y 6 millones y medio de colombianos se están preguntando qué pasó con su EPS. El gobierno de Petro y la campaña de Cepeda reaccionaron a la encuesta de Atlas Intel con argumentos que ya conocemos, con cuestionamientos metodológicos, con señalamientos sobre el momento de publicación de la encuesta, con declaraciones de analistas afines que sugirieron que los números no eran confiables y que las encuestas del establecimiento eran más representativas

de la realidad colombiana. Y el Ministerio de Salud respondió a las críticas al decreto 0182 con el argumento de que la medida refuerza la protección del derecho fundamental a la salud, que ordena la operación del sistema en los territorios y que garantiza la continuidad en la atención de los pacientes.

 Exactamente el lenguaje que cualquier gobierno usa cuando toma una decisión polémica y necesita darle una cobertura de derecho fundamental que haga difícil oponerse a ella públicamente. Pero hay una diferencia importante entre lo que el gobierno dice que hace el decreto y lo que los expertos del sector salud dicen que hace el decreto.

 Y esa diferencia no es una diferencia de opiniones políticas, sino una diferencia sobre hechos concretos y verificables, como el hecho de que la nueva EPS tiene 626 quejas por cada 10,000 usuarios, como el hecho de que las EPS que pierden usuarios con el decreto son exactamente las que se opusieron al gobierno, como el hecho de que 2,600,000 personas van a ser trasladadas de manera inmediata a una entidad que ya tiene dificultades financieras y de calidad antes de recibir ese volumen adicional de pacientes.

Esos hechos no desaparecen porque el gobierno use el lenguaje del derecho fundamental para describir su decreto. Y los colombianos de más edad que han vivido suficiente para distinguir el lenguaje del poder del lenguaje de la verdad, saben leer la diferencia entre los dos. Saben que cuando un gobierno dice que algo es por el bien de la gente, pero no le pregunta a la gente si lo quiere.

 cuando toma una decisión que afecta a 6 millones de personas sin consultar a ninguna de esas 6 millones de personas, hay algo en ese proceso que no respeta a los ciudadanos como adultos capaces de tomar sus propias decisiones sobre su propia salud y la salud de su familia. Hay un número en toda esta historia que vale la pena detenerse a contemplar con calma y es el número 6 millones y medio, porque es un número tan grande que es fácil pronunciarlo de paso sin entender realmente lo que representa.

6 millones y medio de colombianos no es una abstracción estadística, no es una cifra en un informe técnico del Ministerio de Salud. Es 6,illon y medio de personas con nombres y apellidos, con enfermedades concretas y citas programadas y medicamentos que necesitan y tratamientos que no pueden interrumpirse.

 Es la abuela del Tolima que lleva 5 años siendo atendida en la misma EPS por el mismo médico que conoce. su historia de tensión alta y diabetes y que sabe exactamente qué medicamentos funcionan con ella y cuáles le hacen daño. Es el hombre de Barranquilla que está en quimioterapia y que necesita que las autorizaciones de su tratamiento lleguen a tiempo, porque en la quimioterapia no hay margen para los retrasos burocráticos que produce el caos de un traslado masivo no planificado.

 es la mujer de Medellín que tiene un niño con una condición neurológica que requiere terapias especializadas que tardó años en conseguir que le autorizaran y que ahora tiene que empezar. de cero con una EPS diferente que no tiene su historia y que tiene sus propios tiempos de respuesta y sus propias listas de espera. Esas son las personas reales que están detrás del número 6 millones y medio.

 Y esas son las personas que el decreto 0182 mueve de un lado a otro como si fueran fichas en un tablero, sin preguntarles, sin explicarles, sin garantizarles que la continuidad de su atención médica va a ser protegida durante la transición y con la certeza de que la institución a la que van a llegar ya tiene dificultades para atender bien a los que ya tiene antes de recibir a los que están llegando.

la pregunta que muchos colombianos se están haciendo en este momento y que es también la pregunta que hace más nerviosos al gobierno de Petro y a la campaña de Cepeda que cualquier número de Atlas Intel. Es si toda esta historia, la historia de la encuesta que mostró el empate y la historia del decreto que movió 6 millones de personas, ¿va a llegar a los colombianos que necesitan escucharla antes del 31 de mayo o si va a quedar enterrada bajo el peso de la narrativa oficial? que los grandes medios del establecimiento

tienden a reproducir cuando el gobierno necesita que una historia no se expanda demasiado. Esa es la pregunta sobre la que descansa todo lo que viene en esta historia, porque la respuesta que Colombia le dé a esa pregunta el 31 de mayo no depende únicamente de los candidatos, ni de los decretos, ni de las encuestas.

 Depende de si los colombianos de todos los rincones del país tienen acceso a la información completa, a los dos lados de la historia, a los números que el establecimiento muestra y también a los números que el establecimiento prefiere no mostrar y pueden tomar su decisión con todos los elementos sobre la mesa como ciudadanos libres que eligen su destino con conocimiento y no como los destinatarios pasivos de una narrativa que alguien más decidió por ellos.

Atlas Intel dijo en enero lo que el gobierno no quería escuchar y el gobierno intentó silenciar ese mensaje con argumentos técnicos que suenan convincentes hasta que uno recuerda que esos mismos argumentos técnicos ya se usaron en Estados Unidos y allá el tiempo demostró quién tenía razón. El decreto 0182 hizo lo que el gobierno lleva 4 años haciendo con el sistema de salud.

 Avanzar un paso más hacia el modelo que quieres sin pedir permiso a los colombianos que van a vivir con las consecuencias de ese modelo. Y Abelardo de la Espriella lleva semanas recorriendo el país con un mensaje que resuena en la gente precisamente porque no habla de abstracciones ideológicas, sino de las cosas concretas que la gente siente en su vida diaria.

 La inseguridad en su barrio, la cita médica que no llega, el negocio que cada vez es más difícil de sostener, el sueño de la casa propia que cada año se aleja un poco más. Esa es la Colombia de esta semana, la Colombia que Atlas Intel está midiendo, la Colombia que el decreto 0182 está afectando directamente y la Colombia que el 31 de mayo va a tomar una decisión que nadie puede predecir con certeza absoluta, pero que todos en el Palacio de Nariño y en la campaña de Cepeda saben que ya no es la decisión segura que creyeron que iba a ser hace apenas 6

meses. La historia no está escrita todavía y eso es exactamente lo que los tiene a todos muy muy nerviosos. ¿Tú crees que un gobierno que toma decisiones tan grandes sobre la salud de 6 millones de personas sin consultarles nada merece 4 años más? ¿O crees que Colombia necesita un presidente que le pregunte a la gente antes de cambiarle la vida? Hay momentos en la historia de los países en que todo parece estar en orden, en que los que gobiernan dicen que las cosas van bien, en que los medios que apoyan al gobierno repiten

esa versión, en que los candidatos que el poder favorece aparecen arriba en los sondeos que el poder mismo encarga. Y sin embargo, hay algo en el ambiente, algo que no se puede medir con exactitud, pero que la gente siente en los mercados, en los hospitales, en los barrios, en las conversaciones de la mañana, cuando los vecinos se saludan en la puerta y se preguntan cómo les fue, y la respuesta honesta es que no les fue bien, que las cosas siguen difíciles, que algo no está funcionando, aunque nadie en la televisión lo diga con esa

claridad. Eso es lo que está pasando en Colombia en este momento y eso es lo que los números de Atlas Intel están capturando con una precisión que incomoda a las personas que necesitan que esa realidad no se haga pública antes del 31 de mayo. El CEO de Atlas Intel, Andrey Roman, lo explicó con una sencillez que vale la pena repetir, porque es la explicación que los colombianos de más edad que nos siguen desde sus casas necesitan escuchar para entender por qué esta encuesta es diferente de las que el establecimiento usa.

Roman dijo que en Colombia hay una polarización ideológica persistente que estructura la carrera entre la continuidad del proyecto petrista y un amplio frente antipetrista, que esa polarización se alimenta de temas como las reformas sociales, la seguridad y la economía, y que en ese contexto su metodología de reclutamiento digital aleatorio, que captura a personas mientras navegan por internet en su vida cotidiana y responden de manera anónima sin la presión de hablar con un encuestador, tiene la capacidad de

recoger ser verdades que las metodologías telefónicas convencionales pierden porque la gente le dice al encuestador lo que cree que debe decir y no lo que realmente piensa. Esa diferencia entre lo que la gente dice y lo que la gente piensa es la diferencia que le costó la presidencia a Camala Harris en noviembre de 2024 y es la diferencia que puede determinar quién llega a la casa de Nariño el 7 de agosto de 2026.

 Porque en una Colombia donde decir que uno no está de acuerdo con el gobierno puede tener costos sociales, donde en algunos sectores y algunas comunidades apoyar a de la espriella se percibe como posicionarse en el bando de los ricos y los paramilitares y los que nunca han querido el bien de los pobres. Hay muchos colombianos que cuando alguien les llama por teléfono para preguntarles a quién van a votar, dicen una cosa y cuando están en la privacidad del cubículo de votación hacen otra.

 Y es ese votante silencioso, ese colombiano que no exhibe su decisión, pero que el día de las elecciones va a las urnas con una convicción firmísima sobre lo que necesita su familia, el que Atlas Intel dice que está capturando mejor que las demás encuestadoras. Los números de la encuesta de Atlas Intel de enero de 2026, la primera que esa firma publicó sobre las elecciones colombianas son los que más claramente cuentan esa historia, porque en esa encuesta de la Espriya obtuvo el 28% de la intención de voto en primera vuelta y

cepeda el 26.5%. Y en la proyección de segunda vuelta de la espriella le ganaba a Cepeda por 9.3 puntos porcentuales con un 44.2%. contra un 34.9%. Una diferencia que en el lenguaje de las elecciones no es un empate ni una ventaja marginal, sino una victoria clara documentada medida por la firma que más se aproximó al resultado real en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos.

 Y en la encuesta más reciente de esa misma firma, publicada a finales de febrero de 2026, la proyección para la segunda vuelta mostraba ese empate técnico que ya mencionamos con 39.1% 1% para de la Espriella y 38.9 para Cepeda. un margen de dos décimas de punto porcentual que está dentro del margen de error de cualquier encuesta seria y que significa en la práctica que ninguno de los dos tiene garantizada la segunda vuelta, que cualquiera puede ganar y que el resultado del 21 de junio de 2026 va a depender de lo que ocurra en los

próximos meses, de quien convence a más colombianos indecisos, de quien logra movilizar mejor a sus votantes y de si las decisiones del gobierno de Petro en estos últimos meses de mandato ayudan o perjudican a la candidatura de Cepeda entre los colombianos que todavía no han decidido. Ese empate técnico es exactamente el tipo de resultado que hace despertar a un electorado que se había resignado, que hace que la gente que en noviembre de 2025 pensaba que no valía la pena votar porque el resultado ya estaba decidido, empiece a ver la cosa de otra

manera, que empiece a hacer cuentas y a preguntarse si su voto tiene peso, si puede inclinar la balanza, si hay realmente algo que valga la pena defender en una urna el 31 de mayo. Y la respuesta que Atlas Intel le está dando a esa gente con sus números es que sí, que hay algo que defender, que la carrera está abierta, que Colombia no tiene un destino fijado de antemano, aunque el Palacio de Nariño quiera que uno lo crea.

Pero volvamos a la salud, porque la salud es la historia que más directamente conecta con la vida real de los colombianos de más edad que nos están viendo en este momento. Y porque el decreto 0182 no es un episodio aislado, sino el último capítulo de una historia que viene desarrollándose desde que Gustavo Petro llegó al poder en agosto de 2022, prometiendo una reforma de salud que iba a transformar el sistema para beneficiar a los colombianos más pobres, que iba a acabar con los intermediarios, que iba a garantizar que cada peso

destinado a la salud llegara directamente a los pacientes y no se perdiera en las manos de los gerentes de las EPS privadas. Esa promesa tenía una audiencia enorme en Colombia porque el sistema de salud colombiano, a pesar de sus logros reales en cobertura y en la atención de enfermedades que antes eran inaccesibles para los más pobres, tenía también problemas reales y documentados, deudas entre entidades, demoras en las autorizaciones de medicamentos costosos, diferencias en la calidad del servicio entre las zonas urbanas y las rurales y

una sensación generalizada de que el paciente dentro del sistema tenía que luchar. con una burocracia enorme para conseguir lo que necesitaba cuando lo necesitaba. Y no después de meses de tutelas y derechos de petición y recursos de apelación que a muchos colombianos les resultaban imposibles de navegar solos.

Lo que el gobierno de Petro prometió fue resolver esos problemas y lo que el gobierno de Petro hizo fue crear problemas nuevos encima de los que ya existían. problemas que los propios médicos, los propios hospitales y los propios gremios del sector describen con una precisión que no deja lugar a la interpretación política, sino que habla directamente de realidades clínicas y administrativas que están afectando la vida de pacientes reales en este mismo momento.

El sistema de salud colombiano llegó al cuarto año del gobierno de Petro con una deuda acumulada entre las entidades del sistema que los expertos calculan en cifras astronómicas con EPS en liquidación, con hospitales que no pueden pagar a sus proveedores de medicamentos porque no les han pagado a ellos, con médicos que trabajan sin recibir sus honorarios porque los contratos que los hospitales firmaron con las aseguradoras han quedado sin respaldo financiero y con pacientes que llegan a urgencias a buscar atención y

encuentran que el servicio que necesitan no está disponible, no porque no exista en Colombia, sino porque la entidad que debería pagarlo no tiene cómo hacerlo. Iván Cepeda, que sabe muy bien que la salud es el tema que más moviliza a los colombianos de más edad y a las familias de clase, media que dependen del sistema para atender a sus enfermos.

 propuso en febrero de 2026 una reforma que, en palabras de sus propios voceros, reconoce que el sistema está en crisis, que el manejo ha sido deficiente y que se necesita un plan de choque para estabilizarlo. Cepeda dijo que el sistema de salud es una desgracia y en esas palabras hay una honestidad que contrasta con el lenguaje del Ministerio de Salud que habla del decreto de traslados como de una medida que refuerza la protección del derecho fundamental a la salud, mientras los gremios del sector dicen que lo que hace

es agudizar la crisis. Pero hay un problema con la propuesta de Cepeda en salud y es que Cepeda fue parte del proyecto político que creó la crisis que ahora reconoce que existe, que fue uno de los más activos defensores del gobierno de Petro durante los 4 años en que ese sistema se deterioró, que respaldó o no se opuso a las decisiones que los expertos señalan como las causantes del agravamiento de los problemas que ya existían y que ahora le pide a los colombianos que confíen en él para resolver lo que su propio bando político contribuyó a

crear. con el argumento de que él lo haría diferente, mejor, con mayor honestidad que el gobierno que lo precedió, aunque sea la continuación política de ese mismo gobierno. Ese argumento puede convencer a los colombianos que desde el principio creyeron en el proyecto del pacto histórico y que ahora quieren ver ese proyecto corregido y mejorado sin abandonarlo completamente.

Pero no convence fácilmente a los colombianos que perdieron confianza en el proyecto completo, que no quieren una corrección del rumbo dentro de la misma visión, sino un cambio real de dirección y que ven en la candidatura de de la Espriya no la restauración de un pasado que tampoco fue perfecto, sino la posibilidad de un presente diferente que parta de realidades distintas a las que el petrismo ha construido en 4 años de gobierno.

la fractura entre esos dos grupos de colombianos, los que quieren corregir el proyecto y los que quieren cambiarlo, es la fractura que las encuestas están midiendo cuando muestran ese empate técnico en la segunda vuelta, porque en Colombia hay un universo de votantes que en 2022 apoyaron a Petro con entusiasmo genuino y que hoy no saben a dónde ir, que no quieren votar por la derecha de siempre, pero que tampoco pueden votar con convicción por la continuidad de un gobierno que en su opinión no cumplió lo que prometió y que ese universo de

votantes indecisos es exactamente el universo que va a determinar el resultado del 21 de junio de 2026. de la Esprita a ese votante y por eso su mensaje en las últimas semanas ha tenido un tono deliberadamente distinto al de la derecha tradicional colombiana, un tono que no habla de privatizaciones ni de libre mercado sin restricciones ni de los argumentos que históricamente han alejado a los votantes de izquierda de los candidatos de derecha, sino que habla de cosas concretas que esos votantes también valoran de seguridad

para la gente del común y no solo para los empresarios de salud. que funcione en los barrios populares de las ciudades y en los municipios pequeños, de empleos que se creen con inversión privada, pero con reglas que protejan a los trabajadores, de una educación que forme a los jóvenes colombianos para competir en el mundo del siglo XXI.

Si ese mensaje llega a esos votantes indecisos antes del 31 de mayo, si la historia del empate técnico y del decreto 0182 y de los 6 millones de colombianos movidos sin consultarles nada llega a las personas que necesitan escucharla antes de ir a las urnas. Entonces, Atlas Intel podría estar capturando algo real que las demás encuestadoras están perdiendo, algo que se convierte en votos el día que importa, algo que hace que el resultado del 21 de junio sea diferente de lo que el gobierno de Petro y la campaña de

Cepeda necesitan que sea para garantizar la continuidad de su proyecto político. Hay un cruce demográfico en la primera encuesta de Atlas Intel sobre Colombia que vale la pena mencionar con detenimiento porque es el cruce que más directamente habla a los colombianos que hoy nos están viendo.

 al colombiano que tiene más de 45 años, que ha vivido suficiente en este país para tener perspectiva sobre lo que ha cambiado y lo que no ha cambiado, que tiene hijos y nietos y una historia clínica propia y una EPS de la que depende y una pensión que está tratando de proteger o que no pudo conseguir y que no quiere que la situación de sus hijos sea todavía más difícil que la suya.

 Ese colombiano, el de entre 45 y 59 años, el que la primera encuesta de Atlas Intel identificó como el grupo demográfico donde de la espriella tiene la mayor ventaja sobre Cepeda. el colombiano que vivió el Seguro Social y recuerda lo que significaba, que vivió las guerrillas de los años 80 y 90 y recuerda lo que significaba salir a la calle sin saber si volvías, que vivió la crisis económica de 1999 y recuerda lo que significaba perder el trabajo y no poder pagar la cuota de la casa y que desde esa experiencia acumulada mira lo que

está pasando en Colombia en este cuarto año del gobierno de Petro y hace sus propias comparaciones que nadie en los noticieros le pide que haga. pero que él hace solo porque la memoria funciona así, porque la experiencia acumulada de una vida no desaparece aunque el discurso oficial intente reemplazarla con una narrativa más conveniente.

Ese colombiano sabe que la inseguridad ha crecido, no porque lo diga la oposición, sino porque lo siente en su barrio, porque conoce personas que han sido robadas, que han sido extorsionadas, que han tenido que cerrar sus negocios porque los que cobran el vacío llegaron y no hubo manera de librarse de ellos.

sabe que la economía no está bien, no porque lo digan los economistas en los debates televisivos, sino porque sienten el mercado que el dinero alcanza menos, que los precios de los alimentos que siempre compraba ahora cuestan más, que el taxi o el transporte que necesita para moverse cuesta más, que los servicios públicos cuestan más y que ese más no es compensado por ningún ingreso adicional en su bolsillo.

y sabe que el sistema de salud está en problemas, no porque lo reporten los medios de oposición, sino porque fue al médico y tuvo que esperar meses, porque le negaron un medicamento que necesitaba, porque la cita con el especialista que le ordenaron le dijeron que era para dentro de un año, porque vio lo que pasó con alguien cercano que necesitó atención urgente y el sistema no respondió de la manera que debía.

Esas experiencias no son estadísticas, son memorias y las memorias votan. Y eso es lo que Atlas Intel está capturando y lo que las encuestas del establecimiento no están capturando. Las memorias de los colombianos que han vivido suficiente para saber que hay una diferencia entre lo que los gobiernos prometen y lo que los gobiernos hacen, y que esa diferencia se mide no en discursos, sino en la calidad de vida real de las familias reales en los municipios reales de todo el territorio colombiano.

El CEO de Atlas Intel dijo algo que resume perfectamente esa realidad cuando habló de las tres tendencias que van a definir la presidencia de Colombia, polarización ideológica persistente, fragmentación del centro y la derecha y dominio creciente de las redes sociales, y señaló que la aprobación del presidente Petro se mantiene en un rango estable entre el 30 y el 40%.

Un dato que en el contexto electoral significa que entre el 60 y el 70% de los colombianos no aprueba la gestión del gobierno que la candidatura de Cepeda representa y que de ese 60 o 70% insatisfecho con el gobierno depende directamente la magnitud de la ventaja que la oposición puede construir de aquí al 31 de mayo.

El 53.5% 5% de desaprobación que Blomberg Linea reportó para Petro en enero de 2026. Es el número que más le duele al gobierno cuando piensa en las elecciones, porque ese número no es el nivel de desaprobación del candidato Cepeda, sino del presidente Petro. Y el gobierno sabe mejor que nadie que en las elecciones de continuidad de los proyectos políticos el partido gobernante carga el peso de la gestión del gobierno que lo precedió y que si más de la mitad de los colombianos no aprueba a Petro, convencer a esa mitad

de que Cepeda va a ser diferente requiere un esfuerzo descomunal en un tiempo muy corto. Abelardo de la Espriella tiene una ventaja en ese escenario que no siempre se menciona en los análisis políticos, pero que es real y documentada. Y es que concentra el respaldo de la derecha, la centroderecha y el centro político del país de una manera que ningún otro candidato de oposición ha logrado.

 En este ciclo electoral, con un 63.7% entre los votantes de derecha, un 33.8% entre los de centroderecha y un 24.6 6% entre los de centro, una amplitud del espectro político que le da una base mucho más sólida para una segunda vuelta que cualquier candidato que solo consolide los extremos. Esa amplitud es el resultado de años de construcción de una imagen pública que cruza las fronteras ideológicas, de un personaje que los colombianos conocen no solo como político, sino como abogado, que ha defendido causas de todo tipo,

como figura de los medios, que ha sabido comunicar sin el tono excluyente y clasista que muchos candidatos de derecha han tenido históricamente en Colombia y como hombre que habla de los problemas concretos de la gente con una cercanía que no necesita ser actuada porque viene de una trayectoria historia real de contacto con las realidades del país desde los estrados judiciales, donde representó a personas de todos los estratos y todas las regiones.

La gran consulta por Colombia del 8 de marzo. La consulta en la que los partidos y movimientos de oposición están votando para definir cuál será el candidato que lo represente en la primera vuelta. Es el escenario que va a determinar si esa amplitud del respaldo de de la Espriella se traduce en la unificación de la oposición que algunos sectores han pedido, o si la fragmentación que Atlas Intel identificó como una de las tres tendencias clave del ciclo electoral, persiste hasta el 30 y 1 de mayo y reduce las

posibilidades de la oposición de construir la mayoría que necesita para la segunda vuelta. El 8 de marzo es también la fecha que el Ministerio de Salud ha fijado como el inicio de los traslados de usuarios entre EPS bajo el decreto 0182, lo que significa que en el mismo día en que los colombianos están votando en las consultas presidenciales, otros colombianos están comenzando a descubrir que su EPS cambió, que tienen que ir a una oficina diferente para hacer sus trámites, que sus autorizaciones anteriores pueden no ser reconocidas

automáticamente por la nueva entidad y que tratamiento que estaban recibiendo puede tener una interrupción mientras el sistema administrativo procesa el traslado y la nueva EPS registra sus datos y empieza a gestionar sus casos. Ese solapamiento de fechas no es una coincidencia del calendario, sino el resultado de decisiones que el gobierno tomó sabiendo exactamente cuándo caían.

y dice algo importante sobre la manera en que el gobierno de Petro está usando el poder del Estado en estos últimos meses de mandato, no para resolver los problemas del sistema de salud de una manera que los colombianos puedan sentir antes de las elecciones, sino para avanzar en la transformación estructural del sistema hacia el modelo que el gobierno quiere, independientemente de las consecuencias que esa transformación tenga para los pacientes en el corto plazo, porque el gobierno sabe que el corto plazo ya es el periodo de su

sucesor y que si ese sucesor es CPD va a heredar un sistema más concentrado en el estado de lo que era antes. Y si ese sucesor es de la espriella, va a heredar un caos que le va a llevar tiempo resolver y que va a complicar su gestión desde el primer día. Los médicos de Colombia, las personas que están en la primera línea del sistema de salud, las que ven todos los días lo que pasa cuando un paciente llega a urgencias y el sistema no tiene cómo atenderlo.

 Las que firman las fórmulas y piden las autorizaciones y pelean con la CPS para que les aprueben los procedimientos que sus pacientes necesitan sido de las voces más claras en el diagnóstico de lo que el decreto 0182 significa en la práctica. No lo dicen como argumento político, sino como diagnóstico clínico.

 No porque apoyen a ningún candidato, sino porque conocen desde adentro lo que significa para un paciente en tratamiento cambiar de asegurador a mitad de camino y lo que significa para un sistema ya saturado recibir millones de nuevos afiliados de un día para otro sin que haya aumentado la capacidad instalada de médicos, camas, laboratorios y medicamentos para atenderlos.

Las 62 quejas por cada 10,000 usuarios que tiene hoy la nueva EPS no son quejas de personas insatisfechas con el color de las instalaciones o con el tiempo de espera en la sala de recepción. Son quejas sobre problemas de fondo, sobre negación de servicios, sobre demoras en autorizaciones de procedimientos urgentes, sobre falta de médicos especialistas en los horarios en que los pacientes los necesitan y ese número que ya es preocupante con la cantidad de afiliados que la nueva EPS tiene hoy.

 va a crecer cuando lleguen 2,600,000 personas nuevas que vienen de EPS con mayor capacidad operativa y que van a encontrar un sistema diferente, más pequeño, más lento y con menos recursos de los que tenían antes. Hay una palabra que los colombianos de más edad conocen bien y que en estas semanas ha empezado a aparecer con mayor frecuencia en las conversaciones de los médicos y los expertos en salud cuando hablan del decreto 0182 y de la Dirección General de la Política de Salud del Gobierno de Petro.

 Y esa palabra es colapso, no en el sentido dramático y abrupto de un edificio que se cae de repente, sino en el sentido más silencioso y más gradual de un sistema que va perdiendo capacidad poco a poco, que va acumulando presiones, que no puede absorber, que va a posponer problemas hasta que llega un momento en que los problemas pospuestos ya no pueden posponer más y se presentan todos al mismo tiempo en forma de una crisis que tiene consecuencias directas para personas reales que dependen del sistema para mantenerse vivos.

Los colombianos de más edad que han vivido el deterioro del sistema de salud en otras épocas de su historia saben reconocer las señales de ese proceso gradual. saben que hay un momento antes del colapso visible en que las señales son claras para quien quiera verlas, aunque los que tienen el poder prefieran no hablar de ellas y que ese momento es el momento para actuar, para cambiar de rumbo antes de que el daño sea tan grande que la recuperación tome años y cuesten sufrimiento humano mucho más de lo que costó el cambio preventivo que no

se quiso hacer a tiempo. Ese momento podría ser el 31 de mayo de 2026. Si los colombianos que conocen esas señales y entienden lo que significan deciden ir a las urnas con esa conciencia y votar con ella, en lugar de quedarse en casa convencidos de que el resultado ya está decidido y que nada de lo que hagan puede cambiar el rumbo de las cosas en un país que siempre ha sido así.

Pero hay algo más que necesitamos contar en esta historia, algo que conecta la encuesta de Atlas Intel y el decreto 0182 con un cuadro más amplio sobre lo que está en juego en estas elecciones y que tiene que ver no solo con la salud ni solo con los candidatos, sino con el tipo de país que Colombia va a ser en los próximos 4 años y con las consecuencias que esa elección va a tener en la vida de cada familia colombiana, especialmente en la vida de los colombianos que hoy tienen más de 50 años. y que saben que los años que

vienen son los años en que van a necesitar más del Estado, más del sistema de salud, más de la seguridad social, más de todas las instituciones que están siendo transformadas en este momento bajo el gobierno de Petro. La elección del 31 de mayo no es únicamente la elección entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda como individuos.

 No es una elección de personalidades ni de estilos de liderazgo ni de simpatías personales. Es una elección entre dos visiones de Colombia que son profundamente incompatibles entre sí en aspectos fundamentales que afectan la vida cotidiana de manera directa y concreta. Una visión que apuesta por un estado que concentra el poder, que usa las instituciones para avanzar un proyecto ideológico específico, que trata la salud como un bien que el Estado administra y distribuye según sus criterios, que concibe la economía como un campo que debe ser regulado y

controlado para producir los resultados sociales que el gobierno considera correctos y que ve a los ciudadanos como beneficiarios de un sistema que alguien más maneja por ellos. Y otra visión que apuesta por un estado que garantiza reglas justas, pero que no toma decisiones por los ciudadanos, que cree que la competencia entre opciones, incluso en la salud, produce mejor calidad que el monopolio estatal, que confía en que los colombianos son capaces de elegir su EPS, su médico, su educación y su forma de ganarse la vida

sin que el gobierno tenga que decidir eso por ellos y que concibe la seguridad como la condición básica sin la cual todo lo demás, la salud, la educación, El empleo, el bienestar son imposibles de construir. Esa es la elección que está en el fondo de los números de Atlas Intel, la elección que el decreto 0182 está forzando antes de que los colombianos puedan votar.

 La elección que el gobierno de Petro está intentando anticipar con cada decreto, cada reforma y cada traslado masivo de afiliados que ejecuta en estos últimos meses antes de que llegue el momento en que el pueblo colombiano pueda pronunciarse libremente. Y esa anticipación, ese apuro por dejar hechos los cambios antes de que llegue el voto, es en sí misma una señal sobre la confianza que el propio gobierno tiene en que los colombianos, si se les pregunta, votarían por esos cambios de manera voluntaria y libre.

Un gobierno que confía en que su proyecto tiene el respaldo de la mayoría no necesita apresurar los cambios estructurales en los últimos meses de mandato. Un gobierno que confía en que su candidato va a ganar puede tomarse el tiempo de hacer las cosas bien con los procesos debidos, con las consultas necesarias, con la transparencia que los colombianos merecen cuando se trata de decisiones tan importantes como el manejo del sistema de salud de toda la nación.

Pero un gobierno que no está seguro de lo que muestran las encuestas que no encargó. Un gobierno que ve el empate técnico en la segunda vuelta y siente que el tiempo se le acaba, ese gobierno actúa de otra manera, con la urgencia de quien sabe que lo que no haga antes del 31 de mayo puede no poder hacerlo después.

 Y esa urgencia se nota en el decreto 0182. Se nota en el ritmo con que se están ejecutando los traslados. Se nota en la velocidad con que el gobierno está avanzando una transformación que debería tomarse meses o años de debate público y que en cambio se está ejecutando en semanas por decreto. Los colombianos que nos han seguido hasta aquí, que llevan con nosotros desde el principio de esta historia, que escucharon sobre la encuesta y sobre el decreto y sobre los 6 millones de personas movidas sin consultarles nada, tienen derecho a preguntarse qué pueden

hacer ellos con toda esta información. ¿Qué significa en la práctica saber estas cosas en un país donde muchas veces da la sensación de que las decisiones ya están tomadas antes de que la gente tenga la posibilidad de opinar? La respuesta es una respuesta simple pero poderosa, que lo que pueden hacer es exactamente lo que el gobierno no quiere que hagan, que es informarse, hablar con su familia, contarle a su vecino lo que saben, compartir esta historia con las personas que aman y que dependen del sistema de salud y que

merecen saber lo que está pasando con ese sistema antes de que la EPS les llegue a decir que ya no son de esa EPS, sino de otra que ellos no escogieron, conversar con sus hijos adultos sobre lo que está en juego el 31 de mayo y en la segunda vuelta del 21 de junio y sobre todo ir a votar porque en Colombia las elecciones las han decidido en más de una ocasión los colombianos que decidieron quedarse en casa convencidos de que no valía la pena ir.

 Y el resultado de esas elecciones fue exactamente el resultado que ese colombiano que se quedó en casa no quería, pero que ocurrió porque él no fue a impedirlo. El empate técnico que Atlas Intel mostró en la segunda vuelta entre de la Espriella y Cepeda es la señal más clara de que el voto de cada colombiano importa en estas elecciones de una manera que no importaba cuando el resultado parecía decidido, cuando la diferencia era de nueve o 10 puntos y los analistas del establecimiento decían que la brecha era insalvable y que la

oposición podía juntar firmas y hacer mítines y publicar vídeos, pero que al final cepeda iba a ganar porque tenía la mayoría y la maquinaria y el dinero del Estado moviéndose en su dirección. Ese relato ya no puede sostenerse con los mismos argumentos después de que Atlas Intel lo contradijo con números que tienen detrás el respaldo de la encuestadora más precisa del mundo.

Y el decreto 0182 es la señal más clara de que el gobierno sabe que ese relato ya no se sostiene, de que la campaña de Cepeda necesita algo más que los sondeos favorables del establecimiento para llegar al 21 de junio con la ventaja suficiente y de que mientras esa campaña busca los votos, el gobierno está usando el poder que todavía tiene para dejar construido lo más posible de su proyecto antes de que el resultado de las urnas cierre la ventana de oportunidad que el poder ejecutivo le ofrece. dice, “Hay un

momento en la historia de cada país en que las cosas podrían ir en una dirección o en otra, en que la diferencia entre los dos caminos no está fijada de antemano, sino que depende de lo que los ciudadanos decidan hacer con la información que tienen y con el poder que les da el voto.” Y Colombia está viviendo ese momento ahora, en estas semanas previas al 31 de mayo, en este periodo en que los números dicen que la carrera está abierta, en que el gobierno sigue tomando decisiones.

¿Qué afectan a millones de colombianos sin consultarles? ¿Y en qué cada colombiano que decide informarse bien y votar con conciencia está inclinando aunque sea un poco la balanza en la dirección que él cree que es la correcta para su familia y para el país que quiere dejarles a sus hijos y a sus nietos? Atlas Intel predijo la victoria de Trump cuando todos los demás decían que no era posible y lo hizo porque sus números captaban algo que las demás encuestadoras estaban perdiendo.

 La opinión real de la gente real que no le dice al encuestador lo que piensa, sino que guarda lo que piensa para él, momento en que nadie lo está mirando y puede hablar con su propia conciencia frente al tarjetón. Esa misma metodología está diciendo ahora que Colombia está en un empate, que el resultado no está decidido, que hay más colombianos de los que el relato oficial quiere reconocer que están dispuestos a votar por un camino diferente si se les da la información y la confianza de que su voto puede hacer la diferencia.

La pregunta es si esos colombianos van a recibir esa información a tiempo, si van a escuchar esta historia antes del 31 de mayo, si van a saber lo que pasó con el decreto 0182 y con los 6 millones de personas movidas sin consultarles nada, si van a conocer los números reales de la encuesta, que el establecimiento preferiría que no circulara tanto y si van a decidir que sí, que su voto importa, que el empate técnico que muestra Atlas Intel es la razón para ir a las urnas y no razón para quedarse en casa esperando

que otros decidan por ellos. Esa es la historia que estamos contando hoy. Esa es la historia que Colombia necesita conocer antes del 31 de mayo. Y esa es la historia que nosotros en historia oculta vamos a seguir contando con la misma claridad, con la misma honestidad y con el mismo respeto que los colombianos que nos ven merecen, porque merecen la verdad completa, no la versión que el poder prefiere que escuchen.

Si esta historia llegó hasta ti, si te pareció importante, si crees que hay alguien en tu familia, en tu barrio, entre tus amigos, que necesita saber lo que aquí se contó antes del 31 de mayo, entonces te pedimos que hagas algo simple, que compartas este vídeo, que lo mandes al grupo del colegio, al grupo de la familia, a esa persona que sabes que necesita escuchar esto porque depende del sistema de salud, porque tiene una EPS que puede estar afectada por el decreto, porque siempre dice que los polí políticos son todos

iguales y que no vale la pena votar porque esa persona necesita saber que esta vez el empate es real, que su voto puede hacer la diferencia y que quedarse en casa el 31 de mayo es también una decisión que tiene consecuencias. La historia completa está en nuestro canal. No olvides suscribirte y dejar tu me gusta para seguir recibiendo historias como esta.

 ¿Tú crees que cuando un país llega a un empate técnico como el que muestran los números de esta semana, la responsabilidad de lo que venga después recae sobre los que votaron o sobre los que decidieron no votar? Si llegaste hasta aquí, hasta el final de esta historia, ya sabes algo que la mayoría de colombianos todavía no sabe y eso tiene un valor que ningún medio del establecimiento te va a dar.

Este canal acaba de abrir su membresía exclusiva. Con ella vas a poder ver vídeos que no pueden publicarse abiertamente, participar en transmisiones en vivo donde la conversación ocurre sin filtros y tener voz para decidir qué historia contamos la próximo vídeo. No es apoyar un canal, es ser parte de los colombianos que decidieron que la verdad no se negocia.

El botón está justo debajo de este vídeo. Se llama unirse. Es sencillo, es rápido y lo puedes hacer desde donde estés. Colombia necesita personas como tu adentro. Únete. No dejes que esta historia se pierda en el silencio. Hasta la próxima. M.