La madrugada del miércoles 27 de mayo quedará marcada en la historia reciente de Culiacán, Sinaloa, como el día en que las estructuras del poder formal y el poder fáctico chocaron de manera definitiva. En un lapso de menos de veinticuatro horas, una serie de ataques perfectamente coordinados redujo a cenizas cuatro locales comerciales vinculados directamente a los hijos del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya. Lo que los principales espacios informativos presentaron inicialmente como una oleada de violencia espontánea o vandalismo derivado de las pugnas internas del crimen organizado, esconde en realidad una sofisticada trama de inteligencia militar, traición política y un expediente judicial en la Corte de Distrito de Nueva York que amenaza con sacudir los cimientos del gobierno sinaloense.
Para dimensionar la magnitud de los acontecimientos, es necesario comprender el contexto operativo en la región. Desde septiembre de 2024, Culiacán y sus alrededores se han convertido en el escenario de una cruenta guerra de sucesión interna entre las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayos”. Este conflicto fratricida ha dejado un saldo devastador que supera los 3,000 homicidios en un periodo de ocho meses. Durante este tiempo, la estrategia del gobernador Rubén Rocha Moya consistió en mantener un hermético silencio político, apostando a que la neutralidad institucional evitaría que su gobierno se convirtiera en un blanco directo. Sin embargo, los analistas de inteligencia federal y las agencias estadounidenses, como la DEA, interpretaron esta inacción no como prudencia, sino como una firma implícita de connivencia.
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La noche del 26 de mayo, la temperatura en la capital sinaloense rondaba los 28 grados centígrados, un clima típico para la época que pronto se saturó con el olor a combustible y humo. A las 22:14 horas, un dron de vigilancia de las fuerzas federales sobrevolaba el perímetro norte de la ciudad a una altitud de 800 metros. Equipado con tecnología de cámaras térmicas capaces de registrar el movimiento corporal a través de techos de lámina, el dispositivo capturó una actividad inusual: vehículos sospechosos deteniéndose de forma prolongada frente a fachadas específicas y grupos de hombres congregados de manera estratégica en las esquinas.
La inteligencia federal, bajo la conducción del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ya poseía una lista detallada de comercios y propiedades que presuntamente operaban como activos financieros y legales de la familia del mandatario estatal. A pesar de contar con la ubicación exacta de los objetivos y prever los ataques inminentes, la instrucción enviada a las unidades desplegadas a las 23:01 horas fue estricta y quirúrgica: observar, documentar y no intervenir hasta que el cuadro táctico estuviera completo. Esta decisión, lejos de ser una omisión, respondió a una estrategia judicial orientada a permitir que la célula criminal ejecutara su plan, aportando de forma flagrante el eslabón más visible de la acusación internacional: la demostración de que el cártel consideraba al gobernador un activo que debía ser “quemado” de forma literal una vez agotada su utilidad.
El primer golpe se registró a las 00:47 horas del 27 de mayo en la colonia Miguel Hidalgo. Un comando armado a bordo de dos vehículos irrumpió frente a la clínica médica Vida y Salud, un inmueble ligado a los hijos de Rocha Moya en las actas societarias investigadas por las autoridades norteamericanas. Los atacantes abrieron fuego de manera indiscriminada contra la fachada, destrozando puertas y ventanas con ráfagas de grueso calibre, para posteriormente estrellar una unidad contra la estructura y prenderle fuego. Al interior del establecimiento, tres trabajadoras del turno nocturno se refugiaron en los baños para salvar sus vidas mientras el humo comenzaba a filtrarse por las rendijas. Minutos después, seis vehículos del Ejército Mexicano convergieron en la zona en una formación táctica de contención perimetral, logrando rescatar a las empleadas en medio de crisis nerviosas.
La precisión del ataque descartó cualquier asomo de improvisación. Los peritos documentaron que los daños se concentraron estrictamente en el inmueble objetivo, sin afectar las viviendas ni los negocios adyacentes. En un pasillo de la clínica, entre paredes perforadas por los impactos de bala, una fotografía enmarcada de un médico con sus primeros pacientes quedó completamente intacta, cubierta apenas por el polvo de yeso, un detalle que para los analistas reflejó la frialdad y el control absoluto con el que se ejecutó la incursión. Los atacantes sabían con exactitud los horarios de menor afluencia para minimizar las bajas civiles y evitar una respuesta armada inmediata que entorpeciera su escape.
En las horas subsecuentes, el patrón delictivo se repitió de forma sistemática en otros puntos estratégicos de Culiacán. Una imprenta situada en la colonia Los Pinos fue vandalizada e incendiada; fuentes de la investigación señalan que este establecimiento procesaba material y flujos de efectivo que no figuraban en los registros fiscales del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Posteriormente, un local dedicado a la venta de cosméticos en la colonia Las Quintas sufrió daños similares en su área de almacenamiento. El cierre de esta cadena de ataques ocurrió entrada la noche en el primer cuadro de la ciudad, donde la marisquería Los Cuñados fue rociada con gasolina y prendida en fuego. De manera paralela al terror comercial, llamadas anónimas al 911 alertaron sobre el hallazgo de dos maletas de viaje abandonadas frente a una cancha de fútbol en la colonia Estela Ortiz de Toledo, las cuales contenían los cuerpos de dos hombres acompañados de un mensaje intimidatorio.
El verdadero trasfondo de estos siniestros trasciende los daños materiales, estimados en pérdidas de equipamiento médico, archivos de pacientes e infraestructura comercial. El objetivo primordial de la organización delictiva consistió en la destrucción sistemática de archivos físicos, contratos de propiedad y documentos societarios que vinculaban los inmuebles con los nombres que aparecen en la acusación formal de la corte neoyorquina. Se trataba de adelantarse a las órdenes de cateo de la Fiscalía General de la República (FGR) y evitar el embargo preventivo de los bienes.
Tras la jornada de violencia, Omar García Harfuch emitió declaraciones técnicas con un profundo peso jurídico e institucional. El secretario destacó que el gabinete de seguridad federal no ha enfrentado obstrucciones por parte de funcionarios del gobierno de Sinaloa durante las operaciones que se han llevado a cabo a lo largo de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Asimismo, puntualizó que hasta el momento de las investigaciones iniciales no se contaban con indicios suficientes dentro de la inteligencia federal para proceder de manera interna contra el ejecutivo local, desvinculando al gobierno de la república de cualquier señalamiento de complicidad o negligencia ante el curso que ha tomado el expediente en el extranjero. Con estadísticas que superan las 3,000 detenciones y más de 5,600 armas aseguradas en Sinaloa desde finales de 2024, la federación dejó en claro que la facción de “Los Chapitos” ha sido la más golpeada operativamente en los últimos meses.
La situación política del gobernador Rubén Rocha Moya se ha tornado sumamente vulnerable. Al presentarse voluntariamente ante el Ministerio Público Federal en Culiacán en días previos para declarar su inocencia ante los medios de comunicación, el mandatario buscó blindar su imagen pública; sin embargo, esta acción lo dejó en una posición de exposición total. Al quedar evidenciado el distanciamiento con las fuerzas federales y confirmarse que el cártel inició la destrucción de sus redes financieras, Rocha Moya ha perdido tanto el respaldo operativo de los grupos fácticos como la protección institucional sólida que solía otorgarle el cargo.
En las esferas de investigación federal, las miradas se centran ahora en dos figuras clave que operan detrás de los reflectores. Por un lado, se encuentra el personaje denominado por los analistas como “El Contador”, el cerebro financiero de la célula delictiva que planificó los horarios, rutas de escape y la magnitud de los incendios del 27 de mayo para garantizar que los mensajes llegaran a su destino sin desatar un despliegue militar de aniquilación inmediata. Por otro lado, la atención se vuelca hacia los plazos legales de la FGR. Si bien el secretario de Seguridad confirmó que actualmente no existe una ficha roja de Interpol activa contra Rocha Moya, el gobierno de los Estados Unidos ya ha emitido de manera formal la solicitud de detención provisional con fines de extradición para el gobernador y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de la administración sinaloense. Existe un periodo perentorio y estrictamente confidencial en los archivos judiciales para que México responda a dicha petición, un límite de tiempo que definirá si los implicados serán procesados por la justicia mexicana o si tendrán que comparecer ante los tribunales federales de los Estados Unidos.
