En el complejo y siempre dinámico escenario de la política internacional y la seguridad nacional, las palabras de un jefe de Estado tienen el poder de trazar líneas inquebrantables. Recientemente, en una conferencia de prensa que ha captado la atención tanto a nivel nacional como internacional, la presidenta de México abordó con una firmeza inusitada las especulaciones sobre un supuesto “pacto criminal” y la relación de su administración con las autoridades de Estados Unidos. La mandataria no solo desestimó los rumores impulsados por sus adversarios políticos, sino que aprovechó la oportunidad para dar una lección de soberanía, recordando a la comunidad internacional y a sus críticos internos que el país es una nación libre e independiente que no se someterá a presiones ni a narrativas infundadas.
El encuentro con los medios de comunicación comenzó con una pregunta directa y candente sobre la reciente entrega a las autoridades estadounidenses del secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida, y del secretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega. Ante el cuestionamiento sobre los posibles riesgos que estas acciones podrían representar para su gobierno o para el partido en el poder ante posibles declaraciones en suelo extranjero, la respuesta de la presidenta fue tajante y serena: “Ningún riesgo, ninguno. Fue una decisión de ellos entregarse”. Esta declaración inicial, libre de titubeos, sirvió como preámbulo perfecto para desarticular una narrativa mucho más amplia que intenta pintar a su administración bajo la sombra de la sospecha, el temor y el contubernio con el crimen organizado.
Para comprender verdaderamente la magnitud de la defensa presidencial, es fundamental analizar el contexto histórico que ella misma puso sobre la mesa con evidente elocuencia. La mandataria hizo hincapié en el profundo cambio estructural y político que vivió México a partir del año dos mil dieciocho. Durante los treinta y seis años previos, el país estuvo dirigido por administraciones que,
según sus propias palabras, gobernaban priorizando de forma descarada los grandes intereses económicos, tanto de las élites de México como del exterior. La llegada de un nuevo modelo económico marcó el fin definitivo de esa era de privilegios, instaurando un gobierno que, aunque trabaja pacíficamente para todos los sectores de la sociedad, tiene como su máxima prioridad innegociable el bienestar del pueblo mexicano, alejándose de las viejas prácticas corporativistas.
En este punto del discurso, la presidenta dirigió sus críticas más afiladas hacia lo que denominó “las plumas del viejo régimen”. Se refirió específicamente a periodistas, directores de medios y analistas de renombre, mencionando nombres como Riva Palacio y a quienes dirigieron instituciones mediáticas fundamentales como Notimex durante el mandato del presidente Salinas de Gortari. La mandataria expuso con claridad cómo ciertos intelectuales de alto perfil fueron cooptados desde aquel entonces, viviendo cómodamente al amparo del presupuesto y del poder público, creando una enorme burbuja mediática que hoy intenta golpear sin descanso a su gobierno. Recordó de manera incisiva e irrefutable cómo estos mismos comunicadores, que hoy se rasgan las vestiduras hablando alarmados de un supuesto “narcogobierno”, en el pasado hablaban maravillas y encubrían las acciones de figuras oscuras como Genaro García Luna. Asimismo, destacó que estos medios jamás cuestionaron las violentas políticas de seguridad del presidente Calderón, ni mucho menos el doloroso estancamiento de los salarios de la clase trabajadora durante décadas.
Uno de los momentos más álgidos y compartidos de la intervención fue cuando la presidenta cuestionó frontalmente el origen de la frase que ha inundado los espacios de opinión en redes sociales y televisión: “¿Cuál pacto criminal?”. Atribuyó esta coordinada campaña de desinformación a los partidos políticos de derecha y a una comentocracia desesperada que busca sembrar el miedo y la duda en la ciudadanía a falta de propuestas reales. Para desmantelar estas agresivas mentiras, la mandataria no recurrió a la retórica vacía, sino a los datos duros y a los resultados palpables de su estrategia de pacificación nacional.
Contrastando su administración con el oscuro pasado, reveló cifras contundentes que dejaron sin argumentos a la prensa opositora sobre las detenciones de altos perfiles del crimen organizado. Mientras que en administraciones pasadas las detenciones relevantes sumaban apenas treinta y nueve individuos, en el actual sexenio la cifra se ha disparado exponencialmente, reflejando un trabajo de inteligencia sin precedentes. De un total de casi cincuenta mil detenidos en el último año y medio, se han registrado seiscientos setenta y dos arrestos de líderes relevantes, de los cuales cincuenta y seis son considerados de altísima importancia estratégica en las estructuras de los distintos grupos delictivos del país. Estos abrumadores números, respaldados institucionalmente por la Secretaría de la Defensa Nacional, demuestran una operatividad activa, constante y valiente que refuta de raíz cualquier insinuación de inacción o complicidad con las organizaciones criminales. Además de las detenciones, destacó un logro monumental que impacta directamente en la paz social: la reducción del cuarenta por ciento en los índices nacionales de homicidios, un resultado innegable del trabajo diario y coordinado de las fuerzas del orden.
El tema de la política exterior y la siempre compleja relación con el presidente Trump también ocupó un lugar central en el desarrollo de la conferencia. Ante los insistentes rumores esparcidos por la oposición de que el mandatario estadounidense considera que en México existen gobiernos coludidos con el narco, la presidenta aclaró que en sus conversaciones directas y diplomáticas, él nunca se ha referido a ella en esos términos despectivos. “Siempre le he dicho: No es cierto, presidente Trump, en México gobierna el pueblo de México”, sentenció con orgullo, dejando clara su postura inquebrantable de defensa de la dignidad nacional frente a cualquier interlocutor internacional.
Posteriormente, la mandataria delineó la intensa agenda de trabajo conjunto que se avecina en los próximos días, anunciando las importantes visitas de altos funcionarios estadounidenses de seguridad. Confirmó la llegada del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, así como de Sara Carter, la influyente directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, y finalmente la participación del embajador Greer en mesas de diálogo sobre seguridad. Sin embargo, y lejos de mostrar sumisión, aprovechó este importante anuncio para enviar un mensaje sumamente claro sobre cuál es la verdadera y única ayuda que México necesita y exige de su vecino del norte para resolver el problema binacional.
Para la presidenta, la mejor manera en que Estados Unidos puede colaborar no es mediante la injerencia o la intervención directa y armada en territorio mexicano, sino asumiendo valientemente su propia responsabilidad en la gigantesca cadena económica del narcotráfico. Exigió de manera pública que las autoridades norteamericanas atiendan urgentemente su crisis de salud pública para disminuir el desmedido consumo de drogas dentro de sus propias fronteras. Asimismo, instó a que se combata eficazmente el descarado lavado de dinero proveniente de las ventas ilícitas en su territorio, cuestionando de manera lógica dónde quedan los miles de millones de dólares que genera el narcotráfico en suelo estadounidense. Pero sobre todo, exigió que se frene de una vez por todas el flujo ilegal y constante de armas hacia el sur. Subrayó un dato estadístico alarmante que ha sido reconocido y respaldado por el propio Departamento de Justicia estadounidense: el setenta y cinco por ciento de las armas de altísimo poder que terminan empuñando los miembros de la delincuencia organizada en las calles de México provienen de fabricantes y vendedores de Estados Unidos.
En un ejercicio magistral de memoria histórica que cautivó a la audiencia, la presidenta trazó un paralelismo profundamente simbólico entre los enormes desafíos actuales de seguridad pública y la emblemática época de la expropiación petrolera impulsada valientemente por el general Lázaro Cárdenas. Recordó cómo, en aquel difícil contexto histórico, las empresas corporativas extranjeras y la ruidosa oposición conservadora de la época afirmaban a los cuatro vientos que México fracasaría rotundamente porque supuestamente la nación carecía de los ingenieros capaces y de la capacidad técnica necesaria para manejar su propia y vital industria energética. “Y Pemex salió adelante”, afirmó con una enorme sonrisa de orgullo patrio, señalando que la situación actual con el reto de la seguridad pública es exactamente la misma narrativa de desprecio que hoy vuelve a fracasar.
Bajo este contexto histórico, rechazó tajantemente y de forma definitiva la peligrosa idea de regresar a las tácticas entreguistas del pasado, refiriéndose específicamente a la época del presidente Calderón. Recordó que durante ese oscuro periodo, las agencias de inteligencia de Estados Unidos operaban a sus anchas en territorio mexicano en conjunto con la Marina, actuando en muchas ocasiones de manera clandestina y completamente fuera del marco constitucional bajo una terrible visión de eliminación sistemática. “Nosotros somos un país libre, independiente y soberano”, reiteró alzando la voz. Aceptó abiertamente la colaboración binacional y el intercambio de inteligencia fluida con las agencias extranjeras porque el problema es compartido, pero dejó establecida una regla de oro inamovible que marcará su legado: “En México operan necesariamente e indiscutiblemente las instituciones mexicanas”.
Hacia el final de su extensa y reveladora intervención, la presidenta abordó directamente un reciente y polémico artículo publicado por el periódico The New York Times. Señaló que la pieza fue escrita curiosamente por la misma reportera que meses atrás había difundido información inexacta y sensacionalista sobre la supuesta producción masiva de fentanilo, una mentira mediática que fue desmentida con pruebas científicas en su momento por la propia Secretaría de Marina. Criticó severamente que este tipo de reportajes internacionales sigan utilizando desesperadamente la figura criminal ya juzgada de García Luna como supuesta prueba irrefutable para enlodar a las administraciones actuales, un recurso narrativo que consideró repetitivo, perezoso y carente de cualquier rigor periodístico serio.
La mandataria cerró su mensaje matutino reiterando mirando fijamente a las cámaras su compromiso absoluto con la transparencia, la verdad y la legalidad republicana. Aseguró a la nación entera que su gobierno jamás encubrirá a absolutamente nadie, independientemente de su alto rango, posición política o influencia, y que si llegasen a existir pruebas reales y tangibles de vínculos de algún funcionario con la delincuencia, corresponde estrictamente a la Fiscalía realizar las investigaciones pertinentes con todo el rigor de la ley. Sin embargo, enfatizó fuertemente que bajo ninguna circunstancia se permitirá pasivamente que acusaciones fabricadas, sin el menor fundamento comprobable, se utilicen cobardemente para intentar socavar la legitimidad histórica de un gobierno que fue elegido democrática y abrumadoramente por millones de ciudadanos. “No tenemos absolutamente nada que esconder y no hacemos ningún pacto de ningún tipo, ni con criminales de cuello blanco, ni con criminales comunes, ni con la delincuencia organizada”, concluyó de forma magistral, dejando en el recinto un poderoso eco de firmeza institucional y de orgullo soberano que resonará profundamente en cada rincón del debate público durante los próximos días y que, sin duda alguna, definirá el rumbo inquebrantable de la política nacional.
