gobernador está en Sinaloa, no cuenta con servicio de escolta de ninguna institución del gobierno. Lunes 25 de mayo de 2026, mientras la mayoría de los mexicanos dormían, mientras los perros callejeros de Culiacán eran los únicos testigos del silencio que antecede a las tormentas, Omar García Harfuch coordinaba desde una sala de operaciones en la Ciudad de México el operativo más delicado que su secretaría había ejecutado desde que comenzó esta ofensiva.
No era un operativo contra sicarios ni contra líderes de segunda línea del crimen organizado. Era un operativo contra el Estado mismo, contra los funcionarios que durante años ocuparon oficinas con escudos institucionales en la puerta, que firmaron documentos con membrete oficial, que dieron discursos sobre seguridad pública, mientras en sus teléfonos cifrados coordinaban con capos del cártel de Sinaloa los términos de una protección que le costó a México décadas de sangre, de fentanilo cruzando la frontera y de oro ilícito moviéndose
por los puertos del Pacífico como si fuera simple mercancía de exportación entre las 3 de la mañana con 15 minutos y las 5 de la mañana con 45 minutos del lunes 25 de mayo de 2026, 10 funcionarios del estado de Sinaloa cayeron al mismo tiempo en Culiacán, en Mazatlán y en la Ciudad de México. y lo que apareció en sus oficinas, en sus propiedades y en un yate que intentaba alejarse de la costa de Mazatlán a toda máquina cuando los equipos de la Guardia Nacional lo interceptaron.
Es la prueba más contundente que se haya reunido jamás sobre el funcionamiento interno de lo que los investigadores de la Fiscalía General de la República ya nombran en sus carpetas con un término que dice exactamente lo que es la red Costa de Oro. Detente un momento en lo que eso significa. No es una metáfora periodística ni un nombre construido para el consumo mediático.
Es el nombre operativo que los analistas de la Unidad de Inteligencia Financiera asignaron a la estructura de corrupción que durante al menos 12 años conectó a funcionarios del gobierno de Sinaloa, directores de puertos, jueces locales, tesoreros y alcaldes de municipios costeros con los flujos financieros del cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como Los Chapitos, una red que utilizó la minería de oro ilegal en la sierra sinaloense, los puertos de Mazatlán y Topolobampo.
y una cadena de empresas de agroindustria con apariencia completamente legítima para mover recursos que en su origen eran ganancias del tráfico de fentanilo, heroína y metanfetaminas hacia los Estados Unidos. Una red que necesitaba para funcionar que las personas sentadas en las sillas del Poder Institucional de Sinaloa estuvieran dispuestas a mirar hacia otro lado o en los casos que esta madrugada quedaron documentados con audios, con transferencias y con evidencia física.
a participar directamente en la operación. Para entender el peso de lo que ocurrió esta madrugada, hay que entender primero quién es Rubén Rochamoya y por qué su nombre está en el centro de todo lo que se está derrumbando. Rocha Moya no es un político de perfil bajo ni un funcionario de carrera que ascendió por los canales habituales del sistema.
Es un académico de izquierda, ex senador de Morena, originario de Badirahuato, el mismo municipio de la sierra sinaloense donde nació Joaquín Guzmán Loa y donde el cártel de Sinaloa tiene sus raíces más profundas. Gobernó Sinaloa con el respaldo político de Morena y con una imagen pública construida sobre el discurso de la transformación y la honestidad.
Pero el 29 de abril de 2026, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo imputó formalmente junto con otros nueve exfuncionarios y funcionarios activos de Sinaloa, por asociación con el cártel de Sinaloa para introducir fentanilo y otras drogas al mercado estadounidense. Los cargos no son vagos ni genéricos, son específicos. recibía sobornos, coordinaba reuniones con líderes del cártel para negociar protección y apoyo electoral, utilizaba su posición institucional para blindar operaciones que en el lado norte de la frontera terminaban en sobredosis y en
muertes que el gobierno de los Estados Unidos lleva años contabilizando con una precisión que eventualmente se convierte en acusaciones formales. Desde el primero de mayo de 2026, Rocha Moya solicitó licencia como gobernador. Desde entonces, nadie lo ha visto públicamente. García Harfuch ha confirmado que se encuentra en Sinaloa bajo protección del aparato estatal que él mismo construyó durante su gobierno, no bajo custodia federal.
No presentado ante ninguna autoridad, sino en un limbo institucional que el gobierno federal describe con una sobriedad que en sí misma es una declaración de guerra. Su ubicación no es un secreto, pero tampoco es una entrega. Y mientras ese limbo se sostenía en los últimos días de mayo, los investigadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera terminaban de afinar el operativo que esta madrugada del lunes 25 convirtió a 10 de sus colaboradores más cercanos en
detenidos bajo custodia federal. ¿Cuántos años crees que duró esta red operando en plena luz del día, usando puertos federales, firmando permisos oficiales y cobrando sueldos del erario mientras movían el dinero del fentanilo por la costa del Pacífico. Escríbelo en los comentarios porque la respuesta que esta madrugada encontraron los peritos dentro de esas propiedades y de ese yate va a sorprenderte.
La pista inicial que llevó a este operativo específico no nació de una denuncia ciudadana ni de una filtración interna. Nació del cruce de datos que los analistas de la Unidad de Inteligencia Financiera comenzaron a realizar después de que la imputación de Nueva York pusiera sobre la mesa los nombres concretos de quienes según la Fiscalía estadounidense recibían los pagos del cártel.
Cuando esos nombres se cruzaron con los registros de movimiento de cuentas bancarias en instituciones mexicanas y con los patrones de transferencias hacia estructuras offshore en Panamá y en las islas Caimán, que la UIF lleva años rastreando. El patrón que emergió no fue el de individuos aislados cobrando sobornos de manera independiente, fue el de una red con arquitectura, con jerarquía, con roles diferenciados y con un mecanismo de lavado que utilizaba tres canales simultáneos y complementarios.
El primero era la minería de oro ilegal en la sierra de Sinaloa, donde el metal extraído con trabajo forzado y sin concesión legítima se fundía, se certificaba con documentación falsificada y se introducía al mercado formal como producción legítima de empresas mineras con razón social real, pero con accionistas que eran prestanombres del mismo círculo de funcionarios que esta madrugada fueron detenidos.
El segundo canal era portuario. Los puertos de Mazatlán y Topolobampo, dos de los puntos de entrada de precursores químicos para la producción de fentanilo y metanfetaminas más activos del Pacífico mexicano, operaban con una permisividad en la inspección de contenedores, que no era negligencia institucional, sino el resultado de instrucciones directas de funcionarios con autoridad sobre los protocolos de revisión.
El tercer canal era financiero puro, transferencias fraccionadas a través de empresas agroindustriales con operaciones reales, pero con márgenes declarados ante el Servicio de Administración Tributaria, que no correspondían con los volúmenes de efectivo que sus cuentas procesaban en ciclos de 90 días. Lo que los analistas identificaron en las semanas previas al operativo fue que los tres canales convergían en un punto de consolidación común, un sistema de cuentas offshore administrado desde la Ciudad de México por un operador financiero que no tenía
cargo público, pero que aparecía como representante legal de al menos 16 empresas vinculadas a los funcionarios detenidos esta madrugada. Ese operador, cuya identidad forma parte de las carpetas bajo reserva que la Fiscalía General de la República maneja en este momento, es la pieza que conecta la Sierra Sinaloense con los puertos del Pacífico y los puertos del Pacífico con los paraísos fiscales, donde el dinero del fentanilo terminaba blanqueado y disponible para el consumo personal de quienes lo generaron con su protección
institucional. La decisión de ejecutar el operativo en la madrugada del lunes 25 de mayo no fue aleatoria. La inteligencia de la Secretaría de Seguridad detectó que en ese fin de semana específico, varios de los funcionarios identificados como objetivos del operativo estarían fuera de sus entornos habituales de seguridad personal sin los esquemas de protección que normalmente los rodean en sus oficinas y residencias principales.
Uno de los objetivos de mayor jerarquía. El secretario de gobierno del gabinete saliente de Rocha, Moya, estaba en una propiedad particular en las afueras de Culiacán que no figuraba a su nombre en ningún registro público, pero que los rastreadores de activos de la UIF habían identificado semanas antes como parte de su patrimonio no declarado.
Otro de los objetivos, el director de operaciones portuarias de Mazatlán, había viajado ese fin de semana a su residencia costera, ignorando que a 200 m de esa residencia, en una zona de fondeo privado, el yate en el que planeaba salir al amanecer del lunes ya estaba bajo vigilancia satelital desde el viernes.
Los retenes se activaron a las 3 de la mañana con 15 minutos de manera simultánea en los tres puntos de operación. En Culiacán, cuatro helicópteros Black Hawk de la Guardia Nacional cruzaron el perímetro urbano a baja altura, siguiendo rutas que los pilotos habían practicado en simulaciones durante los tr días previos para minimizar el tiempo de exposición sonora sobre zonas residenciales.
Los comandos de tierra encapuchados y en patrullas sin logotipos institucionales visibles. Una táctica que la Secretaría de Seguridad ha utilizado en los operativos más sensibles de esta ofensiva para reducir el riesgo de filtraciones en tiempo real. Tomaron posiciones simultáneas en cinco domicilios distribuidos en tres colonias distintas de la ciudad.
En Mazatlán, los equipos de la Guardia Nacional Costera coordinaron con unidades navales de la Armada de México para cerrar el acceso marino a la zona de Fondeo, donde el yate estaba anclado, mientras dos grupos terrestres se dirigían a las otras dos propiedades objetivo dentro del perímetro urbano del puerto. En la Ciudad de México, un equipo especializado de la Fiscalía General de la República ejecutó simultáneamente dos órdenes de aprensión contra personas vinculadas a la red que operaban desde la capital, incluyendo al operador
financiero cuya identificación había sido el detonante final del operativo. Las comunicaciones entre los tres puntos se mantuvieron en un canal encriptado de uso exclusivo sin posibilidad de intercepción por los sistemas de monitoreo que los operadores del cártel utilizan habitualmente para detectar movimientos de fuerzas federales.
Desde el momento en que se activaron los retenes hasta el momento en que el último de los 10 objetivos estuvo bajo custodia, transcurrieron 2 horas 30 minutos. Fue un operativo de precisión ejecutado con la misma lógica que un reloj suizo, salvo que lo que estaba midiendo no era tiempo, sino el momento exacto en que una red de corrupción de 12 años dejaba de poder protegerse a sí misma. Suscríbete si te gusta el video.
La primera anomalía del operativo ocurrió en el quinto domicilio intervenido en Culiacán, una casa de dos plantas en una colonia residencial de acceso controlado registrada a nombre de una empresa constructora, cuyo único proyecto documentado ante el municipio era una obra que nunca se terminó y que tampoco necesitaba terminarse porque su función real nunca fue construir nada.
Cuando los comandos de la Guardia Nacional ingresaron al domicilio, el funcionario objetivo, el tesorero del gobierno estatal de Sinaloa, en el periodo 2021 a 2025, intentó acceder al baño principal de la planta alta con su teléfono en la mano. El protocolo de intervención lo detuvo antes de que pudiera destruir el dispositivo, pero lo que ocurrió en los 30 segundos siguientes es uno de los momentos que los investigadores describen como los más tensos de toda la operación.
El tesorero intentó suicidarse. Tenía en el bolsillo del pantalón una pastilla que los peritos médicos que lo atendieron en los minutos siguientes identificaron como uno de los barbitúricos de acción rápida, que en contextos de crimen organizado se utilizan precisamente para ese escenario.
Para eliminar al eslabón que conecta el dinero con las órdenes antes de que pueda hablar, no llegó a ingerirla. fue reducido por los elementos de la Guardia Nacional y trasladado a instalaciones médicas, donde fue estabilizado y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. El teléfono que intentaba destruir fue asegurado intacto.
Los peritos especializados en extracción forense de datos lo abrieron en las primeras horas del lunes y lo que encontraron dentro es parte del corpus de evidencia que los investigadores describen como suficiente por sí solo para sostener una acusación formal sin necesidad de ningún otro elemento. Escribe en los comentarios si alguna vez pensaste que los funcionarios que ves dando conferencias de prensa sobre seguridad pública en Sinaloa podían estar coordinando con el cártel al mismo tiempo.
Porque lo que esta madrugada apareció en esos teléfonos y en esas propiedades va a cambiar para siempre la manera en que lees una declaración oficial de cualquier Secretaría de Gobierno Estatal en México. Lo que los peritos encontraron en el domicilio del tesorero, además del teléfono, fue una caja fuerte empotrada detrás de un panel de madera en el estudio de la planta baja, camuflada con la misma precisión que las bodegas de los barcos que García Harf incautó en abril.
La caja contenía $4,300,000 en efectivo, empaquetados en fajos sellados al vacío, con el mismo método industrial que los investigadores habían visto antes en los contenedores de los barcos. Contenía también 16 lingotes de oro sin número de serie original con marcas de refundición que los peritos especializados en metales preciosos reconocieron de inmediato como el sello característico de las operaciones de lavado a través de minería ilegal en la sierra de Sinaloa y contenía un sobre cerrado con 13 memorias USB organizadas por año con etiquetas manuscritas que
van desde 2013 hasta 2025. Los investigadores de la fiscalía describieron esas memorias en el lenguaje técnico y contenido que caracteriza sus comunicaciones internas, como el registro contable de 12 años de operaciones de la red [carraspeo] Costa de Oro, no como fragmentos, como el registro completo con nombres, montos, fechas y cuentas de destino. Mazatlán.
El operativo tuvo una variante que lo convierte en uno de los momentos más cinematográficos de toda la ofensiva. Aunque la palabra cinematográfico resulta insuficiente cuando se trata de algo que ocurrió de verdad en el océano Pacífico, a 4 km de la costa antes del amanecer del lunes 25 de mayo, el director de operaciones portuarias de Mazatlán, uno de los funcionarios con mayor responsabilidad directa sobre los protocolos de inspección de contenedores que la red Costa de Oro había corrompido durante años, no estaba en su residencia
costera cuando los equipos terrestres llegaron a asegurar estaba en el yate. Había recibido algún tipo de señal de alerta, no del canal encriptado de la operación que era imposible de interceptar, sino posiblemente de un contacto dentro del perímetro terrestre que detectó el movimiento de vehículos sin logos institucionales y alcanzó a enviar un mensaje antes de que el operativo cerrara las comunicaciones del área.
El yate había elevado anclas 17 minutos antes de que las lanchas de la Armada de México llegaran a la zona de fondeo. 17 minutos que en mar abierto, con un yate de mediano calado y motor de alta potencia representan aproximadamente 4 km de distancia. No fueron suficientes las lanchas interceptoras de la Armada, que operaban con información de posicionamiento satelital en tiempo real y que habían sido preposicionadas a 8 km al norte de la zona de Fondeo, precisamente para cubrir ese escenario, alcanzaron al yate en menos de 12
minutos. Las imágenes que los equipos de grabación de la Armada capturaron durante la interceptación muestran al yate reduciendo velocidad cuando las lanchas lo rodearon por tres costados con los reflectores encendidos sobre su cubierta y con la voz de mando del oficial naval, ordenando por altavoz que la tripulación se identificara y se presentara en cubierta.
El director de operaciones portuarias salió a cubierta por su propio pie, sin resistencia física, con las manos visibles. Fue trasladado en una de las lanchas a instalaciones de la Armada en el puerto de Mazatlán y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. El yate fue asegurado y remolcado al muelle principal, donde los peritos comenzaron la inspección técnica con los mismos protocolos que se utilizaron en los barcos incautados en abril.
Lo que encontraron en el yate del director portuario no estaba oculto en bodegas con doble fondo ni en compartimentos sellados con presión de nitrógeno. Estaba en la cabina principal sobre la mesa del comedor, como si el propietario lo hubiera estado revisando en las horas previas a su intento de fuga. Eran impresiones en papel de transferencias bancarias, estados de cuenta de al menos cuatro instituciones financieras con sede en Panamá y en las Islas Caimán y un documento de 47 páginas que los peritos describieron inicialmente como un manual operativo.
Un documento que describe con detalle de ingeniería los procedimientos que los capitanes de puerto debían seguir para dejar pasar contenedores específicos sin inspección, los códigos de identificación que esos contenedores llevaban en sus precintos. para distinguirlos de la carga legítima y los horarios de ventana de ingreso que la red Costa de Oro utilizaba para introducir los contenedores con precursores químicos durante los turnos en que los inspectores más confiables para el cártel estaban de servicio. Un
manual escrito con procedimientos, con códigos, con horarios, funcionando en el puerto federal de Mazatlán durante años. ¿Sabes cuántas toneladas de precursores químicos para producción de fentanilo pasaron por ese puerto mientras ese manual estaba vigente? Nadie tiene todavía la cifra exacta, pero los investigadores de la fiscalía dicen que cuando terminen de cruzar los registros de los contenedores que pasaron sin inspección con los datos de producción de fentanilo que la DEA tiene documentados para el periodo 2013 a
2025, el número va a ser uno de los más altos que se hayan asociado a un solo punto de entrada en la historia del tráfico de drogas en México. Escríbelo en los comentarios si crees que ese número debería hacerse público. El perfil de los 10 funcionarios detenidos esta madrugada no es el de operadores de bajo nivel que ejecutaban órdenes sin entender el sistema en el que participaban.
Es el perfil de una burocracia corrupta en su nivel más funcional y más peligroso. El secretario de gobierno del gabinete saliente de Rocha Moya, detenido en su propiedad no declarada en las afueras de Culiacán, era la pieza de coordinación entre la red y el aparato de seguridad estatal. era quien garantizaba que los cuerpos policiales del estado de Sinaloa no interfirieran con las operaciones del cártel en los municipios costeros, donde la red Costa de Oro tenía sus puntos de logística más activos.
Los dos alcaldes detenidos, uno del municipio de Elota y otro de Rosario, ambos municipios con acceso costero al Pacífico sinaloense, eran los administradores territoriales de la red en su escala más local. garantizaban que los accesos a playas privadas utilizadas para operaciones de desembarco nocturno estuvieran despejados.
Que los reportes de actividad inusual en zonas costeras no llegaran a ninguna instancia federal y que los negocios de fachada en sus municipios mantuvieran sus permisos municipales sin complicaciones administrativas. El exdiputado local detenido en la Ciudad de México era el puente legislativo de la red, el responsable de gestionar recursos del presupuesto estatal hacia proyectos de infraestructura costera que en papel eran inversión pública y en la práctica eran la cobertura que necesitaban las instalaciones de almacenamiento que la
red utilizaba en la línea de costa. Los dos jueces locales detenidos en Culiacán son el elemento del operativo que los investigadores de la fiscalía describen como el más perturbador de todos. No porque su participación en una red de corrupción resulte sorprendente en el contexto de lo que esta ofensiva ha ido revelando, sino porque la evidencia encontrada en sus despachos y en sus domicilios demuestra que las sentencias que emitieron para proteger operaciones de la red Costa de Oro no eran decisiones tomadas bajo presión o
amenaza. eran decisiones tomadas a cambio de una compensación documentada, con registros de los pagos en los archivos del tesorero, con confirmaciones de depósito en las memorias USB de la caja fuerte y con al menos dos audios encontrados en los teléfonos asegurados esta madrugada en los que los jueces discuten un interlocutor no identificado los términos de las resoluciones que van a emitir para proteger contenedores específicos de una inspección judicial ordenada por la federación.
Dos jueces que usaron la toga y el martillo del Estado mexicano para defender el negocio del fentanilo en los puertos del Pacífico. La evidencia de audio es el elemento que los investigadores de la Fiscalía General de la República señalan como el de mayor impacto procesal de todo lo que se encontró esta madrugada. No porque el efectivo, el oro y los documentos no sean suficientes, sino porque los audios convierten lo que de otro modo podría presentarse como evidencia circunstancial en una secuencia de conversaciones en tiempo
real que documentan el funcionamiento de la red con una claridad que ningún abogado defensor va a poder descalificar como interpretación ambigua de hechos indirectos. Hay un audio en particular que los investigadores describen como el más significativo. Una conversación grabada en fecha que los peritos técnicos pueden establecer con precisión a través de los metadatos del archivo.
en la querrocha Moya, cuya voz fue confirmada preliminarmente por análisis de voz comparado con registros públicos del gobernador, habla con al menos dos interlocutores sobre la necesidad de garantizar que ciertos nombramientos en la dirección portuaria de Mazatlán recayeran en personas de confianza. Las palabras que utiliza no dejan margen para la interpretación.
No está hablando de perfiles técnicos ni de competencia administrativa. Está hablando de lealtad a un acuerdo, de la importancia de que quien ocupe esa dirección entienda cuáles contenedores no se abren. La conversación dura 4 minutos con 13 segundos. En esos 4 minutos con 13 segundos está documentado el núcleo de la acusación que los investigadores de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y de la Fiscalía General de la República llevan semanas construyendo.
García Harfuch apareció en cámara a las 7 de la mañana del lunes 25 de mayo, 3 horas después de que el último de los 10 detenidos estuviera bajo custodia federal. estaba de pie frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, con la misma sobriedad que ha definido cada declaración pública de esta ofensiva, sin exceso de dramatismo, sin retórica construida para la cámara, con datos, con nombres, con cifras, con la precisión de alguien que sabe que lo que está describiendo tiene suficiente peso para no necesitar
adornos. Esta madrugada ejecutamos la operación Costa de Oro, la fase más importante de la ofensiva contra la red de corrupción que el exgobnador Rubén Rocha Moya construyó durante su gobierno para proteger al cártel de Sinaloa. 10 funcionarios están bajo custodia federal. Tenemos en nuestro poder efectivo oro, documentación y evidencia de audio que conecta a cada uno de ellos con la red de manera directa y con el nivel de solidez procesal necesario para que ningún recurso legal pueda detener lo que viene. La red Costa de Oro dejó
de operar esta madrugada. Los puertos de Mazatlán y Topolobampo serán sometidos a auditoría completa a partir de este lunes. Y el señor Rocha Moya conoce perfectamente la situación en la que se encuentra. Esa última frase, el señor Rocha Moya, conoce perfectamente la situación en la que se encuentra. No es una amenaza, no es una promesa de campaña, es una descripción del estado real de las cosas en la mañana del lunes 25 de mayo de 2026.
Porque lo que esta madrugada ocurrió en Culiacán, en Mazatlán y en la Ciudad de México no es un golpe aislado contra colaboradores periféricos de una red que sigue intacta en su núcleo. el desmantelamiento de la arquitectura operativa completa de esa red con la evidencia que conecta cada pieza con el centro y el centro con el nombre que desde el primero de mayo vive en un limbo institucional en Sinaloa, mientras la Fiscalía de Nueva York y la Fiscalía General de la República acumulan carpetas que ya no necesitan más piezas para ser completas. La
operación Costa de Oro no ocurrió en el vacío, ocurrió en el contexto de la operación Enjambre, que en las semanas previas ya había dejado más de 70 funcionarios detenidos en Morelos, en el Estado de México, en Hidalgo y en otras entidades por nexos con organizaciones criminales de nivel regional. Cada operativo de esa secuencia aportó una pieza.
Cada decomiso fortaleció una carpeta. Cada detenido que decidió hablar añadió una coordenada al mapa de la corrupción que esta ofensiva está trazando con una consistencia y una profundidad sin precedente en la historia reciente de México. Lo que esta madrugada hace diferente a todo lo anterior no es la cantidad de detenidos ni el volumen del efectivo decomizado, aunque ambos son significativos.
Lo que lo hace diferente es el nivel jerárquico de los objetivos y la calidad de la evidencia encontrada. Porque los 10 funcionarios que cayeron entre las 3 de la mañana con 15 minutos y las 5 de la mañana con 45 minutos del lunes 25 de mayo, no son operadores de logística ni prestanombres de segunda línea.
el estrato de la corrupción que durante años fue más difícil de tocar precisamente porque su cobertura era la institución misma y la evidencia encontrada en sus propiedades, en sus teléfonos y en ese yate interceptado a 4 km de la costa de Mazatlán no deja espacio para la duda ni para el recurso de la persecución política.
Es evidencia material bajo custodia federal, catalogada por peritos, procesada con protocolos forenses certificados y lista para ser presentada. ante cualquier tribunal del mundo donde la corrupción sinaloense tenga que responder por lo que hizo. ¿Crees que Rocha Moya va a entregarse antes de que termine el mes de mayo o que va a esperar a que la presión sea tan grande que no tenga otra salida? Otra.
Escríbelo en los comentarios porque esa pregunta en este momento tiene muchas respuestas posibles y la que ocurra en los próximos días va a decir mucho sobre cuánto poder real le queda todavía a la red, que esta madrugada perdió 10 de sus piezas más importantes. Lo que queda pendiente no es menor.
Las auditorías anunciadas por García Jarfuch sobre los puertos de Mazatlán y Topolobampo van a revelar con precisión cuántos contenedores pasaron sin inspección durante los años en que el manual operativo del director portuario estaba vigente. Esta cifra cuando sea pública va a conectar de manera directa y cuantificable la corrupción institucional de la red Costa de Oro, con el volumen de fentanilo que cruzó la frontera hacia los Estados Unidos desde los puertos del Pacífico sinalo va a poner números concretos a lo que hasta ahora ha sido descrito en
términos cualitativos y va a ser imposible que ningún actor político, ningún comunicador y ningún abogado defensor pueda seguir presentando lo que ocurrió en Sinaloa durante el gobierno de Rocha Moya como una diferencia de interpretación política o como una campaña de desprestigio fabricada desde el poder federal.
Las memorias USB del tesorero están siendo analizadas en este momento por los peritos de la Fiscalía General de la República. 12 años de registros contables de la red Costa de Oro. 12 años de nombres, montos, fechas y cuentas de destino. Cuando ese análisis esté completo, cuando los investigadores hayan cruzado cada operación documentada en esas memorias con los registros de la Unidad de Inteligencia Financiera y con los datos de la Fiscalía de Nueva York, el mapa completo de lo que la red Costa de Oro movió, protegió y blanqueó durante 12
años va a ser el cuerpo de evidencia más grande que se haya reunido jamás contra una red de corrupción política en México. Y en el centro de ese mapa, conectando todos los flujos, aparecerá el mismo nombre que esta madrugada García Harfuch mencionó con la misma precisión fría con que describió cada uno de los 10 detenidos.
El señor Rocha Moya conoce perfectamente la situación en la que se encuentra. Suscríbete si te gustó el video, porque lo que viene en los próximos días, cuando las auditorías portuarias arrojen sus primeros resultados y cuando el análisis de las memorias USB del tesorero comience a producir nombres nuevos, va a ser exactamente el tipo de información que no vas a querer perderte. Yeah.
