En un giro dramático que ha dejado atónitos a observadores políticos de todo el espectro, Marjorie Taylor Greene, quien fuera una de las figuras más emblemáticas y leales al movimiento del Presidente, ha lanzado una serie de acusaciones devastadoras que apuntan directamente a una operación de encubrimiento desde los niveles más altos del poder. La controversia gira en torno a la publicación de los largamente esperados archivos de Jeffrey Epstein, documentos que muchos esperaban que el mandatario desclasificara como un acto de transparencia y rendición de cuentas.
Según el relato de Greene, la expectativa inicial dentro del círculo más cercano al Presidente era que los archivos se utilizaran para exponer a f
iguras demócratas prominentes. Sin embargo, la realidad detrás de las puertas cerradas de la Casa Blanca fue, según sus palabras, “impactante”. La excongresista afirma que el Presidente se opuso sistemáticamente a la divulgación de estos documentos, llegando incluso a ordenar al liderazgo republicano en la Cámara, encabezado por Mike Johnson, que bloqueara cualquier resolución legislativa que permitiera su salida a la luz pública.
El punto de ruptura definitivo ocurrió durante una llamada telefónica desde la Casa Blanca, en la que el Presidente habría presionado a Greene para que retirara su firma de una “petición de descarga”, una maniobra procesal que permite forzar una votación en el pleno del Congreso eludiendo al liderazgo del partido. En esa conversación, el Presidente supuestamente calificó los archivos como un “engaño demócrata” y expresó su preocupación por el daño que la información podría causar a sus conocidos. “Mis amigos van a salir perjudicados”, habría dicho el mandatario, refiriéndose a figuras influyentes en Palm Beach y Mar-a-Lago.
Greene, cuya renuncia al Congreso se hará efectiva el 5 de enero de 2026, sostiene que este momento representó la “muerte de MAGA” para ella. Al negarse a ceder ante las presiones y mantener su compromiso con las víctimas de la red de Epstein —muchas de las cuales, según ella, son seguidoras del propio mandatario—, se convirtió en el blanco de una feroz campaña de desprestigio. El Presidente la tildó públicamente de “traidora” en redes sociales, lo que desencadenó una oleada de más de 700 amenazas de muerte dirigidas contra ella y su familia, incluyendo una específica contra su hijo menor.
La gravedad de estas acusaciones se intensifica con la revelación de que el reciente cierre del gobierno de ocho semanas podría haber sido una maniobra deliberada para paralizar la actividad legislativa y evitar que la resolución sobre los archivos de Epstein llegara a votación. A pesar de estos obstáculos, una coalición de demócratas y republicanos disidentes logró alcanzar las 218 firmas necesarias, forzando finalmente la aprobación de la medida de manera aplastante.
Aunque la Casa Blanca y el Presidente han negado gran parte de estas afirmaciones, calificando a Greene de “poco confiable” y sugiriendo que ha abandonado a sus electores, elementos clave de su historia han sido corroborados por registros públicos y medios de comunicación independientes. La publicación de los archivos de Epstein ya no es solo una cuestión de justicia para las sobrevivientes, sino que se ha transformado en el epicentro de una guerra civil dentro del Partido Republicano que amenaza con redefinir las lealtades políticas de cara al futuro. La nación observa con atención mientras el velo de confidencialidad sobre uno de los casos más oscuros de la historia reciente finalmente comienza a levantarse, revelando una red de complicidades que trasciende las líneas partidistas.
