La Feria Nacional de San Marcos 2026, el evento más emblemático de Aguascalientes y un referente festivo en todo México, cerró sus puertas con cifras récord de asistencia y un despliegue de seguridad sin precedentes. Sin embargo, más allá de los conciertos multitudinarios y las luces de neón, un incidente ha quedado grabado en la memoria colectiva como un recordatorio incómodo de las deudas pendientes de la clase política con la ciudadanía: la retención de Martha Elva Dávila Pérez, magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado.
El suceso no ocurrió en un despacho oficial ni bajo la solemnidad de los tribunales, sino en el corazón de la fiesta, en un establecimiento de la zona ferial donde la música y el consumo de bebidas marcan el ritmo de la noche. Según diversos reportes de medios locales y testimonios recabados, la magistrada se vio envuelta en un altercado con el personal del lugar debido a una disputa por el pago de la cuenta. Lo que debió ser una transacción ordinaria escaló rápidamente cuando la funcionaria, presuntamente, invocó su alto cargo como un escudo para evitar cumplir con su responsabilidad
financiera.
Una carrera de prestigio ante el espejo de la realidad
Martha Elva Dávila Pérez no es una figura improvisada en el panorama jurídico. Con casi tres décadas de trayectoria, su currículum es envidiable: maestra en derecho, doctora en derechos humanos con distinción sobresaliente por la UNED de España y poseedora de un postdoctorado en nuevas tecnologías y derecho. En septiembre de 2023, su carrera alcanzó un punto álgido al ser designada por el Congreso local —bajo el impulso de la administración de la gobernadora Tere Jiménez— como parte de un nuevo cuerpo de magistradas.
Posteriormente, con la implementación de la reforma judicial en Aguascalientes, Dávila Pérez se sometió al escrutinio del voto popular en junio de 2025, resultando electa para integrar el Tribunal de Disciplina Judicial. Este órgano es, por definición, la “policía” del sistema de justicia: su misión es investigar y sancionar las conductas indebidas de jueces y magistrados. Es aquí donde la ironía se vuelve cortante. La persona encargada de vigilar la integridad de los servidores de la ley terminó siendo señalada por intentar evadir las reglas más básicas de convivencia civil.
El “¿sabes quién soy yo?” y la intervención del gabinete
El incidente de esa noche en San Marcos no fue un evento solitario. Los reportes indican que la magistrada estuvo acompañada por su esposo, Jorge García, quien se desempeña como funcionario en la coordinación del gabinete del gobierno estatal. Dos pilares del servicio público, uno del poder judicial y otro del ejecutivo, unidos en un conflicto que terminó con la intervención de la policía municipal.
Testigos del lugar afirman que la actitud de la magistrada fue la de alguien que considera que las reglas comunes no le aplican. El fenómeno del “¿sabes quién soy yo?”, tan arraigado en ciertos estratos del poder en México, emergió con fuerza entre el ruido de la feria. Cuando los elementos de seguridad del perímetro ferial acudieron al llamado, se toparon con la identificación de un cargo que, lejos de amedrentarlos, puso en evidencia la gravedad ética del asunto. La magistrada fue retenida, sumándose a las más de 700 detenciones administrativas que se registraron durante la edición 2026 de la feria, aunque su caso lleva un peso simbólico muy superior al de cualquier riña ordinaria.
Silencio institucional: ¿Blindaje o indiferencia?
A pesar de la gravedad de lo ocurrido y de la rápida difusión de la noticia en círculos locales, el silencio por parte de las instituciones ha sido la tónica dominante. Ni el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes ni el propio Tribunal de Disciplina Judicial han emitido un pronunciamiento formal. La gobernadora Tere Jiménez, quien destacó el éxito de seguridad de la feria, ha evitado mencionar el altercado que involucra tanto a una magistrada electa como a un miembro de su propio gabinete.
Este vacío informativo plantea preguntas fundamentales sobre la rendición de cuentas. Si la magistrada es quien debe sancionar a otros por faltas administrativas y éticas, ¿quién la disciplina a ella? La reforma judicial que prometió acercar la justicia al pueblo mediante el voto popular enfrenta aquí una prueba de fuego. El voto otorga legitimidad, pero no inmunidad moral. La conducta de Dávila Pérez en la feria fractura el contrato implícito con los ciudadanos que confiaron en su perfil para limpiar las instituciones de prácticas corruptas y abusivas.
El costo del prestigio y la confianza pública
Aguascalientes se enorgullece de sus altos índices en el Estado de Derecho, ocupando posiciones destacadas en ránkings nacionales e internacionales. Precisamente durante la feria, la ciudad fue sede de la Asamblea Ordinaria de la CONATRIB, donde se elogió la seguridad y la integridad del sistema judicial local. El contraste entre los discursos oficiales de “tierra de gente buena” y la realidad de una magistrada retenida por no pagar una cuenta es devastador para la imagen pública de la justicia estatal.
La credibilidad de un sistema judicial no se sustenta únicamente en sus sentencias o en la brillantez académica de sus integrantes, sino en la coherencia de sus actos en la vida cotidiana. Cuando un funcionario utiliza su investidura para reclamar privilegios o eludir obligaciones ciudadanas, el mensaje que se envía es que el cargo sigue siendo una herramienta de beneficio personal por encima de la ley.
El caso de Martha Elva Dávila Pérez queda como una mancha en el historial de la Feria de San Marcos 2026. Mientras no existan consecuencias claras o, al menos, una explicación transparente ante la ciudadanía, el sentimiento de impunidad seguirá erosionando la confianza en aquellas instituciones que, paradójicamente, fueron creadas para castigar a los que se portan mal. La pregunta sigue en el aire: en el Aguascalientes del Estado de Derecho, ¿quién paga la cuenta cuando la ley se va de fiesta?
