El arresto de un alto perfil criminal suele ocupar las portadas de los diarios nacionales durante días, celebrándose como un triunfo del estado de derecho. Sin embargo, en el complejo ecosistema del crimen organizado en México, las capturas a veces son solo un trámite administrativo temporal. Esta fue la realidad de Renat N., alias “El Dasa”, y Lizeth Yuridia, conocida como “La Chofis”, dos de los operadores más peligrosos de la Unión Tepito. Lo asombroso de su reciente detención no radica en cómo cayeron en manos de la justicia, sino en una pregunta mucho más oscura e incómoda: ¿por qué los jueces los habían liberado tantas veces en el pasado y qué hizo que Omar García Harfuch decidiera cambiar por completo su estrategia policial?
Para comprender la magnitud de lo que ocurrió la madrugada del 19 de mayo de 2026, es imperativo entender primero el territorio y las reglas no escritas bajo las cuales opera la Unión Tepito. Este grupo delictivo no nació como un cártel tradicional; sus raíces provienen de una red de protección barrial que, con el paso de los años y la acumulación de poder, mutó hasta convertirse en una corporación criminal sofisticada. Sus tentáculos se han extendido profundamente por el Centro Histórico de la Ciudad de México, así como en las colonias Morelos, G
uerrero y Venustiano Carranza. El miedo es su principal divisa y la extorsión su mecanismo de financiamiento.
La Unión Tepito perfeccionó una táctica particularmente despiadada: el uso de menores de edad como sicarios y cobradores. La célula conocida como “UJ40” es el brazo armado más joven de la organización. A través de adolescentes, la mafia entrega tarjetas físicas con números telefónicos a los comerciantes locales. El mensaje detrás del cartón es escalofriante y directo: “Llama a este número o asume las fatales consecuencias”. Durante mucho tiempo, la voz que dictaba las sentencias al otro lado de esa línea era la de El Dasa. Detrás de él operaba una red invisible de protección institucional que le permitía caminar libre por las calles, incluso después de haber sido arrestado con armas, granadas y listas de cobro de piso.
Pero la arrogancia es un veneno lento en el mundo criminal. Un hombre que sobrevive a cinco arrestos previos, que coordina extorsiones millonarias y que opera bajo múltiples identidades falsas, no es estúpido. Sin embargo, llega a sentirse invulnerable. Ese fue el principio del fin para El Dasa. Sintiendo la presión de los operativos nocturnos y las cámaras del C2, tomó una decisión que en su mente parecía brillante: salir de la Ciudad de México y mudar su centro de operaciones a Yauhquemehcan, un tranquilo municipio en el estado de Tlaxcala. Lejos de las cámaras, de los cateos y del radar capitalino, se sintió a salvo.
Lo que El Dasa no calculó fue que esta decisión activó exactamente el escenario que Harfuch había diseñado. Gracias a los convenios de colaboración interestatal, las fronteras imaginarias entre estados habían desaparecido para la Policía de Investigación (PDI). Al abandonar su feudo, El Dasa se alejó de su red de policías comprados y de los funcionarios judiciales locales que recibían su soborno quincenal. Entró en terreno neutral, y en la guerra moderna contra el crimen, quien posee la mejor inteligencia domina el terreno.
A esto se sumó un segundo error fatal: la confianza excesiva en la tecnología. El Dasa siguió utilizando su teléfono satelital cifrado para coordinar extorsiones, creyendo que era indetectable. No obstante, la Unidad de Análisis de Inteligencia ya tenía ese número intervenido. Cada llamada que realizaba desde Tlaxcala triangulaba su posición, reduciendo el cerco día con día hasta ubicar no solo el municipio y la colonia, sino la puerta misma de la casa de seguridad. El tercer error fue el más humano de todos: la rutina. El operador criminal, acostumbrado a ser impredecible en la gran ciudad, se volvió sistemático en su exilio. Salía a la misma hora, por la misma ruta y en el mismo vehículo sedán gris sin placas.
El 19 de mayo, a las 4:30 de la mañana, la trampa se cerró. Mientras un dron térmico vigilaba el objetivo desde las alturas en completo silencio, unidades de la PDI, sin logotipos y operando bajo el estricto protocolo de confidencialidad, aguardaban. Cuando El Dasa encendió su motor, tres vehículos le bloquearon cualquier vía de escape. Sin realizar un solo disparo, frente a elementos de la Ciudad de México y de la Fiscalía de Tlaxcala, el intocable operador criminal fue esposado. Esta vez no habría salida fácil.
Pero la genialidad de este operativo radicaba en su simultaneidad. A 300 kilómetros de distancia, en la esquina de Matamoros y Peralvillo en la colonia Morelos, otro equipo cerraba el cerco sobre La Chofis. Eran las 6:31 de la mañana y ella se encontraba en su punto habitual de venta. Operadora de la facción de “El Lunares”, no opuso resistencia cuando fue abordada por agentes encubiertos. Su inventario delictivo fue devastador: decenas de dosis de marihuana, cocaína en piedra, cristal y un teléfono móvil.
El verdadero peso de estas capturas no se encuentra en las drogas incautadas, sino en los secretos que revelaron los objetos confiscados. El celular de La Chofis escondía un registro de llamadas frecuentes, todos los martes y viernes, a una penitenciaría federal. Por otro lado, un cateo previo vinculado a El Dasa sacó a la luz una libreta escolar de doce pesos, de pastas azules, que albergaba el destino de cientos de familias. En ella se documentaba el cobro de piso: taquerías, puestos de ropa y talleres mecánicos que pagaban desde tres mil hasta doce mil pesos mensuales para no ser incendiados.
Sin embargo, las últimas ocho páginas de esa libreta azul ocultaban una verdad que amenaza con derrumbar los cimientos del sistema. Esas páginas contenían cifras monumentales y nombres que no correspondían a comerciantes, sino a funcionarios y eslabones de una cadena de corrupción masiva.
Omar García Harfuch lo dejó claro en su declaración: “El alcance de las investigaciones no tiene límites geográficos”. Esta frase no era un simple discurso político; era una advertencia directa hacia “El Arquitecto”, el líder criminal conocido como El Betito, quien desde una celda federal coordinaba toda la estructura. Al trasladar a El Dasa y a La Chofis a prisiones bajo la jurisdicción federal, Harfuch rompió el tablero. Desactivó de un plumazo a los jueces locales que históricamente vendían la libertad de estos criminales.
La sexta detención de El Dasa y la tercera de La Chofis no representan el final de la historia. Constituyen, más bien, el primer movimiento contundente para desmantelar la red de protección que mantiene vivo al ecosistema criminal más arraigado del país. Mientras los ciudadanos duermen más tranquilos sabiendo que dos grandes extorsionadores están tras las rejas, en los pasillos de las prisiones federales y en los despachos de funcionarios corruptos reina el pánico. La libreta azul ha sido abierta y la justicia, esta vez, parece estar dispuesta a leer hasta el último nombre.
