Colombia atraviesa un momento de oscuridad profunda para el ejercicio del periodismo. Lo que debería ser una labor fundamental para la salud democrática de cualquier nación se ha transformado, especialmente en las regiones más apartadas, en una actividad de altísimo riesgo. El reciente y doloroso asesinato de Mateo Pérez Rueda, un joven periodista que cumplía con su deber en el norte del departamento de Antioquia, no es un hecho aislado, sino la punta del iceberg de un deterioro crítico en las garantías para informar.
Daniel Chaparro, subdirector de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), ha alzado la voz para advertir que el panorama es, sencillamente, lamentable. Las cifras que maneja la organización son escalofriantes: se documentan aproximadamente 500 agresiones anuales vinculadas directamente al oficio periodístico. De estas, un alarmante 40% son amenazas de muerte que, en muchos casos, trascienden al profesional y alcanzan
a su núcleo familiar más cercano, generando un clima de terror que busca silenciar las voces antes de que la noticia llegue al papel o a las ondas radiales.
Zonas rojas: Donde la verdad es el enemigo
El mapa de riesgo en Colombia se ha expandido de manera preocupante. El conflicto entre grupos armados ilegales por el control territorial ha puesto a los reporteros en la línea de fuego. En regiones como el norte de Antioquia, donde Mateo Pérez perdió la vida, la disputa entre tres grupos criminales distintos crea un entorno donde informar sobre la realidad local es visto como un acto de traición por parte de los violentos.
Sin embargo, el peligro no se limita a las zonas rurales. Departamentos como Putumayo, Caquetá, Cauca, Nariño, Huila, Guaviare y Arauca encabezan una lista negra de territorios hostiles. Pero la violencia también ha permeado los entornos urbanos. Ciudades como Tuluá, Buenaventura, Cúcuta, Soledad y el sur de Barranquilla se han convertido en focos de agresiones severas, donde las bandas criminales intentan imponer su ley a través del miedo y la coacción hacia los comunicadores locales, quienes son los más vulnerables en esta cadena.
El Estado en deuda: Entre la ineficacia y la estigmatización
Uno de los puntos más críticos señalados por la FLIP es la respuesta insuficiente por parte del Estado colombiano. Si bien existen esquemas de protección, estos parecen ser meros paños de agua tibia ante la magnitud del problema. Tener periodistas escoltados a lo largo y ancho del país no es una solución sostenible ni garantiza el libre ejercicio de la profesión. Se requiere de una política pública de protección y prevención seria, liderada por el Ministerio del Interior, que actúe antes de que las amenazas se conviertan en tragedias.
A esto se suma un fenómeno relativamente nuevo y sumamente peligroso: la estigmatización desde el poder público. En lugar de ser los primeros garantes y defensores de la labor informativa, algunos funcionarios públicos han optado por señalar y atacar a periodistas en redes sociales. Esta actitud no solo debilita la figura del comunicador, sino que envía un mensaje de permisividad a los actores violentos, dejando a la prensa en un estado de desprotección simbólica y física absoluto.
Justicia: La asignatura pendiente de una nación
La historia del periodismo en Colombia está escrita con sangre y, lamentablemente, con el tinte de la impunidad. Desde el año 1977 hasta la fecha, se contabilizan 170 periodistas asesinados por razones vinculadas a su trabajo. Lo más indignante de esta estadística es que la justicia plena ha sido la excepción y no la regla. Solo en un caso, el del subdirector del diario La Patria, Orlando Sierra, se ha logrado una resolución judicial completa que castigue a los responsables.
En los otros 169 casos, incluido ahora el de Mateo Pérez Rueda, lo que reina es un silencio judicial que alimenta el ciclo de violencia. Cuando un crimen contra un periodista no se resuelve, el mensaje que se envía a los violentos es claro: matar a un comunicador en Colombia no tiene consecuencias. Esta falta de justicia es lo que permite que las amenazas de muerte sigan siendo la herramienta principal para amordazar a la prensa regional.
Un llamado a la acción por la libertad
Para que ejercer el periodismo deje de ser una actividad de riesgo mortal, las acciones del Gobierno y de la sociedad deben ser integrales. No basta con lamentar los hechos una vez ocurridos; es imperativo trabajar en la prevención y en la creación de actos simbólicos que enaltezcan el valor de la información para la democracia. El periodismo es el espejo en el que una sociedad se mira para corregir sus errores, y cuando ese espejo se rompe, la sociedad queda a oscuras.
El llamado de la FLIP es urgente: “Saquen a los periodistas de su guerra”. Los grupos armados y las bandas criminales deben entender que la prensa no es un actor del conflicto, sino un observador necesario. Mientras tanto, la ciudadanía debe rodear a sus periodistas locales, proteger su labor y exigir que el Estado cumpla con su deber básico de salvaguardar la vida de quienes salen cada día a la calle con la única arma de la palabra y la verdad. La memoria de Mateo y de los otros 169 valientes que no regresaron a sus redacciones así lo exige.
