Y aquí, queridas señoras que me están escuchando con paciencia desde su cocina, desde su sala, mientras planchan o mientras toman su café de la tarde, está la diferencia histórica de la que se va a hablar en los años que vienen. Y si usted llevaba años esperando ver caer a este tipo de redes que durante el peñanismo se sintieron intocables, suscríbase.
Aquí vamos a contar uno por uno cómo se les va cerrando la puerta. Sigamos. Y mientras todo esto ocurre, mientras Ernestina Godoy presenta el expediente con la frialdad de quien sabe lo que tiene en sus manos, los noticieros grandes del país, los que durante años fueron la caja de resonancia de los corruptos del periodo neoliberal, apenas le están dedicando 2 minutos al tema.
Lo mencionan de pasada en la cuarta o quinta nota del bloque, sin nombres, sin cifras completas, sin contexto, como si casi 10,000 millones de pesos robados al pueblo mexicano fueran un asunto menor, como si la mayor red de lavado judicializada en la década no mereciera portada. ¿Y por qué cree usted que los noticieros grandes no están dándole a este caso la cobertura que merecería? Esa pregunta tiene una respuesta muy incómoda y se la voy a explicar más adelante con nombres concretos de quiénes son los anunciantes que mueven
los hilos. Vamos a los números que son la columna vertebral de esta historia, 9631,800,000. Si usted hace la cuenta, eso da más de 3,000 millones de pesos por año durante los 3 años que operó la red con mayor intensidad. O dicho de otra manera, son aproximadamente 8,illon de pesos diarios, sábados, domingos y festivos, incluidos durante 36 meses seguidos.
Para ponerlo en una imagen que se entienda con el corazón y no solo con la cabeza, esa cifra equivale, según los cálculos que ya han hecho algunos analistas, al presupuesto anual del IMCS para medicamentos oncológicos de varios estados juntos. Es decir, lo que esa red movió en facturas falsas habría alcanzado en un mundo justo para que miles de pacientes con cáncer en este país tuvieran sus tratamientos completos sin tener que rifar tamales en la entrada del hospital, sin tener que pedir limosna a las redes sociales, sin
tener que morirse esperando un medicamento que nunca llegaba. Y hay nombres concretos de pacientes que murieron en esos años esperando esos tratamientos, nombres que su audiencia va a reconocer porque salieron en los noticieros en su momento. Y la conexión entre esas muertes y este expediente es algo que ningún medio se ha atrevido a hacer hasta ahora.
Y aquí es donde se le encoge el alma a uno. Porque cada peso que se desvió a través de Dalga, Lobis y Oat, es un peso que no llegó a donde tenía que llegar. Cada millón es un hospital sin equipo, una escuela sin techo, una pensión que no alcanza, una madre buscadora a la que no le dieron recursos para seguir buscando a su hijo. Esa es la dimensión real expediente y esa es la dimensión que Ernestina Godoy parece tener muy clara cuando lo presenta.
Porque a diferencia de fiscales anteriores que hablaban de cifras frías como si fueran números en un pizarrón, ella lo conecta directamente con el dolor del pueblo, con las víctimas reales del robo. Y cuando escuche el detalle que la fiscalía está a punto de revelar sobre el destino concreto de una parte importante del dinero, va a entender por qué este caso no termina con los seis detenidos, sino que apenas está abriendo una puerta mucho más grande.
Hay un último elemento de este bloque que conviene anotar. antes de seguir avanzando, porque es el que ata todo las fechas. La red operó con mayor intensidad entre los años 2016 y 2019. Si usted hace memoria, ese periodo coincide exactamente con los últimos años del sexenio del PRI y la transición hacia el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Es decir, esta red estuvo plenamente activa durante un periodo en el que los funcionarios encargados del SAT y de la fiscalía de aquella administración tendrían que haber detectado lo que estaba pasando, tendrían que haber actuado, tendrían que haber metido a alguien a la cárcel y no hicieron absolutamente nada. Y la pregunta que Ernestina Godoy está dejando flotar en el aire sin todavía contestarla públicamente, pero que según fuentes cercanas a la investigación piensa contestar en las próximas semanas, es la pregunta que más le duele
al viejo régimen. ¿Quiénes fueron los funcionarios del SAT y de la fiscalía del sexenio anterior que sabían lo que estaba pasando y decidieron mirar para otro lado a cambio de qué? Para entender de verdad por qué este expediente está marcando un antes y un después en la historia reciente del país, hay que detenerse un momento en la figura de Ernestina Godoy, porque mucha gente todavía no termina de dimensionar quién es la mujer que está al frente de la Fiscalía General.
No estamos hablando de una funcionaria de adorno, no estamos hablando de alguien que llegó al cargo por compromiso político o por cuota de género. No estamos hablando de un perfil decorativo de los que durante años pusieron encargos importantes solo para llenar el cuadro de fotografía. Estamos hablando de una abogada penalista con décadas de experiencia que se formó en las trincheras de los casos más difíciles de la Ciudad de México, que cuando fue fiscal en la capital tuvo que enfrentarse a redes criminales reales, a expedientes complicados, a presiones de
todos lados y que salió de ahí con un récord de actuaciones que la convirtió en una de las pocas funcionarias del país, capaces de mover un caso como este sin que se le caiga en el camino. Y hay un dato sobre su llegada a la Fiscalía General que muy pocos están contando, un detalle del proceso de selección que cuando se conozca completo va a explicar por qué desde el primer día tenía esta investigación en su escritorio.
Cuando Godoy asumió el cargo de fiscal general, una de las primeras cosas que hizo fue revisar personalmente los expedientes que llevaban años parados en los escritorios de la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada. Y entre esos expedientes apareció el caso de las factureras dalga Lobis y Ohat.
Era un caso que el SAT ya tenía detectado desde hacía tiempo, que llevaba meses circulando en informes internos, que tenía toda la información necesaria para judicializarse, pero que por una razón u otra, por presiones de aquí o de allá, por intereses que nunca quedaron claros, no se había llevado nunca ante un juez.
estaba ahí esperando y Godoy decidió que ese expediente no se iba a quedar esperando ni un día más. Ordenó que se reactivara, que se completaran las diligencias, que se solicitaran las órdenes de aprensión y que se ejecutaran sin demoras. Y eso que parece una decisión administrativa rutinaria en realidad fue un acto que rompió con una tradición de complicidad institucional que llevaba décadas funcionando en este país.
Y le voy a explicar a continuación por qué. La tradición a la que me refiero es la siguiente y conviene contarla en voz alta para que se entienda bien. Durante años las fiscalías de este país funcionaron con una regla no escrita que todos en el medio conocían, pero nadie se atrevía a decir en público. La regla era esta. Los casos de lavado de dinero que involucraban a empresarios grandes, a contratistas del gobierno, a funcionarios de cierto nivel, no se judicializaban, se acumulaban en cajones, se les daba carpetazo administrativo, se cerraban con multas
que esos personajes pagaban con la sonrisa de quien apenas siente que le pellizcaron la cartera. Esa era la regla y esa regla se respetaba al pie de la letra. Por eso es que durante décadas vimos pasar caso traso de lavado millonario sin que nadie de verdad importante pisara una cárcel. Por eso es que la palabra impunidad se volvió tan natural en el vocabulario mexicano que la decíamos sin sentir vergüenza.
Y por eso es que cuando Godoy decidió romper esa regla con el expediente de Dalga Lobis y Ohat, los que llevan años jugando con ese sistema, sintieron por primera vez que el piso se movía debajo de sus pies. Vamos al detalle operativo de cómo se construyó la investigación, porque aquí hay un trabajo técnico que merece reconocerse y que la mayoría de los medios está pasando por alto.
La Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada, la famosa FEMDO, trabajó coordinadamente con el SAT durante meses para cruzar bases de datos que normalmente no se cruzaban. Por un lado, el SAT aportó toda la información fiscal de las tres empresas, los movimientos de sus cuentas, los reportes de operaciones inusuales que los bancos habían generado, pero que nadie había procesado, los expedientes contables de los supuestos servicios facturados.
Por otro lado, la FEMDO aportó la capacidad de investigación penal, los seguimientos físicos, las intervenciones de comunicaciones autorizadas, judicialmente los testimonios protegidos de personas que conocían la operación. desde dentro. Y entre toda esa información hay un documento concreto que apareció en la mesa y que cambió por completo el rumbo del expediente.
Un papel que vinculaba a estas factureras con una estructura mucho más grande y se lo voy a contar en un momento. Si a usted se le encogió el corazón al pensar en todo lo que ese dinero pudo haber hecho por la gente que más lo necesitaba, suscríbase a este canal porque aquí no vamos a dejar que estas historias se entierren.
Aquí no vamos a permitir que los corruptos del viejo régimen sigan paseándose por la televisión opinando sobre moral mientras se les destapa los expedientes uno tras otro. Aquí vamos a seguirle la pista a este caso, paso a paso, audiencia por audiencia, nombre por nombre, hasta que la fiscalía suelte la lista completa de los clientes finales.
Y créame, queridos amigos que me acompañan, perdón, queridos espectadores, esa lista va a ser uno de los documentos más comentados del año en este país. Sigamos con la historia porque lo que viene a continuación es de los puntos más fuertes del expediente. Hay un dato que conviene mencionar porque pone en contexto lo que está en juego.
Según los cálculos que ya se han hecho dentro de la propia fiscalía, las tres factureras juntas habrían emitido en menos de 3 años más de 80,000 facturas falsas. 80,000, es decir, 80,000 documentos que se ingresaron al sistema fiscal mexicano como si fueran legítimos. 80,000 servicios que se cobraron sin existir, 80,000 deducciones fiscales que se aplicaron sin tener derecho a ellas.
Y cada una de esas facturas tiene un cliente, una empresa o persona que las compró, las usó, las metió a su contabilidad y se benefició de ellas. Eso significa que el universo real de personas y empresas involucradas en esta red, no como operadores, sino como beneficiarios finales, es muchísimo más grande de lo que la opinión pública alcanza a imaginar todavía.
¿Cuántos empresarios famosos de este país? ¿Cuántos contratistas del gobierno? ¿Cuántos funcionarios de la administración anterior aparecen en esa lista de 80,000 facturas? La respuesta concreta es la que Godoy todavía no ha hecho pública y le voy a explicar más adelante por qué tiene sentido que esté esperando el momento exacto para soltarla.
Y aquí es donde la historia se pone interesante de verdad, porque empezamos a entender porque esto no es solo un caso de tres empresas chiquitas operando en silencio, sino una pieza de un rompecabezas mucho más grande que la fiscalía está armando con paciencia de relojero. Los seis detenidos que ya están bajo proceso penal son, en palabras, de las propias fuentes que están alimentando esta historia desde dentro del aparato judicial, la primera capa de la cebolla.
Es decir, son los operadores los que firmaban los papeles, los que iban a los bancos, los que manejaban las cuentas, pero detrás de ellos hay una segunda capa de intermediarios, contadores, abogados fiscales, despachos especializados que sabían perfectamente lo que estaba pasando y cobraban honorarios millonarios por mantener el esquema funcionando sin levantar sospechas.
Y detrás de esa segunda capa hay una tercera, la de los clientes finales, los verdaderos beneficiarios del lavado, los que ponían el dinero y los que se lo llevaban limpio del otro lado. Esa es la capa que duele de verdad. Esa es la capa donde están los nombres pesados y esa es la capa que Godoy está apuntando con todo el aparato de la fiscalía.
Hay un detalle más y este es uno de los más importantes para entender la magnitud histórica de lo que está pasando. Según los expertos en derecho fiscal y procuración de justicia que ya han opinado sobre el caso, este expediente entra directamente al top tres de los casos de lavado de dinero más grandes judicializados en México en la última década. Repito, en la última década.
Eso quiere decir que de todos los casos de blanqueo que se han llevado ante un juez en los últimos 10 años en este país, este es uno de los tres más grandes en monto. Y lo que es todavía más impresionante es que se logró judicializar en un tiempo récord, sin las dilaciones acostumbradas, sin los aplazamientos infinitos, sin los amparos que durante años fueron la salida estándar de los señalados para esfumarse del proceso.
Y la pregunta que se está haciendo todo el gremio jurídico del país en este momento es la siguiente. Si Godoy pudo hacer esto con un expediente de esta magnitud en este tiempo, ¿qué otros expedientes está preparando en silencio para soltar en los próximos meses? Y la respuesta, según fuentes cercanas a su equipo, es estremecedora. Y aquí toca decir algo que es incómodo, pero necesario, porque en este canal no nos vamos a esconder detrás del lenguaje diplomático.
La oposición política en este país, la que durante años se llenó la boca hablando de combate a la corrupción mientras protegía a sus operadores financieros. La que se rasgaba las vestiduras frente a las cámaras pidiendo transparencia mientras tapaba en los pasillos a los suyos. Esa oposición está hoy en silencio absoluto frente a este expediente.
No hay declaraciones de los líderes del PRI sobre el caso. No hay pronunciamientos del PAN. No hay tweets de los analistas de siempre. Hay un silencio espeso, un silencio que dice más que 1000 palabras, un silencio que confirma exactamente lo que muchos sospechábamos desde hace tiempo.
Y ese silencio se explica solo cuando uno entiende que algunos de los nombres que están saliendo en las declaraciones reservadas de los detenidos podrían pertenecer a personas muy cercanas a los círculos de poder de esa misma. oposición que durante años se sintió intocable y los nombres que están empezando a aparecer en las declaraciones de los detenidos, según fuentes de la propia fiscalía, son nombres que su audiencia ha visto durante años en la televisión sin imaginar siquiera lo que tenían escondido en sus cuentas.
Hay un último elemento de este bloque que conviene poner sobre la mesa antes de avanzar, porque es el que termina de explicar por qué este caso no es uno más entre tantos. Y es que la coordinación entre el SAT, la FEMDO y la propia Fiscalía General que encabeza Godoy no es producto del azar, no es resultado de un golpe de suerte, no es la consecuencia accidental de que tres instituciones se hayan cruzado por casualidad en el mismo pasillo.
producto de una estrategia diseñada desde la presidencia de la República, desde la oficina de Claudia Shane Baum, que entendió desde el primer día que la única forma de desmantelar las redes financieras heredadas del periodo neoliberal era haciendo que las instituciones del Estado trabajaran juntas en lugar de hacerse la guerra entre sí como pasaba antes.
Esta decisión política que parece técnica, pero es profundamente transformadora, es la que está permitiendo que expedientes como este avancen con la velocidad y la contundencia con la que están avanzando. Y lo que se destapó después de esa coordinación entre Shane Baum, Godoy y el SAT es justamente la parte más fuerte de toda esta historia, la parte que ningún noticiero está narrando con la profundidad que merece y se la voy a contar a continuación con nombres y cifras concretas. Bloque tres.
Llegamos al punto donde toca soltar lo que durante todo el video le he estado prometiendo, lo que está realmente en el fondo de este expediente, lo que tiene a Ernestina Godoy trabajando contra reloj con su equipo más cercano y en absoluta reserva, porque según las versiones que están circulando con mucha fuerza dentro de los pasillos de la propia Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada, versiones que vienen de fuentes que han pedido mantenerse en anonimato, precisamente por la dimensión de los nombres que aparecen en el
expediente. dentro de la lista de cientos de personas físicas y morales que recibieron dinero de Dalga, Lobis y Ohat, habría aparecido al menos un exfuncionario del sexenio del PRI, con cargo de alto nivel, dos empresarios que durante años fueron contratistas habituales del gobierno federal en el periodo 2016-2019 y una razón social vinculada, según trascendió, a la familia política directa de un exgobernador prista que hoy se pasea por la televisión opinando sobre la moral del país como si nada hubiera pasado. Y
la pregunta que toca hacerse a continuación es la que más le va a doler a más de uno. ¿Quién dentro del aparato del estado ha estado protegiendo durante años a estos personajes? ¿Y por qué Godoy decidió justamente ahora abrir esa caja? La respuesta, según las mismas fuentes que están alimentando esta historia desde dentro, tiene que ver con un movimiento estratégico que pocos analistas están leyendo correctamente y que conviene explicar con calma porque marca el rumbo de lo que viene en los próximos meses. Ernestina Godoy no es
una fiscal improvisada, no actúa por impulsos, no suelta los nombres antes de tener todos los amarres atados. Lo que está haciendo con este expediente es construir una secuencia. Primero, judicializa a los seis operadores, los mete bajo proceso penal, los sienta en el banquillo, les aprieta las tuercas con la cárcel preventiva y espera que empiecen a hablar.
Segundo, una vez que los operadores empiecen a entregar información, abre carpetas paralelas contra la segunda capa, la de los intermediarios, contadores y despachos fiscales que cobraban honorarios millonarios por mantener el esquema en marcha. Y tercero, solo cuando esa segunda capa esté también bajo control, suelta públicamente los nombres de la tercera capa, la de los clientes finales, los verdaderos beneficiarios del lavado.
Es un movimiento de relojería, paciente frío calculado. Y mientras eso pasa, los nombres pesados que están en esa tercera capa duermen mal por las noches, sin saber exactamente cuándo les va a tocar el turno. Y aquí viene el dato que conecta esta historia con algo que muchos mexicanos creían cerrado para siempre, algo que durante años se enterró bajo capas y capas de protección política y mediática, según versiones que están circulando con mucha fuerza en los últimos días y que conviene tomar con las precauciones del caso, porque la
propia Godoy todavía no las ha confirmado oficialmente. Una de las cuentas receptoras de las dispersiones de optimización dalga estaría vinculada a través de un esquema de prestanombres bastante elaborado a movimientos financieros que en su momento se relacionaron con campañas electorales del PRI durante los años más calientes del peñanismo. estaríamos hablando.
Todo apunta a que esa es la dirección hacia la que van las investigaciones internas de operadores financieros que coordinaban movimientos de dinero entre campañas, contratistas del gobierno y empresas privadas, usando precisamente este tipo de redes de factureras para limpiar el dinero antes de que llegara a su destino final.
Si esto se confirma y todo indica que en los próximos meses se va a confirmar con pruebas documentales, estaríamos frente a uno de los escándalos políticos más grandes de la historia reciente de este país. Uno que reabriría heridas que el viejo régimen creía perfectamente suturadas. Y si usted llevaba años esperando ver caer a estos personajes que durante el peñanismo se sintieron dueños absolutos del país y se reían en la cara de los mexicanos honestos, quédese hasta el final porque lo que Godoy tiene preparado es todavía más fuerte de lo
que han adelantado los medios. Hay otro elemento que conviene poner sobre la mesa porque hasta todos los cabos sueltos de esta historia, las tres empresas señaladas, Dalga, Loves y Ohat, no operaban en el vacío. Operaban dentro de un ecosistema más amplio de complicidades institucionales que durante años funcionó como un reloj suizo.
Según las fuentes consultadas, dentro del propio gremio contable mexicano, había despachos fiscales perfectamente conocidos en la Ciudad de México, despachos con nombres reconocidos, con oficinas en zonas elegantes, con clientela de alto nivel que sabían exactamente lo que estaba pasando con estas factureras y operaban como intermediarios entre los clientes finales y los operadores de la red.
Esos despachos cobraban comisiones generosas por mantener la operación funcionando sin levantar sospechas, por preparar los papeles, por asesorar a los clientes sobre cómo justificar las facturas falsas ante una eventual revisión del SAT por construir las estructuras de prestanombres necesarias para que el dinero pudiera moverse sin dejar huella.
Y ahora, según las mismas fuentes, varios de esos despachos están siendo investigados en paralelo por la fiscalía. sus socios principales están siendo citados a declarar y se está construyendo un expediente que en cuestión de meses podría destapar uno de los entramados de complicidad fiscal más grandes que se hayan documentado en este país.
Y los nombres de esos despachos, cuando se hagan públicos, van a poner contra las cuerdas a más de un personaje que durante años se vendió como referente de la consultoría empresarial mexicana. Y aquí toca poner las cosas en su lugar, donde toca decirlo claro y sin pelos en la lengua, porque en este canal no nos vamos a esconder detrás del lenguaje diplomático ni de los rodeos que usan los noticieros grandes para no incomodar a nadie.
Lo que estamos viendo con este expediente no es producto de la suerte, no es una coincidencia, no es un golpe afortunado de la fiscalía, es el resultado directo de una decisión política tomada desde el primer día del gobierno de Claudia Shain Bound. la decisión de poner en la Fiscalía General a una mujer que sabe lo que hace, que conoce los expedientes por dentro y tiene la valentía de meter a la cárcel a los corruptos, sin importar quiénes sean ni a quiénes incomode.
Y mientras eso pasa, los voceros de siempre, los analistas de los noticieros grandes, los columnistas que cobran de los mismos despachos contables que ahora están bajo la lupa, hacen como que no ven nada, como que no pasa nada, como que el país sigue exactamente igual que antes, pero el país no sigue igual que antes. El país está cambiando lentamente, dolorosamente para algunos, pero está cambiando.
Y este expediente de Dalga, Lobes y Ohat, con sus 17000 depósitos y sus 55,000 retiros, con sus seis detenidos y sus cientos de cómplices por nombrar, es una de las pruebas más recientes de que los cajones que durante décadas estuvieron sellados con candado, hoy se están abriendo uno por uno bajo el liderazgo firme de Ernestina Eodoy.
Y mientras todo esto ocurre, mientras la Fiscalía General sigue armando carpetas en silencio y los operadores detenidos siguen siendo apretados para que entreguen los nombres de sus clientes finales, hay algo que conviene que usted se quede pensando antes de cerrar este video. Porque cada vez que se destapa uno de estos expedientes, cada vez que cae una red de lavado, cada vez que se hace público un esquema de corrupción de esta magnitud, alguien en este país se queda sin dormir esa noche.
Alguien revisa sus cuentas con desesperación. Alguien le marca su abogado a las 3 de la mañana. Alguien empieza a borrar correos electrónicos comprometedores. Alguien empieza a mover dinero de una cuenta a otra desesperadamente. Y esa gente, esos personajes que hoy están durmiendo mal, son los mismos que durante años se sintieron dueños absolutos de este país.
Los que se burlaban en la cara del pueblo mexicano. Los que pensaron que nunca jamás nadie iba a atreverse a tocarles ni un solo papel. Hoy ya no están tan seguros, hoy ya no se ríen igual. Hoy empiezan a entender que el viento sopla en otra dirección y que esa dirección no les conviene ni un poquito. Y si después de todo lo que le acabo de contar, después de escuchar cómo se movieron casi 10,000 millones de pesos del dinero del pueblo mexicano, mientras los hospitales se quedaban sin medicinas, mientras las escuelas se quedaban sin techo, mientras
las pensiones no alcanzaban para llegar a fin de quincena, usted siente exactamente lo mismo que estoy sintiendo yo al narrarle esta historia. Entonces, hay algo importante que tiene que entender antes de despedirnos y es que este expediente no se agota en los seis detenidos, no se agota en las tres empresas señaladas, no se agota en los 9631 millones documentados hasta ahora.
Esto es apenas la primera pieza visible de una maquinaria mucho más grande que durante años movió dinero del pueblo mexicano hacia bolsillos que se sentían intocables. Y entender esa maquinaria completa, ver cómo funcionaba, conocer quiénes la protegieron y por qué durante tantos años nadie quiso tocarla, es lo que separa al espectador informado del que se queda solo con el titular.
Por eso, si quieres seguir armando este rompecabezas conmigo, si quiere entender lo que los noticieros grandes nunca le van a contar con la profundidad que merece, vaya ahora mismo al siguiente video que le va a aparecer aquí en pantalla, porque ahí seguimos destapando las piezas que faltan, una por una, sin pelos en la lengua, hasta que no quede absolutamente nada por contar. Yeah.
