Sinaloa se encuentra en el epicentro de un terremoto político que amenaza con desmoronar las estructuras del poder estatal y tensar al máximo las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Lo que comenzó como una serie de rumores en los pasillos de Washington se ha transformado en una acusación formal y devastadora: el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios de alto nivel están en la mira de la justicia estadounidense. Las acusaciones no son menores; se habla de protección institucional al Cártel de Sinaloa, sobornos millonarios y un entramado de corrupción que incluye desde nepotismo descarado hasta el enriquecimiento inexplicable en cuestión de meses.
La lista presentada por las autoridades estadounidenses es un quién es quién de la política sinaloense reciente. Además de Rocha Moya, acusado de facilitar las operaciones del cártel a cambio de apoyo electoral, resaltan nombres como Enrique Inzunza Cázares, actual senador y exsecretario de Gobierno, señalado como el puente polí
tico con “Los Chapitos”. También aparece Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, cuyo patrimonio inmobiliario creció de forma astronómica durante su gestión.
La red se extiende a la seguridad y la justicia. Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal del estado, es señalado por recibir pagos mensuales para alertar sobre operativos y, lo más grave, por presuntamente orquestar montajes para encubrir asesinatos. A ellos se suman jefes policiales, alcaldes y agentes estatales que, según los expedientes federales, recibían nóminas paralelas del crimen organizado que oscilaban entre los 1,000 y los 16,000 dólares mensuales.
Mansiones, Familiares y Enriquecimiento Express
Uno de los puntos más indignantes de esta investigación es la rapidez con la que algunos funcionarios multiplicaron su fortuna. Enrique Díaz Vega, por ejemplo, logró adquirir al menos 10 nuevas propiedades valuadas en más de 18 millones de pesos en menos de tres años. Muchas de estas compras, que incluyen locales comerciales y terrenos de gran extensión, fueron realizadas al contado. Su patrimonio total declarado ascendió a la impresionante cifra de 128.9 millones de pesos, una meta difícil de alcanzar con un sueldo de servidor público, pero que parece ser la norma en el círculo cercano al gobernador.
Por otro lado, el caso del senador Enrique Inzunza Cázares pone de relieve un nepotismo sistémico. Se ha documentado que al menos nueve de sus familiares directos, incluyendo a su esposa, hermanos y sobrinos, ocupan cargos estratégicos en el Poder Judicial y otras instituciones de Sinaloa. A pesar de las evidencias, las voces oficiales dentro de su partido han salido a defenderlo, asegurando que no se trata de nepotismo, mientras el senador evita las sesiones públicas y se refugia en su tierra natal, Badiraguato, lejos del escrutinio de la justicia internacional.
El “Montaje Cuen” y la Fábrica de Mentiras
Quizás el episodio más oscuro de este entramado sea el asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda. La versión oficial, defendida operativamente por el vicefiscal Dámaso Castro, sostenía que el político había muerto en un intento de robo en una gasolinera. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) desmontó punto por punto esta narrativa, calificándola como un montaje actuado.
Las pruebas periciales hallaron sangre de Cuen en la finca “Huertos del Pedregal”, el mismo lugar donde se presume fue secuestrado Ismael “El Mayo” Zambada. La necropsia oficial ocultó golpes en la cabeza y se permitió una cremación acelerada para borrar evidencias. Este montaje no solo buscaba ocultar un homicidio, sino también desligar la muerte de Cuen de una reunión política en la que supuestamente participarían figuras del gobierno estatal y líderes del narcotráfico. Es una fábrica de mentiras diseñada para proteger la imagen de la administración a costa de la verdad y la justicia.
La Sombra de Donald Trump y la Tensión Binacional
Mientras en México el discurso oficial se centra en la exigencia de “pruebas”, desde el norte el tono se vuelve cada vez más agresivo. Donald Trump ha subido la apuesta, anunciando una posible intervención si el gobierno mexicano no toma medidas drásticas contra el tráfico de fentanilo y la corrupción que lo ampara. La falta de acciones contundentes contra los funcionarios señalados está siendo utilizada como justificación para medidas de presión externas que podrían comprometer la soberanía nacional.
La respuesta de Palacio Nacional ha sido, hasta ahora, evasiva. Se han utilizado figuras mediáticas y cortinas de humo para desviar la atención, pero la realidad en Sinaloa es imposible de ignorar. Los ciudadanos observan cómo sus gobernantes, quienes prometieron pureza y honestidad, resultan tener “cola que les pisen” en dimensiones que superan cualquier escándalo previo.
Conclusión: Un Sistema a Prueba
Lo que sucede en Sinaloa no es un evento aislado, sino el síntoma de un sistema donde el fuero y las influencias políticas se han utilizado como escudo para actividades ilícitas. La caída de los primeros tres funcionarios —el gobernador, el alcalde de Culiacán y el vicefiscal— es solo el comienzo. La pregunta que queda en el aire es si la justicia mexicana tendrá la voluntad de investigar a fondo a sus propios cuadros o si esperará a que las cortes de Estados Unidos dicten la sentencia definitiva.
El caso de la “gente del señor Rocha Moya” es una advertencia clara: la impunidad tiene fecha de caducidad cuando los ojos del mundo están puestos sobre el tablero. Mientras tanto, el patrimonio millonario, las nóminas familiares y los guiones de telenovela judicial siguen siendo la marca de una administración que hoy, más que nunca, debe rendir cuentas.
