El insólito cruce entre la fe, la mafia y la magia negra
Lo que parecía ser un procedimiento administrativo más de recuperación de bienes del Estado se ha transformado en un guion propio de una película de suspenso, mafias y terror psicológico. La Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrar los bienes incautados a las estructuras criminales en Colombia, se ha topado de frente con un muro de irregularidades, violencia y, sorprendentemente, rituales oscuros en pleno corazón de Barranquilla. La protagonista de esta denuncia es nada menos que Amelia Pérez, actual presidenta de la SAE, quien en una reveladora y explosiva entrevista para Tercer Canal, expuso los macabros detalles de un desalojo que ha puesto a temblar a más de un político a nivel nacional.
El centro del huracán es un predio icónico en la capital del Atlántico: las instalaciones de lo que antiguamente se conocía como la bolera de la familia Naser. Este inmenso inmueble, sobre el cual ya pesa una figura de extinción de dominio por su origen ilícito vinculado a dineros de la mafia, había sido ocupado y operado por la Iglesia Cristiana Vida Abundante. Sin embargo, detrás de la fachada religiosa se escondía una realidad económica insostenible y, según lo revelado, prácticas sumamente perturbadoras.
Cinco años de evasivas: El mito del arriendo impagado
El detonante de este gigantesco operativo fue una deuda astronómica. Según las declaraciones de la doctora Pérez, los ocupantes del inmueble dejaron de cumplir con sus obligaciones de arrendamiento durante un periodo de cinco años. A pesar de los alegatos de los líderes religiosos, quienes argumentaban haber realizado inversiones y mantenimientos estructurales que supuestamente compensaban la deuda, la ley es implacable.
Amelia Pérez fue tajante al desmentir estas justificaciones. Explicó, con la firmeza que la caracteriza, que cualquier modificación, remodelación o cambio en un predio administrado por la SAE debe contar, de manera estricta y obligatoria, con una autorización previa de la entidad. Al no existir dicho permiso, las supuestas obras de mantenimiento no tienen ninguna validez legal para condonar el pago del alquiler. Además, aclaró un detalle jurídico crucial: el contrato original ni siquiera había sido firmado directamente con los actuales líderes de la iglesia, sino con un tercero que posteriormente les cedió los derechos, lo que añade una capa más de irregularidad a toda la ocupación.
Desde noviembre de 2025, la SAE había notificado formalmente la terminación del contrato de arrendamiento debido al incumplimiento sostenido. Al ignorar las advertencias y continuar ocupando el espacio, el Estado no tuvo más remedio que emitir una resolución de desalojo. Pero lo que debió ser un trámite judicial normal, pronto se convirtió en un campo de batalla lleno de interferencias de las altas esferas del poder.
El macabro hallazgo: Espadas, nombres y brujería
Uno de los momentos más impactantes de la entrevista, y que ha dejado a la opinión pública completamente escandalizada, fue la descripción del escenario que encontraron los agentes al ingresar al lugar una vez logrado el desalojo. Más allá de altares o elementos propios de un culto religioso tradicional, las autoridades se toparon con indicios claros de rituales oscuros dirigidos a frustrar la labor del Estado y atentar espiritualmente contra los funcionarios.
“Encontramos un elemento donde se hallaba una resolución de la SAE del año 2019 ordenando un desalojo, junto con la resolución más reciente proferida por nosotros”, relató la presidenta de la entidad, visiblemente afectada por el recuerdo. Pero el detalle más escalofriante estaba por venir: “Aparecía el nombre del líder que estaba adelantando los desalojos a nivel nacional, atravesado por una espada en un papelito junto a nuestra resolución”.
Este acto, catalogado de inmediato como una especie de brujería o magia negra, evidencia el nivel de desesperación y la falta de escrúpulos de quienes se negaban a entregar el inmueble. “¿Qué es lo que está pasando aquí?”, se cuestionó Amelia Pérez, expresando el estupor de todo su equipo ante semejante manifestación de hostilidad psicológica. El hecho de que una supuesta congregación cristiana recurra a prácticas oscuras para evadir responsabilidades legales y retener un bien de origen mafioso ha generado un profundo rechazo y miles de preguntas en la sociedad civil.
Balas contra funcionarios desarmados: El costo de recuperar la verdad
Pero la violencia no se limitó al plano espiritual o psicológico. La presidenta de la SAE aprovechó el espacio para alzar la voz por sus trabajadores, quienes enfrentan el peligro inminente de la muerte todos los días. Al recordar el contexto de violencia que envuelve a estos predios, Pérez trajo a la memoria el brutal atentado que sufrió el director territorial del Caribe.
“A él le hicieron un atentado. Gracias a Dios iba en un vehículo blindado al que le dieron 15 tiros”, recordó con indignación. Esta ráfaga de balas es un recordatorio constante de que los bienes que administra la SAE no pertenecieron a “angelitos de la caridad”, sino a los cárteles más peligrosos y a las estructuras de corrupción más grandes del país, como el infame cartel de la Toga.
Lo más preocupante de esta situación es la vulnerabilidad del personal. Pérez hizo un llamado urgente y desesperado a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo y a la Policía Nacional. Los funcionarios de la SAE, jóvenes profesionales encargados de recuperar el patrimonio robado al país, llegan a los territorios sin ningún tipo de armamento. Son ellos, con carpetas y resoluciones en mano, quienes le ponen el pecho a las mafias que se niegan a soltar los bienes que consiguieron con sangre y fuego.
Las sombras de la política: El tráfico de influencias
Como si el impago, la brujería y los atentados sicariales no fueran suficientes, el caso de la iglesia en la antigua bolera Naser destapó otro cáncer de la sociedad: la injerencia política. Amelia Pérez denunció abiertamente que hubo fuertes interferencias y presiones para impedir que el desalojo se llevara a cabo.
“Hubo muchas interferencias de políticos”, afirmó, aunque prefirió mantener en reserva los nombres para proteger la seguridad de su equipo y el desarrollo de las investigaciones. Según su testimonio, diversas figuras de la vida política nacional utilizaron su poder e influencia para intentar frenar la acción del Estado, convirtiéndose en protectores de facto de la irregularidad. Tuvieron que acudir a las altas cabezas de la Procuraduría, la Policía y el Ejército para lograr que el desalojo finalmente se materializara.
