Esta es la historia de aquel duelo, no el relato militar de las batallas que otros episodios han reconstruido, sino la historia política y personal de cómo un abogado zaboteco nacido en una aldea de Oaxaca, enfrentó al emperador más poderoso de Europa mediante la única arma que aquel emperador no podía derrotar.
La legitimidad constitucional sostenida con una obstinación que ninguna potencia militar logró quebrar. Es la historia de cómo México ignoró el ultimátum francés y de cómo aquella negativa cambió la historia del continente. Para entender por qué Benito Juárez fue capaz de resistir durante 5 años la presión combinada del imperio más poderoso de Europa, hay que reconstruir la trayectoria personal y política del hombre que durante aquellos años encarnó la resistencia republicana mexicana.
Porque aquella capacidad de resistencia no fue accidental producto exclusivo de las circunstancias, sino el resultado coherente de una formación personal y de una visión política que durante las décadas anteriores se había forjado en condiciones que pocos estadistas latinoamericanos del siglo XIX compartían. Benito Pablo Juárez García había nacido el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, una aldea diminuta de la Sierra Zapoteca de Oaxaca, habitada por aproximadamente 20 familias indígenas que vivían de la
agricultura de subsistencia y del pastoreo en las montañas. Sus padres, campesinos apotecos que no hablaban español, murieron cuando él tenía 3 años. Y el niño fue criado por sus abuelos y posteriormente por un tío hasta los 12 años, trabajando como pastor de ovejas en las montañas y hablando exclusivamente la lengua zpoteca de sus antepasados.
Aquel origen que durante las décadas posteriores la mitología nacional mexicana convertiría en símbolo de las posibilidades de ascenso individual, era en términos de las realidades sociales del México de principios del siglo XIX, una circunstancia que prácticamente excluía cualquier trayectoria pública relevante.
La transformación de aquel pastor zapoteco en abogado y político comenzó en diciembre de 1818, cuando Juárez, a los 12 años caminó hacia la ciudad de Oaxaca para reunirse con su hermana que servía como cocinera en la casa de una familia acomodada. En Oaxaca, el joven fue acogido por Antonio Salaueva, un encuadernador franciscano que reconoció las capacidades intelectuales del muchacho y facilitó su acceso a la educación formal.
Juárez aprendió español, ingresó al seminario donde estudió latín y filosofía y posteriormente abandonó la carrera eclesiástica para estudiar derecho en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, graduándose como abogado en 1834. Aquella formación jurídica sería el fundamento intelectual de toda su trayectoria posterior.
Juárez no concebía la política como un ejercicio de fuerza ni como un juego de ambiciones personales. la concebía como la aplicación del derecho a la organización del Estado, convicción que durante los años de la intervención francesa se convertiría en el arma más poderosa de la resistencia republicana. La trayectoria política de Juárez durante las décadas de 1830, 1840 y 1850, lo llevó progresivamente desde cargos locales en Oaxaca hasta posiciones de relevancia nacional.
fue diputado local, juez, gobernador de Oaxaca entre 1847 y 1852, con una administración que sus contemporáneos reconocieron como excepcionalmente honesta y eficiente, y posteriormente figura central del movimiento liberal que durante la revolución de Ayutla de 1854 derrocó la última dictadura de Antonio López de Santa Ana. Durante el gobierno liberal que siguió a aquella revolución, Juárez ocupó el Ministerio de Justicia y promulgó la ley Juárez de 1855, que eliminaba los fueros especiales del clero y del ejército. primer paso de las
reformas que durante los años siguientes transformarían estructuralmente las relaciones entre el Estado mexicano, la Iglesia Católica y los poderes tradicionales heredados de la era colonial. Aquellas reformas codificadas en la Constitución liberal de 1857 y en las leyes de reforma posteriores produjeron la guerra de los 3 años entre 1858 y 1861.
conflicto civil entre liberales y conservadores que devastó al país y que terminó con la victoria liberal, pero en condiciones de bancarrota financiera tan profunda que determinarían directamente la crisis que desencadenaría la intervención francesa. Juárez, que durante aquella guerra había asumido la presidencia en su carácter de presidente de la Suprema Corte, cuando el orden constitucional fue roto por el golpe conservador de 1858, fue formalmente electo presidente constitucional en 1861, una vez restaurado el orden republicano.
La situación que Juárez heredaba en 1861 era de una gravedad extrema. La guerra de los 3 años había agotado completamente las arcas del Estado. La deuda externa mexicana alcanzaba aproximadamente 82 millones de pesos contraídos por gobiernos anteriores en condiciones predatorias. Los ingresos fiscales no alcanzaban siquiera para cubrir los gastos administrativos básicos.
Y los acreedores europeos, particularmente franceses y británicos, exigían pagos que ninguna economía nacional devastada por 3 años de guerra civil podía sostener. El 17 de julio de 1861, Juárez firmó el decreto que suspendía durante 2 años el pago de la deuda externa. medida de emergencia financiera tomada por un gobierno literalmente en banca rota que ofrecería a Napoleón Icer el pretexto legal que la diplomacia francesa necesitaba para presentar la intervención como una acción de cobro.
Lo que Napoleón Icer no calculó adecuadamente fue el carácter del hombre al que se enfrentaba. Juárez no era un caudillo militar improvisado ni un político oportunista dispuesto a negociar la soberanía nacional a cambio de su supervivencia personal. era un abogado zapoteco que concebía la legalidad constitucional como un principio innegociable y que durante las décadas anteriores había demostrado, en circunstancias adversas repetidas una capacidad de resistencia que sus adversarios consistentemente subestimaban hasta que
era demasiado tarde para revertir las consecuencias de aquella subestimación. La reacción europea al decreto de suspensión de pagos que Juárez había firmado el 17 de julio de 1861 fue inmediata y coordinada y reveló durante los meses siguientes la distancia fundamental que separaba las intenciones de las tres potencias acreedoras, pese a la aparente unidad inicial de sus posiciones.
El 31 de octubre de 1861, Gran Bretaña, Francia y España firmaron en Londres una convención tripartita por la cual acordaban enviar una expedición militar conjunta a Veracruz para forzar el pago de las deudas mexicanas. Los términos del acuerdo eran explícitos en un punto que durante los meses siguientes resultaría decisivo.
Las potencias signatarias se comprometían formalmente a no buscar adquisiciones territoriales ni a interferir en el régimen político interno mexicano. La operación, según el texto del tratado, se limitaría a la ocupación temporal de aduanas para el cobro directo de las obligaciones pendientes. Las primeras tropas aliadas comenzaron a desembarcar en Veracruz en diciembre de 1861.
6000 soldados españoles llegaron primero bajo el mando del general Juan Prim, seguidos durante las semanas siguientes por contingentes británicos y franceses. Para enero de 1862, la fuerza expedicionaria conjunta controlaba el puerto y comenzaba a transmitir al gobierno mexicano las exigencias formales que justificaban la operación. Juárez.
Frente a aquella concentración de las tres armadas más poderosas del mundo, ancladas simultáneamente frente a la costa mexicana, tomó la decisión estratégica que durante las semanas siguientes salvaría a México de una guerra contra tres potencias simultáneas. En lugar de responder mediante la confrontación militar inmediata, optó por la vía diplomática, encomendando al ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Doblado, la negociación que durante los meses siguientes dividiría a la Alianza Tripartita.
La elección de doblado para aquella negociación crítica fue una de las decisiones más acertadas de toda la trayectoria juarista. Doblado era un político liberal con considerable experiencia diplomática que comprendía, como Juárez, que la única posibilidad de evitar la catástrofe consistía en separar a las potencias acreedoras, revelando las intenciones divergentes que las unían superficialmente.
Durante las negociaciones que se desarrollaron en la localidad de la Soledad durante febrero de 1862, doblado ofreció a las tres potencias garantías específicas sobre la reanudación de los pagos combinadas con el reconocimiento explícito de la soberanía mexicana sobre las decisiones políticas internas. Los británicos, cuyo gobierno había manifestado durante las semanas anteriores su renuencia a participar en cualquier operación que excediera el cobro de deudas, aceptaron rápidamente los términos propuestos.
Los españoles, cuyo comandante prim tenía vínculos personales con la sociedad mexicana que le permitían comprender la naturaleza real de la situación, llegaron a la misma conclusión durante los días siguientes. Los preliminares de la soledad, firmados el 19 de febrero de 1862 entre doblado y los representantes de las tres potencias.
establecían que las negociaciones sobre el pago de las deudas se desarrollarían reconociendo la legitimidad del gobierno jarista y la integridad territorial mexicana y que las tropas extranjeras se retirarían una vez concluidas las negociaciones. El documento fue aceptado por británicos y españoles, pero no por los franceses. Y en aquella negativa específica se reveló todo lo que Napoleón Io había intentado ocultar durante los meses anteriores.
El momento exacto en que Juárez comprendió que Francia no buscaba cobrar deudas, sino conquistar México, puede ser identificado con cierta precisión en las semanas posteriores a la firma de los preliminares de la soledad. Mientras los británicos y españoles aceptaban los términos propuestos y se preparaban para retirar sus fuerzas, los franceses comenzaron a plantear exigencias adicionales que ningún gobierno soberano podía aceptar.
Pedían el reembolso íntegro de la deuda Hecker, una obligación contraída por el gobierno conservador durante la guerra de Reforma en condiciones tan onerosas que multiplicaban varias veces el valor real de los bonos emitidos. Pedían la presencia permanente de funcionarios franceses en las aduanas mexicanas.
Pedían, en el fondo de todas las exigencias específicas una tutela política que ningún acuerdo escrito mencionaba, pero que las negociaciones diarias hacían cada vez más evidente. Y lo más revelador de todo, los franceses comenzaron a recibir y proteger a los líderes conservadores mexicanos exiliados, que durante años habían trabajado para derrocar al gobierno liberal e instaurar una monarquía europea en México.
El 9 de abril de 1862, las potencias suspendieron formalmente los acuerdos de la Convención de Londres. Las tropas españolas y británicas se retiraron de México durante las semanas siguientes y Francia se quedó sola, revelando con aquella permanencia lo que las potencias retiradas habían sospechado desde el principio, que el plan napoleónico no era cobrar deudas, sino conquistar el país e instalar un imperio satélite que sirviera de contrapeso al expansionismo estadounidense en el continente.
Juárez, frente a aquella revelación comprendió que la fase diplomática había terminado y que comenzaba una guerra que México no había buscado, pero que tendría que sostener durante los años siguientes en condiciones de inferioridad militar absoluta. su respuesta a aquella comprensión definiría no solo su propia trayectoria personal, sino el destino del país durante el resto de la década.
El Congreso, ante lo apremiante de la situación, facultó al gobierno para tomar todas las providencias convenientes con el fin de salvar la independencia nacional, defender la integridad del territorio y preservar la forma de gobierno republicana prescrita en la Constitución. Juárez aceptó aquellas facultades extraordinarias con la conciencia clara de que las usaría no para negociar la soberanía, sino para defenderla hasta las últimas consecuencias.
La victoria mexicana en Puebla del 5 de mayo de 1862, donde el general Ignacio Zaragoza derrotó al ejército francés del Conde de Lorenses en las laderas que conducían al fuerte de Guadalupe, produjo sobre la estrategia política de Juárez efectos que durante las décadas posteriores la historiografía tendería a subestimar al concentrar la atención exclusivamente mente en la dimensión militar del acontecimiento.
Para Juárez, aquella victoria no fue simplemente un triunfo militar específico, fue sobre todo la confirmación empírica de que el cálculo estratégico francés había sido erróneo desde el principio y de que México disponía del recurso más valioso que cualquier nación invadida puede tener. tiempo necesario para organizar una resistencia prolongada.
El telegrama que Zaragoza envió aquella noche desde el fuerte de Guadalupe, con su célebre sobriedad de cuatro palabras, informando que las armas nacionales se habían cubierto de gloria, llegó al despacho de Juárez en Ciudad de México durante las horas siguientes. La reacción del presidente, según los testimonios de sus colaboradores cercanos posteriormente reconstruidos, combinó la satisfacción contenida característica de su temperamento con la conciencia inmediata de que la victoria, por extraordinaria que fuera, no
resolvía el problema estructural, sino que únicamente lo posponía. Napoleón Iero no abandonaría su proyecto mexicano por una derrota inicial. Enviaría refuerzos masivos. La guerra continuaría durante años y la responsabilidad de Juárez consistía en aprovechar el respiro que Puebla había producido para preparar las condiciones políticas y militares de una resistencia que tendría que sostenerse durante un periodo cuya duración nadie podía calcular en aquel momento.
Durante los meses siguientes a Puebla, Juárez se dedicó sistemáticamente a aquella preparación. Ordenó reforzar las fortificaciones de la propia Puebla con la conciencia clara de que los franceses regresarían contra aquella ciudad con fuerzas considerablemente superiores. Reganizó las finanzas del Estado dentro de las posibilidades extremadamente limitadas que la bancarrota nacional permitía.
priorizando los recursos militares sobre cualquier otro gasto administrativo y sobre todo comenzó a articular la doctrina política que durante los años siguientes sería el fundamento de toda la resistencia republicana. La negativa absoluta a reconocer cualquier régimen impuesto por la fuerza externa, combinada con la determinación de mantener funcionando un gobierno legítimo, aunque las circunstancias militares obligaran a desplazarlo geográficamente por el territorio nacional.
Aquella doctrina que Juárez articuló durante los meses posteriores a Puebla en distintos documentos oficiales y en correspondencia privada que la historiografía posterior reconstruiría, contenía un principio jurídico que durante el resto del siglo XIX y durante todo el siglo XX convertiría en uno de los fundamentos del derecho internacional latinoamericano.
El principio sostenía que la legitimidad de un gobierno no depende del control físico del territorio, sino de la legalidad constitucional de su origen y que ninguna ocupación militar, por completa que sea, puede transferir legítimamente la soberanía nacional a un poder externo o a un régimen instalado mediante la fuerza extranjera, mientras existiera un gobierno mexicano de origen constitucional.
Aunque tuviera que operar desde un carruaje en movimiento, la República seguiría existiendo jurídicamente y cualquier régimen alternativo instalado por los franceses sería, por definición ilegítimo. Los refuerzos franceses que Napoleón Icer envió tras la humillación de Puebla comenzaron a desembarcar en Veracruz durante el otoño de 1862.
El emperador francés había destituido al conde de lorenses y había nombrado al general El Frederic Forey, comandante de un cuerpo expedicionario que durante los meses siguientes alcanzaría aproximadamente 30.000 1 soldados profesionales, la mayor concentración de tropas francesas fuera de Europa desde las campañas napoleónicas originales.
Forey recibió instrucciones explícitas de Napoleón Icer: proceder con cautela operativa, pero con determinación estratégica absoluta, evitar los enfrentamientos frontales que habían producido el desastre de lorenses. emplear tácticas de sitio prolongado contra las fortificaciones mexicanas y una vez tomada la capital organizar una asamblea de notables que ofreciera formalmente la corona a un príncipe europeo, proporcionando así la fachada de legitimidad popular que el proyecto monárquico necesitaba.
El segundo asedio de Puebla comenzó el 16 de marzo de 1863, la ciudad defendida por el general Jesús González Ortega, que había asumido el mando del ejército de Oriente tras la muerte de Zaragoza por Tifoidea en septiembre de 1862. Resistió durante 62 días en condiciones de hambre extrema antes de que González Ortega tomara la decisión extraordinaria de disolver las tropas en pequeños grupos en lugar de rendir formalmente la plaza.
La caída de Puebla en mayo de 1863 abrió el camino hacia Ciudad de México y planteó a Juárez la decisión más difícil de toda la intervención hasta aquel momento, si defender la capital con fuerzas insuficientes, arriesgando la captura del gobierno republicano o evacuar la ciudad preservando la continuidad institucional de la República.
tomó la decisión que definiría el resto de la guerra. El 31 de mayo de 1863, tras clausurar formalmente las sesiones del Congreso para preservar la legalidad constitucional de los actos posteriores, abandonó Ciudad de México, acompañado por su gabinete, parte de los diputados, los empleados esenciales del gobierno y un destacamento militar.
cargó los archivos del estado en su carruaje y comenzó el desplazamiento hacia el norte, que durante los cuatro años siguientes convertiría un carruaje negro en movimiento en la sede simbólica y jurídica de la República Mexicana. La capital quedaba a merced del invasor, pero el gobierno legítimo seguía existiendo y mientras existiera ningún régimen francés podría reclamar legitimidad sobre México.
desplazamiento del gobierno republicano hacia el norte, que comenzó el 31 de mayo de 1863, se convertiría durante los 4 años siguientes en uno de los episodios más extraordinarios de toda la historia política latinoamericana del siglo XIX y merece reconstrucción detallada porque ilustra como una decisión aparentemente desesperada se transformó, mediante la obstinación sistemática de un solo hombre en la estrategia que terminó derrotando al imperio más poderoso de Europa.
La República Itinerante, también conocida posteriormente como la República errante, no fue una huida, sino una operación política deliberada, cuyo propósito específico era preservar la continuidad jurídica del Estado mexicano, mientras las circunstancias militares se modificaban durante los años siguientes. La organización logística de aquel gobierno en movimiento fue planeada con la atención que las circunstancias exigían.
El general Felipe Berriosal, secretario de Guerra y Marina, había ideado un plan de operaciones destinado a garantizar que en ningún momento del trayecto le faltara protección al presidente, sin descuidar simultáneamente la defensa contra el avance francés. El plan se apoyaba en un grupo de generales de máxima confianza y en la cooperación de los gobernadores de los estados por donde la caravana presidencial iría pasando, que aportarían fuerzas estatales para reforzar la seguridad del gobierno itinerante.
La caravana incluía no solamente al presidente, sino a su familia completa. su esposa Margarita Masa, aristócrata oaxaqueña que había acompañado a Juárez durante toda su trayectoria política, y sus numerosos hijos, uno de los cuales nacería durante las penalidades del propio trayecto.
Acompañaban también al presidente los ministros esenciales del gabinete, parte de los diputados del Congreso y los empleados administrativos, cuya presencia era indispensable para mantener funcionando las operaciones básicas del Estado. Las sucesivas sedes del gobierno itinerante durante los años siguientes trazan un mapa de la resistencia republicana que durante las décadas posteriores se convertiría en uno de los símbolos centrales de la identidad nacional mexicana.
El gobierno se estableció primero en San Luis Potosí durante los meses inmediatamente posteriores a la salida de la capital. Posteriormente se desplazó a Saltillo, conforme el avance francés hacía insostenible la posición anterior. Después a Monterrey, luego a Chihuahua y finalmente a Paso del Norte, la localidad fronteriza que durante el siglo XX sería rebautizada Ciudad Juárez, en honor al presidente que durante los meses más oscuros de la intervención mantuvo allí la sede del gobierno legítimo en el punto exacto,
donde ya no quedaba más territorio mexicano hacia el norte y donde la única alternativa a la resistencia habría sido el exilio en Estados Unidos. Aquella alternativa del exilio que en distintos momentos del trayecto distintos colaboradores sugirieron como la única opción razonable frente a la desesperación de las circunstancias, fue rechazada sistemáticamente por Juárez con una firmeza que durante las décadas posteriores se convertiría en uno de los rasgos definitorios de su imagen histórica. Juárez comprendía con
la claridad jurídica que caracterizaba todo su pensamiento político, que el momento en que el gobierno legítimo abandonara el territorio nacional, sería el momento en que el régimen francés podría reclamar plausiblemente que la República había dejado de existir. Mientras él permaneciera en suelo mexicano, aunque fuera en el último rincón del norte fronterizo, la continuidad jurídica del Estado se mantenía intacta.
Aquella distinción, aparentemente formal, pero estructuralmente decisiva, fue uno de los fundamentos de la estrategia que terminó derrotando a Napoleón Icer. Las dificultades del trayecto fueron extremas y produjeron tensiones internas. que durante los meses más críticos amenazaron la cohesión del propio gobierno republicano.
El primer conflicto significativo surgió con el general Jesús González Ortega, quien reclamó a Juárez que el ejército francés estaba avanzando con una velocidad que las fuerzas republicanas no lograban contener. El Rose, resuelto temporalmente cuando Juárez nombró a González Ortega, gobernador de Zacatecas, con la misión de blindar la región para contener el avance francés.
Anticipaba tensiones políticas más profundas que durante los años siguientes producirían rupturas significativas dentro del bloque liberal. El segundo conflicto, considerablemente más grave, surgió con el gobernador Santiago Vida de Nuevo León y Coahuila, quien durante los meses críticos retuvo los impuestos federales que correspondían al gobierno central, debilitando aún más las ya precarias finanzas de la República Itinerante.
Daurri terminaría desertando hacia el imperio, demostrando que la presión de las circunstancias fracturaba incluso lealtades que durante la guerra de Reforma habían parecido sólidas. Adicionalmente, varios subsecretarios de Hacienda, incluyendo a figuras de la talla intelectual de Guillermo Manuel María de Samacona y José María Mata, se distanciaron de Juárez durante el trayecto al reclamarle precisamente la incapacidad para forzar a Vida a transferir los recursos federales retenidos.
Aquellas desersciones internas que en un líder de temperamento menos firme habrían producido el colapso de la cohesión gubernamental, fueron procesadas por Juárez con la impasibilidad característica que sus contemporáneos consistentemente describían como su rasgo más desconcertante. El presidente no respondía a las crisis mediante gestos dramáticos ni mediante recriminaciones emocionales.
respondía mediante la continuación obstinada de la única estrategia que consideraba viable, mantener el gobierno funcionando, firmar los decretos que la continuidad institucional exigía y esperar que el tiempo y las circunstancias internacionales modificaran eventualmente el equilibrio que en aquel momento favorecía abrumadoramente a los franceses.
Mientras aquel carruaje negro se desplazaba por los caminos polvorientos del norte mexicano, cargando los archivos del estado, en Ciudad de México, los franceses preparaban la instalación del imperio, que durante los años siguientes intentaría sustituir a la República que Juárez se negaba a dar por muerta. Mientras el gobierno itinerante de Juárez se desplazaba por el norte del país durante 1863 y 1864, en Ciudad de México, los franceses ejecutaban metódicamente la fase política del proyecto napoleónico, consistente en construir la
fachada de legitimidad popular que el imperio necesitaba para presentarse ante el mundo, no como una imposición militar extranjera, sino como la expresión de una supuesta voluntad nacional mexicana. Aquella operación de legitimación reconstruida durante las décadas posteriores por la historiografía con considerable detalle, ilustra los mecanismos mediante los cuales las potencias imperiales del siglo XIX intentaban revestir las conquistas militares con apariencias de consentimiento que la realidad de los hechos contradecía sistemáticamente.
El instrumento principal de aquella legitimación fue la llamada asamblea de notables, organismo convocado por las autoridades de ocupación francesas e integrado por miembros de las élites conservadoras mexicanas que durante años habían trabajado para derrocar al gobierno liberal e instaurar una monarquía europea.
aquella asamblea que ningún proceso electoral legítimo había producido y cuya representatividad nacional era inexistente en términos jurídicos reales, declaró formalmente en julio de 1863 que México adoptaba la forma de gobierno monárquica y ofrecía la corona imperial a un príncipe europeo. La elección recayó en el archiduque Fernando Maximiliano de Absburgo, hermano menor del emperador Francisco José de Austria, que durante los años anteriores había sido cortejado discretamente por los conservadores mexicanos exiliados en Europa y por la
diplomacia francesa que ejecutaba el proyecto napoleónico. Maximidiano aceptó la corona mexicana tras un proceso de negociación que durante los meses anteriores había planteado varias condiciones, entre ellas la exigencia de que su designación fuera ratificada mediante algún tipo de consulta que demostrara el respaldo popular mexicano.
Los franceses organizaron un plebiscito amañado en los territorios bajo ocupación militar, cuyos resultados, predeciblemente favorables a la monarquía, fueron presentados a Maximiliano como la confirmación de la voluntad nacional que el archiduque exigía como condición moral para aceptar el trono. Maximiliano y su esposa Carlota llegaron a Ciudad de México en junio de 1864, respaldados por los ejércitos francés, belga y austríaco y por las élites conservadoras mexicanas que habían promovido el proyecto durante años.
La paradoja que durante los años siguientes caracterizaría al segundo imperio mexicano se reveló casi inmediatamente Maximiliano. Contra todas las expectativas de los conservadores que lo habían traído, resultó ser un hombre de inclinaciones políticas considerablemente más liberales de lo que sus patrocinadores habían anticipado.
El emperador mantuvo varias de las medidas más significativas del gobierno juarista, incluyendo aspectos sustanciales de las leyes de reforma que habían reducido el poder de la Iglesia Católica, lo que produjo el desconcierto y eventualmente la hostilidad de los propios conservadores mexicanos que habían promovido su llegada.
Aquella paradoja que durante las décadas posteriores los historiadores debatirían extensamente ilustraba la imposibilidad estructural del proyecto imperial. Ni los liberales podían aceptar un emperador impuesto por una potencia extranjera, ni los conservadores podían sostener a un monarca que continuaba las reformas que ellos habían combatido durante una guerra civil de 3 años.
Los intentos de Maximiliano de negociar con Juárez durante aquel periodo constituyen uno de los episodios más reveladores de toda la intervención y merecen reconstrucción específica porque ilustran con particular claridad la naturaleza inquebrantable de la posición juarista. Maximiliano, comprendiendo que la legitimidad de su régimen sería siempre cuestionable, mientras existiera un gobierno republicano de origen constitucional resistiendo en el norte.
Intentó durante los meses posteriores a su llegada establecer contacto con Juárez, ofreciéndole posiciones de relevancia dentro del nuevo orden imperial. Las distintas reconstrucciones historiográficas coinciden en que el emperador llegó a ofrecer a Juárez cargos de la máxima importancia, incluyendo, según algunas versiones, la posibilidad de ministerios o de la propia presidencia de un eventual gobierno bajo el marco imperial.
La respuesta de Juárez a aquellos ofrecimientos se convirtió durante las décadas posteriores en uno de los textos fundacionales de la identidad política mexicana. El presidente republicano rechazó cualquier negociación que implicara el reconocimiento de la legitimidad imperial, articulando en su correspondencia con Maximiliano principios que excedían la circunstancia específica para convertirse en una formulación general sobre la soberanía nacional y el derecho de los pueblos a determinar su propio destino sin tutela
externa. La esencia de la posición juarista reconstruida a partir de la correspondencia conservada sostenía que un hombre puede tener derecho a atacar la libertad de un pueblo, pero que la historia juzgará inevitablemente aquella conducta y que ni la posición personal de Maximiliano, ni las circunstancias militares del momento podían transferir legítimamente a un príncipe europeo la soberanía que pertenecía exclusivamente a la nación mexicana.
Aquella negativa no era simplemente una posición política coyuntural, era la aplicación coherente de la doctrina jurídica que Juárez había articulado desde el inicio de la intervención. La legitimidad no se deriva del control militar del territorio, sino de la legalidad constitucional del origen del poder. Maximiliano controlaba las principales ciudades del país, disponía del respaldo de 30,000 soldados franceses y había sido formalmente coronado emperador en ceremonias que las cancillerías europeas reconocían, pero carecía del único elemento que
habría podido legitimar su régimen ante la historia. El reconocimiento de que su poder fuera legal por parte del hombre, que la Constitución mexicana señalaba como presidente legítimo. Y aquel reconocimiento que ninguna oferta personal y ninguna circunstancia militad lograría obtener era precisamente lo que Juárez se negaba sistemáticamente a conceder mientras existiera un solo rincón del territorio nacional donde pudiera seguir firmando decretos como presidente constitucional de la República.
La dimensión personal del hombre que sostuvo la resistencia republicana durante aquellos años merece reconstrucción específica porque la historiografía oficial al convertir a Juárez en el símbolo monumental de la soberanía nacional tendió durante las décadas posteriores a ocultar el costo humano extremo que aquella resistencia produjo sobre el individuo concreto que la encarnó.
Detrás de la imagen impasible de la levita negra y el rostro inexpresivo que la mitología nacional consagró, había un hombre que durante los años del gobierno itinerante sufrió pérdidas personales y tensiones psicológicas, cuya magnitud raramente se reconoce adecuadamente en las narraciones convencionales del periodo. Las penanidades del trayecto afectaron particularmente a la familia del presidente.
Margarita Maza, su esposa, había acompañado a Juárez durante los primeros tramos del desplazamiento hacia el norte, cargando con la responsabilidad de cuidar a los numerosos hijos del matrimonio en condiciones de precariedad extrema, embarazos sucesivos y la incertidumbre permanente sobre la seguridad de la caravana presidencial, perseguida por las fuerzas francesas durante los meses más críticos.
Juárez tomó la decisión dolorosa de separar a su familia del gobierno itinerante, enviando a Margarita y a los hijos hacia el exidio en Estados Unidos, mientras él permanecía en territorio mexicano sosteniendo la continuidad jurídica del Estado. Aquella separación que se prolongaría durante años fue una de las decisiones personales más difíciles de toda su trayectoria y reflejaba la subordinación absoluta de las consideraciones familiares a lo que el presidente concebía como su deber constitucional.
La muerte de varios de sus hijos durante los años de la intervención fue el costo personal más devastador que Juárez pagó por la resistencia. Dos de sus hijos varones murieron durante el exidio de Margarita en Estados Unidos en circunstancias que combinaban las enfermedades infantiles características de la época con las penalidades acumuladas de los años de incertidumbre y desplazamiento.
La correspondencia entre Juárez y Margarita durante aquellos años conservada parcialmente en los archivos posteriores, documenta la dimensión emocional de aquellas pérdidas con una sobriedad que paradójicamente intensifica su carga trágica. Juárez recibió las noticias de las muertes de sus hijos mientras sostenía el gobierno itinerante en el norte, sin poder estar presente, sin poder acompañar a su esposa en el duelo, procesando el dolor personal en el aislamiento extremo de las sedes provisionales, mientras continuaba firmando los decretos que la continuidad
institucional exigía. Las cartas que escribió durante aquel periodo revelan a un hombre profundamente afectado que, sin embargo, no permitió que el dolor personal modificara la determinación política que consideraba un deber innegociable. El aislamiento extremo en Paso del Norte durante 1865 representó el punto más bajo de toda la resistencia.
El gobierno itinerante había llegado al último rincón del territorio nacional, al punto exacto donde ya no quedaba más México hacia el norte. Los franceses perseguían la caravana presidencial a menos de un día de distancia durante algunos tramos del trayecto. Los recursos financieros estaban prácticamente agotados.
El territorio bajo control republicano se había reducido a una fracción mínima del país y la perspectiva de una victoria republicana parecía, desde cualquier evaluación objetiva de las circunstancias de aquel momento, prácticamente imposible. Fue precisamente en aquel punto de máxima desesperación cuando Juárez tomó una de las decisiones más controvertidas de toda su trayectoria política.
El mandato constitucional de Juárez expiraba formalmente en 1865. En condiciones normales, la Constitución habría exigido la transferencia del poder ejecutivo al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que en aquel momento era el general Jesús González Ortega. Juá, sin embargo, decretó la prórroga de su propio mandato hasta que las circunstancias permitieran la celebración de elecciones, justificando la medida mediante las facultades extraordinarias que el Congreso le había concedido. y mediante el argumento de
que la transferencia del poder en aquel momento crítico habría producido una crisis de continuidad que el régimen francés explotaría inmediatamente. Aquella decisión produjo críticas internas significativas. González Ortega reclamó la presidencia que constitucionalmente le correspondía. Varios liberales prominentes consideraron que Juárez estaba violando precisamente la legalidad constitucional que constituía el fundamento de toda la resistencia republicana.
La controversia que durante las décadas posteriores los historiadores debatirían extensamente planteaba una tensión genuina entre la letra de la Constitución y la supervivencia práctica del Estado, que ningún análisis simple podía resolver completamente. Juárez defendió la prórroga mediante un argumento que revelaba la complejidad de su pensamiento jurídico.
sostenía que la finalidad última de la Constitución era preservar la existencia de la nación independiente y que en circunstancias excepcionales donde la aplicación literal de un precepto constitucional específico pondría en riesgo la existencia misma del Estado que la Constitución pretendía organizar, la preservación del fin superior justificaba la adaptación temporal del medio procedimiento. mental.
Era un argumento que sus críticos consideraron peligroso porque habría la posibilidad de justificar la perpetuación en el poder mediante invocaciones a circunstancias excepcionales. Y la historia posterior demostraría que aquella tensión entre legalidad y supervivencia nacional sería uno de los problemas recurrentes de la política mexicana durante las décadas siguientes.
Pero en el contexto específico de 1865, con el territorio nacional reducido a una fracción mínima y el régimen francés controlando las principales ciudades, la decisión de Juárez de mantener la continuidad del mando, aunque jurídicamente cuestionable, resultó ser uno de los factores que durante los meses siguientes permitió que la resistencia sobreviviera hasta el cambio de las circunstancias internacionales que terminaría modificando todo el equilibrio del conflicto.
El factor que durante 1865 y 1866 transformó decisivamente el equilibrio del conflicto en favor de la resistencia republicana. No fue una victoria militar mexicana, sino la convergencia de tres procesos internacionales simultáneos, cuyas dinámicas Juárez no controlaba, pero que su estrategia de resistencia prolongada había estado esperando pacientemente desde el inicio de la intervención.
Aquella convergencia ilustra uno de los principios fundamentales de la estrategia juarista. La comprensión de que la supervivencia del gobierno legítimo durante el tiempo suficiente permitiría que las circunstancias estructurales que sostenían la intervención francesa eventualmente se modificaran, transformando una situación militarmente desesperada en una victoria política que la paciencia y la obstinación harían posible.
El primer proceso y probablemente el más decisivo fue el fin de la guerra civil estadounidense en abril de 1865 con la rendición del general confederado Robert E. Lee en Apomatox. Durante los 4 años anteriores, Estados Unidos había estado completamente absorbido por su conflicto interno, lo que había neutralizado efectivamente la doctrina Monro, que durante cuatro décadas había servido como fundamento de la política americana de exclusión de potencias europeas del continente.
Napoleón Iero había calculado precisamente aquella incapacidad estadounidense al iniciar la intervención mexicana, comprendiendo que mientras los americanos pelearan entre sí, no dispondrían de los recursos militares ni del margen diplomático para oponerse a la presencia francesa en México. El fin de la guerra civil eliminó aquella ventaja estratégica de manera abrupta.
Estados Unidos emergía del conflicto interno con el ejército más poderoso del mundo en aquel momento, con un millón de soldados veteranos bajo las armas y con una administración que consideraba la presencia francesa en México una violación inaceptable de los principios hemisféricos que la política estadounidense había proclamado durante décadas.
La presión de Washington sobre Napoleón Icer durante los meses siguientes fue creciente y sistemática. El gobierno del presidente Andrew Johnson, que había sucedido a Lincoln tras su asesinato en abril de 1865, desconoció formalmente el imperio de Maximiliano y reconoció exclusivamente al gobierno de Juárez como la autoridad legítima de México.
Secretario de Estado, William Sward, que durante los años de la Guerra Civil había seguido con preocupación la intervención francesa, sin poder oponerse efectivamente, comenzó a transmitir a París mensajes diplomáticos cada vez más explícitos, sobre la incompatibilidad de la presencia francesa con las relaciones francoestadounidenses.
Estados Unidos comenzó simultáneamente a proporcionar apoyo material y diplomático al gobierno jarista, facilitando el flujo de armamento hacia las fuerzas republicanas y concentrando tropas en la frontera con México en gestos que las cancillerías europeas interpretaron correctamente como advertencias apenas disimuladas.
El embajador estadounidense en París transmitió a Napoleón Icer mensajes que combinaban la corrección protocolaria con la sugerencia inequívoca de que la prolongación de la intervención produciría consecuencias que Francia necesitaba evaluar cuidadosamente. El segundo proceso fue el deterioro de la posición estratégica francesa en Europa ante el ascenso acelerado de Prusia.
Durante 1865 y 1866, el canciller prusiano Otto von Bismark ejecutaba la política de unificación alemana que durante los años siguientes transformaría completamente el equilibrio de poder europeo. La victoria prusiana sobre Austria en la guerra de las 7 semanas de 1866 reveló que Prusia se había convertido en una potencia militar que amenazaba directamente la hegemonía continental que Napoleón I había intentado construir durante toda su trayectoria.
Aquella amenaza europea hizo militarmente insostenible el mantenimiento de 30,000 soldados franceses en México, precisamente cuando Francia necesitaba concentrar todos sus recursos militares en el continente para enfrentar el desafío prusiano que durante 1870 produciría la catástrofe de Sedán y el colapso del segundo imperio francés.
El tercer proceso fue el costo financiero insostenible de la intervención. La operación mexicana que Napoleón Io había presentado inicialmente como una expedición limitada de cobro de deudas, se había convertido en una guerra prolongada que durante 5 años había consumido recursos del tesoro francés en proporciones que la opinión pública francesa cuestionaba con creciente hostilidad.
Cada año adicional de la intervención producía nuevas partidas presupuestarias que el cuerpo legislativo francés aprobaba bajo presión imperial y que alimentaban la corriente de oposición interna que durante los años siguientes minaría la legitimidad del régimen napoleónico. contraste entre las promesas iniciales de una operación rápida y eficiente y la realidad de una guerra interminable contra una resistencia que ninguna victoria táctica lograba neutralizar definitivamente se había convertido en uno de los argumentos centrales de los críticos del
segundo imperio. La convergencia de estos tres procesos produjo durante el otoño de 1865 y la primavera de 1866, la decisión que Juárez había estado esperando durante 5 años de resistencia obstinada. El 5 de enero de 1866, Napoleón Iero anunció formalmente al cuerpo legislativo francés que las tropas francesas serían retiradas de México en etapas sucesivas durante los siguientes 18 meses.
La justificación pública combinó referencias al éxito supuesto de la misión con argumentos sobre la necesidad de concentrar los recursos militares franceses en Europa. Nadie creyó realmente aquellas justificaciones. retirada era una rendición diplomática frente a la presión convergente que las circunstancias internacionales habían producido y la estrategia jarista de resistencia prolongada acababa de demostrar, contra todos los cálculos militares iniciales, que la obstinación de un gobierno legítimo, sostenido
durante el tiempo suficiente podía derrotar al imperio más poderoso de Europa sin haber ganado una sola batalla decisiva durante los años más oscuros del conflicto. El anuncio de la retirada francesa del 5 de enero de 1866 colocó a Maximiliano de Absburgo en una situación que durante los meses siguientes se revelaría como estructuralmente insostenible y cuya resolución trágica constituye una de las subtramas más reveladoras de toda la intervención.
El emperador que había llegado a México, respaldado por 30,000 soldados franceses y por la convicción de que el proyecto napoleónico le proporcionaría el sostén militar necesario para consolidar su régimen, descubría súbitamente que la potencia que lo había instalado en el trono lo abandonaba a su suerte, precisamente cuando las fuerzas republicanas reorganizadas y reabastecidas mediante el apoyo estadounidense, comenzaban a recuperar sistemáticamente el territorio nacional.
La reacción de Carlota, la esposa de Maximiliano, ante el abandono francés constituye uno de los episodios más dramáticos de toda la historia del Segundo Imperio Mexicano. La emperatriz, comprendiendo que la retirada francesa significaba la condena del proyecto imperial, decidió viajar personalmente a Europa durante el verano de 1866 para suplicar a Napoleón Iero que mantuviera el apoyo militar y para apelar posteriormente al Papa Pío Novo en busca de respaldo.
Las entrevistas que Carlota sostuvo con Napoleón Tercero en París durante agosto de 1866 fueron infructuosas. El emperador francés, presionado por las circunstancias internacionales que hacían imposible la continuación de la intervención, se negó a modificar la decisión de retirada, pese a las súplicas cada vez más desesperadas de la emperatriz.
El deterioro psicológico de Carlota durante aquellas semanas fue progresivo y devastador. Para finales de 1866, la emperatriz había sufrido un colapso mental del que nunca se recuperaría, permaneciendo durante las décadas siguientes recluida en castillos europeos, en un estado de demencia que la mantendría ajena al desenlace trágico que su esposo enfrentaría en México y que ella nunca llegaría a comprender plenamente.
Carlota sobreviviría hasta 1927, 60 años después del fusilamiento de Maximiliano, sin haber recuperado nunca la razón. La decisión de Maximidiano de Permaneced en México, pese al abandono francés, ha sido objeto de debate historiográfico durante las décadas posteriores y combina probablemente varios factores convergentes que merecen reconstrucción.
específica. El emperador enfrentaba la alternativa de apticar y regresar a Europa. Opción que su hermano Francisco José de Austria y varios de sus consejeros europeos le recomendaban explícitamente o permanecer en México intentando sostener el régimen mediante las fuerzas conservadoras mexicanas que aún le permanecían de Ales.
Maximiliano optó por permanecer. Decisión que combinaba consideraciones de honor personal con el cálculo finalmente erróneo de que las fuerzas conservadoras mexicanas, comandadas por generales como Miguel Miramón, Tomás Mejía y Leonardo Márquez podrían sostener el imperio sin el respaldo francés.
Aquella decisión que durante las décadas posteriores los historiadores interpretarían de maneras divergentes, sellaría el destino personal del archiduque. Mientras el imperio se desmoronaba por el abandono francés, las fuerzas republicanas ejecutaban durante 1866 y 1867 la reconquista sistemática del territorio nacional. Juárez, que había mantenido el gobierno itinerante en Paso del Norte durante los meses más oscuros, comenzó a desplazarse gradualmente hacia el sur, conforme las fuerzas francesas evacuaban sucesivamente las ciudades que durante años habían
ocupado. Los generales republicanos coordinaron durante aquellos meses operaciones cada vez más eficaces. Mariano Escobedo comandaba las fuerzas del norte con creciente capacidad ofensiva. Porfirio Díaz, el joven generalqueño, que durante la batalla de Puebla de 1862 había cargado con su caballería contra el flanco francés, comandaba ahora las operaciones del sur con responsabilidades sobre vastos territorios.
Ramón Corona operaba en el occidente y la coordinación entre aquellas fuerzas, imposible durante los años de la dispersión, se hizo progresivamente más eficaz, conforme el abandono francés modificaba el equilibrio militar del conflicto. Cada ciudad que las fuerzas francesas evacuaban era inmediatamente ocupada por columnas republicanas que avanzaban hacia el centro del país.
El patrón de la reconquista durante 1866 y 1867 fue sistemático. Los franceses, ejecutando la retirada escalonada que Napoleón Icer había ordenado, abandonaban sucesivamente las posiciones que durante años habían mantenido y las fuerzas republicanas las ocupaban inmediatamente sin que las fuerzas imperiales mexicanas, considerablemente menos numerosas y menos capaces que el ejército francés, que las había sostenido, pudieran impedir el avance republicano.
Para febrero de 1867, las últimas tropas francesas se concentraban en Veracruz, preparando el embarque definitivo hacia Europa. Y Maximiliano comprendía que la capital era indefendible y se concentraba en Querétaro con las fuerzas conservadoras mexicanas que aún le permanecían leales. El 12 de marzo de 1867, las últimas tropas francesas abandonaron Veracruz embarcándose hacia Europa.
El proyecto napoleónico, que había comenzado 5 años antes con la jactancia del Conde de Lorenses, terminaba con la evacuación silenciosa del cuerpo expedicionario que durante años había intentado sostener el imperio. Maximiliano quedaba solo en México, abandonado por la potencia que lo había instalado, con su esposa hundida en la locura en los castillos europeos, enfrentando a las fuerzas republicanas que durante los años de la resistencia Juárez se había negado obstinadamente a reconocer como derrotadas la estrategia
de la República itinerante sostenida durante 5 años de penalidades extremas. mediante la obstinación de un solo hombre, estaba a punto de producir su desenlace definitivo en el sitio de Querétaro y en el cerro donde el imperio terminaría para siempre. El sitio de Querétaro comenzó formalmente el 6 de marzo de 1867, cuando las primeras columnas del general Mariano Escobedo alcanzaron las inmediaciones de la ciudad, donde Maximiliano se había concentrado con aproximadamente 9000 soldados imperiales bajo el mando
combinado de los generales conservadores Miguel Miramón, Tomás Mejía y Leonardo Márquez. Las fuerzas republicanas que cerraron el cerco sumaban aproximadamente 40,000 hombres, proporción de 4 a un que reflejaba el cambio decisivo en el equilibrio militar producido durante los meses anteriores por el abandono francés y por la reorganización de las fuerzas republicanas.
Lo que comenzaba aquel marzo era la última batalla de una guerra que en su raíz profunda había comenzado 5 años antes, cuando Juárez decidió no reconocer el ultimátum francés. El cerco se prolongó durante 71 días en condiciones que durante las décadas posteriores la historiografía reconstruiría con considerable detalle. Las condiciones dentro de Querétaro se deterioraron progresivamente conforme las semanas avanzaban.
Los caballos fueron sacrificados para alimentar a las tropas. Los hospitales se llenaron de heridos sin medicinas suficientes y las tentativas imperiales de romper el cerco fracasaron sucesivamente. La caída de la ciudad se produjo finalmente el 15 de mayo de 1867 mediante una combinación de agotamiento defensivo y de la traición del coronel Miguel López, comandante de uno de los regimientos.
ales que abrió las posiciones del convento de la cruz a las fuerzas republicanas durante la madrugada de aquel día. Maximiliano, comprendiendo que la posición central había sido comprometida, intentó alcanzar el cerro de las campanas al oeste de la ciudad, pero fue rodeado por las fuerzas republicanas y tras comprender la inutilidad de cualquier resistencia adicional, entregó su espada al general Escobedo.
La intervención francesa había terminado militarmente. El juicio de Maximiliano comenzó el 13 de junio de 1867 en el teatro y Turbide de Querétaro. Transformado para la ocasión en sala judicial. El emperador capturado fue procesado mediante un tribunal militar junto a los generales Miramón y Mejía, conforme a una ley de enero de 1862, que el propio gobierno juarista había promulgado al inicio de la intervención y que establecía las penas aplicables a quienes atentaran contra la independencia nacional, colaborando con
la invasión extranjera. La defensa de Maximiliano, ejercida por abogados que articularon argumentos jurídicos y políticos durante las sesiones, no logró convencer al tribunal. La sentencia votada el 14 de junio fue de muerte por fusilamiento para los tres procesados. Las 48 horas que siguieron a la sentencia constituyeron el episodio diplomático más intenso de toda la intervención y revelaron con particular claridad la naturaleza inquebrantable de la posición jarista.
Telegramas de gobiernos europeos llegaron a San Luis Potosí, donde Juárez había establecido el gobierno solicitando la clemencia para el archiduque. La cancillería austriaca movilizó todas sus redes diplomáticas. Las casas reinantes europeas, conectadas familiarmente con Maximiliano, a través del complejo entramado de la realeza continental, transmitieron apelaciones que combinaban las consideraciones humanitarias con las advertencias apenas disimuladas sobre las consecuencias diplomáticas de la ejecución.
El escritor Víctor Hugo desde su exilio en Gernese envió una carta abierta apelando a la magnanimidad republicana. Yuspe Garibaldi escribió en términos similares el propio gobierno de Estados Unidos, que había apoyado decisivamente la causa jarista durante los meses anteriores. Transmitió mensajes recomendando la conmutación de la pena.
Juárez escuchó todas aquellas apelaciones con la cortesía protocolaria característica de su temperamento. No conmutó la sentencia. La decisión que durante las décadas posteriores generaría debates historiográficos y morales que aún continúan, se fundamentaba en la lógica jurídica y política que había sostenido toda la resistencia republicana durante los 5 años anteriores.
La frase que el presidente articuló durante aquellas jornadas, posteriormente reconstruida por sus biógrafos, a partir de testimonios concordantes, expresaba la esencia de aquella lógica. La ley y la justicia exigían en aquel momento el sacrificio. Y aunque el futuro pudiera ser distinto, el presente no permitía conceder la vida que la ley reclamaba.
La razón profunda de aquella negativa excedía la circunstancia específica del archiduque. Juárez comprendía que la República Mexicana solo podría sobrevivir como estado soberano si demostraba que su legalidad no admitía excepciones. Ni siquiera para los miembros más eminentes de las casas reinantes europeas. Una clemencia hacia Maximiliano habría sido percibida como el reconocimiento implícito de que las realezas europeas merecían un trato distinto al de los ciudadanos comunes ante la ley mexicana y aquella concesión simbólica habría
comprometido el principio fundamental de soberanía nacional que la resistencia republicana había defendido durante 5 años de penalidades. extremas. La negativa a conmutar la sentencia no era venganza ni crueldad, era la aplicación coherente hasta sus últimas consecuencias de la misma doctrina jurídica que había sostenido toda la estrategia jarista desde el rechazo inicial del ultimátum francés.
La legalidad constitucional como principio innegociable que ninguna circunstancia, por dramática que fuera, podía suspender sin destruir el fundamento mismo de la existencia nacional. La ejecución se fijó para el 19 de junio de 1867 en el cerro de las campanas, la misma elevación donde Maximiliano había sido capturado 35 días antes.
A las 7 de la mañana de aquel día, el archiduque de Absburgo y los generales Miramón y Mejía fueron fusilados. El segundo imperio mexicano había terminado para siempre y la estrategia que Juárez había sostenido durante 5 años desde el rechazo del ultimátum francés hasta aquella mañana en el cerro de Querétaro había triunfado definitivamente.
Regreso de Benito Juárez a Ciudad de México el 15 de julio de 1867. Casi exactamente un mes después de los fusilamientos del cerro de las campanas, constituyó uno de los momentos simbólicos más significativos de toda la historia política mexicana del siglo XIX. El presidente que 4 años antes había abandonado la capital cargando los archivos del Estado en un carruaje negro perseguido por el ejército más poderoso de Europa y enfrentando una perspectiva de victoria que cualquier evaluación objetiva habría considerado imposible,
regresaba ahora a la sede del gobierno, habiendo derrotado al imperio mediante una estrategia de resistencia obstinada. que durante las décadas posteriores se convertiría en uno de los modelos fundacionales de la defensa de la soberanía nacional en América Latina. La República había triunfado y el hombre que la había encarnado durante los años más oscuros entraba a la capital no como un caudillo militar victorioso, sino como el presidente constitucional, cuya legitimidad jurídica nunca había sido interrumpida pese a la ocupación
extranjera de buena parte del territorio nacional. El periodo que la historiografía posterior denominaría la República Restaurada, comprendido entre 1867 y la llegada de Porfirio Díaz al poder en 1876, fue una fase de reconstrucción nacional cuyos logros y tensiones merecen reconstrucción específica porque ilustran que la victoria sobre la intervención francesa no resolvió automáticamente los problemas estructurales que durante las décadas anteriores habían producido la inestabilidad crónica del México independiente. Juárez se dedicó durante
aquellos años a la reorganización institucional del Estado, la reducción del ejército que la guerra había inflado desproporcionadamente, la reactivación de la economía devastada por una década de conflictos, la promoción de la educación pública como instrumento de construcción nacional y el restablecimiento del orden constitucional que la intervención había suspendido.
Aquellos esfuerzos produjeron avances significativos, pero también tensiones políticas crecientes que durante los años siguientes erosionarían el consenso liberal que la lucha contra el imperio había mantenido unido. Las tensiones políticas posteriores a la victoria se concentraron particularmente en torno a las ambiciones presidenciales de Juárez.
El presidente, que durante la intervención había prorrogado controvertidamente su mandato invocando las circunstancias excepcionales, buscó la reelección en 1867 y nuevamente en 1871. Decisiones que sus críticos consideraron incompatibles con los principios democráticos que la propia Constitución liberal proclamaba.
La elección de 1871 fue particularmente conflictiva. Juárez contendió contra Porfirio Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada y al no obtener ninguno de los tres candidatos, la mayoría absoluta, el Congreso designó a Juárez como jefe del Ejecutivo. Orfirio Díaz, el general que durante la intervención había sido uno de los comandantes republicanos más capaces, rechazó aquel resultado y proclamó el 8 de noviembre de 1871 el plan de la noria, manifiesto que articulaba el principio de no reelección, que durante las décadas
posteriores se convertiría paradójicamente en la bandera de un hombre. que terminaría perpetuándose en el poder durante 34 años. La rebelión de la noria fue reprimida por las fuerzas leales a Juárez, pero anticipaba las tensiones que durante los años siguientes producirían la transformación del régimen. La muerte de Benito Juárez se produjo el 18 de julio de 1872 mientras ejercía la presidencia.
víctima de una afección cardíaca que lo sorprendió en su despacio del Palacio Nacional. El hombre que había nacido pastor zapoteco en una aldea diminuta de la sierra de Oaxaca, que había aprendido español a los 12 años, que había enfrentado al imperio más poderoso de Europa mediante la obstinación de la legalidad constitucional, moría a los 66 años, habiendo transformado la historia de México de maneras cuya magnitud las décadas posteriores reconocerían progresivamente.
Su muerte abrió el periodo de transición política que durante los años siguientes culminaría con el ascenso de Porfirio Díaz mediante la rebelión de Tuxtepec de 1876 y con el establecimiento del régimen personal que dominaría México hasta la revolución de 1910. Los destinos de los demás protagonistas del conflicto siguieron trayectorias que merecen mención al cerrar este episodio.
Manuel Doblado, el ministro de Relaciones Exteriores, cuya negociación había dividido a la alianza tripartita en la Soledad, murió en 1865 durante el exilio, sin ver el triunfo final de la causa que había servido. Jesús González Ortega, el general que había reclamado la presidencia constitucional durante la prórroga controvertida del mandato juarista, fue marginado políticamente durante los años posteriores y murió en 1881 sin haber recuperado la relevancia que durante la guerra de Reforma había tenido Santiago Vidaurri, el gobernador que
había desertado hacia el imperio, reteniendo los impuestos federales. Fue capturado y fusilado por las fuerzas republicanas en 1867, pagando con la vida la traición que durante los años críticos había debilitado la resistencia. Porfirio Díaz, el joven general de Puebla, llegaría a la presidencia en 1876 e iniciaría el régimen que durante 34 años transformaría México antes de ser derrocado por la revolución.
Napoleón I. El emperador francés, cuyo ultimátum Juárez había rechazado en 1862, vería su propio régimen colapsar 3 años después de la muerte de Maximiliano. La derrota catastrófica de Francia ante Prusia en la guerra de 1870, donde el emperador fue capturado personalmente en Sedán, completó el ciclo que las pendientes de Puebla habían iniciado 8 años antes.
Napoleón Iero murió en el exilio en Inglaterra el 9 de enero de 1873, apenas 6 meses después de Juárez, sin que ningún historiador haya documentado que pronunciara durante sus últimos años referencia alguna al hombre que en México había derrotado su proyecto imperial mediante la obstinación de un carruaje negro en movimiento.
la dimensión histórica global de la resistencia juarista contra la intervención francesa y su lugar específico dentro de la evolución del derecho internacional y de las luchas por la soberanía nacional durante los siglos posteriores merecen reconstrucción detallada porque revelan aspectos del episodio que las narraciones puramente nacionales tienden a subestimar.
y que solo aparecen claramente cuando se sitúa la estrategia de Juárez dentro del contexto comparativo de las resistencias anticoloniales y antiperiales que durante el siglo XX se desplegarían en distintos continentes con dinámicas estructuralmente comparables. El legado más significativo de la estrategia juarista fue la demostración empírica de que la legitimidad jurídica de un Estado, sostenida con suficiente obstinación durante el tiempo necesario puede constituir un arma política capaz de derrotar a poderes militares abrumadoramente superiores. aquel
principio que durante el siglo XIX la mayoría de los teóricos políticos europeos habría considerado ingenuo frente a la realidad del poder militar, fue validado empíricamente por los acontecimientos mexicanos de 1862 a 1867. Juárez nunca derrotó al ejército francés en una batalla campal decisiva. Nunca dispuso de fuerzas militares comparables a las que Napoleón Iero había desplegado.
Lo único que tuvo y lo único que necesitó finalmente fue la negativa sistemática a reconocer la legitimidad de la imposición externa combinada con la capacidad de sostener esa negativa durante el tiempo suficiente para que las circunstancias internacionales modificaran el equilibrio del conflicto. Aquella lección estructural sería estudiada y aplicada consciente o inconscientemente por numerosos movimientos de resistencia durante el siglo siguiente.
El principio de no intervención que la experiencia juarista contribuyó a articular se convertiría durante las décadas posteriores en uno de los fundamentos del derecho internacional latinoamericano. doctrina según la cual ningún estado tiene derecho a intervenir en los asuntos internos de otro y según la cual las imposiciones políticas mediante la fuerza externa carecen de legitimidad jurídica independientemente del control militar del territorio.
Encontró en la resistencia mexicana uno de sus precedentes históricos más influyentes. Durante el siglo XX, aquel principio sería incorporado a los marcos jurídicos del sistema interamericano, invocado repetidamente por los Estados latinoamericanos frente a las intervenciones de potencias externas y articulado en doctrinas diplomáticas como la doctrina estrada que la cancillería mexicana formularía en 1930, estableciendo que México no juzgaría la legitimidad de los gobiernos extranjeros, principio que extendía
internacionalmente la lógica jurídica que Juárez había aplicado durante la intervención. Los paralelos entre la resistencia jarista y otras luchas posteriores por la soberanía nacional merecen mención específica la estrategia de mantener un gobierno legítimo en resistencia mientras el territorio era ocupado por una potencia extranjera, sosteniendo la continuidad jurídica del Estado hasta que las circunstancias permitieran la liberación, sería replicada estructuralmente por numerosos gobiernos en el exilio durante el siglo XX.
Los gobiernos europeos que durante la Segunda Guerra Mundial mantuvieron desde Londres la continuidad jurídica de sus estados ocupados por la Alemania nazi, aplicaron, sin necesariamente reconocerlo explícitamente, una lógica estructuralmente análoga a la que Juárez había articulado 80 años antes.
resistencias anticoloniales que durante la segunda mitad del siglo XX enfrentaron a potencias militarmente superiores en Asia y África, compartieron con la experiencia mexicana el reconocimiento de que la superioridad militar no garantiza la legitimidad política y de que la obstinación sostenida durante el tiempo suficiente puede derrotar a imperios que ninguna confrontación militar directa lograría vencer.
El apotecma juarista que durante las décadas posteriores se convertiría en una de las formulaciones más citadas de la diplomacia latinoamericana, sintetizaba la esencia filosófica de toda su trayectoria política, la frase según la cual entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz.
articulaba el principio fundamental que había sostenido toda la resistencia, la convicción de que el orden internacional legítimo debe fundarse en el respeto recíproco de la soberanía y no en la imposición del más fuerte sobre el más débil. Aquella formulación reconocida internacionalmente durante las décadas posteriores condensaba en una sola frase la doctrina que Juárez había aplicado durante 5 años de resistencia obstinada frente al imperio más poderoso de Europa.
Los reconocimientos historiográficos que la figura de Juárez ha recibido durante las décadas posteriores han variado considerablemente según las orientaciones políticas y académicas de los analistas. La historiografía oficial mexicana del siglo XX convirtió a Juárez en el símbolo monumental de la soberanía nacional, construyendo una imagen heroica que durante décadas dominó la educación pública y la memoria colectiva del país, sintetizada en el título de benemérito de las Américas que distintos países latinoamericanos le otorgaron.
Los historiadores académicos del periodo posterior han ofrecido análisis más matizados que reconocen tanto la dimensión extraordinaria de la resistencia como las tensiones genuinas que la prórroga controvertida del mandato y las reelecciones sucesivas plantearon respecto a los principios democráticos que el propio liberalismo juarista proclamaba.
Aquella complejidad, lejos de disminuir la significación histórica de la figura, la enriquece al reconocer que los grandes momentos pivote de la historia son ejecutados por individuos reales cuyas decisiones combinan la grandeza con las contradicciones que la condición humana inevitablemente produce. Juárez merecía aquellos reconocimientos.
Su resistencia frente al ultimátum francés fue, en términos comparativos rigurosos, uno de los episodios más significativos de toda la historia de las luchas por la soberanía nacional durante el siglo XIX y sus implicaciones estructurales seguirían resonando durante las décadas posteriores en contextos que aparentemente compartían poco con el carruaje negro.
que durante 5 años encarnó la continuidad jurídica de la República Mexicana. Volvamos al momento preciso. Son las primeras horas del 15 de junio de 1867 en San Luis Potosí, donde el gobierno republicano se ha instalado mientras las fuerzas de Escobedo consolidan el control sobre Querétaro. Benito Juárez recibe en su despacho los primeros telegramas que durante las 48 horas siguientes convertirán aquellas jornadas en una de las pruebas morales y políticas más intensas de toda su trayectoria.
La sentencia del Tribunal Militar de Querétaro ha sido confirmada el día anterior. Muerte por fusilamiento para Maximiliano de Absburgo y para los generales Miramón y Mejía. La ejecución está programada para los días siguientes y sobre el escritorio del presidente comienzan a acumularse las apelaciones que las cancillerías europeas, las casas reinantes continentales, los intelectuales más prestigiosos de la época y los propios aliados estadounidenses transmiten desde distintos puntos del mundo solicitando la clemencia para el archiduque condenado.
Los telegramas que Juárez lee durante aquellas horas constituyen una presión de una magnitud que pocos estadistas latinoamericanos del siglo XIX habrían podido resistir sin ceder. La cancillería austríaca, movilizando todas sus redes diplomáticas, transmite apelaciones que combinan las consideraciones humanitarias con las advertencias sobre las consecuencias diplomáticas que la ejecución de UN Absburgo produciría sobre las relaciones de México con las potencias europeas.
Las casas reinantes del continente, conectadas familiarmente con Maximiliano, a través del complejo entramado de la realeza europea, transmiten súplicas que invocan los vínculos de sangre y la magnanimidad que las naciones civilizadas supuestamente deben observar, incluso con los enemigos derrotados.
Víctor Hugo desde su exilio en Guernesi ha enviado una carta abierta apelando a la grandeza moral de la República que perdona. Giuseppe Garibaldi, el héroe de la unificación italiana, escribe en términos similares y el gobierno de Estados Unidos, que durante los meses anteriores ha proporcionado el apoyo decisivo que permitió la victoria republicana, transmite mensajes recomendando la conmutación de la pena en gestos que combinan la solidaridad con la sugerencia diplomática.
Juárez lee aquellos documentos con la impasibilidad característica que durante toda su trayectoria sus contemporáneos describieron como su rasgo más desconcertante. Los testigos que durante aquellas horas estuvieron próximos al presidente, cuyos testimonios la historiografía posterior reconstruiría, describen a un hombre que procesa la presión internacional sin manifestar externamente la atención.
que aquellas decisiones inevitablemente producen. No es indiferencia, es la disciplina de un hombre que durante 5 años de resistencia ha aprendido a subordinar las consideraciones emocionales y las presiones externas a la lógica jurídica que considera el fundamento innegociable de toda su trayectoria política. El dilema que Juárez enfrenta durante aquellas 48 horas es genuino y de una complejidad que las narraciones simplificadas tienden a subestimar.
Conmutar la sentencia produciría beneficios diplomáticos inmediatos, mejoraría las relaciones con las potencias europeas, respondería a las apelaciones de los aliados estadounidenses y proyectaría una imagen de magnanimidad republicana que el mundo civilizado reconocería favorablemente. Mantener la sentencia produciría costos diplomáticos considerables y expondría al gobierno republicano a la condena de las cancillerías europeas durante los años siguientes.
Desde el cálculo puramente pragmático de las relaciones internacionales, la conmutación parecía la opción racional. Pero Juárez no decide aquella cuestión desde el cálculo pragmático de las relaciones internacionales. La decide desde la lógica jurídica que ha sostenido toda la resistencia durante los 5 años anteriores.
Durante las horas de deliberación, Juárez articula ante sus colaboradores más cercanos el razonamiento que fundamenta su decisión. La República Mexicana sostiene solo puede sobrevivir como Estado soberano si demuestra que su legalidad no admite excepciones. Si los miembros de las casas reinantes europeas reciben un trato distinto al de los ciudadanos comunes ante la ley mexicana, entonces el principio de soberanía nacional que la resistencia ha defendido durante 5 años quedaría comprometido en el momento mismo de su triunfo.
La ley de enero de 1862, que el propio gobierno jarista promulgó al inicio de la intervención establece las penas para quienes atenten contra la independencia nacional colaborando con la invasión extranjera. Maximiliano ha sido procesado conforme a esa ley mediante un tribunal cuya legitimidad se deriva precisamente de la continuidad constitucional que Juárez ha sostenido durante toda la resistencia.
conmutar la sentencia por consideraciones de origen real significaría reconocer que la legalidad mexicana se subordina a las jerarquías de la realeza europea, contradiciendo el principio fundamental que ha justificado toda la lucha. A última hora de aquel proceso de deliberación, Juárez confirma la decisión, no conmuta la sentencia.
La frase que articula, posteriormente reconstruida por sus biógrafos a partir de testimonios concordantes, sintetiza la lógica de toda su trayectoria. La ley y la justicia exigen en este momento el sacrificio. Y aunque el futuro pueda ser distinto, el presente no permite conceder la vida que la ley reclama. No es venganza, no es crueldad, es la aplicación coherente hasta sus últimas consecuencias del mismo principio que sostuvo la resistencia desde el rechazo inicial del ultimátum francés 5 años antes, la legalidad constitucional como
fundamento innegociable de la existencia nacional, que ninguna circunstancia, por dramática que sea, puede suspender sin destruir el principio mismo que justificó toda la lucha. El 19 de junio de 1867 a las 7 de la mañana en el cerro de las campanas de Querétaro, las descargas del pelotón confirman definitivamente la decisión.
El segundo imperio mexicano ha terminado para siempre y el principio que Juárez sostuvo durante cinco años de resistencia obstinada desde el rechazo del ultimátum francés hasta aquella mañana en el cerro ha triunfado definitivamente sobre el imperio más poderoso de Europa. Lo que la resistencia de Benito Juárez contra el ultimátum francés nos enseña sobre la soberanía nacional y los principios innegociables.
Es una de las lecciones más profundas que cualquier estudio serio de la historia política latinoamericana del siglo XIX puede ofrecernos y conviene articularla con cuidado al cerrar este episodio porque conecta los acontecimientos específicos de la intervención francesa con patrones estructurales que durante el siglo siguiente se manifestarían repetidamente en contextos cuyas dinámicas internas comparten con la experiencia mexicana más elementos comunes de los que las narraciones convencionales suelen reconocer.
La primera lección es sobre la naturaleza del poder político y su relación con la fuerza militar. Existe una tentación recurrente, tanto en la cultura popular como en cierto análisis político simplificado, de identificar el poder exclusivamente con la capacidad militar, de suponer que quien controla los ejércitos controla inevitablemente el destino de las naciones, de reducir la política internacional a un cálculo de fuerzas materiales, donde el más fuerte impone necesariamente su voluntad.
sobre el más débil. La resistencia juarista demuestra empíricamente la insuficiencia de aquella visión. Napoleón Iero tenía el mejor ejército del mundo, tenía 30,000 soldados profesionales. Tenía el respaldo de las élites conservadoras mexicanas y de un emperador europeo dispuesto a sentarse en el trono.
Controlaba las principales ciudades del país durante años. y sin embargo perdió. Porque la legitimidad política no se deriva mecánicamente del control militar del territorio, sino de fundamentos jurídicos y de consentimiento social que ninguna ocupación, por completa que sea, puede generar mediante la fuerza. Juárez comprendió aquella distinción con una claridad que sus adversarios sistemáticamente subestimaron y la convirtió en el arma que terminó derrotando al imperio.
La segunda lección es sobre el valor estratégico de los principios innegociables. La política contemporánea tiende frecuentemente a celebrar la flexibilidad, el pragmatismo, la capacidad de adaptación y de negociación como las virtudes supremas del estadista eficaz. La trayectoria jarista plantea un contrapunto que merece consideración.
Hubo momentos durante los 5 años de la intervención en que la flexibilidad pragmática habría aconsejado la negociación. Cuando Maximiliano ofreció a Juárez posiciones de relevancia dentro del imperio, cuando las circunstancias militares parecían absolutamente desesperadas en Paso del Norte, cuando las apelaciones internacionales por la clemencia de Maximiliano ofrecían beneficios diplomáticos inmediatos a cambio de la conmutación.
En cada uno de aquellos momentos, Juárez se negó a comprometer el principio fundamental. Aquella rigidez que en otros contextos podría haber producido la catástrofe, fue precisamente lo que sostuvo la resistencia durante el tiempo necesario para que las circunstancias internacionales modificaran el equilibrio.
Lacción no es que la rigidez sea siempre superior a la flexibilidad, sino que existen principios cuya negociación destruiría precisamente aquello que se pretende preservar y que la capacidad de identificar cuáles son esos principios y de sostenerlos sin ceder constituye uno de los atributos más raros y más valiosos del lideraz político genuino.
La tercera deción es sobre los paralelos modernos con otras resistencias frente a poderes abrumadoramente superiores. La estrategia juarista de sostener la continuidad jurídica del Estado mientras el territorio era ocupado, esperando que la obstinación prolongada permitiera que las circunstancias estructurales se modificaran.
fue replicada estructuralmente durante el siglo XX en numerosos contextos. Los gobiernos europeos en el exilio durante la Segunda Guerra Mundial, que desde Londres mantuvieron la legitimidad jurídica de sus estados ocupados por el nazismo hasta la liberación. Las resistencias anticoloniales que en Asia y África enfrentaron a imperios militarmente superiores, comprendiendo que la superioridad militar no garantizaba la legitimidad política.
ni la victoria final y numerosos movimientos posteriores que consciente o inconscientemente aplicaron la lógica fundamental que Juárez había articulado, que un poder ilegítimo sostenido por la fuerza no puede prevalecer indefinidamente contra una resistencia que se niega a reconocer su legitimidad y que dispone de la paciencia para sostener negativa, el tiempo necesario.
Los actores principales del conflicto siguieron, como hemos reconstruido durante los bloques anteriores, trayectorias que el resultado de la intervención hizo posibles. Juárez murió ejerciendo la presidencia en 1872, habiendo transformado la historia de México. Maximiliano fue fusilado en el cerro de las campanas en 1867.
Napoleón Icer vio colapsar su imperio en Sedán en 1870 y murió en el exilio en 1873. Carlota sobrevivió hasta 1927 sin recuperar nunca la razón. Porfirio Díaz llegaría a la presidencia en 1876 e iniciaría el régimen que la revolución de 1910 derrocaría. Y todos ellos en las trayectorias divergentes que siguieron, confirmaron de distintas maneras que la decisión que Juárez tomó al rechazar el ultimátum francés en 1862 había sido uno de los momentos pivote más significativos de toda la historia política del continente.
La resistencia de Benito Juárez frente al ultimátum francés vista desde la perspectiva del siglo XXI fue mucho más que un episodio de la historia nacional mexicana. Fue una demostración empírica escrita durante 5 años de penalidades extremas, de que la legitimidad jurídica, sostenida con obstinación suficiente puede derrotar al poder militar más abrumador.
y haberlo entendido permite comprender no solamente lo que ocurrió en aquel carruaje negro que durante 5 años encarnó la continuidad de la República, sino también las dimensiones estructurales de las luchas por la soberanía, que durante el siglo siguiente seguirían resonando en contextos que aparentemente compartían poco con los caminos polvorientos del norte mexicano, por donde un abogado zapoteca se negó obstinadamente a reconocer la legitimidad de un imperio.
Si te ha gustado esta historia y quieres descubrir más episodios donde la resistencia de individuos determinados frente a poderes abrumadores cambió permanentemente la historia de las naciones, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. En el siguiente episodio reconstruiremos la historia completa de Maximiliano de Absburgo, el archiduque europeo que aceptó un trono imposible y que terminó fusilado en el cerro de las campanas.
Uno de los destinos más trágicos de toda la historia del siglo XIX. Nos vemos pronto.
