El panorama político colombiano ha sido testigo de uno de los debates más intensos y cargados de emotividad de los últimos tiempos. En un escenario donde las estrategias de pacificación y la gestión de la seguridad nacional suelen ser el epicentro de las disputas parlamentarias, la discusión dio un giro radical cuando los reflectores apuntaron de manera directa hacia las realidades territoriales acumuladas durante décadas. La controversia cobró fuerza tras las duras intervenciones donde se confrontaron de manera directa las posturas de la oposición, lideradas por figuras de la derecha, y las voces que defienden un cambio estructural en el enfoque social del país.
La discusión comenzó con una fuerte crítica hacia la denominada “Paz Total” impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. Representantes de la oposición, entre ellos voces afines al Centro Democrático y Cambio Radical, manifestaron una profunda preocupación y un rotundo rechazo hacia lo que consideran un debilitamiento institucional fren
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te a los grupos armados ilegales. Desde la perspectiva de estos sectores de la oposición, reflejada en los argumentos de líderes políticos del territorio, el conflicto armado se encuentra en una de sus etapas más crudas y la población civil ha quedado desamparada ante la delincuencia. Criticaron fuertemente los beneficios otorgados en las mesas de negociación y señalaron que la estrategia gubernamental carece de una desconexión total con la dura realidad que viven las regiones más golpeadas por la violencia, como el departamento de Arauca.
Sin embargo, el punto de quiebre del debate ocurrió cuando la narrativa oficial de la oposición fue confrontada con el peso de la historia y las realidades del territorio. Con una notable serenidad pero con una contundencia implacable, defensores de derechos humanos y líderes regionales decidieron “cantarle la tabla” a la representante Lina María Garrido y a otros miembros de la bancada tradicional. El contraargumento fue devastador: se les cuestionó directamente el papel y la responsabilidad histórica que los partidos tradicionales han tenido en el atraso estructural de Colombia, y en particular, de la Orinoquía.
El núcleo del reclamo se centró en desmantelar la idea de que la crisis social, la pobreza y el fortalecimiento de los grupos al margen de la ley son fenómenos que nacieron con la administración actual. “¿Cuántos años llevan gobernando Arauca? ¿Y cuántos años han manejado este país? Más de 200 años”, fue la réplica directa que resonó en el recinto. El analista y defensor de derechos humanos expuso que los graves problemas que hoy aquejan a Arauca —tales como el alarmante déficit de vivienda, la proliferación de asentamientos humanos subnormales, las altas tasas de desempleo y el colapso del sistema de salud— no fueron creados por las fuerzas políticas emergentes, sino que son el resultado directo de años de negligencia, corrupción y abandono estatal auspiciados por los “íntimos amigos” y aliados de los partidos tradicionales de la región.
El debate subió de tono al analizar la evolución de la violencia territorial. Los defensores del proceso de pacificación recordaron cómo, tras la firma del histórico Acuerdo de Paz en el Teatro Colón con las antiguas FARC, sectores de la extrema derecha se propusieron públicamente “hacer trizas” lo construido con tanto esfuerzo y con la participación activa de las víctimas. Se argumentó de manera categórica que esa falta de garantías y el posterior asesinato sistemático de excombatientes, líderes sociales y campesinos dinamitaron los cimientos de una paz estable, dejando a las comunidades rurales a merced de nuevas disidencias que se financian a través de economías ilícitas como la extorsión y el narcotráfico.
Desde una profunda perspectiva humanista y arraigada en el territorio, se hizo un llamado urgente a dejar de lado la politización de las tragedias. “Nos duele la muerte, sea del guerrillero o sea de quien represente a las fuerzas militares”, se afirmó de manera tajante, recordando que tanto los soldados y policías como muchos jóvenes que caen en las redes de la ilegalidad comparten un origen común: son hijos de campesinos, de obreros y de madres cabeza de hogar de los sectores más vulnerables de la sociedad colombiana, empujados a la guerra por la absoluta falta de oportunidades estatales.
Finalmente, el debate concluyó con una fuerte exigencia hacia las instancias encargadas de las negociaciones de paz para que no limiten los diálogos a escritorios en la capital o a acuerdos exclusivos entre cúpulas militares y gubernamentales. La verdadera transformación y salida del conflicto requiere de la inclusión vinculante de las agendas construidas desde las propias comunidades rurales, garantizando el desarrollo agrícola que sustituya la economía de la coca y el respeto absoluto a las normas del Derecho Internacional Humanitario. Un choque ideológico que no solo evidenció las profundas fracturas políticas del país, sino que también dejó en claro que para discutir el futuro de Colombia, primero hay que asumir las responsabilidades del pasado.
