El panorama político colombiano se encuentra en un punto de ebullición, y el más reciente debate que reunió a varias de las figuras más visibles de la escena pública nacional es el reflejo inequívoco de una sociedad profundamente polarizada. Lo que inicialmente estaba planteado como un encuentro para discutir perspectivas económicas con miras al año 2030, organizado en el marco de un evento financiero de Azobolsa, se transformó rápidamente en un tenso y directo enfrentamiento ideológico sobre el orden público, la seguridad ciudadana y la viabilidad del actual proyecto de gobierno.
La atmósfera del debate se tornó pesada desde los primeros minutos, marcada por la sombra de los trágicos acontecimientos ocurridos el día anterior en regiones como Amalfi, Cali y Florencia, donde miembros de la fuerza pública perdieron la vida y civiles resultaron heridos en ataques perpetrados con tecnologías bélicas avanzadas, como drones. Este contexto de luto nacional desvió inevitablemente el foco de la discusión técnica hacia un debate ético y político sobre cómo enfrentar la criminalidad en Colombia.
El cruce de posturas más incisivo de la jornada fue protagonizado por la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, y la periodista y precandidata presidencial, Vicky Dávila. Ambas figuras expusieron visiones diametralmente opuestas que evidencian la brecha existente entre el modelo progresista que actualmente conduce al Estado y la propuesta de centroderecha que busca un cambio drás
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tico en la dirección del país para el periodo 2026-2030.
María José Pizarro inició su intervención haciendo un llamado a la unidad nacional frente a lo que denominó el “tercer ciclo de la violencia”. Desde su perspectiva, el dolor por la pérdida de vidas humanas, especialmente de los miembros de la fuerza pública, debe unir a todos los sectores políticos sin distinciones ideológicas. Pizarro propuso formalmente la creación de un “Gran Pacto de Estado por la Seguridad”, un mecanismo de alto nivel que integre visiones de corto plazo —enfocadas en la inteligencia financiera y estratégica para desmantelar transnacionales del crimen— con soluciones estructurales a largo plazo que arrebaten a la juventud de las garras del terrorismo. En su discurso, enfatizó que no por ser una mujer progresista se sitúa del lado de la criminalidad, insistiendo en la necesidad de robustecer la justicia para erradicar la impunidad rampante que históricamente ha azotado al país.
La respuesta de Vicky Dávila no se hizo esperar y careció de cualquier diplomacia formal. Dávila responsabilizó directamente al presidente Gustavo Petro y a sus defensores, incluyendo explícitamente a Pizarro, por el deterioro del orden público. Argumentó de forma vehemente que la política de “Paz Total” ha funcionado únicamente como un esquema de beneficios y apaciguamiento hacia los delincuentes, permitiendo que estructuras criminales avancen en más del 70% de los municipios colombianos. En un tono enérgico, Dávila calificó al actual proyecto político de “destructivo” y desalmado, haciendo un llamado explícito a la ciudadanía a no otorgar ni un solo voto por el Pacto Histórico en los próximos comicios. Además, prometió que, de llegar a la presidencia el 7 de agosto de 2026, terminará de manera inmediata con dichos diálogos, derogará decretos de restricción comercial y restablecerá la cooperación de seguridad internacional de manera firme.
El choque verbal escaló cuando Pizarro recriminó el uso de calificativos descalificadores, argumentando que discursos que tildan a un sector del país de “no tener alma” solo reciclan el odio y la estigmatización que han alimentado el conflicto armado por décadas. “Este país lo sacamos adelante entre todos o no vamos a ninguna parte”, replicó la senadora, defendiendo los logros macroeconómicos de la actual gestión, tales como la reducción de la inflación al 4,9%, el descenso del desempleo al 8,8% y la salida de tres millones de personas de la pobreza extrema. Según Pizarro, estas cifras demuestran que es posible conjugar el crecimiento económico con una política social inclusiva.
Dávila, por su parte, refutó la interpretación de esos indicadores económicos, atribuyendo la resiliencia del mercado laboral al esfuerzo individual de los ciudadanos a través de la informalidad y el “rebusque”, y no a políticas gubernamentales acertadas. Alertó sobre los riesgos fiscales del país, mencionando un déficit proyectado alarmante y criticando lo que consideró un despilfarro de recursos públicos en viáticos y mantenimiento estatal. Su propuesta económica se centró en la reducción del tamaño del Estado, la fusión de ministerios y el estímulo directo al sector privado mediante la reactivación inmediata de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, incluyendo el uso de técnicas como el ‘fracking’, así como el impulso a sectores clave como la infraestructura, la vivienda y el turismo.
En medio de este fuerte antagonismo, los también precandidatos Juan Daniel Oviedo y Juan Manuel Galán intentaron aportar matices técnicos e institucionales al debate, aunque coincidiendo en la urgencia de redefinir la estrategia de seguridad nacional.
Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE, manifestó su preocupación por la sostenibilidad del crecimiento económico actual. Explicó que la falta de supervisión y de inteligencia económica ha permitido que recursos provenientes de economías ilegales se infiltren en la economía formal, distorsionando los indicadores de consumo y empleo. Oviedo señaló que Colombia dispone de una ventana de oportunidad de apenas 25 años para convertirse en un país rico antes de enfrentar un proceso irreversible de envejecimiento demográfico. Su propuesta se enfoca en abrir espacios de financiamiento masivo para el sector privado, reformar la banca pública y mantener de manera continua grandes proyectos de infraestructura en co-creación con las administraciones locales, dejando de lado la retórica de la lucha de clases.
A su vez, Juan Manuel Galán enfocó su intervención en la necesidad de devolver la confianza institucional basándose en la evidencia técnica y no en dogmas ideológicos. Coincidió en que lo sucedido en materia de orden público exige un rediseño estratégico de la fuerza pública, priorizando la recuperación de la movilidad aérea y fortaleciendo la inteligencia militar para golpear las finanzas de las redes de narcotráfico. En el ámbito económico, Galán propuso transformar fronteras inestables en polos de desarrollo comercial, implementar una reforma agraria que promueva la agricultura industrial a gran escala en la Orinoquía y asegurar la estabilidad jurídica para atraer inversión extranjera a largo plazo, consolidando un proyecto de país que trascienda los periodos de gobierno de cuatro años.
El tramo final del encuentro evidenció que la carrera hacia la Casa de Nariño en 2026 estará marcada por una confrontación directa de narrativas simbólicas y de gestión. Mientras María José Pizarro defendió una conducción del Estado con mirada femenina, enfocada en sanar heridas históricas y promover una transición energética soberana hacia fuentes limpias, Vicky Dávila cerró reafirmando una política de mano firme y restablecimiento del orden institucional tradicional, anunciando incluso medidas simbólicas como el retiro de ciertos elementos del Palacio de Nariño que considera ajenos a la identidad nacional.
Este debate deja claro que el futuro inmediato de Colombia se debatirá entre la continuidad y profundización de un modelo de corte social y progresista, o un viraje drástico hacia políticas de seguridad estrictas y de libre mercado, en un escenario donde el consenso parece cada vez más difícil de alcanzar.
