El debate sobre el incremento del salario mínimo en Colombia siempre ha sido un escenario de intensas disputas narrativas. Históricamente, la llegada del mes de diciembre viene acompañada de proyecciones, mesas de concertación y, casi de manera inevitable, de las advertencias del sector empresarial sobre los supuestos peligros de aumentar la remuneración de la clase trabajadora. El anuncio del ajuste para el año 2025 no ha sido la excepción. Con una subida fijada en el 9.54%, el salario mínimo nominal se ubicará en 1.423.500 pesos, sumado a un subsidio de transporte que asciende a los 200.000 pesos tras un incremento de 38.000 pesos. En conjunto, los más de 2.2 millones de trabajadores beneficiados —que representan aproximadamente el 10% de la población ocupada del país— recibirán un total de 1.623.500 pesos mensuales.
A pesar de que el presidente Gustavo Petro destacó que este incremento se da en un contexto de desaceleración de la inflación, la cual bordea el 5% general y un notable 2.7% en el sector de alimentos —convirtiéndose en una de las caídas más significativas dentro de los países de la OCDE—, los sectores tradicionales del empresariado reaccionaron con presteza. Las voces de alerta circularon rápidamente por los principales medios, argumentando que el ajuste salarial deteriorará
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la velocidad del crecimiento económico, frenará la contratación y provocará una ola inevitable de despidos masivos.
Esta postura fundamenta su lógica en la premisa de que cualquier elevación en los costos laborales obliga a las empresas a recortar personal para salvaguardar la viabilidad de sus productos y servicios. No obstante, esta teoría económica convencional empieza a ser fuertemente cuestionada por analistas y por la propia ciudadanía, quienes argumentan que dicha visión solo busca proteger los márgenes de ganancia corporativa a expensas del bienestar del trabajador, eludiendo la responsabilidad compartida que sostiene el mercado productivo.
Para comprender la falacia del argumento empresarial, es indispensable analizar cómo opera verdaderamente el circuito de la economía a través de las leyes de la oferta y la demanda. La premisa es sencilla: los puestos de trabajo no surgen de la mera existencia de una empresa o de la acumulación de capital de un inversionista. El empleo nace cuando existe la necesidad de producir un bien o prestar un servicio, y esa necesidad solo se manifiesta si hay personas dispuestas y con la capacidad adquisitiva suficiente para comprarlo.
Si el dinero circula en las calles y los sectores populares disponen de un mayor poder de compra, la demanda de productos aumenta de forma automática. Al incrementarse las ventas, las empresas se ven obligadas a expandir su producción, lo que a su vez genera la urgencia de contratar más mano de obra para abastecer el mercado. En consecuencia, el verdadero creador de empleo es el ciudadano común, el consumidor de a pie, perteneciente mayoritariamente a los estratos uno, dos y tres, quien con sus decisiones diarias de gasto dinamiza y sostiene la estructura financiera de los negocios.
Un ejemplo ilustrativo de este fenómeno puede observarse en una comparación simple de mercado local. Si dos emprendedores abren simultáneamente sus negocios en la misma cuadra, uno dedicado a la venta de hamburguesas y el otro a la de salchipapas, el destino de ambos no dependerá de sus deseos de generar empleo, sino del comportamiento del consumidor. Si el puesto de salchipapas capta la atención del público y experimenta ventas masivas, el propietario se verá en la obligación de contratar personal adicional para atender la alta demanda, expandiendo su negocio e instalando nuevos puntos de atención en la ciudad. Por el contrario, si el puesto de hamburguesas no recibe clientes, el negocio quebrará inevitablemente en pocos meses. Este escenario demuestra con claridad que la prosperidad corporativa y la oferta laboral posterior no emanan de la voluntad del empresario, sino de la inyección de capital que realizan los consumidores al adquirir los productos.
El sesgo histórico en favor de los sectores de altos ingresos también se evidencia en las reformas laborales del pasado. Durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez, se implementaron políticas orientadas a la reducción de los costos de las horas extras y recargos nocturnos, bajo la promesa gubernamental de que el abaratamiento de la mano de obra incentivaría a los empresarios a contratar un mayor volumen de trabajadores. La realidad demostró lo contrario: la reducción de las garantías laborales no se tradujo en una disminución significativa del desempleo, sino en una precarización de las condiciones de vida de la clase obrera y en una optimización de los beneficios económicos para los dueños del capital. De igual manera, durante la crisis sanitaria del gobierno de Iván Duque, mientras amplios sectores de la población padecieron el empobrecimiento, diversas grandes corporaciones incrementaron sus ganancias de forma exponencial mediante el aumento de precios y el recorte de personal.
La justicia fiscal del país también refleja una asimetría estructural. En el sistema tributario, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es asumido de manera directa y equitativa en el consumo diario de la población. Desde los ciudadanos en situaciones de extrema vulnerabilidad hasta las compras de medicamentos esenciales realizadas por las familias para el cuidado de los niños en gestación, cada transacción incluye el pago de este impuesto indirecto que financia al Estado. El empresario actúa únicamente como un recaudador que tiene la obligación legal de trasladar dicho dinero a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Sin embargo, las irregularidades en la declaración de estos recursos y las prácticas de evasión fiscal por parte de ciertos sectores empresariales significan un constante desfalco a las finanzas públicas, recursos que provienen originalmente del esfuerzo de las clases menos favorecidas.
La estabilidad socioeconómica a largo plazo requiere de un empresariado sensato que comprenda que dignificar las condiciones laborales no es un castigo, sino una inversión estratégica. Cuando un empleado percibe una remuneración justa, sus condiciones de vida mejoran, aumenta su productividad y adquiere la capacidad de convertirse en un consumidor activo dentro del mercado laboral. El modelo de maximización de beneficios basado en la reducción de costos humanos y la desatención de los derechos laborales limita el desarrollo colectivo. Romper con estos mitos económicos es el primer paso para construir una sociedad más equitativa, donde se reconozca que la riqueza y el bienestar nacional se edifican desde la base del consumo popular y no exclusivamente desde las cúpulas corporativas.
