En la crónica negra del Cono Sur, pocos casos han logrado combinar de manera tan cruda la sofisticación tecnológica, el activismo ideológico radical y la violencia doméstica extrema como el de Pablo Rodríguez Laurta. Lo que en la superficie se presentaba como la vida de un exitoso empresario uruguayo de 39 años, vinculado al marketing digital y la gestión de contenidos web, ocultaba en sus cimientos una estructura de odio y control que culminó en un triple asesinato que ha dejado cicatrices permanentes en las sociedades de Uruguay y Argentina. Este caso, que se desarrolló entre finales de 2025 y principios de 2026, no es solo la historia de un crimen, sino la de una mente que intentó justificar su violencia a través de una retórica pública cuidadosamente construida.
Pablo Laurta no era un desconocido. Como administrador del colectivo “Varones Unidos” desde 2015, se dedicó a promover discursos antifeministas, denunciando lo que él llamaba la “justicia feminista” y justificando, bajo ciertos contextos, la violencia de género. Esta plataforma le sirvió no solo para difundir su ideología, sino para fraguar una imagen de víctima ante la ley, una narrativa que usaría años después para intentar encubrir sus propios
actos criminales. Sin embargo, detrás de la pantalla, su vida personal era un escenario de terror para Luna Micaela Yardina, una joven cordobesa de 19 años a quien conoció por redes sociales en 2018 y con quien inició una relación marcada por la diferencia de edad y el control asfixiante.
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La relación, que resultó en el nacimiento de su hijo Pedro en octubre de 2019, estuvo plagada de episodios de violencia. Luna, descrita por sus allegados como una mujer trabajadora y llena de luz, intentó en repetidas ocasiones escapar del círculo de abuso. En 2022, tras mudarse brevemente a Montevideo con Laurta, Luna regresó a Córdoba huyendo de un hombre que, según sus propias denuncias, había intentado estrangularla durante su embarazo. El sistema judicial argentino respondió imponiendo órdenes de restricción y entregándole un botón antipánico, pero para Laurta, estas medidas no eran más que obstáculos en su “guerra” por la custodia de su hijo.
El punto de inflexión ocurrió en enero de 2024, cuando Laurta fue descubierto viviendo en el techo de la casa de Luna en Córdoba. Durante tres días, el empresario permaneció escondido sobre el tanque de agua familiar, realizando actos degradantes como defecar en el suministro hídrico con la intención de enfermar a Luna, a su madre Mariel Soraida Samudio y al propio pequeño Pedro, quien padece de trastorno del espectro autista. Tras ser detenido y pasar 28 días en prisión, las pericias psicológicas concluyeron erróneamente que Laurta comprendía la criminalidad de sus actos y no representaba un peligro para terceros. Esta liberación prematura fue, en retrospectiva, la sentencia de muerte para la familia.
Con una paciencia aterradora, Laurta comenzó a planificar su golpe final en septiembre de 2025. Alquiló una cabaña en Salto, Uruguay, donde pasó diez días practicando el manejo de una canoa para cruzar el río Uruguay hacia Argentina de forma clandestina. Su plan era meticuloso: cruzar el río, asesinar a Luna y Mariel, secuestrar a Pedro y huir de regreso a Uruguay por la misma vía fluvial. Pero para lograrlo sin dejar testigos, Laurta decidió cometer un primer crimen colateral.
El 7 de octubre de 2025, tras cruzar el río y esconder su embarcación, Laurta se dirigió a la terminal de autobuses de Concordia, donde contrató a Martín Sebastián Palacio, un chofer de 49 años a quien conocía de servicios anteriores. Martín, un hombre dedicado y profesional, saludó a su cliente con un abrazo amigable, sin sospechar que ese sería su último viaje. Laurta asesinó a Palacio con un disparo en la cabeza, presuntamente dentro del vehículo, y luego desmembró el cuerpo, dispersando los restos en diferentes puntos de la localidad de Estancia Grande para evitar que el chofer lo delatara tras los feminicidios que vendrían.
En la madrugada del sábado 11 de octubre de 2025, el plan entró en su fase más sangrienta. Laurta llegó a la vivienda de Luna en Villa Serrana, Córdoba, y ejecutó a sangre fría a Luna Micaela Yardina y a su madre, Mariel Samudio, disparándoles en la cabeza. Las cámaras de seguridad captaron una imagen que heló la sangre de los investigadores: horas después de los asesinatos, Laurta salió al patio de la casa a jugar pelota con el pequeño Pedro, actuando con una normalidad psicopática mientras los cuerpos de la madre y la abuela yacían sin vida en el interior.
Laurta huyó con el niño y 40,000 dólares en efectivo, intentando llegar a la frontera. Sin embargo, la activación de la Alerta Sofía y la rápida coordinación entre los ministerios de seguridad de Córdoba y Entre Ríos cerraron el cerco sobre él. El domingo 12 de octubre, cerca de las 2 de la tarde, la policía irrumpió en el Hotel Berlín de Gualeguaychú, donde Laurta fue detenido mientras almorzaba con su hijo. Al verse acorralado, el empresario intentó fingir un colapso físico y una perturbación mental, táctica que mantendría durante todo el proceso judicial.
El hallazgo de la billetera de Martín Palacio en la habitación de Laurta cerró el círculo criminal. Días después, el torso y otras piezas óseas de Palacio fueron encontrados gracias a llamadas anónimas, confirmando que Laurta había actuado con una premeditación absoluta para eliminar cualquier obstáculo en su camino. Incluso su propia madre, la señora Estrella, salió a la luz pública para desautorizar los intentos de defensa de su hijo, calificándolo de mentiroso y asesino, y validando el miedo que Luna siempre sintió.
Durante las audiencias preliminares en 2026, Laurta intentó manchar la memoria de sus víctimas alegando supuestas denuncias de explotación infantil, una mentira que no pudo ser comprobada en ningún registro judicial. Su único gesto de “arrepentimiento” fue pedir perdón a la familia del taxista Martín Palacio, mientras mantenía su desprecio absoluto hacia Luna y Mariel, a quienes asesinó motivado por un odio profundo y la incapacidad de aceptar que Luna había logrado independizarse económicamente a través de su emprendimiento de tejidos.![]()
Hoy, Pablo Rodríguez Laurta permanece bajo prisión preventiva, enfrentando cargos por homicidio Criminis Causa y femicidio agravado, delitos que en la legislación argentina y uruguaya conllevan las penas más severas. El caso de la “Nena Trampa” y su madre Mariel se ha convertido en un símbolo de la lucha contra el odio de género y la ineficiencia de las pericias tempranas, mientras el pequeño Pedro permanece bajo la tutela de su tía, intentando reconstruir su vida tras haber sido testigo del horror de la mano de quien debió protegerlo. La caída de Laurta marca el fin de una era de impunidad para los discursos de odio transformados en acción letal.
