En el complejo tablero político actual de España, pocas organizaciones han sido tan recurrentemente señaladas por la derecha y la extrema derecha como Facua-Consumidores en Acción. En los últimos días, la tensión ha vuelto a escalar a niveles alarmantes, llevando el enfrentamiento incluso a las esferas más altas del poder legislativo. Rubén Sánchez, portavoz de la organización, ha alzado la voz para denunciar lo que considera una estrategia coordinada y persistente de ataques, difamaciones y bulos, cuyo fin último —según sostiene— no es otro que desmantelar a cualquier entidad que defienda los valores democráticos y los derechos sociales frente al avance de la extrema derecha.
El último episodio de esta confrontación se ha trasladado directamente al Congreso de los Diputados. Vox ha registrado una batería de preguntas parlamentarias centradas en la financiación de Facua. La formación ultra cuestiona el origen de los fondos públicos que recibe la asociación, buscando poner en duda su independencia. Para Sánchez, este movimiento no es más que un nuevo “bulo” diseñado para minar la credibilidad de la organización.
o se han enterado, o más bien hacen como que no se enteran”, ironiza el portavoz, al aclarar que, en lo que va de legislatura, la organización solo ha recibido financiación del Ministerio de Consumo, al igual que el resto de entidades del sector. Más aún, Sánchez subraya un dato que contradice la narrativa de “chiringuito subvencionado” que a menudo esgrimen sus detractores: el Ministerio ha aplicado, en los últimos dos años, un recorte del 37% en las ayudas destinadas a la organización.
La polémica no termina ahí. La extrema derecha también ha puesto el foco en la participación de figuras políticas, como el ministro Óscar Puente, en eventos organizados por Facua bajo el lema “frenar a la extrema derecha”. Vox alega que dicha participación compromete la independencia de la asociación, un argumento que Sánchez califica de “ridículo”. Según sostiene, el hecho de que representantes públicos participen en foros de la sociedad civil es una práctica habitual en una democracia saludable, donde la convergencia en la defensa de valores antifascistas no implica una pérdida de la autonomía de cada organización.
Una década de acoso sistemático
Para Rubén Sánchez, los ataques actuales no son un hecho aislado, sino la culminación de más de una década de hostigamiento. “Llevan más de 10 años intentando matarnos como organización de la sociedad civil”, afirma con rotundidad. Según el portavoz, tanto el Partido Popular como Vox han utilizado a Facua como un objetivo a batir, recurriendo a campañas de difamación para desviar la atención de sus propios problemas judiciales o políticos.
El portavoz recuerda episodios pasados en los que parlamentarios del Partido Popular llegaron a anunciar su inminente imputación en sede parlamentaria por supuestas tramas de corrupción, una acusación que nunca se materializó. De igual forma, alude a la figura del exjuez Serrano, quien, según Sánchez, utilizó la plataforma mediática de la que disponía para criminalizar a la organización. “Es curioso que hoy el eslogan de Vox sea ‘que no te estafen’, cuando el líder que promovía estas campañas está encausado por fraude en subvenciones y se enfrenta a peticiones de años de cárcel”, señala, estableciendo un contraste irónico sobre la ética de quienes lideran estos ataques.
¿Por qué tanto miedo a la sociedad civil?
Más allá de las acusaciones concretas, Sánchez plantea una pregunta de fondo: ¿qué motiva este nivel de agresividad contra organizaciones como Facua, movimientos LGTBI, asociaciones feministas o sindicatos? La respuesta, a su juicio, es sencilla: el miedo. “Tienen mucho miedo cuando nos organizamos”, sostiene.
El portavoz de Facua argumenta que las fuerzas de extrema derecha ven en el tejido asociativo un obstáculo para su proyecto político, que —según advierte— pasa por el desmantelamiento de pilares fundamentales como la sanidad pública, la educación universal y el sistema de pensiones. La capacidad de estas organizaciones para movilizar a cientos de personas en eventos y generar un debate público informado representa, según Sánchez, una amenaza directa para los planes de la ultraderecha.
La criminalización se presenta, por tanto, como una herramienta táctica: el objetivo es aislar a las organizaciones, reducirlas al mínimo mediante recortes de ayudas públicas y, sobre todo, presentarlas ante la opinión pública como delincuentes o gestores corruptos.
Hacia el 2027: ¿inevitabilidad o resistencia?
Ante este panorama, Facua no parece dispuesta a dar un paso atrás. Al contrario, el portavoz insiste en que han perdido el miedo a la intimidación. La iniciativa para “frenar a la extrema derecha” pretende ser un punto de encuentro para diversas sensibilidades democráticas, buscando romper con la sensación de fatalismo que, reconoce Sánchez, ha invadido a una parte de la izquierda en los últimos meses.
“He estado hasta hace unas semanas pensando que la extrema derecha va a volver como algo inevitable”, confiesa Sánchez. Sin embargo, su mensaje es ahora de movilización. Defiende que, si existe una unión efectiva entre organizaciones de la sociedad civil y una participación activa de la ciudadanía, la vuelta de estos sectores al gobierno no es un destino ineludible.
El horizonte temporal está fijado en las elecciones generales de 2027. La estrategia es clara: seguir denunciando los bulos, mantener la labor de defensa de los derechos de los consumidores y persistir en la creación de foros de debate que expongan, con datos y argumentos, qué hay detrás de las propuestas de la extrema derecha. En esta batalla de relatos, donde las redes sociales y los medios digitales juegan un papel protagonista, la organización se prepara para seguir siendo, a pesar de los ataques, una voz crítica y activa en la esfera pública española.
En última instancia, el conflicto entre Facua y la extrema derecha refleja una polarización más profunda en la sociedad española. Mientras unos defienden que la crítica y la vigilancia ciudadana son imprescindibles para la salud democrática, otros ven en estas estructuras un obstáculo político que debe ser neutralizado. Lo que parece claro es que, lejos de amedrentarse, el enfrentamiento parece haber reforzado la determinación de una organización que, tras años de fuego cruzado, se mantiene en el centro del debate político.
