La vida política y social en México atraviesa por un momento de profundas, veloces y complejas reconfiguraciones. En el mismísimo centro de este intenso huracán mediático y social, la autodenominada oposición mexicana —conformada por las históricas estructuras del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI)— se encuentra de frente contra una de las crisis de identidad, moralidad y legitimidad más severas de su historia moderna. Vacíos de figuras públicas verdaderamente relevantes, carentes por completo de un proyecto de nación sólido y arrastrando tras de sí un pesado e interminable lastre de escándalos de corrupción, los líderes del bloque conservador han optado por ejecutar una estrategia que roza constantemente lo absurdo: importar figuras políticas de la ultraderecha internacional para intentar sostener y validar un movimiento que, a nivel nacional, se encuentra ideológica y moralmente derrotado en las urnas.
Un análisis minucioso de la actual dinámica política nos revela una radiografía bastante perturbadora sobre la psique profunda de la oposición en México. Expertos y periodistas críticos han señalado que el conservadurismo nacional padece de un diagnóstico que parece casi psiquiátrico: poseen un pensamiento, un alma y un espíritu profundamente colonizados. Esto no es otra cosa sino la perpetuación sistemática de un modelo arcaico que busca de manera constante, y casi desesperada, la validación, el cobijo y el mandato desde el extranjero, mirando específicamente hacia las viejas coronas europeas o hacia los grandes centros del poder imperialista moderno. Al no contar en sus filas con líderes propios que posean la autoridad moral suficiente para caminar por las plazas públicas sin tener que enfrentar el justificado repudio popular, se ven en la penosa necesidad de buscar ídolos más allá de nuestras fronteras, revelando un innegable y alarmante complejo de inferioridad.
El ejemplo más reciente, grotesco y palpable de esta tremenda desesperación política es la criticada visita a México de Isabel Díaz Ayuso, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid y una figura extremadamente divisiva de la derecha radical española. En lugar de generar un impacto constructivo o aportar al debate democrático del país, su polémica gira por territorio nacional ha estado marcada fuertemente por el rechazo popular masivo y las sonoras protestas de los ciudadanos mexicanos, quienes están perfectamente informados y entienden muy bien quién es esta figura política. Díaz Ayuso está sumamente lejos de representar los altos valores de una democracia transparente y eficiente; por el contrario, carga permanentemente sobre sus hombros con un historial profundamente cuestionable que la acompaña como una sombra imposible de borrar.
Durante los peores, más oscuros y dolorosos momentos de la pandemia global de COVID-19, la administración encabezada por Díaz Ayuso enfrentó gravísimas acusaciones de negligencia institucional por la trágica muerte de más de siete mil adultos mayores en diversas residencias de asistencia pública en Madrid. A estos ciudadanos vulnerables se les negó presuntamente el traslado urgente a centros hospitalarios y se les privó de la atención médica adecuada que hubiera podido salvar sus vidas. Por si esta aterradora tragedia humanitaria no fuera suficiente para sepultar una carrera política, a su gestión se le suman escándalos de corrupción brutales e indignantes. Destaca de manera ominosa la adjudicación directa de jugosos contratos millonarios —sin ningún tipo de licitación transparente— a su propio hermano, con el fin de monopolizar la venta de mascarillas a groseros sobrecostos, lucrando así en medio de un pánico sanitario sin precedentes. A esto se le agregan graves señalamientos hacia su entorno personal más íntimo, salpicado por mediáticos casos de fraude fiscal masivo y descarada evasión de impuestos, delitos que, según críticos españoles, han sido convenientemente resguardados y encubiertos por un Poder Judicial que se asume fuertemente cooptado por la extrema derecha ibérica.
A pesar de este currículum profundamente manchado por la tragedia y las sospechas de enriquecimiento ilícito, diversas figuras representativas del conservadurismo en México han decidido desplegarle la alfombra roja. Políticos y funcionarios como Alessandra Rojo de la Vega en la populosa alcaldía Cuauhtémoc en la capital, o María Teresa Jiménez Esquivel en el estado de Aguascalientes, le han rendido tributos y honores inmerecidos, actuando como si se encontraran frente a una incuestionable jefa de Estado. Resulta sumamente indignante para la ciudadanía y los contribuyentes enterarse de que autoridades estatales habrían destinado cientos de miles de euros provenientes del erario para financiar la organización de incomprensibles reconocimientos a esta controvertida política extranjera, cerrando los oídos al clamor popular e ignorando las posturas de funcionarios locales valientes que se plantaron frente a este insultante circo mediático para denunciar el cinismo gubernamental.
Para intentar comprender las razones por las cuales las cúpulas del PAN y de la derecha mexicana actúan bajo esta retorcida lógica, es estrictamente necesario hurgar en el denso lodo de su propia y trágica historia reciente. Estos grupos padecen de una absoluta orfandad de autoridad moral precisamente porque sus más grandes referentes y líderes históricos están orgánica e intrínsecamente ligados a las más nefastas etapas de corrupción institucionalizada y a inconfesables pactos de sangre con el crimen organizado en México. No se trata de simples leyendas urbanas ni de intrincadas teorías de conspiración para desprestigiarlos; nos encontramos frente a realidades jurídicas e históricas sólidamente documentadas por tribunales internacionales.
Realizando un repaso histórico ineludible, desde la polémica era del salinismo en 1988 —momento clave donde nace la alianza no oficial del “PRIAN”— y el posterior gobierno de Ernesto Zedillo, pasando inevitablemente por la trágica explosión de terror y violencia desbordada durante los fatídicos sexenios panistas de Vicente Fox y muy especialmente de Felipe Calderón, la accidentada historia del modelo neoliberal mexicano es, fundamentalmente, la historia de una monumental complicidad criminal. Hoy resulta terriblemente irónico, doloroso y casi insultante ver a los representantes del panismo desgarrarse enérgicamente las vestiduras clamando por el restablecimiento de la seguridad nacional, cuando fue exactamente bajo su administración donde oscuras figuras como Genaro García Luna —actualmente enjuiciado y condenado en los tribunales federales de los Estados Unidos por conspiración y narcotráfico de alto nivel— operaron con total impunidad como los auténticos dueños de las plazas, dirigiendo la gran mafia nacional cómodamente instalados desde la misma cima de las secretarías de Estado. Fueron precisamente estos oscuros gobiernos del conservadurismo los que, según múltiples investigaciones y testimonios de inteligencia, abrieron sigilosamente las puertas de las prisiones de máxima seguridad para facilitar la huida de capos infames y se dedicaron a negociar supuestas estrategias de seguridad a punta de tratos bajo la mesa.
En la actualidad, esos mismos herederos políticos que institucionalizaron el saqueo de la nación y que mantienen entre sus filas a líderes directamente vinculados con esquemas de extorsión como el infame “Cártel Inmobiliario”, son exactamente los que se agrupan en franca desesperación en torno a empresarios y operadores políticos como Claudio X. González o magnates evasores como Ricardo Salinas Pliego. De acuerdo con las voces más críticas de la política contemporánea, estos actores operan fríamente bajo una lógica que el propio andamiaje penal mexicano no duda en equiparar conceptualmente con la noción de traición a la patria: es decir, la incesante labor de socavar y desestabilizar la legítima soberanía del Estado de México con el único fin de proteger rancios intereses oligárquicos, monopolios financieros y agendas injerencistas extranjeras.
Justamente frente a todo este grotesco espectáculo de humillante sumisión conservadora, la actual administración progresista encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece a la nación ya la comunidad internacional un contraste absolutamente diametral. Mientras los desesperados opositores recurren a reunirse a escondidas y tomarse fotografías con figuras señaladas por letal negligencia en Europa para trazar dudosas estrategias de golpeteo mediático, la mandataria mexicana proyecta con firmeza una admirable imagen de auténtico liderazgo regional, madurez diplomática y soberanía innegociable. Durante sus recientes compromisos de política exterior, la presidenta ha logrado sostener encuentros de altísimo nivel diplomático, marcados por el respeto profundo y la visión de futuro, con líderes mundiales como Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente de Brasil, y Gustavo Petro, mandatario de Colombia. A la par de esto, ha pronunciado discursos contundentes y de fuerte carga histórica que sirven para recordar la legendaria resiliencia y la indestructible dignidad del pueblo mexicano ante los interminables asedios de los imperios extranjeros y los constantes sabotajes orquestados por sus títeres internos. La premisa ha quedado rotundamente clara: el único y verdadero soberano absoluto dentro del territorio nacional no es ninguna rancia corona europea ni mucho menos un berrinchudo magnate corporativo, sino única y exclusivamente el pueblo trabajador de México.
Por si fuera poco, el complejo panorama geopolítico exige también enfocar la atención en la alarmante hipocresía imperialista de nuestro poderoso vecino del norte, la cual ha escalado a niveles de cinismo francamente peligrosos e intolerables. Las reiteradas amenazas injerencistas del expresidente estadounidense Donald Trump acerca de invadir militarmente el territorio soberano para “combatir a los cárteles mexicanos” representan el más puro reflejo de una demagogia electoralista profundamente barata, cínica y perversa. Trump, un individuo repleto de enormes conflictos legales y formalmente sentenciado por el propio sistema de justicia de su país, carece por completo de la mínima estatura y autoridad moral para atreverse a erigirse como el salvador puritano de la seguridad continental de Norteamérica. Su retórica sumamente agresiva e injerencista pretende tapar el sol con un dedo, ocultando muy convenientemente el gigantesco y vergonzoso papel que el propio aparato estatal de los Estados Unidos juega activamente en el fortalecimiento constante de la crisis de inseguridad binacional.
Históricamente se ha expuesto con evidencias irrefutables que son los mismos exmilitares de alto rango, agencias de espionaje y los corruptos agentes de seguridad fronterizos estadounidenses quienes han sido capturados operando logísticas masivas de tráfico ilegal, permitiendo el flujo incesante de arsenales de alto calibre que inundan y desangran a México. Simultáneamente, el gobierno de los Estados Unidos, atrapado en las redes de presión de sus multimillonarios lobbistas corporativos, se niega obstinadamente a reconocer que la devastadora crisis de sobredosis generada por el consumo de fentanilo es, de raíz, un enorme problema interno de salud pública y corrupción médica. Esta crisis ha sido directamente alimentada a lo largo de décadas por un depredador y ambicioso sistema farmacéutico capitalista y laboratorios de distribución interna que se han hecho asquerosamente ricos a costa del sufrimiento, la adicción y la muerte de sus propios ciudadanos. En lugar de emprender una lucha seria para desmantelar y penalizar a las poderosas farmacéuticas intocables o destruir las complejas redes locales de narcotráfico que operan con impunidad en sus calles, resulta mil veces más rentable para la política estadounidense vomitar discursos de odio visceral y lanzar amenazas bélicas contra una nación aliada pacífica como México.
Sin embargo, la perniciosa y oscura ambición de la derecha extrema internacional va mucho más allá de simples chantajes o altisonantes amenazas verbales. Hoy en día, están saliendo a la luz pruebas escalofriantes de una maquinaria mediática y política operando activamente desde las sombras para descarrilar a toda costa a los gobiernos de izquierda en la vasta región de América Latina. Casos sumamente graves de investigación periodística independiente, como el escandaloso “Honduras Gate”, han destapado decenas de audios reveladores. En este sórdido escenario, figuras de la talla del oscuro expresidente hondureño y narcotraficante Juan Orlando Hernández —quien en el cénit de su poder fue incomprensiblemente blindado y utilizado a placer por las agencias del gobierno estadounidense— destapan la sucia compra internacional de voluntades, el exorbitante financiamiento ilícito destinado a la renta de instalaciones clandestinas y la turbia creación de seudomedios de comunicación enfocados única y exclusivamente en esparcir campañas millonarias de desinformación masiva, pánico y guerra sucia.
La finalidad principal de esta bien engrasada maquinaria del terror —respaldada financieramente por cuantiosos flujos de dinero negro provenientes de los grupos más duros y radicales del sionismo internacional y de aliados incondicionales de figuras extremistas de la derecha mundial— es la de manufacturar caos social, propiciar persecuciones políticas infundadas y derramar sangre. La ambición es meridianamente transparente: desestabilizar a como dé lugar la legitimidad y popularidad de líderes como Gustavo Petro en la compleja realidad de Colombia, y dinamitar los inmensos esfuerzos de transformación democrática de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el contexto de México. Es innegable que no les mueve ni remotamente la paz social ni el genuino bienestar colectivo de estas nobles naciones. Su único, cínico y calculador objetivo es socavar a las administraciones que no pueden comprar, recuperar sus groseros privilegios de élite, mantener un rígido control geopolítico basado en la subordinación e imponer nuevamente en la silla presidencial a gobernantes títeres y “vendepatrias” que funcionen dócilmente como gerentes corporativos de sus intereses extractivistas extranjeros.
Nos hallamos, sin temor a equivocarnos, plantados justo frente a una de las encrucijadas más definitivas y cruciales de nuestra historia moderna como nación independiente. Por un lado de la balanza, se agrupan en su desesperación las fuerzas conservadoras, los promotores de la antigua corrupción y los adictos al privilegio elitista, demostrando reiteradamente estar dispuestos a hipotecar nuestro inmenso territorio, regalar nuestros abundantes recursos naturales y empeñar nuestra dignidad colectiva a cambio del falso aplauso y las jugosas migajas que caen desde la mesa del poder injerencista. Por el otro gran lado de la balanza, se levanta estoico, digno y organizado un valeroso pueblo mexicano que ha decidido despertar de su letargo. Una inmensa mayoría social que ahora cuenta con una memoria histórica a prueba de todo y que, de manera definitiva e irrevocable, ha tomado la férrea decisión de jamás volver a dejarse seducir, someter ni manipular por las falsas promesas provenientes de aquellos hipócritas salvadores empaquetados en el extranjero. La batalla final por defender la verdad histórica y garantizar la libertad soberana continúa más viva que nunca; y, afortunadamente, la implacable pluma de la historia contemporánea ya se encuentra dictando, con letras doradas, quiénes se alzaron como defensores incorruptibles y quiénes, irremediablemente, cavaron su propia tumba al elegir traicionar cobardemente a su pueblo.
