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Las víctimas que Fidel no quiso que recordaras

 

La cabaña. Enero de 1959, la antigü fortaleza española, se había convertido en algo más oscuro que una prisión. Era tribunal, sala de ejecución y monumento al terror revolucionario. Cada noche, después de que caía el sol, se escuchaba el mismo Richuel, pasos arrastrándose por corredores de piedra, una puerta abriéndose, órdenes gritadas y después el disparo.

 A veces uno solo, a veces cinco, seis. 10. En una misma noche, el comandante Ernesto Chegue Vara había sido nombrado jefe de la cabaña apenas días después del triunfo revolucionario y desde su oficina con vista al mar firmaba sentencias de muerte como si fueran documentos administrativos rutinarios. No había drama en su rostro cuando ordenaba fusilamientos. No había duda.

Testigos que trabajaron en la cabaña durante esos meses recuerdan que el che no solo firmaba las sentencias, presenteaba las ejecuciones, separaba a pocos metros del paredón. Observaba como los condenados eran atados, como vendaban sus ojos, como el pelotón levantaba los rifles. Y cuando los cuerpos caían, se acercaba para verificar que estuvieran muertos.

 Si alguien aún respiraba, ordenaba el tiro de gracia personalmente entre enero y junio de 1959. Se estima que entre 150 y 300 personas fueron ejecutadas en la cabaña bajo el mando del Che. Otros informes, como los del historiador Armando Lago sugieren cifras más altas, pero los números exactos nunca se sabrán, porque el régimen destruyó registros, ocultó actas, enterró evidencia.

 Lo que sí se sabe es que en ese eran los ejecutados, soldados del antiguo régimen de Batista, policías, informantes, pero también campesinos acusados sin pruebas, jóvenes señalados por vecinos envidiosos, prisioneros políticos cuyo único crimen fue cuestionar el rumbo comunista de la revolución.

 Los procesos duraban menos de una. Ahora no había abogados defensores reales. La misma persona que leía la acusación firmaba la sentencia de muerte y las pruebas eran vagas, a veces solo un testimonio anónimo, una fotografía vieja, una denuncia sin fundamento, pero daba igual. El veredicto siempre era el mismo, culpable, paredón.

 Esa misma noche, primero de enero de 1959, mientras Fidel Castro entraba triunfante a La Habana aclamado por miles que gritaban libertad y justicia a 800 km de distancia. En Santiago de Cuba ya habían comenzado los primeros fusilamientos. No fueron casos aislados, fueron ejecuciones masivas, sistemáticas planificadas.

 El comandante Raúl Castro, hermano menor de Fidel y jefe militar de la provincia oriental, organizó lo que después sería conocido como la masacre de Boniato en la base militar de Boniato. 71 soldados y oficiales del antiguo régimen fueron ejecutados en una sola noche, sin juicio previo, sin abogados, sin revisión de evidencia, solo acusación, confesión forzada, sentencia y paredón.

 Raúl Castro supervisó personalmente las ejecuciones, no mostró compasión, no permitió apelaciones, no dio tiempo para últimas palabras. Los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes sin identificación. Las familias se enteraron días después por rumores, por vecinos compasivos, por líneas breves en periódicos oficiales que decían: “Ejecutado por crímenes contra el pueblo, la prensa internacional empezó a hacer preguntas incómodas por qué tantos fusilamientos.

¿Por qué sin juicio adecuado? ¿Por qué tanta prisa?” Fidel respondió por radio con voz firme y sin arrepentimiento. Revolución, sí. Impunidad, no. Los asesinos del pueblo tienen que pagar, y agregó algo más escalofriante. Si no los fusilamos nosotros, el pueblo los fusilará por su cuenta. Estamos garantizando el orden.

 El mensaje era claro. El paredón no era excepción, era regla. era parte fandemente del nuevo orden revolucionario y cualquier cuestionamiento sería interpretado como simpatía con el enemigo. Se instalaron tribunales revolucionarios en toda la isla, en La Habana, en Santiago, en Santa Clara, en Camagoy. Los cargos eran deliberadamente vagos.

 Esbirro batistiano, contrarevolucionario, enemigo del pueblo. Cualquiera podía ser acusado con esas etiquetas. Un vecino resentido podía denunciar. Un compañero de trabajo envidioso podía señalar, una expareja despechada podía inventar crímenes y el acusado pasaba de ciudadano libre a cadáver en menos de 24 horas.

 Los tribunales estaban compuestos por milicianos, soldados, simpatizantes del movimiento 26 de julio. Ninguno tenía formación jurídica, ninguno conocía código penal, ninguno entendía concepto de presunción de inocencia. Solo sabían una cosa, la revolución exige sangre y ellos estaban ahí para proporcionarla. Las sentencias eran inmediatas.

 No había tiempo para investigación, no había revisión de pruebas, no había posibilidad de defensa real. Si el acusado pedía abogado, le asignaban a alguien que no podía hablar más de unos minutos porque el veredicto ya estaba decidido desde arriba. La apelación no era derecho, era opción teórica que nunca funcionaba en práctica.

 ¿Por qué? Para cuando llegaba la solicitud de revisión, el condenado ya había sido fusilado. Y lo más macabro es que estos juicios no eran privados, eran públicos, masivos, convertidos en espectáculo. En teatros, estadios, plazas centrales, el régimen organizaba tribunales ejemplares donde multtituds observaban, gritaban, participaban.

 El juez leía las acusaciones por micrófono, el fiscal presentaba testigos y después preguntaba al público que merece este traidor. Y la multitud, a veces por convicción, a menudo por miedo, rugía al unísono. Paredón, paredón, paredón. Era justicia por aclamación, democracia de la turba, linchamiento legalizado.

 Y el régimen no solo lo permitía, lo celebraba, lo promovía como ejemplo de participación popular en el proceso revolucionario. Muchos de los que gritaban paredón esa noche después confesarían que lo hicieron por terror, porque no gritar. significaba ser señalado porque quedarse callado era sospechoso, porque en Cuba de 1959 el silencio podía interpretarse como complicidad con el enemigo.

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