una propuesta, una aplicación copiada de Ecuador, una empresa llamada Servicios Digitales LUSAD, filial de L1 BRE Holding y una idea muy sencilla, obligar a todos los taxistas de la Ciudad de México a comprar una tableta electrónica para poder operar. El software que prometían no estaba terminado, no tenían financiamiento, no tenían experiencia técnica previa, habían copiado el desarrollo de una aplicación que ya existía en Ecuador.
Uno de sus socios, Eduardo Sayas, ya tenía antecedentes previos de haber defraudado a inversionistas y aún así el contrato se firmó sin convocatoria pública, sin licitación. La Secretaría de Movilidad, que encabezaba Héctor Serrano, les otorgó la concesión directamente a Puerta Cerrada con un proceso que el propio Tribunal Internacional calificaría años después como viciado de origen.
¿Y cuál era el negocio? Piénsenlo desde los números. 140,000 taxis en la Ciudad de México. Cada uno obligado a instalar la tableta de esta empresa, cada uno obligado a pagar una comisión por cada viaje realizado. El taxímetro del gobierno, que no le pertenecía a nadie más que al taxista, iba a ser reemplazado por un dispositivo de una empresa privada que cobraba cada vez que el chóer salía a trabajar.
Cada mañana, cada vuelta, cada carrera. Imagínense a su cuñado taxista, al vecino que maneja para sostener a su familia, al señor que ya paga la tenencia, el seguro, la gasolina, el mantenimiento. Ahora, imagínenlo pagando además una comisión a una empresa privada por el simple hecho de encender su taxi y salir a la calle.
Eso era lo que este negocio tenía diseñado. Y la pregunta que los taxistas le hacían a Shabound cuando estaba en campaña en 2018 era exactamente esa. ¿Por qué nos obligaron a comprar esa tableta? ¿Por qué no nos consultaron? ¿Cómo fue que se escogió a esa empresa sin preguntarle a nadie? Las respuestas a esas preguntas tardaron años en poder decirse en público y la razón tiene un nombre técnico que vale la pena entender.
Cuando Shane Bom llegó a la jefatura de gobierno y canceló el contrato, las empresas detrás del negocio, Espíritu Santo Holdings y L1 BRE Holding, metieron una demanda internacional, se ampararon en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Dijeron que México las había expropiado, que les debía pagar por todas las ganancias que habrían tenido y la cifra que pusieron sobre la mesa fue de más de 2,000 millones dó.
Piénsenlo en términos concretos. Si usted gana 10,000 pes al mes, necesitaría trabajar 16,000 años sin gastar un centavo para reunir lo que esas empresas reclamaban.000 dólar sacados del erario, del dinero que usted paga en impuestos. pagados a una empresa que construyó su negocio sobre un contrato que el propio Tribunal Internacional calificó como irregular desde la raíz.
Y mientras ese litigio estuvo abierto durante casi 5 años, ningún funcionario podía hablar públicamente del caso. Las reglas del arbitraje internacional lo prohíben. Por eso Shainbound no había dicho nada en todos estos años. Por eso el entramado completo no había salido a la luz, porque contar la historia era arriesgar el pleito.
Pero eso cambió el 26 de marzo de este año. El fallo llegó ese día desde el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, el SIA, organismo dependiente del Banco Mundial, y fue contundente. Rechazó de manera total todas las reclamaciones de las empresas demandantes. estableció que la cancelación del contrato fue legal, que no hubo violación al tratado comercial, que la concesión original tenía vicios de origen tan estructurales que los inversionistas no podían alegar expectativas legítimas sobre un acto que
nació irregularmente y además condenó a las empresas a pagar los gastos legales del proceso. México se ahorró más de 2,000 millones de dólares. Ese dinero no va a salir de las arcas públicas, no va a pagarse con los impuestos de usted. Y la cancelación que Shane Baum hizo en 2018 quedó validada por un tribunal internacional como una decisión correcta, legal y necesaria.
Eso es lo que acaba de ocurrir esta semana. Y si este tipo de análisis les sirve para entender lo que los medios no están conectando, suscríbase ahora y active la campana de notificaciones. El nombre que aparece en el expediente del SIA, el nombre que Shainbaum no mencionó en la mañanera, pero que está disponible al público en la web del Tribunal Internacional.
Quédense porque lo que viene es lo que los medios de oposición no quieren conectar. Analicemos la sinergia de lo que acaba de abrirse. Hay un legislador hoy activo en el Congreso de San Luis Potosí, cuyo nombre aparece repetidamente en el expediente público del CIA. Héctor Serrano Cortés, el mismo que fue secretario de movilidad de la Ciudad de México con Miguel Ángel Mancera.
El mismo que encabezó la CEMOVI cuando se otorgó la concesión. El mismo que según la defensa legal que el propio gobierno de México presentó ante el Tribunal Internacional para ganar el caso, fue señalado como el funcionario cuya actuación generó la concesión irregular. Cuando una reportera le preguntó al respecto esta semana, Héctor Serrano respondió, “No escuché mi nombre.
No me siento de ninguna forma involucrado en un tema así.” Punto. Eso fue todo. Pero el expediente del SIADI es público y cuenta una historia muy diferente. Según los documentos del caso, en el segundo semestre de 2015, Santiago León Veleira se reunió con Serrano para presentarle la aplicación copiada de Ecuador.
El proyecto no tenía el software funcional, no tenía financiamiento, no tenía experiencia técnica y aún así, en 2016, la Secretaría de Movilidad que él encabezaba otorgó la concesión directamente, sin convocatoria pública, sin licitación abierta. El Comité Adjudicador actuó fuera de los supuestos legales.
Se saltaron plazos y requisitos. La propia concesionaria participó en los documentos que le daban la concesión. Todo eso quedó registrado. Todo eso fue lo que México usó para ganar el pleito. La estrategia legal de México ante el SIADI fue la siguiente: exhibir la ilegalidad de sus propios funcionarios para demostrar que la concesión nunca debió existir.
Para salvar 2,000 millones de dólares del erario, el gobierno tuvo que retratar en un tribunal internacional cómo se había operado el negocio y el tribunal le creyó. Hay además un segundo nombre en esta historia. Federico Doring, diputado panista, también aparece vinculado al expediente.
El caso no es solo de un partido. El negocio del viejo régimen cruzaba colores y siglas cuando se trataba de repartir contratos. Ahora escuchen bien esto porque este es el dato que van a repetir. Héctor Sorano Cortés, ex secretario de movilidad de la Ciudad de México en el gobierno de Miguel Ángel Mancera fue señalado por la defensa legal del propio gobierno mexicano ante un tribunal internacional del Banco Mundial como el arquitecto de una concesión otorgada sin licitación pública, con irregularidades de origen, a empresas vinculadas a personas con
