Jueves 7 de mayo de 2026. Así irrumpió Harfuch en nueve negocios de Salinas vinculados al caso Edit Guadalupe y reveló nuevas pruebas. En la madrugada de este jueves, cuando la ciudad de México todavía dormía bajo el silencio de las 3:30 de la mañana, Omar García Harfuch dirigió el operativo más coordinado, más preciso y más devastador que esta ofensiva haya ejecutado contra los intereses económicos de la familia Salinas desde que comenzó la fase activa de desmantelamiento de sus estructuras de poder. Nueve negocios distribuidos

estratégicamente entre la Ciudad de México y el Estado de México. Todos registrados bajo nombres de prestanombres. Todos operando con apariencia de legalidad comercial impecable. Todos conectados mediante una red financiera que los analistas de inteligencia de la Secretaría de Seguridad tardaron semanas en mapear completamente, fueron intervenidos de manera simultánea por comandos conjuntos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y equipos especializados de la Fiscalía General de la República. No fue un cateo aislado ni

una inspección de rutina ampliada por circunstancias fortuitas. Fue una irrupción militar coordinada con precisión quirúrgica, ejecutada sin previo aviso, sin filtración de información y con un nivel de sincronización operativa que convirtió nueve objetivos dispersos en una sola escena de intervención federal simultánea.

 Lo que los peritos encontraron en esos nueve espacios en las horas siguientes a la irrupción no fue solo evidencia adicional que complementa lo que ya se sabía sobre el caso Edit Guadalupe. Fue la conexión directa documentada con transferencias bancarias verificables, con grabaciones de audio que ningún abogado defensor podrá desestimar y con listas de pagos que vinculan el dinero de los Salinas con los estafadores que lucraron con la desaparición de una joven cuyo cuerpo fue encontrado entre 19 cadáveres apenas horas antes de este operativo. Escribe

en los comentarios si alguna vez pasaste frente a una gasolinera o una tienda de conveniencia sin preguntarte quién es realmente el dueño ni qué más se mueve detrás del mostrador. Porque lo que esta madrugada se reveló en nueve locaciones comerciales que millones de mexicanos consideraban negocios normales, debería cambiar para siempre la manera en que cualquier ciudadano mira los comercios que operan con demasiada liquidez, con demasiado personal para el flujo de clientes que manejan y con una infraestructura que no corresponde con

el volumen de ventas que sus registros. Fiscales declaran la investigación que condujo a la identificación de estos nueve negocios como objetivos prioritarios de la ofensiva comenzó semanas atrás cuando los analistas de inteligencia financiera que procesaban la evidencia encontrada en el despacho de Norma Piña detectaron un patrón de transferencias bancarias que aparecía de manera recurrente en los registros de cuentas vinculadas a prestanombres de Los Salinas.

 Esas transferencias que inicialmente parecían movimientos comerciales rutinarios entre empresas del mismo grupo corporativo mostraban una característica que llamó la atención de los especialistas en lavado de dinero que participan en el análisis forense de esta ofensiva. Los montos transferidos no correspondían con los ciclos normales de operación de los negocios que aparecían como emisores, ni con los patrones de consumo esperables en los sectores comerciales donde esos negocios operaban.

 Una gasolinera en el norte de la Ciudad de México registraba transferencias salientes por montos que superaban en 300% el volumen de ventas de combustible que sus registros ante la Comisión Reguladora de Energía declaraban mensualmente. Una tienda de conveniencia en Aucalpan movía efectivo hacia cuentas corporativas con una frecuencia que no se explicaba mediante las ventas de productos que cualquier tienda de conveniencia maneja en operación normal.

Una bodega industrial en Alnepantla recibía depósitos en efectivo con una regularidad que sugería ingresos constantes, pero los registros de entrada y salida de mercancías en esa bodega mostraban periodos completos sin actividad logística documentada. Ese patrón repetido en nueve locaciones distintas operadas por entidades legales diferentes, pero vinculadas mediante cadenas de propiedad que terminaban en los mismos grupos de prestanombres.

 fue la primera señal de que esos negocios no eran lo que aparentaban ser. El análisis de los registros fiscales de esas nueve empresas confirmó lo que las transferencias bancarias sugerían. Todas declaraban ingresos que apenas alcanzaban los umbrales mínimos de rentabilidad necesarios para justificar su operación continua, pero todas mantenían nóminas de personal que superaban el tamaño esperado para negocios de su categoría.

 Todas pagaban rentas comerciales en ubicaciones premium que no correspondían con el nivel de ingresos que declaraban y todas mostraban gastos operativos en rubros que los analistas fiscales describen como banderas rojas clásicas de estructuras de lavado de dinero, mantenimiento de infraestructura tecnológica desproporcionada para el tipo de negocio, contratos de asesoría con empresas fantasma, pagos recurrentes a proveedores que no aparecían registrados en ninguna base de datos fiscal activa.

 La conexión de esos nueve negocios con el caso Edit Guadalupe emergió cuando los analistas cruzaron las cuentas bancarias identificadas en los registros de transferencias con las cuentas que aparecían en los teléfonos y computadoras de los siete estafadores detenidos apenas horas antes de este operativo. Tres de las cuentas receptoras de los pagos que los estafadores recibían por su participación en el esquema de lucro con la desaparición de Edit coincidían exactamente con cuentas corporativas registradas a nombre de las empresas que

operaban estos nueve negocios. No eran cuentas similares ni transferencias que pudieran explicarse como coincidencias en una red bancaria con millones de transacciones diarias. eran las mismas cuentas, con los mismos números de registro, con los mismos titulares corporativos y con transferencias fechadas en momentos que correspondían exactamente con los periodos en que los estafadores intensificaban su actividad de lucro mediante la venta de información falsa a los familiares de Edit. La evidencia no dejaba espacio

para interpretaciones alternativas. El dinero que pagaba a los estafadores provenía directamente de empresas controladas por prestanombres de los Salinas. Y esas empresas operaban mediante una red de negocios comerciales que funcionaban como puntos de lavado y distribución de efectivo dentro de un esquema diseñado para mantener la conexión entre el dinero y sus beneficiarios finales, lo suficientemente fragmentada como para resistir auditorías superficiales, pero no lo suficientemente sofisticada como para resistir el nivel de análisis

forense que esta ofensiva ha aplicado en cada uno de sus operativos. El operativo de la madrugada del jueves 7 de mayo comenzó exactamente a las 3:30 de la mañana, cuando los primeros equipos tácticos de la Guardia Nacional tomaron posiciones en el exterior de los nueve objetivos de manera simultánea. La sincronización fue absoluta.

 No hubo retraso de segundos entre una locación y otra. No hubo comunicación externa que pudiera alertar a ninguno de los objetivos sobre lo que estaba ocurriendo en los otros ocho. No hubo tiempo para que ningún empleado ni administrador presente en esos espacios reaccionara de manera coordinada. Los helicópteros que sobrevolaban las zonas de intervención mantenían las luces apagadas, operando con sistemas de visión nocturna que permitían a los pilotos mantener la altitud y la posición sin revelar su presencia hasta

el momento exacto en que las puertas de los nueve negocios fueron derribadas de manera simultánea. Los vehículos blindados que bloquearon los accesos a cada locación se posicionaron en silencio durante los minutos previos a la errupción con los motores apagados y las luces tácticas desactivadas. hasta que la señal de inicio del operativo se transmitió por los canales encriptados que la coordinación central utilizó para dirigir la intervención desde el centro de mando en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad, cuando las

puertas cayeron, cuando los elementos tácticos entraron gritando las mismas órdenes que han caracterizado cada irrupción de esta ofensiva, cuando los empleados y administradores presentes en esos espacios levantaron las manos y fueron asegurados en el suelo, Mientras los peritos comenzaban el proceso de documentación forense, los nueve negocios dejaron de ser puntos comerciales en operación normal y se convirtieron en escenas de investigación federal bajo custodia de las autoridades que durante las horas siguientes

procesaron cada elemento de evidencia con los estándares más exigentes que el sistema de justicia mexic

ano haya aplicado en una investigación de esta magnitud. La gasolinera en el norte de la Ciudad de México fue el primer objetivo donde los peritos encontraron evidencia que superó las proyecciones que la inteligencia previa había calculado.

 En la oficina administrativa del gerente, detrás de un archivero metálico que requirió 4 minutos de trabajo para ser movido sin dañar el contenido que pudiera estar detrás. Los peritos encontraron una caja fuerte empotrada en la pared con un sistema de apertura digital que los especialistas en seguridad describieron como equipo de grado bancario, completamente desproporcionado para las necesidades de seguridad de una gasolinera que, según sus registros fiscales manejaba volúmenes de efectivo que cualquier negocio similar deposita diariamente en

cuentas bancarias mediante servicios de recolección blindada. La apertura de esa caja fuerte reveló 3,200,000 pesos en efectivo, organizado en fajos sellados con bandas plásticas que llevaban códigos impresos, códigos que los analistas comenzaron a descifrar en las horas siguientes y que resultaron ser referencias a fechas y montos de pagos específicos dentro del esquema de distribución de dinero hacia los estafadores y operadores del caso Edit Guadalupe.

 Junto con el efectivo, la caja fuerte contenía un disco duro externo con archivos de audio que los peritos copiaron de manera forense antes de trasladar el dispositivo original al laboratorio de análisis digital de la fiscalía. Esos audios cuyo contenido preliminar fue revisado por los analistas en las horas inmediatas al operativo.

 Contienen conversaciones entre operadores financieros de los Salinas y administradores de los nueve negocios, donde se discuten con claridad estrategias para mantener el flujo de dinero hacia los estafadores, sin generar alertas en el sistema bancario. Estrategias para fragmentar transferencias grandes en movimientos menores que no activaran los protocolos de prevención de lavado de dinero y estrategias para coordinar los pagos de manera que coincidieran con los periodos en que los estafadores intensificaban su actividad de contacto con los familiares

de Edit. Suscríbete si te gusta el video. La tienda de conveniencia en Naalpán presentó un hallazgo distinto, pero igualmente devastador en términos de lo que conecta los intereses económicos de los Salinas con el encubrimiento del caso. en el sótano del local, en un espacio que no aparecía en los planos arquitectónicos registrados ante las autoridades municipales, los peritos encontraron una sala de servidores con equipos de procesamiento de datos que ningún negocio de conveniencia necesita para operar su sistema de punto de venta ni su

inventario de productos. Los servidores estaban activos en el momento de la errupción, procesando información en tiempo real que los técnicos forenses comenzaron a capturar mediante herramientas de clonación digital que permiten extraer datos sin alterar la configuración original de los sistemas. El análisis preliminar de esos servidores reveló que almacenaban comunicaciones encriptadas entre cuentas de correo electrónico vinculadas a operadores de los Salinas y cuentas utilizadas por los estafadores detenidos

horas antes. Las comunicaciones incluían instrucciones específicas sobre qué información debían difundir los estafadores, en qué momentos, qué montos debían solicitar a los familiares de Edit por cada fragmento de información falsa que entregaban y qué cuentas debían utilizar para recibir los pagos, de manera que el rastro financiero quedara fragmentado entre múltiples entidades bancarias.

 Pero lo que convierte este hallazgo en una pieza central de la investigación no es solo el contenido de las comunicaciones, sino el hecho de que los servidores también almacenaban videos de las reuniones donde esas estrategias se discutían de manera presencial. Videos grabados con cámaras de seguridad internas que los propios operadores del esquema instalaron sin saber que esas grabaciones serían la evidencia más sólida que la fiscalía podría obtener para demostrar la participación directa de operadores de alto nivel en el

encubrimiento del caso y en la coordinación del esquema de lucro que funcionó durante meses mientras los familiares de Edit buscaban respuestas que nunca llegaron porque quienes tenían la información estaban ocupados vendiéndola al mejor postor. La bodega industrial en Talnepantla fue el objetivo donde los peritos encontraron la evidencia documental más extensa de toda la operación.

 En archiveros que ocupaban una pared completa del espacio administrativo de la bodega, los investigadores encontraron contratos, facturas, registros de transferencias y documentos contables que cubren un periodo de 3 años de operación del esquema financiero que utilizaba estos nueve negocios como puntos de lavado. Los documentos estaban organizados con una meticulosidad que los peritos describieron como la contabilidad paralela más completa que hayan visto en una investigación de lavado de dinero vinculado a encubrimiento de homicidio.

Cada transferencia tenía su respaldo documental. Cada pago a los estafadores aparecía registrado con fecha, monto y concepto codificado. Cada movimiento de efectivo entre los nueve negocios estaba documentado con comprobantes internos que nunca fueron diseñados para presentarse ante autoridad fiscal alguna, sino para mantener el control interno de una operación que movía millones de pesos mensuales sin dejar rastro en los sistemas oficiales de supervisión financiera.

 Los analistas que comenzaron a procesar esos documentos en las horas siguientes al Cateo calculan que el volumen total de información encontrada en esa bodega va a requerir semanas de análisis para ser completamente integrado en las carpetas de investigación. Pero los elementos preliminares que ya fueron extraídos y verificados son suficientes para sostener cargos por delincuencia organizada, lavado de dinero y encubrimiento de homicidio contra cada persona cuyos nombres aparecen en esos registros como emisores, receptores o

intermediarios de los pagos documentados. Piensa por un momento en lo que significa que una familia con el apellido, los recursos y las conexiones políticas de los Salinas necesitara construir una red de nueve negocios comerciales para mover dinero destinado a pagar a estafadores que lucraban con la desaparición de una joven.

 Piensa en el nivel de planificación que requiere montar esa infraestructura, mantenerla operando durante años, coordinar las transferencias entre múltiples entidades para evitar detección y al mismo tiempo mantener la apariencia de legalidad comercial suficiente como para que ninguna auditoría superficial levantara alertas.

 Eso no es una operación improvisada por criminales comunes que actúan de manera reactiva ante circunstancias imprevistas. Eso es una estructura empresarial diseñada con el único propósito de facilitar actividades criminales mediante mecanismos que combinan la sofisticación financiera de operaciones corporativas legítimas con la intención delictiva de esquemas de crimen organizado.

 Y eso es exactamente lo que los nueve cateos de esta madrugada documentaron con evidencia, que ningún recurso legal va a poder eliminar de las carpetas de investigación que la Fiscalía General de la República está construyendo contra cada persona vinculada a este esquema. Los otros seis negocios intervenidos durante el operativo, una segunda gasolinera en el Estado de México, dos tiendas de conveniencia adicionales en zonas comerciales de alta densidad, una oficina corporativa registrada como consultoría financiera en Polanco y dos

locales comerciales que operaban como puntos de venta de productos electrónicos revelaron elementos de evidencia que complementan lo encontrado en los tres primeros objetivos. En todos se encontró efectivo en cantidades que superan lo esperado para negocios de su categoría. En todo se encontraron dispositivos electrónicos con comunicaciones encriptadas que los técnicos forenses están procesando con las mismas herramientas utilizadas en los casos anteriores y en todos.

 Se encontraron documentos que vinculan las operaciones de esos negocios con las cuentas bancarias utilizadas para pagar a los estafadores del caso Edit Guadalupe. Pero más allá de los elementos específicos encontrados en cada locación, lo que hace este operativo especialmente significativo dentro del arco completo de la ofensiva es que representa la primera vez que las autoridades federales intervienen de manera simultánea una red completa de infraestructura económica vinculada a los Salinas, no como objetivo colateral

de una investigación más amplia, sino como objetivo central de un operativo diseñado específicamente para desmantelar los mecanismos financieros. que permitieron el encubrimiento del caso que más ha conmovido a la sociedad mexicana en los últimos años. Escribe en los comentarios si alguna vez te preguntaste cómo es posible que casos de desaparición tan mediáticos como el de Edit Guadalupe tardaran tanto tiempo en resolverse cuando desde el primer día había información que apuntaba hacia responsables específicos.

Porque lo que esta madrugada se documentó en nueve negocios distribuidos entre la Ciudad de México y el Estado de México, responde esa pregunta con evidencia física que muestra exactamente cómo funcionaba el mecanismo de encubrimiento, quién lo financiaba, quién lo operaba y quién se beneficiaba de mantener la verdad oculta mientras los familiares de Edit gastaban sus ahorros pagando a estafadores que les vendían esperanza falsa con información que nunca condujo al paradero real de la joven. que quienes tenían esa

información estaban siendo pagados por los mismos que necesitaban que la verdad nunca saliera a la luz. La conferencia de prensa de García Harfuch comenzó al amanecer del jueves 7 de mayo, cuando los primeros rayos de sol comenzaban a iluminar la Ciudad de México y los nueve negocios cateados durante la madrugada ya estaban completamente asegurados.

Bajo custodia federal con sellos de la Fiscalía en cada acceso y elementos de la Guardia Nacional, manteniendo el perímetro de seguridad en cada locación. El secretario se paró frente a las cámaras con la misma expresión grave y sin titubeos que ha caracterizado cada intervención pública de esta ofensiva, con la evidencia dispuesta detrás de él en mesas forenses, con los fajos de efectivo todavía organizados, tal como fueron encontrados en las cajas fuertes y con los dispositivos electrónicos conectados a equipos de análisis que

mostraban en pantallas las primeras capturas de los archivos encontrados. Irrumpimos en nueve negocios de Salinas vinculados al caso Edit Guadalupe”, dijo Harfuch con el tono que no admite réplica ni interpretación alternativa. Hoy revelamos nuevas pruebas que nadie podrá ocultar. El poder económico y las viejas redes ya no protegen a los responsables.

 Edit merece verdad y justicia y México se la está dando. Esa declaración no es un eslogan de campaña ni una promesa de autoridad que busca calmar la exigencia social con palabras vacías. Es el resumen ejecutivo de un operativo que llevó semanas de análisis de inteligencia financiera, días de coordinación táctica entre múltiples instituciones federales y horas de ejecución sincronizada en nueve objetivos simultáneos para llegar finalmente a los espacios donde el dinero de los Salinas se convertía en pagos para estafadores, donde las

comunicaciones entre operadores se almacenaban en servidores ocultos y donde los documentos contables de 3 años de encubrimiento se guardaban en archiveros que sus propios operadores consideraban seguros porque estaban protegidos por el apellido más poderoso del sistema político mexicano de las últimas décadas.

 El impacto de lo que esta madrugada se reveló sobre el caso Edit Guadalupe va mucho más allá de la evidencia específica encontrada en los nueve negocios. Lo que esta operación demuestra es que la investigación del caso ya no se limita hasta a perseguir a los ejecutores materiales del homicidio ni a los estafadores que lucraron con la desaparición.

 La investigación ahora apunta directamente hacia quienes financiaron el encubrimiento, hacia quienes construyeron la infraestructura económica que hizo posible mantener la verdad oculta durante meses y hacia quienes utilizaron sus recursos, sus conexiones y su poder para garantizar que el caso nunca llegara a Tacu a las conclusiones que esta ofensiva está documentando, con evidencia que cada día se vuelve más sólida, más extensa y más devastadora para quienes creyeron que su apellido y su dinero los mantendrían fuera del alcance de cualquier

investigación seria. Los nueve negocios intervenidos esta madrugada permanecen bajo custodia federal, sellados con los protocolos que garantizan que ningún elemento de evidencia será alterado ni removido antes de que los peritos completen el procesamiento forense de cada documento, cada dispositivo y cada registro financiero encontrado.

 Los empleados y administradores presentes en el momento de la irrupción están siendo interrogados por equipos especializados de la fiscalía, que ya comenzaron a identificar quiénes operaban los negocios con conocimiento pleno del esquema criminal y quiénes eran empleados regulares sin participación en las actividades ilícitas que se desarrollaban en los niveles administrativos superiores.

Las cuentas bancarias vinculadas a los nueve negocios fueron congeladas mediante órdenes judiciales emitidas en las horas inmediatas al operativo, bloqueando cualquier posibilidad de que los operadores del esquema muevan recursos o alteren registros en un intento de dificultar la investigación. La red de prestanombres que aparece en los documentos de propiedad de los nueve negocios está siendo rastreada con la misma metodología que permitió identificar a los prestanombres de Norma Piña y de otras figuras clave de esta

ofensiva. Cada nombre que aparece en un contrato, cada firma que autoriza una transferencia, cada persona que figura como representante legal de las empresas que operaban estos comercios, está siendo investigada para determinar su nivel de participación en el esquema y para construir las carpetas de investigación que permitirán procesar penalmente a cada responsable según el grado de su intervención.

 Los videos encontrados en los servidores de la tienda de conveniencia en Naucalpan están siendo analizados fotograma por fotograma para identificar a todas las personas que aparecen en las reuniones grabadas, para verificar las fechas en que esas reuniones ocurrieron mediante metadatos digitales y para transcribir cada palabra dicha en esas conversaciones de manera que el contenido pueda ser presentado como evidencia en formato escrito, además del formato audiovisual original.

 Los audios encontrados en la caja fuerte de la gasolinera del norte de la ciudad de México están siendo procesados con software de análisis de voz que permite identificar a los hablantes mediante comparación con bases de datos de voces previamente registradas. Un proceso técnico que en casos anteriores de esta ofensiva ha permitido vincular grabaciones anónimas con personas específicas cuyas voces fueron capturadas en otros contextos y que ahora enfrentan cargos sostenidos en parte por esa evidencia de identificación vocal. Piensa en los

familiares de Edit Guadalupe que durante meses recibieron llamadas de estafadores que les pedían dinero a cambio de información sobre el paradero de la joven, que vendieron sus pertenencias para reunir los montos exigidos, que entregaron sus ahorros completos con la esperanza de que la siguiente pista fuera la definitiva y que nunca supieron que el dinero que entregaban terminaba.

En las cajas fuertes de gasolineras y tiendas de conveniencia operadas por prestanombres de la familia más poderosa del sistema político mexicano. Piensa en el nivel de crueldad que requiere construir un esquema donde el sufrimiento de una familia se convierte en una oportunidad de lucro coordinada desde oficinas corporativas con servidores encriptados y contabilidad paralela.

 Piensa en la distancia moral que separa quienes diseñaron ese esquema de cualquier noción básica de humanidad. Esa distancia es exactamente lo que esta ofensiva está documentando, con evidencia que ya no permite que nadie mire hacia otro lado, ni que nadie argumente que estos casos son tragedias aisladas sin conexión con las estructuras de poder que durante décadas operaron con impunidad absoluta.

 La ofensiva no termina con los nueve negocios cateados esta madrugada. Los analistas que procesan la evidencia encontrada ya están identificando nuevos objetivos dentro de la red financiera de los Salinas. Nuevos prestanombres cuyas funciones dentro del esquema están siendo reconstruidas mediante el cruce de información de múltiples fuentes y nuevos mecanismos de lavado que operaban en paralelo a los nueve negocios intervenidos, pero que hasta ahora habían permanecido fuera del radar de la investigación. Las carpetas de

investigación por encubrimiento de homicidio, delincuencia organizada, lavado de dinero y obstrucción de la justicia que la Fiscalía General de la República está construyendo contra los responsables del caso Edit Guadalupe, acaban de fortalecerse con evidencia que convierte acusaciones que antes podían defenderse mediante argumentos técnicos en cargos sostenidos por documentos, audios, videos y registros financieros que ningún recurso legal va a poder desestimar.

 porque fueron obtenidos mediante procedimientos que cumplen con todos los estándares de legalidad procesal y porque fueron documentados con protocolos forenses que garantizan su autenticidad e integridad. El legado del caso Edit Guadalupe, que durante meses pareció destinado a convertirse en otra estadística más dentro del océano de desapariciones, sin resolver que define la crisis de seguridad mexicana de las últimas décadas, acaba de transformarse en el caso que demuestra que cuando el Estado mexicano decide aplicar todos sus recursos de

inteligencia, coordinación interinstitucional y capacidad operativa para llegar hasta el fondo de una investigación, no hay apellido lo suficientemente poderoso. No hay red de prestanombres lo suficientemente compleja. No hay infraestructura de encubrimiento lo suficientemente sofisticada. Ni hay cantidad de dinero lo suficientemente grande como para mantener la verdad oculta para siempre.

 La madrugada del jueves 7 de mayo de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México termina con nueve negocios bajo custodia federal, con millones de pesos en efectivo incautados, con servidores completos de información comprometedora asegurados y con la evidencia más sólida que la investigación del caso Edit Guadalupe haya producido hasta ahora dispuesta sobremesas.

 Forenses listas para ser integrada en las carpetas que van a llevar a los responsables ante los tribunales, que durante tanto tiempo les dieron la espalda a las víctimas de este tipo de casos. Suscríbete si te gustó el video. Lo que esta madrugada ocurrió en nueve locaciones comerciales que millones de mexicanos veían como negocios comunes no fue solo un operativo policial de gran escala ni una demostración de capacidad operativa del Estado mexicano.

 Fue la confirmación de que en México, en esta etapa de su historia, ni las gasolineras con cajas fuertes de grado bancario, ni las tiendas de conveniencia con servidores ocultos en el sótano, ni las bodegas industriales con archiveros completos de contabilidad paralela, ni las oficinas corporativas registradas como consultorías financieras pueden seguir funcionando como puntos de lavado para familias que convirtieron el encubrimiento de homicidios en un negocio con infraestructura propia, con empleados dedicados y con décadas de operación impune. El pueblo mexicano

tiene hoy nuevas pruebas que nadie podrá ocultar y esas pruebas con 3,200,000 en efectivo sobre la mesa, con videos de reuniones donde se coordinaba el pago a estafadores y con documentos contables que cubren 3 años de operación criminal, ya están en poder de la Fiscalía General de la República y van a sostener los cargos que finalmente van a dar a Edit Guadalupe y a su familia.

 La justicia que durante tanto tiempo les fue negada por un sistema que prefería proteger a los poderosos antes que defender a las víctimas.