Estoy bajando este porque están diciendo que se lo sacó. Jueves 7 de mayo de 2026, Harfuch destapa 19 cadáveres en la Ciudad de México y detiene a siete estafadores del caso Edit Guadalupe. En la mañana de este jueves, cuando la luz del amanecer apenas comenzaba a iluminar las calles de la capital del país, Omar García Harfuch dirigió uno de los operativos más dolorosos y necesarios que esta ofensiva ha ejecutado desde sus primeros días, lo que comenzó como una línea de investigación derivada de los golpes previos contra la casa del amante de

Jesús N. Las bodegas de Calderón, la base del Chucki, el cateo Amarusé, la detención de Rocha Moya y el contraataque de los hombres del jardinero terminó esta mañana en un terreno abandonado en la periferia de la Ciudad de México, donde fueron localizados 19 cadáveres en fosas clandestinas y donde simultáneamente fueron detenidos siete estafadores que lucraban con el dolor de las familias de desaparecidos mientras protegían a los verdaderos responsables del asesinato de editade.

Fue solo un operativo de rescate de evidencia forense. Fue la exposición completa de una red que convirtió la tragedia humana en un negocio de extorsión sistemática que cobró millones de pesos a familias desesperadas por encontrar a sus seres queridos mientras desviaba la atención de los verdaderos culpables que todavía operaban desde las sombras con la protección de quienes ahora están bajo custodia federal.

Escribe en los comentarios si alguna vez escuchaste de alguien que pagó dinero por información falsa sobre un familiar desaparecido. Porque lo que esta mañana se destapó en ese terreno abandonado explica con evidencia física y documentada cómo operaba un sistema que durante años convirtió el sufrimiento de las familias mexicanas en una industria paralela al crimen organizado.

 El operativo del jueves 7 de mayo no comenzó esta mañana ni esta semana. Comenzó días atrás cuando los analistas de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana comenzaron a rastrear las conexiones financieras que aparecían repetidamente en los dispositivos electrónicos encontrados durante los cateos previos.

Entre esas conexiones emergió un patrón que al principio parecía secundario dentro del esquema general de corrupción y protección criminal que esta ofensiva había venido desmantelando, pero que al ser analizado con mayor profundidad reveló algo que los investigadores describen como una de las redes más crueles y sistemáticas de explotación del dolor que han documentado en toda la historia.

 reciente del sistema de justicia mexicano. Las transferencias bancarias identificadas en los teléfonos del amante de Jesús N mostraban pagos recurrentes hacia cuentas registradas a nombre de personas que al ser investigadas resultaron estar vinculadas con grupos que ofrecían servicios de búsqueda de desaparecidos a través de redes sociales y plataformas de mensajería instantánea.

 Esos servicios no eran operados por organizaciones legítimas de búsqueda ni por colectivos de familias de víctimas. Eran fachadas controladas por estafadores profesionales que identificaban a familias de desaparecidos mediante el monitoreo de publicaciones en redes sociales que se acercaban a esas familias con promesas de información privilegiada sobre el paradero de sus seres queridos y que cobraban cantidades que iban desde los 50,000es hasta los 500,000es dependiendo del nivel de desesperación que detectaban en las familias y de la

capacidad económica que lograban identificar. mediante investigación previa de sus perfiles financieros. Lo que hacía especialmente perverso este esquema era que los estafadores no solo cobraban por información falsa, también desviaban activamente las investigaciones reales mediante la siembra de pistas falsas que orientaban a las familias y a las autoridades hacia zonas equivocadas, hacia personas que no tenían ninguna relación con las desapariciones y hacia hipótesis que alejaban la búsqueda de los verdaderos

responsables, que en muchos casos estaban vinculados con las mismas estructuras criminales que protegían a los estafadores a cambio de ese servicio de desinformación. La conexión específica con el caso Edith Guadalupe apareció cuando los analistas cruzaron los registros de llamadas telefónicas entre la amante de Jesús N y uno de los números que aparecían repetidamente en los listados de contactos de los estafadores.

 Esas llamadas se concentraban en los días inmediatamente posteriores a la desaparición de Edith Guadalupe y mostraban una frecuencia y una duración que no correspondían con un contacto casual ni con una relación personal. sin propósito específico. Los audios recuperados de esas llamadas que los peritos de la Fiscalía General de la República lograron extraer mediante técnicas forenses aplicadas a los servidores de las compañías telefónicas, confirmaron lo que los patrones de comunicación sugerían.

 La amante de Jesús Né estaba coordinando con los estafadores la creación de una narrativa falsa sobre el caso Edit Guadalupe, que debía servir para desviar la atención de los verdaderos responsables del asesinato hacia hipótesis alternativas que involucraban a personas sin ninguna conexión con el crimen. Esa narrativa incluía la fabricación de testimonios falsos que serían ofrecidos a la familia de Edit Guadalupe a cambio de dinero.

 la siembra de evidencia plantada en zonas donde se sabía que las autoridades no investigarían con profundidad y la identificación de chivos expiatorios que podían ser señalados públicamente como sospechosos para generar cobertura mediática que saturara el espacio, informativo y dificultar que las investigaciones reales avanzaran sin interferencia.

 Los nombres de los siete estafadores detenidos esta mañana aparecieron en esos audios con una claridad que eliminó cualquier duda sobre su rol dentro del esquema. No eran intermediarios ocasionales ni contactos secundarios. Eran operadores activos con responsabilidades específicas dentro de la red. Uno de ellos era el encargado de hacer el primer contacto con las familias mediante mensajes que simulaban provenir de fuentes anónimas con acceso a información privilegiada.

 Otro era el responsable de fabricar las evidencias falsas que luego serían presentadas como pruebas genuinas del paradero de los desaparecidos. Un tercero manejaba las cuentas bancarias donde se depositaban los pagos de las familias y desde donde se transferían las comisiones hacia los niveles superiores de la red.

 Los cuatro restantes operaban como intermediarios que mantenían el contacto con las familias durante el proceso de extorsión, que administraban las expectativas mediante la dosificación de información falsa entregada en etapas y que garantizaban que las familias no denunciaran el esquema ante las autoridades mediante amenazas veladas sobre las consecuencias que podría tener para sus seres.

 Queridos, cualquier intento de romper el acuerdo. La ubicación del terreno abandonado donde fueron encontrados los 19 cadáveres esta mañana fue el resultado de un análisis geoespacial aplicado a los patrones de movimiento de los siete estafadores durante los últimos 3 años. Los analistas de la Secretaría de Seguridad rastrearon mediante tecnología de triangulación de antenas celulares las zonas donde los teléfonos de los estafadores habían estado apagados durante periodos prolongados o donde habían mostrado patrones de desplazamiento que no correspondían con

actividades normales de personas con empleos regulares ni con rutinas urbanas convencionales. Uno de esos patrones se repetía con una frecuencia mensual hacia una zona periférica de la Ciudad de México, donde los registros catastrales mostraban la existencia de un terreno abandonado, sin construcciones visibles y sin actividad comercial registrada durante los últimos 5 años.

 La vigilancia satelital aplicada a ese terreno durante las dos semanas previas al operativo reveló movimientos nocturnos de vehículos que ingresaban al predio sin luces encendidas, que permanecían en el interior durante periodos que iban de 30 minutos a 2 horas y que salían del lugar con la misma discreción con la que habían entrado.

 El análisis de las placas de esos vehículos mediante cámaras de reconocimiento instaladas en las vialidades circundantes mostró que varios de ellos estaban registrados a nombre de los siete estafadores o de personas vinculadas directamente con ellos en los registros financieros y telefónicos que la investigación ya había documentado. La orden de cateo fue solicitada por la Fiscalía General de la República con base en esa evidencia y fue autorizada por un juez federal con instrucciones específicas de que el operativo debía ejecutarse con el mayor nivel de

precaución forense posible debido a la probabilidad de que el terreno contuviera evidencia relacionada con desapariciones forzadas y con homicidios que podían estar vinculados a casos activos en distintas fiscalías estatales. El operativo fue programado para las primeras horas de la mañana del jueves 7 de mayo con la participación coordinada de elementos de la Guardia Nacional, de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de peritos especializados en antropología forense de la Fiscalía General de la República,

que ya habían participado en operativos similares durante las semanas previas de esta ofensiva. El despliegue táctico comenzó a las 5 de la mañana cuando los primeros convoyes de la Guardia Nacional tomaron posiciones en las vialidades que rodeaban el terreno abandonado. No hubo sirenas ni luces de emergencia que pudieran alertar a cualquier persona que estuviera dentro del predio que pudiera estar monitoreando la zona desde ubicaciones cercanas.

El perímetro fue asegurado en silencio con equipos de tiradores de precisión posicionados en edificaciones altas que permitían una visión completa del terreno y con binomios caninos desplegados en los accesos principales para detectar cualquier intento de fuga antes de que el operativo ingresara al interior.

 A las 5:30 de la mañana, con la luz del amanecer comenzando a iluminar la zona, los comandos de la Guardia Nacional ingresaron al terreno con el grito de rigor: “¡Al suelo, Fiscalía, Guardia Nacional, al suelo.” No hubo resistencia armada ni intento de confrontación. Los siete estafadores que se encontraban en una casa de seguridad ubicada en un extremo del terreno fueron sometidos en menos de 2 minutos sin que ninguno de ellos alcanzara a destruir dispositivos electrónicos ni a eliminar evidencia que pudiera estar almacenada en los teléfonos y computadoras que los

peritos aseguraron de manera inmediata. Lo que los comandos encontraron en el interior de esa casa de seguridad fue el centro de operaciones, desde donde los estafadores coordinaban sus contactos con las familias de desaparecidos. Había computadoras con acceso a perfiles falsos en redes sociales que simulaban ser cuentas de organizaciones de búsqueda legítimas.

 Había teléfonos con aplicaciones de mensajería donde se almacenaban conversaciones completas con decenas de familias que habían pagado por información falsa durante los últimos años. Había documentos impresos con guiones detallados que los estafadores utilizaban para mantener la coherencia de las narrativas falsas que construían para cada caso.

 Y había registros contables escritos a mano con montos específicos cobrados a cada familia, con fechas de pago y con anotaciones sobre el estado emocional de las víctimas, que los estafadores utilizaban para calcular cuánta presión adicional podían aplicar antes de que las familias dejaran de pagar o decidieran denunciar el esquema.

Suscríbete si te gusta el video. Mientras los comandos aseguraban la casa de seguridad y comenzaban el proceso de documentación forense de los dispositivos electrónicos, los peritos de antropología forense iniciaron el trabajo de exploración del terreno con el apoyo de binomios caninos entrenados en la detección de restos humanos.

 Los perros marcaron las primeras zonas de interés en menos de 10 minutos. Eran áreas donde la Tierra mostraba señales de haber sido removida en fechas recientes y donde el análisis visual de los peritos identificó patrones de hundimiento del suelo que correspondían con el tipo de alteraciones que produce la descomposición de materia orgánica enterrada a poca profundidad.

 Las excavadoras fueron desplegadas con la autorización de los peritos forenses que supervisaron cada movimiento de tierra para garantizar que ningún elemento de evidencia fuera alterado durante el proceso de extracción. La primera fosa fue localizada a las 6:30 de la mañana en una zona cercana a la entrada principal del terreno.

 Contenía los restos de tres personas en avanzado estado de descomposición envueltas en mantas de plástico negro que los peritos retiraron con extremo cuidado para preservar cualquier evidencia que pudiera estar adherida a los cuerpos o a los materiales que los envolvían. La identificación preliminar de esos restos mediante el análisis de prendas de vestir y de objetos personales encontrados junto a los cuerpos sugirió que al menos dos de las personas correspondían a casos de desaparición reportados en la Ciudad de México

durante el año 2024. La segunda fosa fue encontrada 20 minutos después en una zona más alejada del terreno, donde la vegetación silvestre había comenzado a cubrir las señales de excavación reciente. Contenía los restos de cinco personas depositadas sin ningún tipo de envoltorio directamente sobre la tierra compactada.

El estado de descomposición de esos cuerpos era más avanzado que el de los encontrados en la primera fosa, lo que sugirió a los peritos que llevaban enterrados un periodo mayor de tiempo, posiblemente entre 2 y 3 años, según las estimaciones preliminares basadas en el análisis visual de los tejidos y de los procesos de degradación ósea.

 Las excavaciones continuaron durante las siguientes 3 horas bajo la supervisión constante de los peritos forenses y con el apoyo de equipos de geólogos que utilizaron tecnología de radar de penetración terrestre para identificar con mayor precisión las zonas donde podían encontrarse restos adicionales sin necesidad de excavar de manera indiscriminada todo el terreno.

 Esa tecnología permitió localizar las fosas restantes con una exactitud que aceleró el proceso de extracción y que minimizó el riesgo de contaminación cruzada entre los distintos sitios de hallazgo. A las 9 de la mañana, cuando el sol ya calentaba con fuerza la zona y los peritos, habían completado la exploración de las áreas marcadas por los binomios caninos y por el radar de penetración terrestre, el conteo final de cadáveres localizados en el terreno abandonado llegó a 19.

 19 personas que habían sido reportadas como desaparecidas en distintas fechas durante los últimos 4 años. 19 familias que durante años habían buscado respuestas sin encontrarlas. 19 vidas que terminaron en fosas clandestinas. Mientras los estafadores detenidos esta mañana cobraban dinero a sus familias, prometiendo información que nunca fue real.

 La magnitud de ese hallazgo no se mide solo en el número de cuerpos recuperados. Se miden el dolor acumulado de las familias que durante años vivieron con la incertidumbre de no saber qué había pasado con sus seres queridos, que gastaron sus ahorros en pagos a estafadores que les prometían respuestas, mientras los verdaderos responsables seguían operando con total impunidad y que ahora, finalmente tendrán acceso de un proceso de identificación forense que les permitirá cerrar.

 Un capítulo que ninguna familia debería vivir jamás. Los cuerpos fueron trasladados de manera individual en bolsas forenses selladas hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense de la Ciudad de México, donde comenzó de inmediato el proceso de identificación mediante análisis de ADN, de registros dentales y de cualquier elemento físico que pudiera acelerar la confirmación de identidades.

 Las familias de las personas reportadas como desaparecidas en los casos que coinciden con las características preliminares de los restos encontrados ya fueron notificadas por personal especializado de la Fiscalía General de la República y comenzaron a proporcionar muestras de ADN que serán compradas con los perfiles genéticos extraídos de los cuerpos durante las próximas semanas.

 La evidencia encontrada en la Casa de Seguridad, donde operaban los siete estafadores detenidos esta mañana es en sí misma un expediente completo que conecta el esquema de extorsión a familias de desaparecidos con las estructuras de protección criminal que esta ofensiva ha venido desmantelando desde sus primeros operativos.

 Las computadoras aseguradas contenían archivos con nombres completos de más de 200 familias que habían sido contactadas por los estafadores durante los últimos 3 años. Cada archivo incluía información detallada sobre el caso de desaparición correspondiente, sobre la capacidad económica de la familia, sobre el nivel de desesperación detectado en las conversaciones iniciales y sobre el monto total que la familia había pagado a cambio de información falsa.

 Los registros contables encontrados en formato físico coincidían con exactitud con los montos digitales almacenados en las computadoras, lo que confirmó que los estafadores mantenían un sistema de doble registro para protegerse en caso de que alguno de los dos formatos fuera comprometido. El monto total de dinero extorsionado a esas 200 familias durante los últimos 3 años supera los 47 millones de pesos según los cálculos preliminares de los peritos contables de la Fiscalía General de la República. 47 millones de pesos

cobrados a familias que vivían el peor momento de sus vidas. 47 millones de pesos que no produjeron ni una sola pista real, ni un solo avance genuino en las investigaciones de desaparición. 47 millones de pesos que financiaron la operación de una red que protegía a los verdaderos responsables mientras mantenía a las familias atrapadas en un ciclo de esperanza falsa y de dolor renovado, cada vez que los estafadores entregaban una nueva pieza de información que resultaba ser completamente inventada.

 Las transferencias bancarias documentadas en los dispositivos electrónicos y en los registros físicos encontrados en la Casa de Seguridad muestran que parte de ese dinero era transferido de manera regular hacia cuentas vinculadas con la amante de Jesús N y con otros operadores políticos que ya habían sido identificados en los operativos previos de esta ofensiva.

Estas transferencias no eran pagos ocasionales ni montos insignificantes, eran comisiones estructuradas que representaban entre el 15 y el 20% del total extorsionado a las familias y que se ejecutaban con la misma puntualidad con la que una empresa paga a sus proveedores por servicios prestados. La función de esos operadores políticos dentro del esquema era proporcionar protección mediante la obstrucción de investigaciones reales que pudieran acercarse a los verdaderos responsables de las desapariciones y mediante la

presión sobre autoridades locales para que los casos fueran archivados o reclasificados, de manera que dejaran de representar una amenaza para la red. Los audios almacenados en los teléfonos de los estafadores incluyen conversaciones directas con funcionarios de fiscalías estatales, donde se discuten con total naturalidad los mecanismos para desviar investigaciones, para retrasar la emisión de órdenes de apreensón y para garantizar que ciertos casos nunca llegaran a juicio, aunque la evidencia fuera suficiente para sostener

una acusación. Fórmal. Esos audios están siendo procesados en este momento por los analistas de la Fiscalía General de la República y los nombres de los funcionarios identificados en esas conversaciones ya están siendo cruzados con los registros de transferencias bancarias para documentar con precisión quiénes recibieron pagos a cambio de su colaboración con el esquema y cuánto dinero recibieron durante el periodo en culta, que la red estuvo activa.

 Las armas encontradas en la Casa de Seguridad incluyen pistolas de alto calibre con números de serie limados, rifles de asalto con cargadores de alta capacidad y granadas de fragmentación que los estafadores mantenían como mecanismo de defensa en caso de que alguna de las familias extorsionadas decidiera confrontarlos de manera directa o en caso de que autoridades no coordinadas con la red intentaran ejecutar un operativo sin el aviso previo que los funcionarios corruptos usualmente proporcionan.

Los vehículos clonados encontrados en el terreno abandonado incluyen camionetas con placas falsas que coinciden con modelos reportados como robados en distintos estados del país durante los últimos 2 años. Esos vehículos eran utilizados por los estafadores para trasladarse a las reuniones con las familias sin que pudieran ser rastreados mediante sistemas de videovigilancia ni mediante reportes de lectores de placas vehiculares.

 El efectivo encontrado en la Casa de Seguridad suma 3,800,000 pes en billetes de distintas denominaciones almacenados en maletas de viaje que estaban listas para ser movilizadas en caso de emergencia. Ese dinero representa solo una fracción del total extorsionado a las familias durante los últimos meses y confirma que los estafadores mantenían reservas de efectivo para garantizar su operación inmediata en caso de que las cuentas bancarias fueran congeladas o intervenidas por autoridades.

La conferencia de prensa de Omar García Harfuch comenzó al mediodía de este jueves 7 de mayo en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con la misma puntualidad que define cada intervención pública de esta ofensiva. Detrás del secretario, dispuesto sobre mesas con etiquetas forenses, se encontraban los elementos de evidencia recuperados durante el operativo de la mañana, las armas aseguradas, los dispositivos electrónicos, los registros contables, las maletas con efectivo y las fotografías de las fosas donde

fueron localizados los 19 cadáveres. Hoy destapamos 19 cadáveres en la Ciudad de México y detuvimos a siete estafadores del caso Edith Guadalupe”, dijo Harf con el tono grave y sin titubeos que ha caracterizado cada declaración de esta ofensiva desde el primer día. Esta red se enriquecía con el sufrimiento de las familias mientras protegías a los verdaderos culpables.

 Ya no más mentiras. La verdad duele, pero llega. Edit Guadalupe y todas las víctimas tendrán justicia. Esa declaración no es retórica de conferencia de prensa, es el resumen ejecutivo de una investigación que llevó semanas que atravesó la casa del amante de Jesús N. Las bodegas de Calderón, la base del Chucki, el cateo Amarusé, la detención de Rocha Moya y el contraataque de los hombres del jardinero para llegar finalmente a un terreno abandonado en la periferia de la Ciudad de México que durante años funcionó como cementerio clandestino y

como centro de operaciones de una red que convirtió el dolor de las familias mexicanas en un negocio millonario. Escribe en los comentarios si conoces a alguien que haya sido víctima de estafadores que prometen información sobre desaparecidos. Porque lo que esta mañana se destapó en ese terreno abandonado no es un caso aislado ni una anomalía dentro del sistema.

 Es la evidencia documentada de cómo operaba durante años una industria paralela que se alimentaba del fracaso del Estado para dar respuestas reales a las familias de desaparecidos y que encontró en ese vacío la oportunidad perfecta para lucrar sin límite y sin consecuencias hasta que esta ofensiva construyó el expediente suficiente para llegar hasta ellos.

 Los siete estafadores detenidos esta mañana ingresaron al penal federal de máxima seguridad, donde enfrentarán cargos por extorsión agravada, por obstrucción de la justicia, por asociación delictuosa y por los homicidios vinculados a los 19 cadáveres encontrados en el terreno que operaban.

 Las carpetas de investigación abiertas en su contra incluyen la totalidad de la evidencia digital y física encontrada en la Casa de Seguridad. Los testimonios de las familias que ya comenzaron a presentarse ante la Fiscalía General de la República para denunciar formalmente los pagos realizados a los estafadores y los audios, donde aparecen coordinando con funcionarios públicos la obstrucción de e investigaciones reales.

 Esa evidencia es irrebatible. fue documentada con los estándares forenses más exigentes que esta ofensiva aplicado en cada uno de sus operativos y será presentada ante los tribunales federales con el respaldo de peritos especializados que garantizarán que ningún recurso legal pueda eliminarla ni desestimar su validez procesal.

 La conexión específica entre los siete estafadores detenidos esta mañana y el caso Edit Guadalupe es el elemento que transforma este operativo de un golpe importante contra una red de extorsión a familias en una pieza central dentro del rompecabezas que esta ofensiva ha venido armando desde sus primeros días. Porque lo que los audios y documentos encontrados en la Casa de Seguridad revelan es que la red de estafadores no solo lucraba con el dolor de las familias de desaparecidos de manera genérica, tenía un rol específico dentro del esquema de

encubrimiento del asesinato de Edit Guadalupe. Ese rol consistía en fabricar pistas falsas que desviaran la atención de los verdaderos responsables en contactar a la familia de Edit Guadalupe con ofertas de información que nunca fue real y en mantener viva una narrativa pública que señalaba hacia hipótesis alternativas, mientras los verdaderos culpables seguían operando con total libertad bajo la protección de los operadores políticos que recibían comisiones de los estafadores a cambio de garantizar que las investigaciones

reales nunca avanzaran. Los nombres de esos operadores políticos ya están siendo procesados por los analistas de la Fiscalía General de la República y varios de ellos coinciden con personas que ya habían sido identificadas en los operativos previos de esta ofensiva. La red no era una colección de criminales independientes que operaban en distintos niveles sin conexión entre sí.

 Era un sistema integrado donde cada pieza cumplía una función específica dentro de un esquema general cuyo objetivo final era mantener la impunidad de quienes ordenaron el asesinato de Editth Guadalupe y de quienes ejecutaron ese crimen con la certeza de que nunca enfrentarían consecuencias. La magnitud del impacto humano de lo que esta mañana se destapó en ese terreno abandonado no se mide solo en los 19 cadáveres recuperados ni en los 47 millones de pesos.

 extorsionados a las familias durante los últimos 3 años. Se miden las décadas de dolor acumulado que esas familias vivieron sin respuestas en los años de incertidumbre que pasaron sin saber si sus seres queridos seguían vivos o si ya habían sido asesinados en las noches sin dormir, esperando una llamada que nunca llegó y en la desesperación que las llevó a confiar en estafadores que les prometían lo único que necesitaban escuchar aunque fuera.

completamente falso. Esas familias merecen justicia, merecen saber la verdad completa sobre lo que pasó con sus seres queridos. Merecen que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos y merecen que el Estado mexicano reconozca que durante años falló en su responsabilidad de protegerlas y de darles las respuestas que tenían derecho a recibir.

 Lo que esta ofensiva está haciendo en este momento es comenzar a saldar esa deuda, no con palabras ni con promesas vacías. sino con operativos como el de esta mañana, que recuperan cuerpos que detienen a responsables y que construyen expedientes sólidos que garantizan que nadie va a poder escapar de la justicia mediante recursos legales ni mediante la protección de funcionarios corruptos que ya no tienen la capacidad de interferir en las investigaciones.

Los 19 cadáveres trasladados esta mañana hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense representan 19 procesos de identificación que comenzaron de inmediato con la participación de equipos especializados en genética forense, en odontología forense y en antropología física, que trabajarán de manera coordinada para acelerar la confirmación de identidades y para garantizar que las familias reciban los restos de sus seres queridos en el menor tiempo posible.

 Ese proceso no es simple ni rápido, requiere la comparación de perfiles genéticos extraídos de los cuerpos con muestras de ADN proporcionadas por los familiares. Requiere el análisis de registros dentales cuando están disponibles. requiere la reconstrucción facial en casos donde el estado de descomposición es tan avanzado que no permite la identificación visual y requiere la documentación exhaustiva de cada paso del proceso para garantizar que la cadena de custodia de la evidencia se mantenga intacta y que los resultados sean válidos tanto para efectos legales

como para proporcionar certeza a las familias que durante años esperaron este momento. Los peritos forenses que trabajan en este momento en esas identificaciones son los mismos que han participado en los operativos previos de esta ofensiva y que han demostrado la capacidad técnica y la sensibilidad humana necesarias para manejar casos de esta complejidad, con el rigor profesional que exigen y con el respeto que las familias merecen. K.