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EL IMPERIO FRANCÉS SE BURLABA DE LA GUERRILLA, HASTA SER DESTROZADO EN QUERÉTARO

 

 

hostigar a las patrullas más débiles. Esas descripciones contenían elementos verdaderos, pero estaban estructuradas de tal manera que ocultaban el hecho fundamental sobre los chinacos, que eran un ejército popular distribuido a lo largo de todo el territorio mexicano, sostenido por la complicidad activa de las poblaciones rurales y comandado por oficiales liberales que habían acumulado experiencia en las guerras de reforma anteriores.

 El comportamiento operativo de los chinacos durante los años de la intervención francesa siguió un patrón que la guerrilla irregular había desarrollado en muchos contextos diferentes a lo largo de la historia de la guerra moderna. Atacaban patrullas francesas pequeñas en los caminos rurales, infligiendo bajas significativas y desapareciendo antes de que llegaran refuerzos.

 Asaltaban cones de suministros que se movían entre las guarniciones imperiales, capturando armamento y municiones que después se redistribuían entre los grupos guerrilleros. Hostilizaban a las haciendas y a los pueblos que colaboraban con el régimen imperial, imponiendo sobre los colaboradores costos personales que desincentivaban la cooperación y desaparecían cuando los franceses concentraban fuerzas suficientes para emprender operaciones de búsqueda formales, dispersándose en los terrenos rurales donde los franceses no podían sostener operaciones

prolongadas sin agotamiento logístico. Esta forma de guerra producía el efecto acumulativo que las fuerzas regulares no podían contrarrestar con sus tácticas convencionales. Cada patrulla francesa que era atacada en un camino rural representaba bajas que el ejército imperial no podía reemplazar fácilmente porque los reemplazos requerían cruzar el Atlántico desde Francia.

 Cada convoy de suministros que era asaltado representaba material que se perdía y que tenía que ser recompuesto desde la base logística en Veracruz. Cada hacienda, que era atacada representaba un colaborador menos disponible y un mensaje específico para los demás colaboradores sobre los costos de la cooperación con el régimen imperial.

La acumulación de estos efectos a lo largo de los años de la ocupación producía el desgaste sistemático del régimen sin que ninguna batalla individual fuera decisiva en el sentido convencional del término. Basin, que había asumido el mando supremo de las fuerzas imperiales después del retiro de Fory en octubre de 1863, comprendía intelectualmente lo que estaba ocurriendo, pero no comprendía cómo combatirlo.

había sido formado en la doctrina convencional francesa. Sus subordinados habían sido formados en la misma doctrina. Las herramientas analíticas que su formación les proporcionaba les permitían reconocer que estaban perdiendo la guerra sin permitirles diseñar las estrategias que les habrían permitido ganarla.

 La respuesta que Basin eligió aplicar fue la respuesta que las doctrinas militares profesionales del siglo XIX frecuentemente recomendaban para situaciones similares. aumentar la severidad del tratamiento de la población civil que sostenía a la guerrilla, asumiendo que la severidad eventualmente quebraría la voluntad de continuar el apoyo y produciría la separación entre la guerrilla y su base social que las operaciones militares convencionales requerían.

 La aplicación de esta política durante los años de 1864 y 1865 produjo el específico endurecimiento del régimen imperial que culminaría en el decreto negro de octubre de 1865. Las ejecuciones sumarias de prisioneros republicanos se hicieron sistemáticas en las regiones donde la guerrilla estaba activa.

 Las represalias contra pueblos que habían colaborado con grupos guerrilleros incluyeron la quema de propiedades, la confiscación de ganado y, en algunos casos, las ejecuciones de civiles que las autoridades imperiales identificaban como simpatizantes activos. La situación específica era que el régimen imperial estaba aplicando exactamente las medidas que la doctrina europea consideraba apropiadas para situaciones de contrainsurgencia y que esas medidas estaban produciendo el efecto opuesto al previsto.

Estaban radicalizando precisamente a la población que se suponía debía ser separada de la guerrilla mediante el tratamiento severo. El decreto negro fue el documento que cristalizó la lógica de la represión imperial en una forma jurídica específica que le daba autoridad legal a las prácticas que ya estaban siendo aplicadas en el campo.

Maximiliano lo firmó el 3 de octubre de 1865, presionado por Basaín y por sus consejeros conservadores que insistían en que la radicalización de la represión era la única manera de quebrar la resistencia republicana. El decreto establecía que cualquier persona capturada con armas en la mano, sin importar su rango o su afiliación, sería ejecutada en el plazo de 24 horas tras un juicio sumario.

 No habría apelaciones, no habría procedimientos formales. La aplicación del decreto sería responsabilidad de los oficiales militares en el terreno, con autorización amplia para interpretar las disposiciones del decreto en función de las circunstancias específicas que enfrentaran. El efecto inmediato del decreto fue la ejecución de centenares de oficiales y soldados republicanos durante los meses que siguieron a su promulgación.

 Generales republicanos prestigiosos como José María Arteaga y Carlos Salazar, capturados en operaciones imperiales en el oeste del país, fueron ejecutados según las disposiciones del decreto. Combatientes guerrilleros menores fueron fusilados en pueblos rurales sin que sus nombres siquiera fueran registrados en las listas oficiales que los franceses preservaban para sus propios archivos.

La sangre que el decreto produjo durante los meses finales de 1865 y los meses iniciales de 1866 alcanzó proporciones que conmocionaron incluso a algunos oficiales franceses que habían apoyado políticas más severas, pero que comenzaron a reconocer que la severidad estaba excediendo cualquier propósito estratégico razonable.

El efecto político del decreto fue precisamente el opuesto al que sus arquitectos habían pretendido. En lugar de quebrar la voluntad republicana, la endureció. Los hombres que habían estado considerando la posibilidad de una negociación con el régimen imperial encontraron que el decreto eliminaba esa posibilidad porque cualquier mexicano que aceptara términos imperiales después de su promulgación estaría aceptando la legitimidad de un régimen que estaba ejecutando a sus compatriotas.

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