Lo que está ocurriendo en este momento en el estado de Chihuahua tiene la magnitud suficiente para reescribir la historia política mexicana de lo que resta del sexenio. Se trata de un escándalo que involucra operaciones encubiertas, infiltración de inteligencia extranjera, narcotráfico a escala industrial y una tragedia humana que terminó por destapar una red de contradicciones que tiene al gobierno estatal contra las cuerdas. La revelación de que la CIA (Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos) estuvo operando en territorio mexicano, con agentes disfrazados con uniformes de la policía estatal y sin el conocimiento del gobierno federal, es un golpe directo a la soberanía del país.
El Origen: Un Operativo de Rutina que Escondía un Secreto Internacional
La cronología de este desastre institucional comenzó el 16 de abril. Aquel día, un impresionante convoy conformado por 40 elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua partió de la capital estatal con rumbo a la intrincada geografía de la Sierra Tarahumara. La fuerza de tarea, que constaba de 14 camionetas, tenía como destino la comunidad de El Pinal, ubicada en el municipio de Morelos. La misión oficial era desmantelar un laboratorio clandestino del narcotráfico. Hasta ese punto, los protocolos parecían enmarcarse en una operación de seguridad estándar.
Sin embargo, en el corazón de ese convoy viajaba un secreto que violaba de forma flagrante la Constitución Mexicana: cuatro ciudadanos estadounidenses formaban parte activa de la fuerza de asalto. Posteriormente, la propia Fiscalía de Chihuahua admitiría su participación, y la Fiscalía General de la República (FGR) confirmaría que su estatus migratorio era completamente irregular para dichas labores. Uno había ingresado a México en calidad de turista; el otro, ostentando un pasaporte diplomático. Ninguno contaba con la acreditación indispensable para llevar a cabo operaciones tácticas o de seguridad en suelo mexicano.
La gravedad de este hecho es indiscutible. La ley establece con absoluta claridad que ningún agente extranjero tiene la facultad de participar en operativos de seguridad dentro del territorio nacional sin la autorización expresa del gobierno federal. Para dimensionarlo, es el equivalente a permitir que fuerzas del orden de otro país usurpen uniformes de autoridades locales para realizar cateos de manera unilateral.
Un Mega Laboratorio Fantasma y un Escape Sospechoso
Lo que las fuerzas conjuntas —que incluían a policías, soldados y los mencionados agentes extranjeros— encontraron al llegar a El Pinal fue monumental, pero decepcionante. Descubrieron una verdadera instalación industrial dedicada a la fabricación de veneno: un laboratorio de 850 metros cuadrados. El inventario documentado por la FGR era escalofriante e incluía 21 hornos, 4 calderas industriales, 132 contenedores, 64 tambos de 200 litros y 299 cilindros de gas. Además, se contabilizaron más de 55,000 litros de sustancias químicas líquidas, más de 50 toneladas de precursores sólidos y cerca de 2,000 litros de metanfetamina procesada y lista para inundar las calles.
A pesar de la magnitud de este descubrimiento, el operativo fracasó en su objetivo fundamental: no hubo un solo detenido. Las instalaciones estaban desiertas. El análisis táctico sugiere de manera contundente que los operadores del crimen organizado fueron alertados con anticipación. Movilizar a 40 policías, 50 soldados y 14 vehículos blindados en una región serrana y pernoctar a escasos kilómetros del objetivo dos días antes, fue una garantía de que el factor sorpresa se perdiera por completo. El saldo final de este despliegue, que contó con la injerencia de la inteligencia más sofisticada del mundo, fue el aseguramiento de paredes vacías y químicos, permitiendo que los verdaderos responsables escaparan impunemente.
La Tragedia que Rompió el Silencio
La verdadera magnitud del escándalo salió a la luz el 19 de abril de la manera más dolorosa posible. Durante la madrugada, mientras el convoy retornaba por los accidentados caminos de terracería de la sierra, una de las unidades se precipitó por un barranco. El accidente cobró la vida de cuatro personas: el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oceguera Cervantes, su escolta personal, y dos de los ciudadanos estadounidenses, que medios internacionales no tardaron en identificar como agentes vinculados a la CIA. Dos elementos de la agencia de inteligencia más secreta del mundo habían perdido la vida en el norte de México, vestidos con uniformes tácticos de policías mexicanos.
Fue esta tragedia la que expuso el nivel de desconexión y ocultamiento por parte del gobierno estatal. Cuando la noticia estalló, el gobierno federal mexicano operaba en completa ignorancia. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, no había recibido notificación alguna. La FGR se enteró del suceso mediante una llamada telefónica improvisada desde la fiscalía local. El propio secretario de seguridad federal fue tajante al declarar que la gobernadora de Chihuahua, la panista María Eugenia “Maru” Campos, omitió notificar a la federación sobre la presencia y actividad de estos agentes extranjeros.
El Acorralamiento Político y la Caída de una Versión Oficial
A partir de este momento, Maru Campos se encontró en una encrucijada política de la cual es casi imposible salir ilesa. Analistas coinciden en que enfrenta tres escenarios igualmente destructivos para su carrera: si ella autorizó personalmente la operación conjunta con la CIA, incurrió en una violación directa a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución. Si, por el contrario, su gabinete de seguridad —incluyendo al fiscal César Jáuregui y al secretario Gilberto Loya— orquestó el operativo a sus espaldas, demuestra una alarmante pérdida de control sobre su propio gobierno.
La gobernadora optó por una tercera vía, que resultó ser la más frágil de todas: el desconocimiento total. Aseguró categóricamente que se enteró de los hechos “después” y negó cualquier grado de responsabilidad. Sin embargo, su defensa se desmoronó públicamente cuando el diario Milenio filtró fotografías innegables de los agentes estadounidenses participando activamente en el operativo, contradiciendo de tajo las afirmaciones iniciales de su propia Fiscalía, que había negado cualquier indicio de que los extranjeros actuaran como agentes.
La presión generada por estas mentiras documentadas tuvo una consecuencia inmediata. El 27 de abril, apenas 11 días después del cuestionado operativo, el Fiscal General de Chihuahua, César Jáuregui Moreno —el hombre que dio la cara para intentar sostener una versión insostenible—, se vio obligado a presentar su renuncia.
El Contraste Presidencial y la Exigencia Popular
La reacción desde el gobierno federal no se hizo esperar, y fue manejada con una precisión que ha dejado sin argumentos a la oposición. La presidenta Claudia Sheinbaum evitó las confrontaciones mediáticas impulsivas y permitió que las contradicciones del gobierno estatal hablaran por sí solas. Tras la confirmación de la Cancillería sobre las irregularidades migratorias de los agentes y la apertura de dos carpetas de investigación por parte de la FGR, el Senado de la República citó a comparecer a la gobernadora. Maru Campos se negó a asistir ante el Congreso de su propio país, optando en su lugar por reunirse en Aguascalientes con una política española, Isabel Díaz Ayuso.
Este desdén institucional encendió los ánimos de la ciudadanía. El 12 de mayo, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, arribó a Chihuahua para anunciar formalmente una solicitud de juicio político contra María Eugenia Campos bajo el cargo de traición a la patria. Cuatro días después, el 16 de mayo, más de 20,000 ciudadanos tomaron las calles de la capital estatal, marchando desde la emblemática glorieta de Pancho Villa hasta la Plaza Hidalgo para exigir rendición de cuentas. Un clamor social que figuras de la oposición, como Ricardo Anaya, intentaron minimizar infructuosamente tildándolo de “linchamiento político”.
