¿Quién ordeno el ataque a Tehuitzingo?¿lo que sucedió en Puebla fue premeditado?
A la 1:55 de la madrugada del domingo 17 de mayo de 2026, alguien en la comunidad de Texcalapa escuchó el primer disparo, luego vino el segundo, luego dejaron de contarse. Los vecinos de esa junta auxiliar perteneciente al municipio de Tehitzingo, al sur del estado de Puebla, describieron posteriormente ante las autoridades haber oído una ráfaga sostenida de detonaciones que duró varios minutos y que rompió el silencio de una madrugada de domingo en la mixteca poblana.
Cuando el ruido cesó, vieron alejarse al menos un vehículo a alta velocidad por los caminos de terracería que comunican a Texcalapa con la red de carreteras secundarias de la región. Nadie pudo aportar datos sobre las placas, nadie pudo identificar el modelo. En ese momento, los testigos intentaron comunicarse con los servicios de emergencia y ahí comenzó el primer obstáculo documental del caso.
En esa franja de la Mixteca no hay señal de telefonía móvil ni cobertura de internet inalámbrico. El reporte tardó en llegar. Las autoridades tardaron en llegar y esa demora, como se establecerá más adelante, tuvo consecuencias letales para al menos una persona. Cuando los elementos de la policía municipal y el personal paramédico llegaron finalmente al rancho ubicado sobre la calle 2 de abril en la comunidad de Texcalapa de Juárez, encontraron una escena que los llevó a emitir de inmediato un reporte de
gravedad máxima a corporaciones de los tres niveles de gobierno. Dentro y fuera del inmueble había cuerpos. Los conteos preliminares oscilaron entre 9 y 11 víctimas. El número definitivo que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla confirmó horas después fue 10. 10 personas habían sido asesinadas en ese rancho de la Mixteca en la madrugada de un domingo en un municipio de 12,672 habitantes, según el censo de 2020, ubicado a 116 km de la capital poblana.
Los primeros elementos en escena aplicaron el protocolo de revisión individual a cada cuerpo. Uno de ellos arrojó un resultado que cambió la mecánica de los minutos siguientes. Una mujer adulta aún tenía signos vitales. El personal de urgencias médicas inició de inmediato las maniobras de soporte de vida, la estabilizó en el lugar en la medida en que sus heridas lo permitían y la trasladó en ambulancia hacia el hospital más cercano, con capacidad para atender trauma de bala.
El trayecto, en condiciones normales, habría sido ya un desafío logístico en una región donde la centralización de los recursos hospitalarios impone distancias críticas a las víctimas de violencia. Esa noche no hubo condiciones normales. Tras aproximadamente una hora de camino, el personal médico que acompañaba a la mujer confirmó su deceso a bordo de la ambulancia.
En las inmediaciones del cruce vial conocido como el pitallo, las heridas por proyectil de arma de fuego que presentaba eran incompatibles con la vida más allá del tiempo que tomó intentar salvarla. El recuento final fue 10 muertos, nueve en el rancho, uno en tránsito al hospital.
Los peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla que procesaron la escena encontraron a las víctimas en una condición que sus propios informes describirían con una precisión clínica que no deja margen a la ambigüedad. Estaban maniatadas de las extremidades y presentaban heridas de bala dirigidas a la cabeza. Es una técnica.
tiene un nombre en el argot forense y en la criminología del crimen organizado mexicano. El tiro de gracia no es el resultado de un intercambio de disparos, no es el producto de un enfrentamiento. Es la ejecución sistemática de personas previamente inmovilizadas. Quien ordenó esa operación no quiso dejar supervivientes.
La mecánica del ataque lo confirma. El barrido pericial documentó, además una cantidad relevante de casquillos percutidos en el interior y el exterior del inmueble. Los muros, las puertas y las ventanas del rancho presentaban numerosos impactos de armas largas. Según reportes del secretario de seguridad pública del estado, el vicealmirante Francisco Sánchez González y de la propia fiscal Idamis Pastor Betancurt, las armas utilizadas correspondían a calibres 22 y 9 mm.
El número de disparos efectuados dentro del inmueble, documentado por distintas fuentes periodísticas con acceso a información de la investigación superó el centenar. 100 disparos en un rancho de una comunidad rural de la Mixteca a la 1:55 de la madrugada contra personas maniatadas.
La demografía de las víctimas es el segundo elemento que define este caso y que lo distingue de la violencia criminal ordinaria que Puebla ha registrado en los últimos meses. De los 10 fallecidos, seis pertenecían al mismo núcleo familiar. Los cuatro restantes eran trabajadores agrícolas empleados en las labores del rancho.
Entre los miembros de la familia figuraban cuatro hombres adultos y tres mujeres adultas. Pero el dato que en pocas horas recorrería las redacciones de todo el país y generaría la condena del arzobispo de la Arquidiócesis de Puebla, Víctor Sánchez Espinoza, durante la misa dominical fue este. Entre las víctimas había tres menores de edad, dos niños de 10 y 14 años y una bebé de un mes y 20 días de nacida.
El arzobispo Sánchez Espinoza, al referirse al ataque desde el púlpito, dijo que se trataba de algo que ocurrió en un lugar cercano a Puebla, entre Izúcar de Matamoros y Acatlán de Osorio, y que era imposible llamarlo de otra manera que no fuera una tragedia. Habló de niños recién nacidos, habló de ajuste de cuentas y de venganza y luego llamó a la reflexión.
Mientras el arzobispo hablaba, los peritos seguían procesando la escena. La fiscalía seguía recolectando casquillos y el operativo de seguridad desplegado sobre la mixteca no había producido un solo detenido. Tejitzingo no es un municipio que aparezca con frecuencia en los registros nacionales de violencia de alto impacto, pero tiene antecedentes documentados.
El 6 de abril de 2024, en una comunidad del mismo municipio llamada Hornos de Zaragoza, sicarios asesinaron a balazos a un hombre de 79 años llamado Edelmiro y a su hijo del mismo nombre, de 52. Ambos se encontraban trabajando en su rancho cuando llegaron los agresores. El motivo que entonces registraron las fuentes locales fue idéntico al que ahora señala la fiscalía como hipótesis principal del ataque del 17 de mayo de 2026.
Una disputa por la posesión de terrenos entre familiares. Dos años antes, en ese mismo municipio, el mismo patrón ya había dejado dos muertos. Nadie lo vio como advertencia, o si lo vieron, no actuaron. La mixteca poblana como región acumula además una historia documentada de conflictos agrarios que sus propios actores han descrito reiteradamente como bombas de tiempo.
Disputas por miles de hectáreas entre comunidades colindantes, litigios que llevan décadas sin resolución judicial, tensiones egidales que se transmiten de generación en generación como deudas pendientes. En diciembre de 2024, un medio local publicó un reportaje sobre uno de esos conflictos en la mixteca, donde representantes de dos comunidades advertían que la falta de certidumbre sobre la propiedad de la Tierra podía reactivas episodios de violencia similares a los que habían ocurrido décadas atrás y que habían dejado muertos y heridos.
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La advertencia quedó registrada. El conflicto siguió sin resolverse. Hay un detalle del expediente económico del municipio que resulta relevante para entender la anatomía del problema. Según datos del tercer trimestre de 2025, Tejuingo recibió en ese periodo 11.7 millones de dólares en remesas.
Un municipio de menos de 13,000 habitantes que recibe esa cantidad de dinero desde el exterior opera en una dinámica particular. La Tierra adquiere un valor económico que va más allá de su productividad agrícola. Las propiedades rurales son activos reales, transmisibles, hipotecables y en contextos donde la resolución legal de los conflictos tarda décadas.
se convierten en objetos de disputa que algunos están dispuestos a resolver por otros medios. Las remesas también financian estilos de vida que no corresponden a los ingresos locales. Y en comunidades donde el Estado tiene presencia débil, el dinero puede comprar lo que la justicia no provee. La fiscal Idamis Pastor Betancurt compareció ante los medios durante la mañana del domingo 17 de mayo para dar los primeros elementos oficiales del caso.
Sus declaraciones públicas constituyen el tercer eje de análisis de este texto. Pastor Betancurt confirmó las 10 muertes. Confirmó la haña con la que se perpetró el multihomicidio. Confirmó los menores de edad entre las víctimas. confirmó la bebé, confirmó los casquillos de alto calibre y luego, al ser preguntada por el móvil del ataque, dijo que los primeros indicios apuntaban a conflictos relacionados con temas familiares.
señaló la disputa de terrenos como la línea de investigación principal y acto seguido agregó que ninguna línea había sido descartada, que la investigación continuaba, que los testimonios de familiares y vecinos se seguían recabando. Lo que no dijo es lo que más pesa en el registro público de ese domingo.
No había ningún detenido. El secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, confirmó por su parte que la falta de cobertura telefónica e internet en esa zona de la Mixteca retrasó la transmisión de los primeros reportes y proporcionó un margen de escape considerable al grupo delictivo. Es una frase que merece ser leída con cuidado.
El funcionario estatal a cargo de la seguridad pública de Puebla está describiendo en sus propias palabras como la ausencia de infraestructura de comunicaciones convirtió a Texcalapa en un lugar donde un comando podía operar con mayor impunidad que en cualquier zona con cobertura. No es una declaración de intenciones, es un diagnóstico y ese diagnóstico lleva años siendo evidente para cualquiera que haya documentado la geografía de la violencia en la región.
El operativo desplegado en las horas posteriores al ataque movilizó a elementos de la policía estatal, la policía municipal, el ejército mexicano y la Guardia Nacional. Se estableció un perímetro de seguridad alrededor de Texcalapa. Se realizaron patrullajes en las carreteras colindantes. Se implementó vigilancia en caminos rurales y en los accesos a la mixteca.
La Secretaría de Seguridad emitió un comunicado en el que comprometía cero impunidad para los perpetradores del ataque y ratificaba que las fuerzas del orden no se retirarían de la zona. Ese comunicado fue publicado horas después de que el command que ejecutó a 10 personas, incluyendo una bebé de un mes y 20 días, hubiera desaparecido sin dejar ningún rastro rastreable para las corporaciones desplegadas.
Los vecinos, que alertaron a las autoridades esa madrugada dijeron no haber podido identificar los vehículos en los que huyeron los agresores. No describieron modelos. No describieron colores con certeza. El aislamiento de Texcalapa, la oscuridad de la madrugada, el miedo comprensible de cualquier persona que acaba de escuchar 100 disparos a corta distancia.
Todo conspira para que la escena de fuga sea precisamente lo que el comando necesitaba que fuera. Un misterio sin testigos útiles. Hay un elemento adicional que la investigación en curso deberá responder y que los registros públicos disponibles al cierre de este texto no resuelven. De las 10 víctimas, cuatro no eran familiares de la familia que habitaba el rancho, eran trabajadores agrícolas.
Su presencia en el inmueble en la madrugada de un domingo puede obedecer a varias explicaciones. Vivían en el rancho como parte de su condición de empleo o estaban ahí por alguna razón específica de esa noche. La fiscalía confirmó que fueron asesinados junto a los seis miembros de la familia. La interpretación más directa que ofrece la evidencia disponible es que el comando tomó la decisión de no dejar testigos.
quien estuvo en ese rancho esa noche, murió en ese rancho esa noche. Los trabajadores no eran el objetivo, eran el residuo que había que eliminar para garantizar que nadie pudiera describir con precisión lo ocurrido. Esa decisión operacional, la de ejecutar a todos los presentes, independientemente de su vínculo con la familia objetivo, es la que eleva este caso por encima de la violencia doméstica convencional y lo sitúa en una categoría que los criminólogos mexicanos reconocen como violencia instrumental de alta
organización. No importa que las armas fueran calibre 22 y 9 mm, como confirmó la fiscalía, en lugar de los fusiles de asalto asociados a los grandes cárteles. Lo que define la categoría no es el calibre del arma, es la planificación del ataque, la disciplina en la ejecución, la decisión de maniatar a las víctimas antes de dispararles en la cabeza y la capacidad de retirarse sin dejar ningún rastro identificable en una zona sin cobertura de comunicaciones, donde el tiempo de respuesta del Estado supera con creces el tiempo
necesario para perpetrar y huir. de un crimen de esta magnitud. La mixteca poblana comparte fronteras porosas con Guerrero y Oaxaca, dos de las entidades con mayor historial de violencia armada en México. Los caminos de terracería que conectan estas regiones son, según los registros de múltiples operativos federales, rutas habituales para el tránsito de grupos armados que cruzan entidades sin encontrar puntos de control significativos.
El comando que actuó en Texcalapa la madrugada del 17 de mayo no necesitó una autopista, necesitó conocer los caminos y necesitó tiempo. Y el estado le dio ese tiempo. Puebla registró 70 asesinatos en el mes de abril de 2026, según el recuento del gobierno federal correspondiente a ese periodo.
El ataque en Teitzingo se produce en un contexto en que las fuerzas de seguridad estatales han concentrado parte de sus recursos en intervenciones dentro de centros penitenciarios, de comisos de narcóticos y combate al cultivo ilícito. Son operaciones legítimas y necesarias. Pero la suma de esos 70 homicidios de abril más, los 10 de Texcalapa, el 17 de mayo, configura una curva ascendente que los comunicados de cero impunidad no detienen.
La promesa de impunidad cero es el lenguaje del poder cuando no tiene respuestas. Los hechos son el lenguaje de quienes decidieron actuar sobre un rancho de la mixteca antes del amanecer de un domingo. El cuadro que emerge de los registros disponibles tiene la precisión de un rompecabezas cuyas piezas principales ya están sobre la mesa.
Un municipio con antecedentes documentados de violencia letal por disputas de tierras. Un conflicto familiar que, según la línea de investigación principal de la propia fiscalía, llevaba tiempo gestándose, una región sin cobertura de comunicaciones que convierte cualquier crimen en una ventana operacional de alta impunidad.
Un estado que llega tarde, que despliega fuerzas después de que el daño es irreversible y que emite comunicados comprometiendo cero impunidad sin haber producido un solo detenido. y una escena forense que muestra 10 cuerpos, seis de ellos atados a una historia familiar cuya violencia interna alcanzó una intensidad capaz de justificar en la mente de quien ordenó el ataque el asesinato de una bebé de un mes y 20 días.
Ese último dato es el que no admite ningún encuadre analítico que lo vuelva comprensible. La bebé no tenía historia en el conflicto, no tenía nombre en ningún registro de disputa territorial, no había heredado aún ninguna deuda. Tenía un mes y 20 días. Estaba ahí porque es donde están los bebés con su familia y quien diseñó la operación sabía que estaba ahí y decidió que eso no cambiaba nada.
Esa decisión, más que ningún otro elemento del expediente revela la naturaleza de lo que ocurrió en Texcalapa. No es la violencia del estado fallido que no llega, es la violencia de quien llega, planifica, ejecuta y se va. Y al día siguiente las instituciones del Estado emiten comunicados. Lo que las investigaciones deberán establecer y lo que al cierre de este texto permanece sin respuesta en los registros públicos es quién contrató al comando.
Si la línea familiar es correcta, existe alguien dentro de la propia estructura familiar de la víctima o vinculado a ella a través de una disputa de tierras que tomó la decisión de contratar sicarios para resolver un litigio civil mediante la aniquilación de la parte contraria. Esa persona sabía cuántos integrantes tenía la familia.
Sabía que había trabajadores en el rancho. Sabía que había niños. sabía que había una bebé y contrató al comando de todas formas. Esa es la pieza que la Fiscalía General del Estado de Puebla todavía no ha nombrado en ningún comunicado oficial. Esa es la pregunta que el expediente deberá responder si la promesa de cero impunidad tiene algún contenido real más allá del lenguaje institucional.
Mientras tanto, los 10 cuerpos fueron trasladados al servicio médico forense. Los peritos continuaban el barrido de la zona. El vicealmirante Francisco Sánchez González confirmaba el refuerzo de vigilancia en colaboración con elementos militares. La fiscal pastor Betancurt señalaba el conflicto familiar como hipótesis sin descartar otras líneas.
El arzobispo Víctor Sánchez Espinoza llamaba a construir la paz. La Secretaría de Seguridad repetía que no habría concesiones para los perpetradores. Y en Texcalapa, en la cuarta sección del municipio de Tehüzzingo, en la mixteca poblana, en una zona sin señal telefónica ni cobertura de internet, el rancho de la calle 2 de abril seguía acordonado, sin detenidos, sin imputados, con los casquillos embalados en bolsas de evidencia, con los impactos de bala en las paredes, con la cuna, si es que
había una cuna dentro de ese rancho donde una bebé de un mes y 20 días vivió todo el tiempo que el mundo le permitió vivir.
