Lo que encontraron en esa caseta constituyó el núcleo del expediente contra el vigilante. Los peritos hallaron manchas hemáticas en el tapco y en la escalera interna de la caseta, así como evidencia de que alguien había intentado limpiar las superficies con productos químicos. La técnica de quimioluminiscencia, que permite detectar sangre invisible a simple vista arrojó resultados positivos en las áreas donde se habían aplicado esos productos.
En un armario de materiales de limpieza en el sótano apareció una camiseta de manga larga de hombre con manchas semáticas. En una inspección posterior, dentro de un registro del drenaje, se encontraron la bolsa de la víctima y un desarmador de cruz. La fiscalía estableció que ese desarmador era consistente con el tipo de lesiones que presentaba Editt Guadalupe.
El expediente documentó también que las cámaras del sistema de videovigilancia del edificio fueron desconectadas. La primera desconexión ocurrió a las 16:23 horas del 15 de abril y se extendió hasta las 17:44, un periodo de 81 minutos que coincide con la ventana de tiempo en que Edit ingresó al inmueble. La fiscalía estableció que el sistema de circuito cerrado fue desconectado en cuatro ocasiones distintas ese día.
El dato que la institución señaló como determinante. Ese apagón solo podía activarse desde la caseta de vigilancia, el puesto de trabajo de Juan Jesús. Las lesiones y escoriaciones halladas en el abdomen del imputado al momento de su detención fueron incorporadas al expediente como indicios acordes con la dinámica de la agresión.
De acuerdo con un certificado médico, la fiscalía sumó ese elemento a un conjunto de pruebas que incluyó muestras biológicas, el desarmador recuperado del drenaje, las manchas semáticas de la caseta, los objetos personales de edit dispersos por el edificio y el registro del corte deliberado de las cámaras. El 18 de abril, en audiencia inicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el Ministerio Público presentó la imputación contra Juan Jesús N por el delito de feminicidio.
La defensa encabezada por el abogado Julián Octavio González solicitó la duplicidad del término constitucional para recabar pruebas adicionales. El juez concedió la solicitud. Juan Jesús quedó en el reclusorio norte. El 22 de abril se reanudó la audiencia inicial. Lo que ocurrió en esa sala durante las 4 horas que duró la sesión dejó constancia de las dos versiones en colisión que estructurarán el proceso judicial en los meses siguientes.
La fiscalía expuso la articulación de sus pruebas, las manchas de sangre en la caseta, el desarmador compatible con las heridas, la desconexión sistemática de las cámaras, la presencia de objetos de la víctima en el inmueble y los indicios físicos en el cuerpo del imputado. El Ministerio Público se opuso a que la defensa presentara sus dictámenes periciales en esa audiencia, argumentando que la etapa procesal para ese tipo de pruebas era otra.
El juez aceptó el argumento de la fiscalía y limitó a la defensa a leer sus datos de prueba sin permitir que los peritos privados los explicaran verbalmente. La defensa de Juan Jesús N. construyó su contraargumentación sobre tres pilares. El primero, la denuncia de tortura. La madre del imputado, Claudia declaró ante los medios que su hijo le había confesado haber sido torturado durante las primeras entrevistas con la fiscalía.
Los abogados solicitaron formalmente la aplicación del protocolo de Estambul, el mecanismo especializado para documentar posibles actos de tortura. El segundo pilar, la imposibilidad técnica. El abogado González argumentó que Juan Jesús cursó únicamente la secundaria y que no poseía ni los conocimientos ni las contraseñas para operar el sistema de videovigilancia.
Presentó un peritaje que atribuía las desconexiones de las cámaras a una falla espontánea del equipo, no a una intervención humana deliberada. La defensa citó al propio imputado, “¿Cómo voy a apagar yo las cámaras si no sé ni las contraseñas? No sé moverle a los monitores”. El tercer pilar, la impugnación forense.
El médico forense contratado por la defensa, Salvador Martínez, estableció en su dictamen que el arma empleada en el crimen no fue un desarmador, como sostuvo la fiscalía, sino un instrumento con filo y borde plano compatible con un cuchillo. argumentó además que los fenómenos cadavéricos observados en el cuerpo no eran compatibles con que la muerte hubiera ocurrido el 15 de abril, si el cuerpo fue encontrado 38 horas después.
Luego de 4 horas de audiencia, el juez de control determinó la vinculación a proceso de Juan Jesús N por el delito de feminicidio. Le impuso prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de 4 meses para la investigación complementaria. La defensa anunció de inmediato que interpondría un amparo contra la medida cautelar, argumentando que la prisión preventiva oficiosa vulnera los derechos fundamentales del imputado.
Afuera del juzgado, el abogado González declaró que la defensa no pudo exponer sus pruebas de la manera prevista. Se aportaron las dos periciales. Sin embargo, el juez únicamente nos dejó incorporar por medio de lectura, informó. añadió que para la etapa intermedia prepararían videos y dictámenes periciales independientes adicionales.
El equipo legal del vigilante, que en las semanas siguientes alcanzaría más de 50 abogados, según reportes públicos, sostuvo que los rastros de sangre de la caseta pudo ser plantada por las propias autoridades y señalaron a un hombre de aproximadamente 50 años que frecuentaba el edificio como una línea de investigación que la fiscalía habría descartado prematuramente.
La familia de Juan Jesús N anunció una marcha de protesta. Calificaron al vigilante de chivo expiatorio. Su madre insistió en que su hijo es inocente y que existe material audiovisual que podría demostrar su versión de los hechos. Mientras el proceso judicial avanzaba dentro de los juzgados, afuera circulaban versiones paralelas que transformaron el caso en un fenómeno de opinión pública.
La más extendida fue la de la falsa oferta de trabajo. La narrativa inicial que se instaló en redes sociales y en varios medios de comunicación describía a Edit Guadalupe como una víctima de un engaño laboral. habría respondido a un anuncio de empleo, acudido a una entrevista ficticia en Torre Murano y allí habría sido asesinada por el vigilante como primer eslabón de una red de trata de personas.
Esta versión encontró sustento aparente en un video que se viralizó. Imágenes de una mujer joven subiendo a un elevador con un hombre mayor que le hace tocamientos. El abogado de la defensa de Juan Jesús fue quien difundió ese material públicamente, argumentando que era evidencia de actividades irregulares en el inmueble.
La pieza fue presentada como prueba de que el edificio operaba como nodo de trata. Sin embargo, el 19 de abril, la fiscalía estableció con precisión que ese video llevaba un sello de tiempo del 7 de abril de 2026. 8 días antes de la desaparición de Edit y que la mujer que aparece en las imágenes no es ella.
Surgieron también testimonios de otras jóvenes que desean haber sido convocadas al edificio con promesas de trabajo. Una de ellas relató públicamente que acudió en dos días consecutivos a supuestas entrevistas, que el grupo de postulantes era de aproximadamente 26 personas, mayormente mujeres, y que en el segundo día las condujeron a una sala del noveno piso sin mobiliario.
Dijo haber logrado salir. La tía de Edit, Magda Rivero, declaró, “Hoy en día sabemos que en esa unidad con el número 829 contrataban a las chavitas, les ofrecían trabajo y ahí eran citadas. La fiscalía, ante esa presión informativa, abrió una carpeta de investigación en el área de trata de personas para determinar si existían delitos adicionales vinculados al inmueble.
El caso agregó otra dimensión cuando el abogado de la defensa señaló en medios que el hombre del video del elevador podría ser una figura pública identificable. Un juez de la Ciudad de México y un exfuncionario de seguridad de otro estado fueron mencionados en algunos reportes periodísticos en relación con ese material.
La Fiscalía capitalina confirmó que el hombre del elevador fue identificado e investigado sin proporcionar más detalles públicos sobre el resultado de esa diligencia. El 19 de abril, la fiscalía emitió un comunicado en el que descartó expresamente que el video viral fuera de edit y reiteró que las investigaciones continuarían para determinar si el imputado actuó solo o con la participación de terceros y si existían hechos delictivos adicionales vinculados a otras mujeres o al inmueble.
El 13 de mayo de 2026, casi 4 semanas después de la vinculación a proceso de Juan Jesús N y 28 días después del hallazgo del cuerpo, la fiscal Berta alcalde Luján presentó un nuevo informe durante la rueda de prensa mensual de seguridad encabezada por la jefa de gobierno, Clara Brugada. Las conclusiones de ese informe modificaron de manera sustantiva la línea de investigación que los medios y la opinión pública habían asumido como dominante.
La fiscalía descartó formalmente que Editth Guadalupe hubiera acudido a Torremurano por una oferta de trabajo. Descartó igualmente que su caso esté vinculado a redes de trata de personas. El fundamento de esa conclusión no es una hipótesis ni una suposición, es el resultado del análisis pericial de los teléfonos celulares de la víctima y del imputado y de la revisión integral de las cámaras de videovigilancia del inmueble.
Lo que los peritos tecnológicos encontraron en esos teléfonos es la segunda pieza central del rompecabezas que la fiscalía tardó un mes en revelar públicamente. Los mensajes extraídos de los dispositivos muestran que Edit Guadalupe y Juan Jesús N tenían contacto previo antes del 15 de abril, no eran desconocidos.
Los registros de comunicación evidencian que ambos acordaron encontrarse en el edificio de Avenida Revolución. La fiscal fue específica. La cita fue de carácter estrictamente personal, no laboral. Se sabe que hubo un contacto previo y que se quedaron de ver en el edificio por motivos personales, declaró alcalde Luján.
Esta revelación modifica el relato del crimen sin alterar la imputación. Juan Jesús N continúa vinculado a proceso por feminicidio. Las pruebas físicas, las manchas semáticas, el desarmador, la desconexión de cámaras, los objetos de la víctima permanecen en el expediente. Lo que cambia es el contexto que rodeó la llegada de Edit al edificio.
No fue engañada con una promesa de empleo. Fue a una cita con alguien que conocía. Lo que ocurrió dentro de esa caseta de vigilancia sigue siendo el objeto de la investigación complementaria que el juez fijó con un plazo de 4 meses. La fiscalía indicó que existe evidencia adicional muy importante que fortalece la imputación contra Juan Jesús N.
Sin detallar públicamente su naturaleza por solicitud expresa de la familia de Edit Guadalupe, que pidió respeto a la investigación y discreción frente a la difusión de información. Esa reserva, sin embargo, deja abiertas preguntas que el proceso judicial deberá responder. ¿Cuál fue la naturaleza exacta de la relación entre la víctima y el vigilante? ¿Cuál fue el detonante del altercado en la caseta? Y si el imputado actuó solo.
El teléfono de Edit fue otro elemento de la reconstrucción forense. Según información pública del expediente, Juan Jesús N tomó el dispositivo de la víctima y lo escondió dentro de las instalaciones del edificio. Su objetivo, según la fiscalía, era incomunicarla y eliminar el rastro digital del encuentro.
Los peritos tecnológicos localizaron el aparato durante las inspecciones al inmueble. Aunque se intentó bloquear el acceso a la información, lograron extraer el respaldo de las conversaciones que permitió establecer la cita previa. Los datos que el proceso ha acumulado hasta el 13 de mayo de 2026 permiten trazar una secuencia verificable.
El 15 de abril, Juan Jesús N. desconectó las cámaras del edificio en cuatro ocasiones. La primera desconexión duró 81 minutos a partir de las 16:23 horas, periodo que coincide con el ingreso de edit al inmueble. La fiscalía estableció que esa operación solo podía ejecutarse desde la caseta de vigilancia.
Esa noche el guardia negó a los familiares que la joven hubiera ingresado al edificio. Al día siguiente, cuando la familia regresó con las imágenes de las cámaras externas que probaban el ingreso, la administración del inmueble modificó su versión. Sí había entrado, pero no sabían si había salido. La fiscalía no actuó durante 15 horas a pesar de contar con la dirección.
Cuando finalmente se produjo la inspección, los agentes encontraron el cuerpo en el sótano, encontraron manchas semáticas en la caseta, encontraron superficies lavadas con químicos, encontraron una camiseta con sangre en el armario de productos de limpieza. Encontraron la bolsa de Edith y el desarmador en el drenaje.
Tres funcionarios de la fiscalía fueron separados de sus cargos. un Ministerio Público que no integró la dirección en la carpeta, un policía del primer turno investigado por corrupción y otro del turno siguiente que no acudió al inmueble pese a tener la información. La defensa de Juan Jesús N. construyó su estrategia sobre cuatro argumentos: tortura, imposibilidad técnica para operar las cámaras, inconsistencia forense en el arma y en la hora de muerte y fabricación de evidencia.
Suma más de 50 abogados. Ha interpuesto amparos contra la prisión preventiva. Prepara dictámenes periciales independientes para la etapa intermedia. El proceso judicial apenas comienza. La Fiscalía, por su parte, presentó el 13 de mayo los resultados del análisis de teléfonos celulares como el cierre de una hipótesis que el debate público había mantenido abierta durante semanas.
No hubo trampa laboral. No hay red de trata en relación directa con la muerte de Edit Guadalupe. Hubo una cita personal entre dos personas que se conocían en un edificio donde el imputado tenía acceso total y control sobre los sistemas de seguridad y desde donde el cuerpo de una mujer de 21 años fue sacado al sótano y cubierto con arena.
Lo que la fiscalía no ha explicado públicamente y que los 4 meses de investigación complementaria deberán responder es por qué Juan Jesús N ocultó esa relación previa durante la audiencia inicial. Su defensor declaró ante la prensa que al preguntarle si conocía a Edit, respondió que no. Los teléfonos celulares dicen lo contrario.
La contradicción entre lo que el imputado declaró y lo que los peritos extrajeron de los dispositivos es la pieza que la fiscalía colocó sobre la mesa el 13 de mayo, no como conclusión del proceso, sino como el nuevo punto de partida de una investigación que por 15 horas de omisión institucional y por las fracturas estructurales que la propia fiscal reconoció en conferencia de prensa, tardó más de lo que debería en comenzar a buscar lo que ya sabía que existía.
Berta, alcalde Luján fue precisa al describir el problema de fondo. Hay problemas estructurales que ya conocíamos, que yo personalmente conocía a la hora de asumir este encargo tan importante, que tenemos temas de corrupción, falta de personal, temas de procesos que no deben ser burocráticos. La institución que investiga el feminicidio de Edit Guadalupe es la misma institución que retrasó su búsqueda, que recibió dinero para agilizar lo que debía hacer de oficio y que tardó 28 días en revelar que la víctima y el imputado se conocían y
habían planeado encontrarse. El expediente sigue abierto. Juan Jesús N permanece en el reclusorio norte bajo prisión preventiva. La familia de Edit Guadalupe pidió discreción y las preguntas que permanecen sin respuesta pública son las mismas que estructuran cualquier investigación de homicidio. ¿Qué ocurrió exactamente dentro de esa caseta entre las 16:23 y las 17:44 del 15 de abril? ¿Por qué ocurrió? Y si alguien más lo sabe,
