En un encuentro que ha sacudido los cimientos de la política nacional y ha marcado un punto de inflexión en la administración pública, la presidenta ha dejado claro que el gobierno actual no se maneja en las sombras ni responde a intereses del pasado. Con una firmeza inusitada, desmintió categóricamente los rumores que sugerían divisiones internas o liderazgos ocultos operando desde Palenque. “Remedo de ciencia ficción”, así calificó a las teorías de la oposición que intentan dibujar un escenario de conflicto interno. Esta declaración no solo sirvió para reafirmar su autoridad absoluta como líder del ejecutivo, sino que preparó el terreno para una serie de anuncios y revelaciones que cambiarán la vida diaria de los mexicanos y la relación diplomática con Estados Unidos.
El primer gran pilar de esta histórica jornada fue una revolución directa a los bolsillos de los ciudadanos: la transformación del pago de combustibles. En un país donde el uso del efectivo ha sido la norma durante generaciones, el gobierno, en un esfuerzo conjunto con la Asociación de Bancos de México, anunció la eliminación de la cuota de intercambio en el pago de gasolinas con tarjetas de débito, crédito y vales. Esta medida, que representa la reducción de casi el och
enta por ciento de las comisiones bancarias, se traduce en un ahorro directo y tangible de 2.57 pesos por cada transacción promedio para el consumidor final.

Pero más allá del ahorro inmediato, este anuncio es la punta de lanza de una estrategia de digitalización financiera sumamente ambiciosa. La presidenta explicó con claridad meridiana que el objetivo a largo plazo es reducir drásticamente el uso de dinero en efectivo. La razón es simple pero contundente: el efectivo es el combustible de la irregularidad, del lavado de dinero y de la corrupción. Al transitar hacia los pagos digitales, se protege la economía formal y se fortalece la seguridad nacional. Utilizando ejemplos de éxito internacional como el sistema “Pix” en Brasil y la masiva digitalización en la India, el gobierno mexicano proyecta un futuro donde la bancarización permita a millones de ciudadanos, especialmente a través de las cuentas N2 de apertura remota y simplificada, acceder a créditos y servicios financieros sin los engorrosos trámites del pasado.
Sin embargo, el clima de optimismo económico se tornó denso y solemne al abordar uno de los temas más delicados y controversiales de los últimos años: la intromisión de agentes extranjeros en territorio nacional. La tragedia ocurrida en la inhóspita Sierra Tarahumara de Chihuahua, donde dos presuntos agentes estadounidenses perdieron la vida en un accidente vehicular a alta velocidad durante la noche, destapó una verdadera caja de Pandora. Lo que inicialmente parecía un trágico suceso de tránsito, reveló una operación en campo de personal extranjero en colaboración directa con el gobierno del estado de Chihuahua, liderado por la gobernadora Maru Campos, todo esto a espaldas del gobierno federal.
La presidenta no titubeó al calificar este acto como una flagrante violación a la soberanía nacional, a la Constitución mexicana y a la Ley de Seguridad Nacional. En un tono enérgico, exigió respuestas inmediatas. ¿Fue la Fiscalía Estatal? ¿Fue el secretario de seguridad local? ¿O fue una orden directa de la gobernadora? La indignación del gobierno federal radica en que la cooperación internacional en materia de seguridad debe regirse por canales diplomáticos e institucionales estrictos, aprobados por un comité federal. La presidenta hizo un repaso histórico profundo, recordando que la soberanía de México ha costado sangre y décadas de lucha, desde la Independencia, pasando por la invasión estadounidense, hasta los dolorosos episodios del siglo XX.
Se hizo especial hincapié en el contraste abismal con los tiempos del periodo neoliberal, señalando directamente al gobierno de Felipe Calderón, al cual describió como deslegitimado por un fraude electoral y sumido en una relación de completa subordinación hacia Estados Unidos durante su fallida guerra contra el narcotráfico. Hoy, el mensaje es claro: la relación con Estados Unidos y con cualquier otra nación es de igual a igual, sin bajar la cabeza. La soberanía no se negocia bajo ninguna circunstancia. Aunque se mantiene el deseo de sostener una colaboración respetuosa y fructífera con el embajador Johnson y las autoridades estadounidenses —la cual ha rendido frutos como la reciente incautación de armas y laboratorios—, el gobierno de México exige que este lamentable episodio en Chihuahua quede como un caso de excepción absoluta que jamás vuelva a repetirse.
En medio de este torbellino político y diplomático, la presidenta también ofreció un balance de su reciente y exhaustiva gira por el estado de Hidalgo. Lejos de quedarse en el escritorio, demostró un estilo de gobierno cercano y de acción inmediata. Al escuchar de viva voz a los ciudadanos, especialmente a los adultos mayores, sobre el desabasto de medicamentos para la presión alta en un centro de salud en Tenango de Doria, ordenó inmediatamente a la paraestatal Birmex la distribución del veinte por ciento de los insumos faltantes para alcanzar el cien por ciento de cobertura en las zonas más remotas.

Asimismo, anunció un hito en la infraestructura de salud: el inicio de operaciones del hospital regional del IMSS en Tula, construido precisamente sobre los cimientos de la fallida refinería que el expresidente Calderón prometió y que no pasó de ser “una barda”. Esta obra, junto con el avance del treinta por ciento en el Tren México-Pachuca y la inauguración de una moderna Ciudad Deportiva impulsada por el gobierno estatal con una inversión de seiscientos millones de pesos, refleja una visión de desarrollo integral. Es la demostración práctica de que, como afirmó la mandataria, “la honestidad y el amor al pueblo dan resultados”.
Finalmente, la presidenta abordó diversos temas de la agenda coyuntural con la misma transparencia. Desde su firme condena a la violencia política en Estados Unidos tras el reciente atentado en la Casa Blanca contra el expresidente Trump, hasta la necesidad de establecer regulaciones éticas claras sobre el uso de las embajadas mexicanas en el exterior, haciendo referencia a quejas recientes. También hizo frente a los datos del INEGI sobre la pérdida temporal de empleos, explicando con detalle cómo factores externos, como el retiro de incentivos a los autos eléctricos por parte de la administración estadounidense, han impactado ciertos sectores de la manufactura, aunque el sector servicios sigue en expansión. En su conjunto, esta comparecencia no fue solo un reporte de actividades, sino una declaración de principios: un gobierno que impulsa la modernidad financiera, construye infraestructura tangible y, por encima de todo, defiende con ferocidad la dignidad y la soberanía del pueblo de México.